{"id":99665,"date":"2026-06-25T19:08:50","date_gmt":"2026-06-25T19:08:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2514-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:08:50","modified_gmt":"2026-06-25T19:08:50","slug":"stc2514-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2514-2017\/","title":{"rendered":"STC2514-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00576-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales neg\u00f3 las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra los Juzgados Tercero y Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, y la Procuradur\u00eda Judicial para los Juzgados Civiles del Circuito, vincul\u00e1ndose a los Bancos Davivienda, de Bogot\u00e1 y Bancolombia, y los despachos Primero y Cuarto Administrativos del Circuito de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro de las acciones populares Nos. 2016-345, 2016-343, 2016-344 y 2016-318.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1. Que ante el Juzgado 6\u00ba encartado present\u00f3 las \u00abacciones populares\u00bb Nos. 2016-00345, 2016-00343, 2016-00344 y ante el despacho judicial 3\u00ba censurado No. 2016-00318.  <\/span><\/p>\n

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       2.2. Que los referidas demandas, fueron admitidas por las autoridades encartadas, \u00abpese a que demand[\u00f3] al MUNICIPIO DE MANIZALES y a una entidad bancaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.3. Que \u00abnunca, el delegado del ministerio p\u00fablico en acciones populares, Procurador, se pronuncia de lo acometido ABUSIVAMENTE por el sentenciador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       2.4. Que present\u00f3 los l\u00edbelos introductorios \u00abante la jurisdicci\u00f3n ADMINISTRATIVA al demandar al MUNICIPIO; ENTE TERRITORIAL, y a un banco, es decir la competencia es ADMINISTRATIVA\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que \u00ab[\u2026] SE DEVUELVA LA ACCI\u00d3N POPULAR A LA JURISDICCI\u00d3N ADMINISTRATIVA, [\u2026] se escanee copia de esta tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com. [\u2026] ORDENAR, al delegado del Ministerio p\u00fablico, PROCURADOR, en acciones populares, para que se pronuncie en derecho y consigne que ha hecho en esta[s] accion[es] populares para garantizar el debido proceso [\u2026]\u00bb (fls. 2-11 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 6\u00ba querellado, refiri\u00f3 que el tr\u00e1mite de las acciones populares que cursan en su despacho, se han ajustado a lo preceptuado en la constituci\u00f3n y la ley, e inform\u00f3 que la No. 2016-344 est\u00e1 corriendo traslado de excepciones propuestas, la No. 343, est\u00e1 pendiente de que el actor popular realice las notificaciones correspondientes y la No. 2016-345 est\u00e1 surtiendo el t\u00e9rmino para la contestaci\u00f3n de la demanda (fls. 29-31 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional Caldas adujo que esta entidad es ajena a lo solicitado por el quejoso, por lo cual requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (fl. 32-33 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Banco Davivienda dijo que \u00abhasta el momento no ha sido notificado de la admisi\u00f3n de las acciones populares [\u2026] por consiguiente, solicit[an] respetuosamente al se\u00f1or Juez DESVINCULAR a Davivienda S.A.\u00bb (fl. 35 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 1\u00ba Administrativo, refiri\u00f3 que \u00abal no conocer el asunto sobre el que trata la acci\u00f3n de tutela me es imposible hacer pronunciamiento alguno en el t\u00e9rmino de la distancia, habida cuenta adem\u00e1s que, los n\u00fameros de radicaci\u00f3n referenciados en el oficio no coinciden con procesos de ninguna naturaleza de este Despacho\u00bb (fl. 44 Ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 4\u00ba Administrativo del Circuito de Manizales, tard\u00edamente se\u00f1al\u00f3 que, \u00abrevisados los procesos asignados a este Despacho Judicial por reparto, no se encuentra alguno con los n\u00fameros de radicaci\u00f3n antes enunciados, pues los mismos corresponden a procesos que se tramitan a trav\u00e9s del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en el a\u00f1o 2016 ha instaurado acciones populares ante esta Jurisdicci\u00f3n demandando Municipios conjuntamente con entidades bancarias persiguiendo la protecci\u00f3n de derechos colectivos. En los casos asignados a este Juzgado, se decidi\u00f3 por esta servidora judicial la remisi\u00f3n de las demandas a los Jueces Civiles del Circuito por competencia\u00bb  (fl.52 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abpuede afirmarse que la C\u00e9lula Judicial ha dado cumplimiento al procedimiento regulado en el ordenamiento jur\u00eddico en trat\u00e1ndose de acciones colectivas, puesto que el art\u00edculo 15 de la Ley 472 DE 1998, establece que la Jurisdicci\u00f3n Administrativa conocer\u00e1 \u00fanicamente de las populares que se susciten con ocasi\u00f3n de los actos, acciones y omisiones de las entidades p\u00fablicas y de las personas privadas que desempe\u00f1en funciones administrativas, conociendo de los dem\u00e1s casos la Ordinaria Civil, motivo por el cual avoc\u00f3 conocimiento por ser el juez id\u00f3neo para conocer de estos tr\u00e1mites cuando la presunta vulneraci\u00f3n es atribuible a personas jur\u00eddicas de derecho privado, como lo son las entidades bancarias accionadas\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que, \u00ablas decisiones adoptadas por el Juzgado accionado no se aprecian arbitrarias, caprichosas o infundadas, pues aplic\u00f3 en debida forma la normativa pertinente, se itera, el precepto normativo arriba mencionado concerniente a la jurisdicci\u00f3n y el 90 del CGP [\u2026] por tanto las determinaciones estuvieron ajustadas a derecho y garantizaron al tutelante el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, encauzando las acciones populares evitando de esta manera que