{"id":99654,"date":"2026-06-25T19:07:23","date_gmt":"2026-06-25T19:07:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2480-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:23","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:23","slug":"stc2480-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2480-2017\/","title":{"rendered":"STC2480-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2480-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00621-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 5 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia In\u00e9s Coronado Kerguelen frente a los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad \u00abprocesal\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abdefensa\u00bb, a la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y al debido proceso, supuestamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al haber librado mandamiento de pago en su contra, sin t\u00edtulo ejecutivo y por un monto mayor al garantizado, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Suad Gregoria Mestra.  <\/span><\/p>\n

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       De este modo, solicita entonces, que se ordene a los Despachos convocados, \u00abenderezar la actuaci\u00f3n procesal\u00bb del juicio referenciado (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de lo reclamado, acota en lo esencial, que mediante Escritura P\u00fablica No. 2644 del 13 de octubre de 2006, de la Notar\u00eda Segunda de Monter\u00eda, constituy\u00f3 garant\u00eda real de primer grado \u00abhasta por $40\u00b4000.000,oo\u00bb, sobre un inmueble de su propiedad, y a favor de la se\u00f1ora Suad Gregoria Mestra, quien el 24 de febrero de 2009, promovi\u00f3 en su contra la referida ejecuci\u00f3n ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, con base exclusivamente \u00aben la primera y segunda copias\u00bb de ese instrumento p\u00fablico, que, asegura, \u00abno constituye t\u00edtulo para el ejercicio de la acci\u00f3n ejecutiva, sino solamente para garantizar el pago\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que no obstante lo anterior, el 26 de febrero siguiente, dicha sede judicial libr\u00f3 orden de pago por la suma antes referida por concepto de capital, m\u00e1s los intereses de mora que se causaran desde el d\u00eda 24 de ese mismo mes y a\u00f1o, hasta el pago efectivo de lo adeudado; y por $16\u00b4995.333,oo por los intereses de plazo causados y no pagados, proceder con el que, dice, esa autoridad judicial excedi\u00f3 el l\u00edmite garantizado con la hipoteca.  <\/span><\/p>\n

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Relata que el 23 de marzo de 2010, dicho estrado judicial dict\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pero sin \u00abenmendar sus yerros\u00bb, y aunque el 16 de marzo de 2011, interpuso denuncia penal en contra de \u00e9ste por el presunto punible de fraude procesal y otros il\u00edcitos, lo cual se le comunic\u00f3 por la Fiscal\u00eda Once Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, aqu\u00e9l se abstuvo de suspender la ejecuci\u00f3n por prejudicialidad penal.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que, de otro lado, el 8 de abril de 2011, la ejecutante comunic\u00f3 al juez del conocimiento que hab\u00eda cedido los derechos \u00ablitigiosos\u00bb del referido juicio a Antonio Rafael Arismendi Gonz\u00e1lez, quien no ha sido reconocido como cesionario, ni ha designado apoderado judicial para que lo represente, de manera que ha seguido actuando en el proceso la apoderada de la cesionaria, dice, sin mandato que la habilite.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que el 31 de julio de 2013, el proceso fue enviado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, \u00aben virtud del impedimento manifestado por la titular de [su hom\u00f3logo] Primero\u00bb, pero retorn\u00f3 al de origen donde se fij\u00f3 como fecha para un nuevo remate el 28 de noviembre de 2016,  el que podr\u00eda desembocar en un perjuicio irremediable, al tener que pagar \u00abunas sumas injustas por una decisi\u00f3n injusta y contraria a la ley\u00bb, lo que implica la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores que solicita amparar (fls. 1 a 11, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        El Titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda manifest\u00f3, que con sus actuaciones no ha quebrantado derecho fundamental alguno de la actora, y que para debatir las mismas \u00e9sta cont\u00f3 con los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n previstos en la ley (fl. 363, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       b).        Aura Mar\u00eda Osorio Ru\u00edz, quien dijo ser apoderada de Suad Gregoria Mestra, se\u00f1al\u00f3 que las supuestas irregularidades expuestas por la accionante han sido alegadas por \u00e9sta dentro de la ejecuci\u00f3n endilgada, sin que prospere ninguna, y como aqu\u00e9lla no acept\u00f3 expresamente la cesi\u00f3n all\u00ed realizada, la se\u00f1ora Mestra ha seguido actuando dentro de la misma como cedente.  <\/span><\/p>\n

