{"id":99662,"date":"2026-06-25T19:08:06","date_gmt":"2026-06-25T19:08:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2494-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:08:06","modified_gmt":"2026-06-25T19:08:06","slug":"stc2494-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2494-2017\/","title":{"rendered":"STC2494-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2494-2017  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar \u00c1lvarez Pedrero frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de ese distrito judicial, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Fiscal\u00eda Cincuenta y Tres Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El actor, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abel d\u00eda 12 de octubre de 2012, y ante el JUZGADO 8\u00b0 PENAL MUNICIPAL CON FUNCI\u00d3N DE CONTROL DE GARANT\u00cdAS DE MANIZALES, le fue imputado a los se\u00f1ores JULIO C\u00c9SAR \u00c1LVAREZ PEDRERO y JUAN CARLOS ARENAS HUERTAS, los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO y CONCIERTO PARA DELINQUIR\u00bb imponi\u00e9ndoseles \u00abmedida de aseguraramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abcon fecha del 08 de febrero de 2013, LA FISCALIA 53 ESPECIALIZADA DD HH Y DIH de la ciudad de Bogot\u00e1, present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n en [su] contra (\u2026) por los mismos delitos por los cuales se formul\u00f3 imputaci\u00f3n\u00bb sin que se enunciaran \u00ablos testigos que la Fiscal\u00eda pretend\u00eda hacer valer eventualmente en el juicio oral, tal y como lo mandan los literales c) y d) del art. 337 del C. P. P.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que \u00abel d\u00eda 24 de mayo de 2014 y ante el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALZIADO DE MANIZALES, se llev\u00f3 a cabo una primera sesi\u00f3n de la AUDIENCIA DE FORMULACI\u00d3N DE ACUSACI\u00d3N, la cual no se pudo tramitar ante inconvenientes suscitados con la citaci\u00f3n del imputado JOSUE YOBANY LINARES HERNANDEZ, actuaci\u00f3n a la que se le orden\u00f3 conexidad procesal a la adelantada en contra de los se\u00f1ores \u00c1LVAREZ PEDRERO y ARENAS HUERTAS, fij\u00e1ndose como nueva fecha el d\u00eda 13 de junio de 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abel 13 de junio de 2014, se continu\u00f3 con el desarrollo de la AUDIENCIA DE FORMULACI\u00d3N DE ACUSACI\u00d3N\u00bb donde \u00abla Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a dar lectura al escrito de acusaci\u00f3n presentado en contra del se\u00f1or JOSUE YOBANY LINARES HERNANDEZ y posteriormente el presentado en contra de los se\u00f1ores JULIO CESAR ALVAREZ PEDRERO y JUAN CARLOS ARENAS HUERTAS. Igualmente, la Fiscal\u00eda adiciona cada uno de los escritos de acusaci\u00f3n presentado y realiza su descubrimiento probatorio, entregando a su costa, copia de todos los elementos materiales probatorios y evidencias f\u00edsicas recaudadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00absin embargo, ni dentro de los escritos de acusaci\u00f3n, ni dentro de los dos escritos que lo adicionaron, ni en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n misma, el FISCAL 69 ESPECIALIZADO DE DDHH Y DHI en apoyo de la FISCALIA 53 ESPECIALIZADA DE DDHH Y DHI, NO DESCUBRI\u00d3 PRUEBAS DE CAR\u00c1CTER TESTIMONIAL, pues no se indicaron ni los testigos de cargo ni los testigos de acreditaci\u00f3n, tal y como lo mandan el num. 5\u00b0 del art. 337 y el art. 344 del C. P. P.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abel d\u00eda 17 de septiembre de 2013, y despu\u00e9s de m\u00faltiples aplazamientos, se intent\u00f3 llevar a cabo la AUDIENCIA PREPARATORIA, pero en la misma y por escrito, los apoderados de las victimas solicitaron el cambio de radicaci\u00f3n del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que \u00abmediante auto AP-7646-2014 del 10 de diciembre de 2014 y con ponencia del Dr. (\u2026), la Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 ORDENAR EL CAMBIO DE RADICACI\u00d3N de las presentes diligencias, asign\u00e1ndoseles a los JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE CUNDINAMARCA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que \u00aben sesi\u00f3n del 18 de febrero de 2016, las partes procedieron a realizar la enunciaci\u00f3n de sus pruebas, y posteriormente a elevar las correspondientes solicitudes probatorias\u00bb y \u00abal momento de realizar la enunciaci\u00f3n de sus pruebas, el FISCAL 53 ESPECIALIZADO DE DDHH Y DIH habl\u00f3 de testigos de cargo y acreditaci\u00f3n, a pesar que ni en los escritos de acusaci\u00f3n, los documentos que lo adicionaron, ni en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n se