posteriormente se decretaran nulidades en los procesos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y por \u00faltimo que, \u00aben lo concerniente a lo solicitado en contra del Procurador Judicial para los Juzgados Civiles del Circuito de Manizales, no se acceder\u00e1 a ello toda vez que esta corporaci\u00f3n no encuentra actuaciones vulneradoras de sus prerrogativas constitucionales, pues el libelista se limita a se\u00f1alar que el Delegado no se pronuncia frente a las decisiones judiciales adoptadas dentro de la colectiva, sin indicar los hechos en que funda su afirmaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, concluy\u00f3 \u00abNEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo constitucional promovido\u00bb. (fls. 45-47 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, aduciendo que \u00abapelo. Solicito amparar mis acciones de tutela\u00bb (fl. 54 Ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor que se le ordene a las autoridades acusadas enviar a la jurisdicci\u00f3n contenciosa las acciones populares que formul\u00f3, refiriendo que incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico, por carecer de competencia para adelantar los procesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Autos emitidos por los Juzgados encartados en los que admiten las acciones populares Nos. 2016-00318, de 23 de noviembre de 2016, 2016-00343 y 2016-00344 de 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, y 2016-00345 de 16 de septiembre pasado, promovidas por Javier El\u00edas Arias (aqu\u00ed accionante) contra Banco Davivienda S.A, Bancolombia y Banco de Bogot\u00e1, respectivamente y dispusieron, entre otros, notificar a los demandados y a los agentes del Ministerio P\u00fablico y la publicaci\u00f3n de los prove\u00eddos en un medio masivo de comunicaci\u00f3n (fls.5, 14 anverso, 21-23, y 31 anverso C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Escrito radicados el 16 de septiembre de 2016 por el actor popular ante el Juzgado Sexto censurado dentro de las acciones populares 2016-00343 y 2016-00344, alegando nulidad por considerar que existe falta de jurisdicci\u00f3n y que cada \u00abacci\u00f3n debe ser tramitada en la jurisdicci\u00f3n administrativa\u00bb. (fl. 16 y 24 Ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Prove\u00eddos de 23 de septiembre siguiente en los que resolvi\u00f3 \u00abno dar tr\u00e1mite al escrito presentado [\u2026] puesto que la misma es notoriamente improcedente y dilatoria del tr\u00e1mite que se le debe imprimir a esta acci\u00f3n constitucio[nal] de conformidad con lo dispuesto en el art. 43-2 del C.G.P.\u00bb, decisiones contra las cuales no interpuso recurso (fl. 16 anverso y 25 \u00cddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Solicitud de nulidad de fecha 19 de octubre de 2016, allegada dentro de la acci\u00f3n popular No. 2016-00345, en la que solicit\u00f3 la \u00abnulidad por falta de competencia\u00bb y pidi\u00f3 \u00abdevolver [su] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb (fl. 37 Ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) El 25 del mismo mes y a\u00f1o, el funcionario judicial dispuso \u00abPRIMERO: RECHAZAR el incidente de nulidad propuesto [\u2026] SEGUNDO: REAFIRMAR que este Juzgado es el competente para conocer del asunto en controversia\u00bb, resoluci\u00f3n que no le mereci\u00f3 reparo al quejoso (fls. 38 anverso- 39 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado y en lo que tiene que ver con la queja enfilada frente al Juez 6\u00ba, advierte la Sala  que el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el gestor no hizo uso de los mecanismos propios que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que le fuera revisado su descontento, esto es, no recurri\u00f3 los autos que le negaron lo aqu\u00ed acusado; por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal, am\u00e9n que ning\u00fan cuestionamiento realiz\u00f3 frente a los autos admisorios proferidos por la c\u00e9lula judicial censurada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, en lo que se refiere al despacho 3\u00ba querellado, la protecci\u00f3n invocada tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez, que la inconformidad por \u00abfalta de competencia\u00bb no lo ha expuesto ante el \u00abjuez natural\u00bb, am\u00e9n que no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto calendado 23 de noviembre pasado, que admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular; por lo tanto le est\u00e1 vedado al \u00abjuez constitucional\u00bb, arrogarse pronunciamientos que no le corresponden dado el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02).  <\/span><\/p>\n

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6. En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del funcionario censurado, cuando lo cierto, es que el gestor no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de los prove\u00eddos que le fueron adversos, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, esta corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d(CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Respecto a la queja contra el Procurador Judicial para los Juzgados Civiles del Circuito de Manizales,  hay que decir que no se encuentra vulneraci\u00f3n por parte de este, pues el accionante no expuso los motivos de su inconformidad, y s\u00f3lo se limit\u00f3 a mencionar que el Delegado no se ha pronunciado frente a lo decidido en los casos sub ex\u00e1mine.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Relativo a los pedimentos del impugnante, respecto a que se le \u00abse escanee copia de esta tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00576-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99665","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99665\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99665"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99665"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}