{"id":99669,"date":"2026-06-25T19:09:18","date_gmt":"2026-06-25T19:09:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2538-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:09:18","modified_gmt":"2026-06-25T19:09:18","slug":"stc2538-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2538-2017\/","title":{"rendered":"STC2538-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2538-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00061-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 26 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Vicente Sarmiento Chavarro contra el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto divisorio iniciado por el aqu\u00ed actor, B\u00e1rbara y Mar\u00eda Lilia Sarmiento Chavarro frente a Marisol y Sandra Sarmiento Rubio.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, sostiene que el predio materia de divisi\u00f3n fue subastado el 22 de julio de 2016, adjudic\u00e1ndose el mismo a Lilia Johana Sarmiento Ram\u00edrez; no obstante, s\u00f3lo se logr\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la almoneda hasta el 9 de septiembre siguiente, en raz\u00f3n de otro amparo constitucional propuesto por la rematante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advierte que no recurri\u00f3 ese pronunciamiento \u201c(\u2026) pensando en la buena fe del juzgado (\u2026)\u201d; sin embargo, revisada esa determinaci\u00f3n, constat\u00f3 los siguientes errores:  <\/span><\/p>\n

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(i) La fecha de la venta p\u00fablica all\u00ed establecida no correspond\u00eda a la real;  <\/span><\/p>\n

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(ii) Se indic\u00f3 erradamente que la postora sufrag\u00f3 el 3% del impuesto consagrado en la Ley 11 de 1987 ya derogada, cuando \u00e9sta cancel\u00f3 el 5%, de acuerdo con la ahora vigente Ley 1743 de 2014;  <\/span><\/p>\n

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(iii) Se dispuso entregarle al aqu\u00ed petente el 20% de los dineros consignados por cuenta de la licitaci\u00f3n e igual porcentaje a una de sus hermanas, a pesar de corresponderles el 25% a cada uno; y  <\/span><\/p>\n

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(iv) Se omiti\u00f3 \u201c(\u2026) la reserva que deb\u00eda hacer[se] para el pago de impuestos del inmueble y los posibles servicios p\u00fablicos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Aunque deprec\u00f3 la aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la providencia comentada, la funcionaria enjuiciada s\u00f3lo se limit\u00f3 a rectificar, conforme a lo requerido, los porcentajes rese\u00f1ados, empero guard\u00f3 silencio sobre lo dem\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asevera que la tardanza en la cual ha incurrido la falladora acusada, permiti\u00f3 la formulaci\u00f3n de una \u201cnulidad\u201d por el extremo pasivo, exigencia aun no resuelta (fls. 10 y 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Pretende, en concreto, imponerle al despacho accionado aprobar la almoneda de acuerdo con la ley y entregarle el predio materia del decurso a la adjudicataria (fl. 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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La titular del estrado atacado expres\u00f3 la inexistencia de lesi\u00f3n a las garant\u00edas del querellante, pues no ha cometido arbitrariedad alguna en el pleito fustigado.  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el 24 de octubre de 2016 corrigi\u00f3 el auto con el cual se aprob\u00f3 la almoneda, en el sentido de fijar el 25% de lo recaudado por \u00e9sta para el promotor y el mismo porcentaje para su hermana B\u00e1rbara Sarmiento Chavarro; agreg\u00f3 que el 24 de enero de 2017 tambi\u00e9n enmend\u00f3 ese pronunciamiento para especificar el 22 de julio de 2016 como fecha de la subasta y no el 10 de noviembre de 2015, data consignada de forma equivocada.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 que las demandadas no impetraron la nulidad de lo actuado, como mal lo advirti\u00f3 el gestor, sino la suspensi\u00f3n del decurso por una denuncia penal propuesta frente al aqu\u00ed petente, reclamaci\u00f3n resuelta negativamente el 24 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, advirti\u00f3 tener bajo su conocimiento 2456 expedientes y  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la carga de siete Juzgados Civiles del Circuito; por tanto, ante el trabajo realizado el a\u00f1o anterior, no ha sido posible dar tr\u00e1mite a la totalidad de los procesos en el t\u00e9rmino contenido en la ley, pues solamente se cuenta con un sustanciador de tr\u00e1mite (\u2026)\u201d (fl. 41, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por presentarse un hecho superado, pues los cuestionamientos del gestor se resolvieron en los dos autos de 24 de enero de 2017, por cuanto en uno de \u00e9stos se corrigi\u00f3 la fecha de la licitaci\u00f3n indicada en el auto aprobatorio de esa diligencia y, en el otro, se desat\u00f3 la reclamaci\u00f3n propuesta por la pasiva, precis\u00e1ndose la no solicitud de una nulidad, sino la suspensi\u00f3n del litigio, lo cual se neg\u00f3 (fls. 43 al 46, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 la existencia de una demora injustificada, por cuanto el proceso lleva m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os y no se ha logrado la entrega del bien dividido a la rematante y de los dineros para cada uno de los comuneros. Advirti\u00f3 que, en su criterio, a\u00fan no se \u201c(\u2026) ha resuelto legalmente la aprobaci\u00f3n del remate (\u2026) como lo establece el art. 455 del C.G.P. (\u2026)\u201d (fls. 57 y 58, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se observa que el petente ataca (i) el prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2016, con el cual se aprob\u00f3 la subasta surtida en el juicio criticado; y (ii) la supuesta tardanza de la funcionaria enjuiciada en entregar el inmueble licitado y los dineros producto de su venta p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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2.        En torno al primer punto de queja, se advierte su improcedencia porque adem\u00e1s de encontrarse superados algunos de los cuestionamientos erigidos por el gestor frente a dicha providencia, tales como precisarse la fecha de la almoneda y el porcentaje a suministrarles al actor y a otra comunera, lo cierto es que el querellante no agot\u00f3 los medios de defensa para lograr la reserva de los dineros producto de la venta p\u00fablica para el pago de las deudas del predio y esclarecer lo cancelado por la adjudicataria como impuesto del remate.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, desaprovech\u00f3 la reposici\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso frente a la aprobaci\u00f3n de la subasta, recurso id\u00f3neo conforme lo ha se\u00f1alado esta Sala al exponer:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, la inacci\u00f3n del petente no la justifica la \u201cbuena fe\u201d depositada en el juzgado, pues conociendo la determinaci\u00f3n acusada, ha debido impugnarla oportunamente. Esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n de todos los instrumentos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora, sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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       \u201cAsimismo, ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso.  Se insiste, la   protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Examinadas las copias adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata la inviabilidad del amparo, por cuanto en la actualidad, la autoridad judicial querellada no est\u00e1 incurriendo en la negligencia imputada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, si bien el decurso ha durado varios a\u00f1os, lo cierto es que all\u00ed ya se surti\u00f3 y aprob\u00f3 el remate del bien materia de divisi\u00f3n, esto \u00faltimo, el 9 de septiembre de 2016, procediendo el despacho a corregir algunas de las equivocaciones advertidas por el aqu\u00ed gestor y a resolver negativamente, el 24 de enero de 2017, la suspensi\u00f3n del juicio invocada por las all\u00e1 demandadas.  <\/span><\/p>\n

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No resulta excesivo ni caprichoso el tiempo transcurrido desde esa \u00faltima data para que la funcionaria denunciada adopte las decisiones tendientes a materializar la entrega del bien a la adjudicataria y los dineros a los comuneros, a\u00fan m\u00e1s si no se observan peticiones elevadas al interior del asunto con ese objeto.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgado, lo cual no se vislumbra en este caso.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC2538-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00061-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}