descubrieron pruebas de tal naturaleza\u00bb as\u00ed como tambi\u00e9n procedi\u00f3 a \u00abelevar sus correspondientes solicitudes probatorias, y a pesar que ni en los escritos de acusaci\u00f3n ni en los documentos que lo adicionaron, ni en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, mencion\u00f3 nada sobre testigos de cargo o acreditaci\u00f3n, procedi\u00f3 a elevar las correspondientes peticiones sobre los testimonios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Que \u00aben sesi\u00f3n del 29 de julio de 2016, el JUZGADO 1\u00b0 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUNDINAMARCA procedi\u00f3 a resolver las solicitudes probatorias de las partes contendientes, y en lo que se refiere a las peticiones probatorias de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y a pesar del reclamo de la unidad de defensa del acusado JULIO CESAR ALVAREZ PEDRERO, el DESPACHO DECRET\u00d3 LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS DE CAR\u00c1CTER TESTIMONIAL\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. Que \u00aben vista del decreto de pruebas efectuado por el JUZGADO 1\u00b0 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUNDINAMARCA en favor de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la unidad de defensa procedi\u00f3 a interponer y sustentar recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto proferido, siendo dicho recurso concedido por el despacho, para que fuese desatado por la SALA DE DECISI\u00d3N PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA\u00bb el que \u00abmediante auto del 23 de agosto de 2016, y al cual se dio lectura el d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o, (\u2026) dispuso DENEGAR EL RECURSO DE APELACI\u00d3N interpuesto por la unidad de defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que \u00abse DEJEN SIN EFECTOS los AUTOS proferidos el pasado 29 de julio de 2016 y 23 de agosto de 2016 por el JUZGADO 1\u00b0 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUNDINAMARCA y por la SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA, y mediante los cuales se decretaron la integridad de las pruebas pedidas por la FISCAL\u00cdA 53 ESPECIALIZADA DE DDHH Y DIH DE BOGOT\u00c1 D. C.\u00bb y, que se ordene \u00abproferir un auto en el que se decreten pruebas, pero orden\u00e1ndose que se RECHACEN POR FALTA DE DESCUBRIMIENTO la totalidad de las de car\u00e1cter testimonial pedidas por a FISCALIA 53 ESPECIALIZADA DE DDHH Y DIH DE BGOT\u00c1 D. C.\u00bb y, subsidiariamente \u00abse ORDENE a la SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA que resuelva de fondo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y sustentado por la defensa en lo que tiene que ver con las solicitudes de pruebas de car\u00e1cter testimonial\u00bb (Fls. 1-64).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 12 de diciembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 16 de enero de 2017, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el apoderado judicial del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La secretar\u00eda del tribunal encartado, por intermedio de una escribiente, inform\u00f3 que \u00aben la causa contra JULIO CESAR \u00c1LVAREZ PEDREROS, este Tribunal mediante decisi\u00f3n del 30 de agosto de 2016, confirma auto proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y deniega el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los defensores y el expediente se devuelve al juzgado de origen con oficio 514 del 31 de agosto de 2016\u00bb (Fl. 123).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El magistrado ponente del colegiado querellado, sostuvo que \u00abla Sala de decisi\u00f3n, no ha incurrido en agravio a derechos fundamentales deprecados por el accionante, m\u00e1xime que se advierte del libelo de tutela es un asunto que debi\u00f3 ser controvertido dentro del tr\u00e1mite penal y, la cuestionada decisi\u00f3n se ajusta a los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales establecidos para el caso, tal como se puede observar de los argumentos expuestos\u00bb (Fls. 146 y 147).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juzgado cuestionado, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, expuso, que \u00abla actuaci\u00f3n se ha adelantado conforme al procedimiento legalmente establecido en la ley 906 de 2004, respet\u00e1ndose el debido proceso, derecho de defensa y contradicci\u00f3n que le asiste a las partes e intervinientes, y en tal medida estimo que en el tr\u00e1mite adelantado y decisi\u00f3n adoptada por este despacho en audiencia preparatoria, no se advierte vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abcausa gran extra\u00f1eza a este despacho que pese a haberse proferido desde el 30 de agosto de 2016, la decisi\u00f3n de segunda instancia y haberse se\u00f1alado mediante auto del 2 de septiembre fecha para celebrar el juicio oral durante los d\u00edas 19 y 20 de diciembre del a\u00f1o en curso, tan solo hasta la presente fecha, se haya instaurado la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb (Fls. 169 y 170).