{"id":99655,"date":"2026-06-25T19:07:26","date_gmt":"2026-06-25T19:07:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2482-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:26","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:26","slug":"stc2482-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2482-2017\/","title":{"rendered":"STC2482-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2482-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02248-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s   (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 19 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Murgas Jim\u00e9nez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales a la honra, igualdad, libertad, debido proceso \u00abapelaci\u00f3n o consulta\u00bb y \u00abbuen nombre\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del juicio penal adelantado en su contra (radicado 2008-00038-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que el 21 de mayo de 2010 \u00abel Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha-La Guajira (\u2026), profiri\u00f3 sentencia a los procesados, en la cual mi poderdante se\u00f1or LUIS ALFREDO MURGAS JIMENEZ, result\u00f3 absuelto de todos los cargos que le formulara la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, teniendo en cuenta que no existe ninguna prueba dentro del proceso que hagan tener la certeza al despacho de que el se\u00f1or Murgas Jim\u00e9nez participara de las actividades il\u00edcitas por el grupo delincuencial identificado; motivo por el cual se orden\u00f3 dejar en libertad provisional\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abluego de proferirse la sentencia y encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino legal, la defensa de los dem\u00e1s procesados interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la misma\u00bb frente a lo cual el tribunal querellado \u00abdict[\u00f3] auto interlocutorio No. 004 discutido y aprobado mediante acta No. 022, resuelve decretar la NULIDAD de la sentencia de fecha 21 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado por falta de motivaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3 Que \u00abdecretada la nulidad, el juzgado Penal del Circuito Especializado, (\u2026), el d\u00eda 30 de enero de 2015 resuelve condenar al se\u00f1or LUIS ALFREDO MURGAS JIMENEZ, como autor del delito de concierto para delinquir de que trata la Ley 599 de 2000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abresulta claro que nos encontramos frente a una violaci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA y SEGURIDAD JURIDICA, derechos \u00e8stos que pretendo hacer valer al impetrar la presente ACCI\u00d3N, toda vez que con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha \u2013La Guajira, no se tuvo en cuenta que mi poderdante se\u00f1or LUIS ALFREDO MURGAS JIMENEZ, en el recurso de alzada NO era apelante, vulnerando con ello los principios y derechos arriba se\u00f1alados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene al juzgado querellado que \u00aben un t\u00e9rmino no mayor a 48 horas, modifique, anule, invalide o deje sin efecto la sentencia ordinaria del 30 de enero del 2015 (\u2026) y en su lugar se disponga a dejar en firme la sentencia de fecha 21 de mayo de 2010, (\u2026), en la cual se ABSUELVE a mi defendido de todos los cargos que le formulara la Fiscal\u00eda\u00bb (Fls. 1-16).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El presente asunto fue remitido a esta Corporaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha mediante auto de 24 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El juzgado encartado, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja,  adujo que \u00ablo peticionado por el demandante no est\u00e1 llamado a prosperar en atenci\u00f3n de que en la anterior providencia, esto es, la del veintiuno (21) de mayo del a\u00f1o dos mil diez (2010), carec\u00eda de uno de los requisitos de una decisi\u00f3n judicial como lo es de la \u201cfalta de motivaci\u00f3n\u201d, dando a entender que dicha actuaci\u00f3n no tuvo valor judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, inform\u00f3 que \u00abes de conocimiento p\u00fablico, pero menos del Doctor CARLOS JOSE DAZA DAZA que el se\u00f1or LUIS ALFREDO MURGAS JIMENEZ es persona fallecida seg\u00fan los hechos ocurridos el pasado diecinueve (19) de septiembre del a\u00f1o dos mil diecis\u00e9is (2016) en la ciudad de Maicao, La Guajira, en donde se le ocasion\u00f3 la muerte seg\u00fan informaci\u00f3n de sus familiares, por arma de fuego. Se est\u00e1 a la espera que de la Fiscal\u00eda aporte el correspondiente protocolo de necropsia y el registro civil de defunci\u00f3n para decretar en lo que a el respecta la extinci\u00f3n de la pena\u00bb (Fls. 178 y 179).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente del Colegiado cuestionado manifest\u00f3 que \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante, por lo tanto le solicito que sea despachada negativamente lo solicitado en ella\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, expuso, que \u00aben el caso concreto los presupuestos establecidos por el alto tribunal constitucional no se satisfacen a cabalidad, toda vez que el asunto objeto de discusi\u00f3n lo que se pretende es utilizar la acci\u00f3n constitucional como medio para discutir asuntos de mera legalidad del resorte exclusivo del proceso penal, como resulta ser el acierto y la legalidad de una providencia judicial, pretendiendo convertir la tutela en un recurso de instancia adicional, no previsto en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (Fls. 180-182).