{"id":99661,"date":"2026-06-25T19:07:59","date_gmt":"2026-06-25T19:07:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2492-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:59","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:59","slug":"stc2492-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2492-2017\/","title":{"rendered":"STC2492-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2492-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-89290-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 19 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Julio Ocampo Rodr\u00edguez frente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo Laboral de esa ciudad, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario adelantado por el accionante contra el Banco Colpatria Red Multibanca S. A., y la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos \u2013SIPRO-. (radicado 2010-00625-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que por intermedio de abogado present\u00f3 \u00abdemanda por los tramites del proceso ordinario laboral de primera instancia contra el BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S. A., y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS \u2013SIPRO-\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.3 Que \u00aben sede de recurso extraordinario de casaci\u00f3n laboral, la H. Corte Suprema de Justicia \u2013Sala Laboral declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n impetrado mediante providencia del 29 de junio de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abla providencia objeto de esta acci\u00f3n p\u00fablica (la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali \u2013Sala Laboral), es violatoria del debido proceso, ya que se dan los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, puesto que la cuesti\u00f3n aqu\u00ed debatida es de relevancia constitucional \u2013ya que es un asunto de la seguridad social de estirpe constitucional-; se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, -pues se recurri\u00f3 en casaci\u00f3n y se declar\u00f3 desierto el recurso-; se cumple con el requisito de inmediatez, -ya que no ha transcurrido mucho m\u00e1s de cuatro meses desde el proferimiento del prove\u00eddo que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n, y no se trata de sentencia de tutela. Adem\u00e1s, como vicio o defecto puedo encuadrarlo en el denominado defecto f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez toma una decisi\u00f3n con falta de apoyo probatorio \u2013pese a que los despachos judiciales que conocieron del proceso objeto de esta tutela decretaron y tuvieron como medios de pruebas las documentales arrimadas y las testimoniales practicadas, las mismas no fueron apreciadas el ad quem, y por tanto no le dio el valor probatorio de m\u00e9rito-\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00aba la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali que dentro del t\u00e9rmino improrrogable de diez (10) d\u00edas constados a partir del proferimiento del fallo que as\u00ed lo disponga, profiera nueva sentencia con base en el material probatorio allegado y practicado en el aludido proceso\u00bb (Fls. 2-5).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 19 de diciembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 19 de enero de 2017, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el apoderado judicial del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El liquidador de la cooperativa vinculada adujo que \u00abno se evidencia que el actor haya confrontado la supuesta irregularidad procesal frente a la decisi\u00f3n que resulta vulnetaroria de los derechos fundamentales; lo anterior teniendo en cuenta que guard\u00f3 silencio sobre este \u00edtem\u00bb, sostuvo de igual manera que \u00abno cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser beneficiario de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, por tal motivo es necesario que el honorable Magistrado Ponente DECLARE LA IMPROCEDENCIA de la acci\u00f3n de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, que \u00abel ad quem la negar las pretensiones incoadas por el demandante en su oportunidad (revocando el fallo de primera instancia), cont\u00f3 con la autonom\u00eda e independencia y su providencia goz\u00f3 de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso, atendiendo las reglas de la sana cr\u00edtica y los par\u00e1metros  de la l\u00f3gica y la experiencia, sin que existiera, como lo quiere hacer ver hoy el accionante, que el mentado despacho judicial le dio a las pruebas una valoraci\u00f3n caprichosa o arbitraria e interpretando de manera err\u00f3nea el acervo probatorio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abel juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, seg\u00fan las reglas generales de competencia\u00bb (Fls. 56-58).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La entidad financiera vinculada expuso, en s\u00edntesis, que \u00abla sentencia proferida en segunda instancia encuentra pleno respaldo normativo, jurisprudencial y f\u00e1ctico y que por tanto se profiri\u00f3 legalmente y sin vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales de la accionante, quien pretende ahora, a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela revivir t\u00e9rminos e instancias\u00bb estim\u00f3 que las peticiones \u00abson improcedentes toda vez que como se indic\u00f3 a lo largo de este escrito el proceso ordinario laboral que origin\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela, se llev\u00f3 a cabo con el lleno de los requisitos legales y constitucionales por lo que carece de veracidad que se haya vulnerado alg\u00fan derecho del tutelante\u00bb (Fls. 67-70).