{"id":99659,"date":"2026-06-25T19:07:53","date_gmt":"2026-06-25T19:07:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2489-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:53","slug":"stc2489-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2489-2017\/","title":{"rendered":"STC2489-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00002-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 26 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Sol \u00c1ngel Cano G\u00f3mez frente a las Fiscal\u00edas Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y la Setenta y Seis Seccional de la Unidad de Delitos Ley 600 de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Fiscal\u00eda Ciento Treinta y Dos Ley 600 de esa localidad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La actora, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro de la investigaci\u00f3n previa (radicado 1053690).  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que el 23 de agosto de 2010 \u00abpresent\u00f3 denuncia penal contra los se\u00f1ores OSCAR DAVID GONZALEZ SALAZAR (\u2026), CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ SALAZAR (\u2026), MINICA GONZALEZ SALAZAR (\u2026) Y LUZ HELENA SALAZAR GONZALEZ (\u2026), por el posible delito de falsedad en documento p\u00fablico en la escritura p\u00fablica No. 966 de fecha 10 de marzo de 1989, otorgada  en la Notaria 13 del circulo notaria de Medell\u00edn, documento en el cual se consigna que la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO GOMEZ, vende a la se\u00f1ora CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ S, el derecho de propiedad y posesi\u00f3n y dominio que tiene sobre el apartamento 515 (1), situado en la segunda etapa de la Urbanizaci\u00f3n Multifamiliar SIERRA MORENA, acto notarial donde la se\u00f1ora CANO GOMEZ, no estuvo presente como tampoco nunca suscribi\u00f3 dicha escritura, pues para esa fecha se encontraba en la ciudad de MIAMI (Estados Unidos), por lo tanto la firma que aparece como de SOL ANGEL CANO G\u00d3MEZ, no es de su autor\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abcon resoluci\u00f3n del veinticuatro (24) de agosto de 2010, la Fiscal\u00eda 76 Seccional de la Unidad Tercera de Delitos contra la fe p\u00fablica, el patrimonio econ\u00f3mico y otros, avoca conocimiento de la denuncia y ordena iniciar INVESTIGACI\u00d3N PREVIA, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 322 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ordenando ampliar la denuncia presentada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3 Que \u00abluego del recaudo de algunos medios probatorios, la Unidad \u00danica de Delitos bajo el tr\u00e1mite de la Ley 600 de 2000 Fiscal\u00eda Setenta y Seis mediante resoluci\u00f3n interlocutoria de fecha veintid\u00f3s de mayo de dos mil doce (2012), se inhibi\u00f3 de abrir investigaci\u00f3n penal bajo el radicado n\u00famero 1053690, contra el se\u00f1or OSCAR DAVID GONZALEZ Y OTROS, por considerar que los posibles delitos de falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, decisi\u00f3n que no fue oportunamente notificada a la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO GOMEZ, y a su apoderado (\u2026), por tal circunstancia el togado present\u00f3 escrito solicitando la nulidad del archivo a fin de que procediera a la respectiva notificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abcon resoluci\u00f3n del catorce de julio de dos mil catorce la Fiscal\u00eda Delegada ante los Juzgados Penal del Circuito de Medell\u00edn, c\u00f3digo ciento treinta dos (132), decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir de la constancia de ejecutoria de la resoluci\u00f3n inhibitoria emitida el 22 de mayo de 2012, por la Fiscal\u00eda 76 Seccional, por no haberse realizado las labores a fin de ubicar a la denunciante y a su apoderado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abla Fiscal\u00eda Primera adscrita a la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en resoluci\u00f3n del 5 de diciembre de 2014, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida por el apoderado de la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO GOMEZ, por estimar que los delitos de falsedad materia en documento p\u00fablico y el delito de fraude procesal hab\u00eda operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00absi bien es cierto la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n de inhibici\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda 76 Seccional mediante resoluci\u00f3n del cinco (5) de diciembre de 2014, y solo se presenta esta acci\u00f3n constitucional en esta fecha, es importante recalcar que la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO GOMEZ, si bien es una ciudadana Colombiana, tiene su domicilio y residencia en la ciudad de Miami (Estados Unidos), como bien se ha acreditado en la actuaci\u00f3n penal bajo el radicado No. 1053690 contra el se\u00f1or OSCAR DAVID GONZALEZ SALAZAR y otros, de all\u00ed la imposibilidad para acudir oportunamente ante las autoridades judiciales para reclamar sus derechos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene a las accionadas que \u00aben un t\u00e9rmino no mayor a 48 horas se proceda a desarchivar y revocar las resoluciones aqu\u00ed referidas como consecuencia de ello abrir la investigaci\u00f3n radicada bajo el n\u00famero 1053690\u00bb (Fls. 1-9).