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abde la verificaci\u00f3n que en el presente caso se logra frente al cumplimiento de tales presupuestos, debe advertirse que no se cumplen los referentes a que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, pues f\u00e1cil se evidencia de lo referido por las autoridades accionadas que respecto al fallo de 30 de enero de 2015 si bien el accionante promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n no lo sustento lo que denota que tuvo la oportunidad de reprochar al interior del proceso el quebrant\u00f3 de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca pero dej\u00f3 fenecer esa posibilidad, de manera que como no agot\u00f3 los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance, la solicitud de amparo se torna improcedente, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3, que \u00abtampoco se cumple con el principio de inmediatez que rige la acci\u00f3n p\u00fablica, pues obs\u00e9rvese que la providencia que decret\u00f3 la nulidad de la sentencia data del 7 de marzo de 2013 y el fallo que pretende sea modificado, anulado, invalidado o dejado sin efecto se remonta al 30 de enero de 2015, es decir, que desde la primera providencia cuestionada a la fecha de la demanda tutelar han transcurrido m\u00e1s de 44 meses y desde la segunda han pasado m\u00e1s de 22 meses, pasividad que no deviene aceptable y que abrir\u00eda espacio para que se acudiera a la tutela sin atender un t\u00e9rmino razonable despu\u00e9s de proferidas las decisiones, con lo que se sacrificar\u00edan los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cernir\u00eda una absoluta incertidumbre que las desdibujar\u00eda como mecanismos institucionales leg\u00edtimos de resoluci\u00f3n de conflictos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, advirti\u00f3, que \u00absi bien no existe un lapso legal de caducidad dentro del cual deba intentarse la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, es preciso que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un t\u00e9rmino razonable, pues no de otra forma se explicar\u00eda la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por el principio de celeridad y la protecci\u00f3n inmediata que demanda, argumento suficiente para negar el amparo solicitado, como lo ha expuesto la Corte Constitucional (sentencia C-543 de 1992, SU \u2013 961 de 1999, reiterada entre otras, en la sentencia T \u2013 309 de 2013)\u00bb (Fls. 183-192).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el apoderado judicial del actor, argumentando que la decisi\u00f3n de primera instancia \u00aba) no se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de la petici\u00f3n de mi poderdante; b) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, que resulta inane a las pretensiones del actor, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00ablo que se pretende con esta tutela es subsanar el error judicial cometido por el Juez Penal del Circuito Especializado de Riohacha en la sentencia de fecha 30 de enero de 2015, independientemente de los recursos que pudiese haber impetrado mi poderdante; m\u00e1xime si \u00e9ste goza de libertad y sin haber sido notificado de manera formal; si bien el cierto el se\u00f1or MURGAS JIMENEZ, coloco (sic) la palabra \u201capelo\u201d, no se puede desconocer que existe un error de parte del despacho en menci\u00f3n; en el sentido de condenar a mi poderdante sin haber interpuesto recurso contra la sentencia de fecha 21 de mayo de 2010 emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha-La Guajira, puesto que ser\u00eda un absurdo apelar una decisi\u00f3n que fue favorable en todo sentido para el se\u00f1or LUIS ALFREDO MURGAS JIMENEZ\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la demanda tutelar no se est\u00e1 atacando la providencia que decret\u00f3 la nulidad con fecha 7 de marzo de 2013, sino la providencia expedida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha- La Guajira con fecha 30 de enero de 2015, raz\u00f3n por la cual no es preciso manifestar que han transcurrido m\u00e1s de 44 meses tal como lo se\u00f1ala el Honorable Magistrado\u00bb (Fls. 201-203).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el querellante solicit\u00f3 que se ordene al juzgado encartado dejar sin efecto la sentencia de 30 de enero de 2015 proferida en consecuencia de la nulidad decretada por el tribunal encartado el 7 de marzo de 2013, al incurrir en defecto procedimental.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Sentencia de 21 de mayo de 2010 proferida por el juzgado cuestionado que absolvi\u00f3 a Luis Alfredo Murgas Jim\u00e9nez (aqu\u00ed accionante) (Fls. 18-41 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Auto de 7 de marzo de 2013 dictado por el Colegiado acusado a trav\u00e9s del cual decret\u00f3 la nulidad de la determinaci\u00f3n anteriormente referenciada (Fls. 42-89).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Fallo de 30 de enero de 2015 dictado por la c\u00e9lula judicial reprochada en el que conden\u00f3 al actor a la pena de ciento cincuenta y dos meses de prisi\u00f3n por los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en concurso heterog\u00e9neo de tipo con los de tentativa de homicidio y concierto para delinquir  (Fls. 90-153).  <\/span><\/p>\n

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4. Sea del caso precisar que as\u00ed el impugnante afirme que no cuestiona el prove\u00eddo del tribunal de 7 de marzo de 2013, lo cierto es que la queja enfilada contra el fallo de 30 de enero de 2015, envuelve la determinaci\u00f3n del ad quem, comoquiera que en la nulidad declarada por este se origin\u00f3 la condena aqu\u00ed reprochada, raz\u00f3n por la que se har\u00e1 el estudio de tal resoluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Revisado lo anterior, estima la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el ad quem censurado profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 7 de marzo de 2013 (nulidad de la sentencia absolutoria), dado que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 22 de noviembre de 2016, evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

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[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ahora bien, en lo atinente a la inconformidad contra el juzgado encartado, estima la Sala que el reclamo constitucional igualmente resulta inane por el incumplimiento del principio de residualidad, en tanto que no es factible acudir a este excepcional\u00edsimo escenario luego de haber sido omitidos los mecanismos legales de defensa que se tuvieron al alcance, lo anterior, en vista a que pese a que el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, no fue sustentada la alzada, por lo que se declar\u00f3 desierto, perdiendo la oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses ante el superior del a quo recriminado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) quien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Finalmente, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, se observa que no basta con la simple enunciaci\u00f3n sino que debi\u00f3 demostrar que a una persona, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad acusada le hubiese dado un trato diferente al que se le dio a \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            Magistrada ponente      STC2482-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02248-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s   (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}