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El magistrado ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 copia de la providencia proferida el 29 de junio de 2016 mediante la cual se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n presentado por el accionante (Fls. 94).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abhabida cuenta que de la informaci\u00f3n que reposa en el presente tr\u00e1mite constitucional, se tiene que no concurre ninguno de los presupuestos atr\u00e1s referenciados para declarar la procedencia del amparo solicitado, si se tiene en cuenta que, de conformidad con las pruebas obrantes en el presente tr\u00e1mite, se advierte que en el decurso del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 el se\u00f1or H\u00c9CTOR JULIO OCAMPO RODR\u00cdGUEZ en contra del Banco Colpatria Red Multibanca S.A., y la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos \u2013SIPRO\u2013, cuya legalidad cuestiona, se le brindaron las garant\u00edas fundamentales previstas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, haci\u00e9ndose efectivo el proceso como es debido, y por ello, no puede predicarse la existencia de v\u00edas de hecho, \u00fanica posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de car\u00e1cter judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta, que \u00abefectivamente, del an\u00e1lisis de las copias que hacen parte de este tr\u00e1mite constitucional la Sala no vislumbra de qu\u00e9 manera se le haya quebrantado alguna garant\u00eda constitucional al ciudadano OCAMPO RODR\u00cdGUEZ, si se tiene en cuenta que a trav\u00e9s de su apoderado judicial utiliz\u00f3 todos los mecanismos establecidos en la ley para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3, que \u00abel hecho que sus pretensiones no hayan sido falladas de manera favorable no quiere decir que la actuaci\u00f3n de las autoridades demandadas sea catalogada, por esa simple raz\u00f3n, como arbitraria o caprichosa, m\u00e1xime cuando se advierte que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver los recursos de apelaci\u00f3n que fueron propuestos contra el fallo de primer nivel por los representantes del Banco Colpatria Red Multibanca S.A., y la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos \u2013SIPRO\u2013, de manera clara y precisa expuso las razones de tipo f\u00e1ctico, probatorio y jur\u00eddico, que la condujeron a fallar el caso concreto del se\u00f1or H\u00c9CTOR JULIO OCAMPO RODR\u00cdGUEZ de la manera en que lo hizo, resaltando que la decisi\u00f3n finalmente emitida, esto es, la sentencia del 31 de octubre de 2012, se aprecia razonable en tanto se fund\u00f3 en los presupuestos legales y jurisprudenciales que el referido Cuerpo Decisorio consider\u00f3 aplicables al caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00abcuando los ataques contra las decisiones judiciales proferidas en el marco de los procesos ordinarios, se fundan en la inconformidad del accionante con la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los operadores judiciales, tal circunstancia no es suficiente para predicar la existencia de una v\u00eda de hecho, pues al respecto, de manera reiterada, la jurisprudencia nacional ha se\u00f1alado que: \u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisi\u00f3n del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisi\u00f3n incompatible con la Constituci\u00f3n. En este sentido, la acci\u00f3n de tutela contra decisi\u00f3n judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de correcci\u00f3n del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusi\u00f3n de los asuntos de \u00edndole probatoria o de interpretaci\u00f3n del derecho legislado, que dieron origen a la controversia\u00bb (C.C.S.T-288\/2011)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que al actor se le garantiz\u00f3 la posibilidad de controvertir la decisi\u00f3n del Tribunal ad quem; no obstante, pese a que, dentro del t\u00e9rmino legal, a trav\u00e9s de su apoderado de confianza, present\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que, el escrito finalmente presentado, no super\u00f3 el examen de admisibilidad de la Corte, pues mediante prove\u00eddo AL5078-2016, rad. 65797, del 29 de junio de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente, concluy\u00f3 que \u00abdebe indicarse que si la administraci\u00f3n de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los c\u00e1nones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente\u00bb  (Fls. 101-116).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el apoderado judicial del accionante sin expresar los argumentos de su inconformidad (Fls. 126).