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Los Fiscales delegados c\u00f3digos 132 y 134, luego de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones, manifestaron que \u00aben manera alguna ha violado las garant\u00edas y derechos constitucionales de la actora, concretados por su mandante, como el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Muy por el contrario, en una sola oportunidad que se advirti\u00f3 un error en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n inhibitoria por la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, al no citarse debidamente a la denunciante y a su apoderado judicial; el se\u00f1or Coordinador de la Unidad, con c\u00f3digo 104, orden\u00f3 el desarchivo de la investigaci\u00f3n, el 10 de julio de 2014, solicit\u00f3 a la oficina de asignaciones que la asignara a un Fiscal de la Unidad, le correspondi\u00f3 al Fiscal 88, \u00e9ste en periodo de vacaciones, por lo tanto asumi\u00f3 la Fiscal\u00eda con c\u00f3digo 132, por hab\u00e9rsele asignado, temporalmente, las funciones de aquel\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo que \u00abfue as\u00ed como se corrigi\u00f3 el error en el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n, con la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n, a partir de la constancia de ejecutoria de la resoluci\u00f3n inhibitoria, emitida el 14 de julio de 2014 (anexo Nro. 5 de la demanda de tutela). Se restableci\u00f3 as\u00ed el t\u00e9rmino procesal para ejercer el derecho de impugnaci\u00f3n\u00bb y, en ese orden \u00abla denunciante hizo uso de el, a trav\u00e9s de su apoderado judicial. El recurso se resolvi\u00f3 con la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n inhibitoria, emitida por la Fiscal\u00eda 76 en primera instancia, y desatado por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el H. Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, precisaron que \u00abla Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de sus delegadas con c\u00f3digos 132, 104, y 76 Seccionales, adscritas a la Unidad de Investigaciones Penales bajo el sistema penal Ley 600\/00, no ha vulnerado ning\u00fan derecho procesal y, por ende, ha respetado las garant\u00edas constitucionales de la actora. As\u00ed las cosas, la demanda de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb (Fls. 228-230).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Fiscal Primero Delegado encartado expuso que \u00abla acci\u00f3n de tutela se rige entre otros principios, por el de inmediatez, postulado que impone que quien sienta quebrantados sus derechos fundamentales, demande en un tiempo razonable su protecci\u00f3n; as\u00ed pues, es inaudito sostener que dicho postulado se ha cumplido cuando, como se puede constatar, el tiempo transcurrido entre la presunta violaci\u00f3n del derecho y su pretendida protecci\u00f3n, excede, respecto a este delegado, un poco m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que sean de recibo los argumentos de la distancia a la que se encuentra la presunta afectada SOL ANGEL CANO GOMEZ, toda vez que independientemente que en la actualidad resida en los Estados Unidos, pudo, desde un principio, iniciar la acci\u00f3n constitucional si advert\u00eda vulnerado alguno de sus principios fundamentales otorgando el respectivo poder para ello, as\u00ed como en el presente evento est\u00e1 procediendo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, anot\u00f3 que \u00abrespecto a la inconformidad del apoderado de la accionante atiente a la prescripci\u00f3n del delito de fraude procesal, los argumentos por los que fuera confirmada la resoluci\u00f3n inhibitoria recurrida concernientes a dicho t\u00f3pico, se encuentran insertos en la decisi\u00f3n fechada diciembre 5 de 2015\u00bb (Fls. 231 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abobligado se impone advertir que, como la inconformidad de la accionante se orienta a reprochar el  tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n previa del radicado 1053690, a cargo de la entonces Fiscal\u00eda 76 Seccional, en la cual se profiri\u00f3 resoluci\u00f3n inhibitoria  y dicha determinaci\u00f3n se ratific\u00f3 a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n de 5 de diciembre de 2014, es incuestionable que si la demanda de tutela fue presentada el 13 de diciembre de 2016, luego de transcurridos m\u00e1s de dos a\u00f1os a partir de la citada providencia, carece de interposici\u00f3n oportuna y razonable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta, que \u00abel principio de inmediatez que rige la procedencia de la acci\u00f3n de tutela exige que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un t\u00e9rmino razonable, pues no de otra forma se explicar\u00eda