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00aben el presente caso, una de las inconformidades de Julio C\u00e9sar \u00c1lvarez Pedreros est\u00e1 dirigida a cuestionar la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca accedi\u00f3 a la totalidad de las pruebas pedidas por la Fiscal\u00eda\u00bb frente a lo cual apreci\u00f3 que \u00abtal determinaci\u00f3n se encuentra debidamente soportada y fundada en la normatividad aplicable al caso, lo que le permiti\u00f3 al fallador demandado concluir que la defensa no manifest\u00f3 observaci\u00f3n alguna frente a las pruebas descubiertas por el ente investigador\u00bb por lo que concluy\u00f3 que \u00abel prove\u00eddo censurado a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional adem\u00e1s de encontrarse debidamente razonable, se ajusta a derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo, que \u00abfrente a la inconformidad relacionada con la negativa de conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo del A quo que accedi\u00f3 a la peticiones probatorias de la Fiscal\u00eda, oportuno se ofrece precisar que \u00c1lvarez Pedreros tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 179 B de la Ley 906 de 2004\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente anot\u00f3 que \u00abde todos modos, que la censura del accionante se predica de una actuaci\u00f3n que se encuentra en curso, lo cual evidencia que de advertir alguna irregularidad que pueda afectar sus garant\u00edas procesales  a\u00fan cuentan con distintos mecanismos de defensa judiciales al interior del mismo, como es apelar la sentencia en el evento de resultar en contra de sus intereses, e inclusive, interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para insistir en los reparos frente al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas\u00bb (Fls. 184-191).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado judicial del gestor aduciendo que \u00abel descubrimiento de testigos de cargo y acreditaci\u00f3n efectuado pro al Fiscal\u00eda era extempor\u00e1neo, y por ende, era plausible de la sanci\u00f3n establecida en el art. 346 del C. de P. Penal, que ordena que ante falta de descubrimiento los mismos deben rechazarse, e impedir su pr\u00e1ctica en el juicio oral, pues la defensa no tuvo la oportunidad de conocerlos oportunamente y de esta manera edificar su teor\u00eda del caso de tal forma que permita ejercer debidamente el derecho de defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, estim\u00f3 que \u00abal revisar la actuaci\u00f3n encontramos que en momento alguno a la defensa no le fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n por parte de la primera instancia. Por el contrario, el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa, al punto que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en auto del 23 de agosto de 2016, dispuso denegar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto en atenci\u00f3n a un cambio jurisprudencial que sobre el tema realiz\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb as\u00ed las cosas \u00abla defensa acudi\u00f3 al recurso de apelaci\u00f3n, pero fue la segunda instancia la que decidi\u00f3 no desatar el recurso, por lo que no se dan los presupuestos del referido art. 179 B del C. de P. Penal, en la medida en que no fue el funcionario de primera instancia el que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00absi bien es cierto que existe un proceso en curso y de que la sentencia puede ser atacada v\u00eda apelaci\u00f3n, e incluso, v\u00eda casaci\u00f3n, no es menos cierto que avanzar hasta esas etapas procesales resulta bastante gravoso para el derecho de defensa de Julio C\u00e9sar \u00c1lvarez Pedrero\u00bb  por lo que \u00abtales mecanismos no resultan id\u00f3neos en el presente asunto, pues al permitirse a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n descubrir unos testigos apenas en la audiencia preparatoria se sorprende a la defensa, de tal forma que el ejercicio defensivo se ve comprometido, por lo que este adversario procesal no est\u00e1 en posici\u00f3n de asumir un juicio justo\u00bb (Fls. 198-201).