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el querellante solicit\u00f3 que se ordene \u00aba la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali que dentro del t\u00e9rmino improrrogable de diez (10) d\u00edas constados a partir del proferimiento del fallo que as\u00ed lo disponga, profiera nueva sentencia con base en el material probatorio allegado y practicado en el aludido proceso\u00bb, por supuestamente incurrir en defecto f\u00e1ctico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Sentencia de 31 de octubre de 2012 proferida por el tribunal encartado, que revoc\u00f3 la dictada el 15 de noviembre de 2011, y en la que se decidi\u00f3 absolver a la Cooperativa Sistemas Productivos y al Banco Colpatria Red Multibanca S. A, de las pretensiones formuladas por H\u00e9ctor Julio Ocampo Rodr\u00edguez (aqu\u00ed accionante) (Fls. 7-32).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Auto de 29 de junio de 2016 que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n formulado por el quejoso, al estimar que \u00abno satisface las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb toda vez que \u00abel cargo carece totalmente de proposici\u00f3n jur\u00eddica, pues a lo largo del escrito no se denuncia violaci\u00f3n alguna de la norma legal sustancial de alcance nacional, que constituy\u00f3 la base esencial de la providencia impugnada, y que a juicio del recurrente haya sido vulnerada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, de igual manera que \u00ablos planteamientos del recurrente se tornan insuficientes frente a los argumentos esgrimidos por el Tribunal, pues no ataca todos los fundamentos que constituyen el soporte de la decisi\u00f3n, ya que el ad quem no s\u00f3lo bas\u00f3 la sentencia en la pruebas calificadas aportadas dentro del proceso, sino tambi\u00e9n tuvo en cuenta los testimonios recaudados dentro del mismo, y si bien esta Sala ha advertido que la prueba testimonial no es prueba calificada para acudir en casaci\u00f3n, conforme lo establece el art. 7\u00aa de la Ley 16 de 1969, solamente puede refutarse en casaci\u00f3n por la v\u00eda de errores de hecho, la falta de valoraci\u00f3n o apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de: (i) documentos aut\u00e9nticos, (ii) la confesi\u00f3n judicial, y (iii) la inspecci\u00f3n judicial, por lo que la citada norma excluy\u00f3 las restantes pruebas; lo cierto es que jurisprudencialmente se admite el ataque con fundamento en pruebas diferentes a as memoradas, no obstante, para ello es necesario que previamente se acredite el yerro originado en cualquiera de los medios calificados de convicci\u00f3n, lo cual no aconteci\u00f3 en el presente caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00aben la sustentaci\u00f3n del recurso no se estructura de manera precisa una acusaci\u00f3n contra la sentencia del tribunal, en la que se la confronte con alguna norma sustancial, como implica la l\u00f3gica del recurso de casaci\u00f3n, sino que, por el contrario, el recurrente elabora una argumentaci\u00f3n desorganizada, parecida m\u00e1s a un alegato de instancia, en el que busca demostrar que es merecedor del derecho pretendido\u00bb (Fls. 95-99).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior, y en lo relativo a la queja que enfila el gestor contra el Tribunal cuestionado, observa la Sala que el reclamo constitucional resulta improcedente por el incumplimiento del principio de subsidiaridad, en tanto que no es factible acudir a este excepcional\u00edsimo escenario luego de haber sido omitido el mecanismo legal de defensa que tuvo al alcance, lo anterior, en vista a que, pese a que el actor interpuso el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra la sentencia de segundo grado proferida el 31 de octubre de 2012, tal se declar\u00f3 desierto por auto de 29 de junio de 2016, a secuela de las falencias al efecto all\u00ed apuntadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Esta Sala, en CSJ STC, 2 oct. 2014, rad. 02174-00, citado en STC13448-2014, 2 oct. 2014, rad. 02174 y STC5267-2015, 4 may. rad. 00844-00, ha resaltado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente la Corporaci\u00f3n, al decidir sobre un asunto de similar tenor sostuvo, en CSJ STC2378-2015, 5 mar. 2015, rad. 00432-00, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn ese orden, no habiendo hecho uso id\u00f3neo del medio de defensa se\u00f1alado, se impone el fracaso de esta salvaguarda por ser palmario el incumplimiento del principio de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En cuanto al reproche que involucra a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como organismo de cierre en la presente actuaci\u00f3n, se observa que no incurri\u00f3 en desconocimiento de presupuesto especial alguno, toda vez que su resoluci\u00f3n de declarar desierto el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en el marco normativo que regula el tema abordado (art. 90 C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), concluyendo que el cargo propuesto carece de proposici\u00f3n jur\u00eddica y que en la sustentaci\u00f3n del recurso no se estructur\u00f3 de manera precisa una acusaci\u00f3n contra la sentencia del tribunal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       7. Por tanto, como lo ha sostenido la Corte, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, Rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 Abr. 2011, Rad. 00604-00).  <\/span><\/p>\n

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8. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2492-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-89290-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)           Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}