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       Acot\u00f3 que el presente resguardo fue presentado para dilatar el juicio criticado, pues actuaciones como esta \u00abse han convertido en el modus operandi de la se\u00f1ora Coronado Kerguelen, de tal manera que cada vez que se fija fecha para remate dentro del tr\u00e1mite del proceso aludido, interpone alg\u00fan recurso, tutela, denuncia, en fin, despliega cualquier actuaci\u00f3n con el fin de entorpecer y\/o dilatar dicha diligencia y con ello evitar el pago de la obligaci\u00f3n ejecutiva demandada\u00bb (fls. 364 a 366, ib.).  <\/span><\/p>\n

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       c).        La Juez Primera Civil del Circuito de Monter\u00eda inform\u00f3, que funge como tal desde el pasado 5 de septiembre, por lo cual se atiene a lo que en este tr\u00e1mite se resuelva (fls. 367 y 368, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que \u00abesta acci\u00f3n se torna abiertamente improcedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez\u00bb, y, porque adem\u00e1s, \u00abla parte accionante admite no haber interpuesto los recursos de ley procedentes en las oportunidades establecidas, acudiendo a la excepcional figura de la acci\u00f3n de tutela para derribar las providencias judiciales adversas, pero bajo la tesis que tales decisiones constituyen v\u00edas de hecho\u00bb (fls. 370 a 375, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promovi\u00f3 la gestora del amparo, esgrimiendo que no le es aplicable el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque no cuenta con otro medio para exponer sus inconformidades, y est\u00e1 solicitando el resguardo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (fls. 380 a 384, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s Coronado Kerguelen no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aflora con nitidez que sus reclamos no cumplen con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que las decisiones cuestionadas, esto es, por medio de las cuales, en su orden, i) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra; ii) dict\u00f3 sentencia de m\u00e9rito con que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (despu\u00e9s que se anul\u00f3 por el Tribunal Superior de Monter\u00eda la dictada el 23 de marzo de 2010); iii) no suspendi\u00f3 el proceso por prejudicialidad, y, iv) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad admiti\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito realizada al se\u00f1or Antonio Rafael Arizmendi Gonz\u00e1lez, dentro del referido proceso ejecutivo hipotecario, datan del 26 de febrero de 2009, 9 de febrero de 2011, 18 de julio de ese mismo a\u00f1o y 20 de noviembre de 2014, respectivamente (fls. 23 a 25, 135 a 142, 174, 175 y 305 a 308), en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 22 de noviembre de 2016 (fl. 349, ib\u00eddem), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a tales resoluciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013entre 2 y hasta casi 8 a\u00f1os1, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las se\u00f1aladas determinaciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016 y STC2172-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.        Y aun cuando bastar\u00eda lo dicho para mantener el fallo impugnado, no escapa a la atenci\u00f3n de la Sala, adem\u00e1s, que la aqu\u00ed interesada: a) no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto con que se libr\u00f3 orden de apremio en su contra, y neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad; b) no aport\u00f3 las expensas para surtir el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n, lo que llev\u00f3 a que se declarara desierto con prove\u00eddo del 17 de agosto de 2011 (fl. 187, cdno. 1); y, c) no apel\u00f3 la sentencia, ni en las excepciones de m\u00e9rito que propuso aleg\u00f3 la supuesta falta de t\u00edtulo ejecutivo de que ahora se duele, por lo que ante esas reiteradas omisiones, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n constitucional para controvertir las determinaciones que estima lesivas de sus derechos fundamentales, en tanto que, al haber desperdiciado las herramientas de defensa que ten\u00eda a su alcance para debatir lo resuelto, desacertado resulta pretender a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela subsanar su propio descuido, toda vez que como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia de la Sala,  <\/span><\/p>\n

\u00abCuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver STC6498-2016 y STC13214-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda a la tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar las decisiones que hoy cuestiona, por ser el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Contados desde la fecha en que se emiti\u00f3 la \u00faltima de las referidas decisiones.      <\/span><\/p>\n

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