{"id":99673,"date":"2026-06-25T19:09:40","date_gmt":"2026-06-25T19:09:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2542-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:09:40","modified_gmt":"2026-06-25T19:09:40","slug":"stc2542-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2542-2017\/","title":{"rendered":"STC2542-2017"},"content":{"rendered":"

                 <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2542-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00007-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 30 de enero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela promovida por CIGPF Ltda. frente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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2. Acota como fundamento de la queja que el Banco Colpatria S.A., inici\u00f3 en el despacho fustigado un proceso ejecutivo hipotecario en contra de Rosalba Vergara de Montes radicado bajo el n\u00famero 1999-00059.  <\/span><\/p>\n

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Arguye haber adquirido los derechos litigiosos de ese pleito en calidad de acreedor cesionario; negocio aprobado por el Juez instructor mediante prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2009,  donde adem\u00e1s le reconoci\u00f3 personer\u00eda a Ernesto Carlos V\u00e9lez Benedetti como representante judicial de la all\u00ed accionante, aqu\u00ed interesada.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que en el asunto bajo estudio \u201c(\u2026) no obra ni un solo escrito que (\u2026) d\u00e9 a entender (\u2026)\u201d las getiones realizadas por el mencionado abogado, por tanto, \u201c(\u2026) no tiene efectos jur\u00eddicos [su] reconocimiento (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Argumenta que el memorado juicio culmin\u00f3 por \u201cprescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u201d, condenando a la sociedad aqu\u00ed actora a pagar las \u201cagencias en derecho\u201d tasadas en \u201cm\u00e1s de 40 millones de pesos\u201d, decisi\u00f3n que no pudo \u201cobjetar\u201d, por carecer de mandatario.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que el 1 de abril de 2016 el juzgado tutelado libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por las \u201ccostas procesales\u201d, determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n, remedio decidido el 12 de diciembre siguiente donde el convocado mantuvo la orden impartida.  <\/span><\/p>\n

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Considera conculcada su prerrogativa a la defensa, por cuanto, la persona que design\u00f3 como su apoderado \u201cnunca\u201d ejerci\u00f3 actuaciones que as\u00ed lo determinaran.  <\/span><\/p>\n

3. Requiere ordenar al convocado \u201c(\u2026) anul[ar] las providencias proferidas a partir del 7 de diciembre de 2009 (\u2026)\u201d y en consecuencia rehacer \u201c(\u2026) la actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d censurada.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena  solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego, por cuanto, en este asunto no se cumplen las \u201ccausales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u201d, ni existe ninguna  \u201cv\u00eda de hecho\u201d en sus decisiones (fls. 53 a 58).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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       Desestim\u00f3 la salvaguarda porque \u201c(\u2026) el interesado ten\u00eda a su alcance otros instrumentos que la ley ha previsto para lograr la eventual protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, (\u2026) [adem\u00e1s] de ser presentada sin tener en cuenta un plazo razonable desde la presunta vulneraci\u00f3n alegada (\u2026)\u201d (fls. 79 a 84).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la promotora insistiendo en la imposibilidad  de ejercer su defensa al interior del litigio reprochado, pues el abogado designado \u201cnunca acept\u00f3 el poder\u201d  (fls. 90 a 100).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Se duele la gestora, por cuanto en el memorado juicio hipotecario, fue condenada en prove\u00eddo de 24 de junio de 2013 al pago de las costas all\u00ed liquidadas, arguyendo que \u00fanicamente tuvo conocimiento de esa condena a partir de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago que las ejecuta, del cual se dio por notificada el 8 de julio de 2016.   <\/span><\/p>\n

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El anterior argumento no corresponde a la realidad, porque de las pruebas aportadas a este tr\u00e1mite constitucional, se evidencia que la tutelante se enter\u00f3 del estado del proceso por lo menos desde el 23 de enero de 2015, cuando radic\u00f3 en la secretar\u00eda del despacho acusado, una \u201ccesi\u00f3n de derechos\u201d, no aceptada por encontrase terminado el mentado pleito coercitivo en el cual ella fungi\u00f3 como acreedora cesionaria.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no hay lugar a acoger el resguardo deprecado por ausencia del requisito de inmediatez, porque el mismo fue incoado tard\u00edamente el 19 de enero de 2017, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de a\u00f1o y medio desde la \u00faltima actuaci\u00f3n desplegada por la promotora en el decurso reprochado.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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2. Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para presentar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, la accionante afirma que careci\u00f3 de defensa en el asunto discurrido, por cuanto su apoderado, en ning\u00fan momento acept\u00f3 \u201calg\u00fan\u201d mandato que le otorgara su representaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De entrada se advierte que dicho argumento trata de justificar el desinter\u00e9s de la promotora por la suerte del asunto en el cual era acreedora, pues debi\u00f3 procurar porque su abogado cumpliera con las labores a \u00e9l encomendadas, teniendo en cuenta que fue ella quien aval\u00f3 su designaci\u00f3n por intermedio de quien en ese entonces fung\u00eda como su representante legal.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, en el contrato de enajenaci\u00f3n de derechos litigiosos se estipul\u00f3: \u201c(\u2026) la cesionaria [CIGPF Ltda.] ratifica el poder conferido al (\u2026) Dr. ERNESTO CARLOS V\u00c9LEZ BENEDETTI (\u2026) para que contin\u00fae la representaci\u00f3n judicial hasta su terminaci\u00f3n dentro del proceso en referencia (\u2026)\u201d. Es decir, desde ese momento confi\u00f3 la defensa de sus intereses al prenombrado togado, teniendo la facultad de sustituirlo en caso de inoperancia en su trabajo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no hay lugar a acoger el auxilio por la supuesta negligencia del vocero judicial de la sociedad impulsora del ruego, porque esta Corte ha adoctrinado  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (\u2026)\u201d.2  <\/span><\/p>\n

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4. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 2009-00508-01, reiterada, entre otros pronunciamientos 28 jun. 2012.      <\/span><\/p>\n

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