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el actor solicita que \u00abse DEJEN SIN EFECTOS los AUTOS proferidos el pasado 29 de julio de 2016 y 23 de agosto de 2016 por el JUZGADO 1\u00b0 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUNDINAMARCA y por la SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA, y mediante los cuales se decretaron la integridad de las pruebas pedidas por la FISCAL\u00cdA 53 ESPECIALIZADA DE DDHH Y DIH DE BOGOT\u00c1 D. C.\u00bb y, que se ordene \u00abproferir un auto en el que se decreten pruebas, pero orden\u00e1ndose que se RECHACEN POR FALTA DE DESCUBRIMIENTO la totalidad de las de car\u00e1cter testimonial pedidas por a FISCALIA 53 ESPECIALIZADA DE DDHH Y DIH DE BOGOT\u00c1 D. C.\u00bb y, subsidiariamente \u00abse ORDENE a la SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA que resuelva de fondo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y sustentado por la defensa en lo que tiene que ver con las solicitudes de pruebas de car\u00e1cter testimonial\u00bb por supuestamente incurrir en defecto \u00abprocedimental absoluto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Auto de 29 de julio de 2016 mediante el cual el juzgado censurado aprob\u00f3 las estipulaciones probatorias y decret\u00f3 pruebas, entre estas los testimonios de varias personas, quienes aportar\u00edan a su vez una serie de documentos, y que son objeto del reparo por parte del defensor del actor (Fls. 170 vuelto- 183, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Decisi\u00f3n de 30 de agosto anterior, proferida por el tribunal acusado confirmando la providencia atr\u00e1s referenciada y denegando \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los defensores de los procesados \u00c1LVAREZ PEDREROS Y ARENAS HUERTAS\u00bb (Fls. 124-132).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Trat\u00e1ndose de actuaciones penales en curso este auxilio resulta improcedente, puesto que al interior de ese tr\u00e1mite subsisten instrumentos legales id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores los cuales no pueden ser reemplazados por esta v\u00eda, dado su estricto car\u00e1cter residual. En este asunto, frente a la sentencia que eventualmente adopte el juez de primer grado el interesado cuenta con el recurso de apelaci\u00f3n y, dado el caso, respecto de la decisi\u00f3n del ad-quem, con el de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la existencia de esos medios ordinarios de defensa judicial hacen no viable el amparo ius-fundamental, m\u00e1xime cuando el referido recurso extraordinario, en el \u00e1mbito penal, opera como un \u00abcontrol constitucional y legal (\u2026) contra las sentencias proferidas en segunda instancia (\u2026) cuando afectan derechos o garant\u00edas fundamentales por: (\u2026) 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia\u00bb (art\u00edculo 181 Ley 906 de 2004; resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, en situaciones similares esta Corporaci\u00f3n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026.) sin esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto\u00bb (CSJ, STC 20 mar. 2012, rad. 00192-01, reiterada en STC8596-2016, 27 jun., rad. 00706-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La posibilidad de emplear los susodichos recursos, adem\u00e1s, descarta cualquier presunto \u00abperjuicio irremediable\u00bb, pues, aun de ser cierto que las providencias fustigadas lesiones las garant\u00edas esenciales del convocante, la realidad es que cualquier afectaci\u00f3n puede ser conjurada por esos cauces legales, por lo cual la tutela no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debi\u00e9ndose a\u00f1adir que no basta con anunciar que se est\u00e1 generando un perjuicio de tal estirpe, sino que es indispensable acreditarlo, lo que no acontece en el caso concreto, porque \u00absin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01; reiterada entre otras en STC1782-2014 y STC3941-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo dem\u00e1s, y en lo que se refiere a la providencia cuestionada, proferida el 30 de agosto de 2016, mediante la cual el ad quem accionado deneg\u00f3 la alzada interpuesta por el defensor de Julio C\u00e9sar \u00c1lvarez Pedreros (aqu\u00ed accionante), advierte la Sala, que no se observa proceder constitutivo por \u00abdefecto procedimental\u00bb, que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso y en la m\u00e1s reciente jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, descartando un actuar caprichoso o antojadizo, toda vez, que el auto que decreta pruebas, no es objeto de dicho recurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2494-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)           Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99662"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99662\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}