{"id":99682,"date":"2026-06-25T19:10:21","date_gmt":"2026-06-25T19:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2590-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:10:21","modified_gmt":"2026-06-25T19:10:21","slug":"stc2590-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2590-2017\/","title":{"rendered":"STC2590-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2590-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00475-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Vanessa Liset Puello Mercado en representaci\u00f3n de su menor hija Kamila Liseth Molinares Puello contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo en la calidad citada y a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciada a la vida, a la salud, a la \u00abalimentaci\u00f3n\u00bb y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al haberle negado la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a que considera tiene derecho, ello en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 contra el se\u00f1or \u00d3scar Enrique Molinares Escorcia.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene al Juzgado Primero de Familia de Cartagena, efectuar la entrega del \u00abt\u00edtulo judicial correspondiente a la cuota de alimentos del mes de noviembre de 2016, a favor de la menor [Kamila Liseth Molinares Puello], hasta que se resuelva el recurso de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto por el demandado en contra del mandamiento de pago librado dentro del referido tr\u00e1mite (fls. 3 y 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que en el asunto citado en l\u00edneas anteriores, el Despacho convocado mediante auto del 27 de julio de 2016, libr\u00f3 orden de apremio en contra del se\u00f1or \u00d3scar Enrique Molinares Escorcia, y orden\u00f3 elaborar los oficios correspondientes para hacer efectiva la medida cautelar de embargo decretada, dirigidos al pagador del demandado; sin embargo, \u00e9ste \u00faltimo inconforme con tal determinaci\u00f3n, la cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que el 28 de noviembre siguiente, solicit\u00f3 a la autoridad judicial citada la entrega del \u00abt\u00edtulo judicial correspondiente al mes de noviembre de 2016\u00bb, a fin de cobrar la cuota de alimentos a que considera tiene derecho su hija; empero, alega, le fue denegado lo pedido, aduciendo la inviabilidad de efectuar tal entrega por encontrase en tr\u00e1mite el mentado recurso horizontal.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente refiere, que a la fecha \u00abse encuentra sin empleo\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno cuenta con los medios [necesarios] para sufragar los gastos de alimentaci\u00f3n de la menor\u00bb, lo que, sin duda alguna, vulnera las prerrogativas fundamentales invocadas, pues si bien reconoce que \u00ablos despachos judiciales tienen gran c\u00famulo de trabajo\u00bb, lo cierto es que de conformidad con el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en este caso es mandatorio imprimir  un tr\u00e1mite \u00abexpedito\u00bb al proceso ejecutivo de alimentos por ella adelantado a favor de su peque\u00f1a (fls. 1 a 4, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, despu\u00e9s de hacer un recuento de los hechos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, y de recordar pronunciamientos jurisprudenciales atinentes a la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os en el ordenamiento constitucional colombiano, manifest\u00f3 que el Juzgado Primero de Familia de Cartagena se encontraba en la obligaci\u00f3n de entregar los t\u00edtulos judiciales solicitados por la aqu\u00ed interesada en favor de su menor hija, pues de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 298 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla interposici\u00f3n de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de [una] medida cautelar decretada\u00bb (fls. 21 a 23, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

b).        El Juzgado Primero de Familia de Cartagena, tras pronunciarse respecto a las actuaciones judiciales adelantadas en el marco del proceso ejecutivo de alimentos por esta v\u00eda censurado, afirm\u00f3 que aun cuando lo pretendido por la interesada es que le sean entregados los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a que considera tiene derecho, lo cierto es que ello \u00abresulta inviable jur\u00eddicamente, toda vez que el auto de mandamiento ejecutivo fue repuesto y contra esa decisi\u00f3n la demandante no interpuso recurso alguno, [esto es], no estuvo atenta a las resultas del proceso, y por su negligencia o conformidad con el contenido de la decisi\u00f3n, adopto una posici\u00f3n pasiva dejando ejecutoriar la misma\u00bb (fls. 24 a 29, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abla accionante no hizo uso de los medios de defensa con que dispon\u00eda para contradecir la decisi\u00f3n adoptada por la jueza natural (\u2026), dejando caducar la oportunidad para promoverlos, situaci\u00f3n que cierra tajantemente la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de tutela a revivir un proceso ya terminado, [esto por] no tener t\u00edtulo [alguno] que soporte dicha ejecuci\u00f3n\u00bb (fls. 36 a 41, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 el anterior fallo, aduciendo, en suma, que el auto en virtud del cual se revoc\u00f3 el mandamiento de pago librado a su favor al interior del proceso ejecutivo de alimentos por esta v\u00eda criticado, \u00abno se ejecutori\u00f3 en debida forma\u00bb, pues por haber sido el tr\u00e1mite remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a fin de que el mismo conociera de la presente acci\u00f3n constitucional, no tuvo oportunidad de presentar los recursos de ley que resultaban procedentes para cuestionarlo (fls. 43 y 44, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que se somete a examen, se advierte que la censura de la se\u00f1ora Vanessa Liset Puello Mercado est\u00e1 encaminada, puntualmente, contra la negativa del Juzgado Primero de Familia de Cartagena, de efectuar la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial correspondientes a la cuota alimentaria de noviembre de 2016, a que tiene derecho su menor hija, pues a su criterio, dicha omisi\u00f3n desconoce las prerrogativas fundamentales de la menor involucrada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, tal y como lo estableci\u00f3 el a quo constitucional, para la Sala surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que de acuerdo a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, mediante providencia del 12 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero de Familia de Cartagena revoc\u00f3 el mandamiento ejecutivo, determinaci\u00f3n que no fue cuestionada a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que resultaban procedentes por la quejosa, ello conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 318 y 438 del C\u00f3digo de General del Proceso, respectivamente; as\u00ed pues, se advierte que la interesada en un acto constitutivo de incuria guard\u00f3 silencio, cerrando con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial\u00edsimo, que lejos est\u00e1 de tener como objeto revivir oportunidades perdidas dentro del proceso, en tanto que no es el escenario natural para debatir las diferentes discrepancias alegadas.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Con sustento en lo anterior, advierte la Sala la inviabilidad de emitir una orden constitucional tendiente a conminar al Juzgado convocado a realizar la entrega de los t\u00edtulos judiciales por esta v\u00eda reclamados, si en cuenta se tiene que tal y como qued\u00f3 visto, a la fecha no existe orden de apremio en virtud de la revocatoria decretada en sede de reposici\u00f3n, por lo que se orden\u00f3 el archivo de las diligencias ordenadas, decisi\u00f3n que, se reitera, no fue cuestionada por la inconforme.  <\/span><\/p>\n

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5.         Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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