{"id":99684,"date":"2026-06-25T19:10:30","date_gmt":"2026-06-25T19:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2594-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:10:30","modified_gmt":"2026-06-25T19:10:30","slug":"stc2594-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2594-2017\/","title":{"rendered":"STC2594-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2594-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00024-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Alda Abad\u00eda Berm\u00fadez contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Universidad de Antioquia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al \u00abacceso a un cargo p\u00fablico\u00bb, presuntamente conculcados por la entidad accionada, con ocasi\u00f3n del puntaje obtenido en el concurso de m\u00e9ritos para proveer empleos de carrera en los niveles asesor, profesional, t\u00e9cnico, administrativo y operativo, previsto en la Convocatoria No. 097 de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, i) \u00abmodifi[car] la Resoluci\u00f3n 2128 de 27 de diciembre de 2016, otorgando[le] los 24 puntos adicionales que [le] corresponden por la experiencia laboral obtenida en el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE\u00bb; y ii) que se \u00ab[le] permita anexar las actividades desempe\u00f1adas en virtud de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios suscritos con el Hospital Vista Hermosa I Nivel ESE con el fin de que se determine si es experiencia relacionada y de ser el caso se le otorgue el puntaje correspondiente con la consecuente modificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 2128 de 27 de diciembre de 2016\u00bb (fl. 75, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que aspir\u00f3 al empleo de \u00abt\u00e9cnico administrativo c\u00f3digo 4TM, grado 16\u00bb ofertado en el concurso antes mencionado, superando satisfactoriamente el examen de conocimientos y comportamental; sin embargo, en la prueba de \u00aban\u00e1lisis de antecedentes\u00bb obtuvo un puntaje de \u00ab32\u00bb, frente a lo cual present\u00f3 reclamaci\u00f3n con el prop\u00f3sito que la entidad accionada le explicara los motivos por los que no consigui\u00f3 la calificaci\u00f3n estimada.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que en Resoluci\u00f3n No. 2128 de 27 de diciembre de 2016 el ente acusado desestim\u00f3 sus reproches y confirm\u00f3 el puntaje alcanzado, determinaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, conculca las garant\u00edas invocadas, toda vez que se omiti\u00f3, asegura, valorar de manera adecuada la certificaci\u00f3n laboral emitida por el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, pues tom\u00f3 la fecha de expedici\u00f3n de ese documento y la confundi\u00f3 con el d\u00eda en que termin\u00f3 su v\u00ednculo laboral, cuando en la actualidad contin\u00faa trabajando en dicha instituci\u00f3n; y adem\u00e1s, no se le permiti\u00f3 adjuntar los \u00abcontratos de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb con el fin de acreditar las funciones que desempe\u00f1\u00f3 en el Hospital Vista Hermosa Nivel I (fls. 73 a 76, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n aleg\u00f3, que \u00abno puede ser de recibo la inconformidad de la accionante por cuanto todos los participantes desde antes de iniciar el concurso abierto de m\u00e9ritos (\u2026) ten\u00edan pleno conocimiento de las reglas del concurso. Por tanto pretender la tutelante, que por su infundada inconformidad respecto a lo que daba puntaje, se trasgrede el Decreto Ley 262 de 2000 y la Resoluci\u00f3n 332 de 2015 es inconcebible como violatorio del derecho de igualdad frente a los dem\u00e1s concursantes que s\u00ed se ci\u00f1eron a dichos par\u00e1metros y frente a los cuales se les valor\u00f3 sus hojas de vida\u00bb. De otro lado, adujo que \u00abla inconformidad de la actora es frente a la Resoluci\u00f3n 332 de 2015 y no frente a la Resoluci\u00f3n 2830 de 2016 por medio de la cual se le resolvi\u00f3 la reclamaci\u00f3n que interpuso, por lo que no es cierto que este sea el mecanismo id\u00f3neo para presentar su rechazo, si no que el accionante debe acudir ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb (fls. 87 a 103, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

       \u00abLa respuesta emitida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a la actora en relaci\u00f3n con el puntaje dado a la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes, le fue debidamente explicada, estableci\u00e9ndose de manera clara por qu\u00e9 no se tomaron en cuenta las certificaciones allegadas por la auspiciante en relaci\u00f3n con el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE y el Hospital Vista Hermosa I Nivel ESE y efectu\u00e1ndose la respectiva sumatoria por las certificaciones estudiantiles y laborales que se tomaron en cuenta.  <\/span><\/p>\n

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En este orden, es preciso destacar que si bien la acci\u00f3n de tutela, de forma excepcional es procedente frente a las determinaciones que se tomen por parte de las instituciones administrativas en relaci\u00f3n con los recursos de m\u00e9ritos, en los eventos en que existe una clara vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de alguno de los participantes en los mismos; lo cierto, es que el juez constitucional no cuenta con la atribuci\u00f3n de cuestionar las decisiones de estas autoridades, cuando \u00e9stas cuentan con el debido soporte legal, tal y como ocurri\u00f3 en este caso, debido a que la peticionaria se le explic\u00f3 de forma clara lo sucedido con cada una de las certificaciones allegadas\u00bb (fls. 138 a 144 ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 201 a 204, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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1. No cabe duda de que en el presente asunto, la accionante cuestiona la Resoluci\u00f3n No. 2128 de 27 de diciembre de 2016, mediante la cual la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n le neg\u00f3 la reclamaci\u00f3n que formul\u00f3 frente a los resultados obtenidos en el concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria 097 de 2015, para proveer empleos de carrera en los niveles asesor, profesional, t\u00e9cnico, administrativo y operativo en dicha instituci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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1. Bajo esa perspectiva, se concluye que esta acci\u00f3n de tutela desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, toda vez que del asunto planteado no puede ocuparse el juez constitucional, ya que, como lo ha indicado reiteradamente esta Sala en asuntos de similares perfiles,    <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2011, rad. 2011-00040-01, criterio reiterado en STC7077-2014, STC16698-2015 y STC1678-2017).  <\/span><\/p>\n

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De manera que la promotora del amparo debe o debi\u00f3 acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa por v\u00eda de la acci\u00f3n de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, herramientas id\u00f3neas para establecer si la actuaci\u00f3n censurada se ajusta a los mandatos de las normas superiores y las que el legislador estableci\u00f3, escenario en el que tambi\u00e9n est\u00e1 prevista la posibilidad de obtener como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del supuesto acto ilegal, raz\u00f3n por la que, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, puede concluirse que \u00abno se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acci\u00f3n como mecanismo transitorio\u00bb, ya que \u00abdentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, (\u2026) [se] tiene la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto que presuntamente vulnera [los] derechos, con lo cual se desvirt\u00faa tambi\u00e9n la inminencia del perjuicio\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1678-2017).  <\/span><\/p>\n

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1. Igualmente cabe se\u00f1alar, que el participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, pues, ello constituye una mera expectativa que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete el concursante al momento de su inscripci\u00f3n (ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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1. En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar el fallo de tutela de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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