la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por la celeridad y la protecci\u00f3n inmediata que demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00abla Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que pudiera hacer procedente el amparo como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n. De un lado, el apoderado de la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO G\u00d3MEZ no aleg\u00f3 esta circunstancia, ni demostr\u00f3 que existiera un evento que la hiciera viable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente, concluy\u00f3 que \u00abal valorar el acontecer f\u00e1ctico, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional para su configuraci\u00f3n como son: la inminencia, urgencia, gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n; debe tenerse en consideraci\u00f3n que es el propio tiempo transcurrido entre el hecho que se denuncia transgresor de las garant\u00edas invocadas y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, el que los desvirt\u00faa\u00bb (Fls. 239-246).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el apoderado judicial de la actora, argumentando que \u00abcomo bien se precis\u00f3 en el escrito demandatorio se expuso en forma clara cuales fueron las razones que impidieron a la se\u00f1ora SOL ANGEL CANO GOMEZ acudir ante el juez constitucional para presentar con anterioridad la acci\u00f3n constitucional para obtener el amparo a un debido proceso, derecho de defensa y protecci\u00f3n a la propiedad privada; como es el hecho de tener su residencia en los Estados Unidos de Am\u00e9rica circunstancia que imposibilito su constante presencia en nuestro pa\u00eds sumado a lo anterior que la se\u00f1ora CANO GOMEZ, ha sido objeto de varias estafas como bien lo indica la Fiscal\u00eda en su escrito cuando se pronunci\u00f3 sobre la presente acci\u00f3n constitucional, al punto que en esta ciudad se adelantan por parte de esa entidad dos investigaciones penales y una en la ciudad de Medell\u00edn\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3, que \u00abbasta con leer el escrito de tutela para llegar a la conclusi\u00f3n que en el mismo si se precisa la existencia de un perjuicio irremediable, pues a trav\u00e9s de las conductas delictivas denunciadas por la aqu\u00ed accionante, fue despojada de la propiedad del bien inmueble de su propiedad\u00bb (Fls. 252-254).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que la querellante solicit\u00f3 que se ordene a las fiscal\u00edas accionadas que  \u00aben un t\u00e9rmino no mayor a 48 horas se proceda a desarchivar y revocar las resoluciones aqu\u00ed referidas como consecuencia de ello abrir la investigaci\u00f3n radicada bajo el numero 1053690\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Resoluci\u00f3n inhibitoria por prescripci\u00f3n proferida el 22 de mayo de 2012 por la Fiscal\u00eda Setenta y Seis Seccional de la Unidad de Delitos bajo el tr\u00e1mite de la Ley 600 de 2000 de Medell\u00edn dentro de la denuncia presentada por Sol \u00c1ngel Cano G\u00f3mez (aqu\u00ed accionante) contra \u00d3scar David, Claudia Patricia, M\u00f3nica Gonz\u00e1lez Salazar y Luz Elena Salazar Gonz\u00e1lez por el punible de falsedad en documento p\u00fablico, decisi\u00f3n contra la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n (Fls. 17-22 y 32-34 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Determinaci\u00f3n de 5 de diciembre de 2014 dictada por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n arriba referenciada, resoluci\u00f3n notificada personalmente a la quejosa el d\u00eda 11del mismo mes y a\u00f1o (Fls. 35-46).  <\/span><\/p>\n

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4. Revisado lo anterior, estima la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el ad quem censurado profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de diciembre de 2014, confirmando la resoluci\u00f3n inhibitoria, dado que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 13 de diciembre pasado, evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales, sin que sirva de excusa que vive fuera del pa\u00eds pues esa circunstancia no le imped\u00eda estar pendiente de la denuncia por ella formulada, am\u00e9n que en su oportunidad tuvo conocimiento del prove\u00eddo cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

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[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por lo dem\u00e1s, sea del caso precisar que, si bien la gestora alega que el amparo impetrado es con el fin de evitar un perjuicio irremediable, tambi\u00e9n lo es, que de las pruebas aportadas al plenario, no hay evidencia de la existencia de este, pues no basta con anunciar que se est\u00e1 causando un da\u00f1o, lo cual es necesario, sino que es forzoso demostrarlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) s\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 1\u00ba Sep. 2011, rad. 00194-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00002-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}