{"id":99685,"date":"2026-06-25T19:10:35","date_gmt":"2026-06-25T19:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2595-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:10:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:10:35","slug":"stc2595-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2595-2017\/","title":{"rendered":"STC2595-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2595-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00091-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo que promovi\u00f3 Uriel Rueda Florido contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n de fondo dictada en primera instancia dentro del proceso de simulaci\u00f3n de contrato de compraventa que promovi\u00f3 contra Lucila Salamanca, Mar\u00eda del Carmen Rodr\u00edguez de Roberto, y H\u00e9ctor Eduardo Roberto.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos la [citada] decisi\u00f3n\u00bb, la cual fue dictada mediante prove\u00eddo del 24 de noviembre de 2015, y, que como consecuencia de ello, \u00abse\u00f1ale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y fallo\u00bb de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 434 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 434 a 444, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar sus pedimentos, aduce en lo esencial, que mediante sentencia del 29 de julio de 2015 el Juzgado Quince Civil del Municipal de esta capital desat\u00f3 de manera adversa a sus intereses el juicio referido en l\u00edneas anteriores; que tras serle concedido el recurso vertical interpuesto en contra de lo resuelto por intermedio de su mandatario judicial, \u00e9ste le fue conocido por el Despacho accionado, fijando el 24 de noviembre siguiente a las 8:30 a.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia respectiva.  <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque su representante judicial se present\u00f3 cuando no hab\u00edan \u00abtranscurrido siquiera (5) minutos contados desde la hora se\u00f1alada\u00bb por el Despacho para dar inicio a la audiencia, la alzada fue declarada desierta, sin tener en cuenta, dice, que dicha tardanza se present\u00f3 en raz\u00f3n a que aqu\u00e9l \u00abacababa de sufrir una reca\u00edda\u00bb de salud por la que \u00abhab\u00eda sido objeto de incapacidad\u00bb; no obstante, asevera, \u00abdesafortunadamente\u00bb no pudo demostrar aqu\u00e9lla porque \u00abse le qued\u00f3 en el veh\u00edculo en que se transportaba\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1ala, que aunque el mismo d\u00eda de la diligencia formul\u00f3 incidente de nulidad, a trav\u00e9s auto del 10 de mayo de 2016 \u00e9ste fue rechazado de plano por extempor\u00e1neo, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n, fue mantenida inc\u00f3lume mediante prove\u00eddo del 15 de julio siguiente, motivo por el que, sostiene, es necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional en procura de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas, ante el \u00abexcesivo apego a las formas\u00bb, en que, asegura, incurri\u00f3 la citada autoridad judicial (fls. 34 a 44, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).    El titular del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada, tras aclarar que \u00e9sta no fue presentada dentro de un plazo razonable, y que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente, pues de un lado, ha trascurrido \u00ab1 a\u00f1o y dos meses\u00bb desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de reproche; y del otro, es \u00abevidente\u00bb que el abogado del inconforme no ados\u00f3 \u00abla incapacidad que sustentara el hecho\u00bb por el que no asisti\u00f3 a la mentada diligencia (fls. 50 y 51, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Despacho Quince Civil Municipal de la preanotada urbe, luego de hacer un recuento de las actuaciones que despleg\u00f3 dentro del tr\u00e1mite declarativo cuestionado, manifest\u00f3 que el presunto quebranto de las garant\u00edas superiores del actor es ajena a su competencia, pues \u00e9ste \u00abhace menci\u00f3n expresa a lo acontecido en segunda instancia\u00bb (fl. 60 y 61, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abseg\u00fan lo advirti\u00f3 el mismo accionante, el auto con el que el juez natural declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto por su apoderado judicial dentro el juicio criticado, \u00abse profiri\u00f3 el 24 de noviembre de 2015, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o antes de la fecha en que se radic\u00f3 la demanda de tutela en estudio (19 de enero de 2017), contingencia que, dado el criterio de inmediatez reci\u00e9n tra\u00eddo a cuento redunda en el fracaso\u00bb de su solicitud de amparo, sin que nada tenga que ver que el pasado 19 de julio se haya resuelto en forma definitiva el incidente de nulidad formulado contra el citado prove\u00eddo, puesto que \u00abno es propiamente la legalidad de esa providencia la que aqu\u00ed se cuestiona\u00bb, y en esa medida, el t\u00e9rmino prudencial para acudir al presente mecanismo excepcional, fue excedido (fls. 62 a 64, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Por conducto de su representante judicial, el gestor impugn\u00f3 el anterior fallo, reiterando que el 19 de julio de 2016 fue resuelto finalmente el incidente de nulidad que formul\u00f3 frente a la decisi\u00f3n reprochada, \u00abfecha desde la cual se debe contabilizar el t\u00e9rmino razonable para instaurar la acci\u00f3n de tutela\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando agot\u00f3 \u00abtodos los mecanismos ordinarios que se tuvieron al alcance y que el sistema jur\u00eddico le ofreci\u00f3\u00bb para garantizar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales (fls. 73 y 74, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En esa misma l\u00ednea de principio, es que la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; de ah\u00ed que ha insistido la Corte, que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias, debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra el prove\u00eddo dictado el 24 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abdeclar[\u00f3] desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb por \u00e9ste formulado contra la sentencia proferida en primera instancia por el Despacho Quince Civil Municipal de la misma ciudad, dentro del proceso de simulaci\u00f3n de contrato de compraventa que promovi\u00f3 en contra de Lucila Salamanca, Maria del Carmen Rodr\u00edguez de Roberto, y H\u00e9ctor Eduardo Roberto (fls. 12 y 13, ib\u00eddem); pues en criterio de aqu\u00e9l, dicha decisi\u00f3n desconoce que su mandatario judicial se encontraba incapacitado el d\u00eda de la audiencia en deb\u00eda sustentar la alzada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisadas las diligencias se observa de entrada la improcedencia de la s\u00faplica constitucional elevada, como bien lo advirti\u00f3 el Juez constitucional de primer grado, \u00e9sta incumple con el presupuesto de la inmediatez, como quiera que, como quedo visto, la actuaci\u00f3n reprochada data del 24 de noviembre de 2015 (ejusdem), en tanto que la presente demanda fue radicada s\u00f3lo hasta el 19 de enero del a\u00f1o que avanza (fl. 45, Cit.), circunstancia que revela sin duda, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo cerca de -un a\u00f1o y dos meses, sin que el inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera quebrantados con dicho prove\u00eddo, cuesti\u00f3n que pone de relieve, entonces, su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, m\u00e1xime cuando los cuestionamientos del aqu\u00ed interesado, se circunscriben inexorablemente a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso vertical por \u00e9ste interpuesto frente a la decisi\u00f3n de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC7528-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.   Finalmente cabe precisar, que aunque el quejoso considera que su solicitud de protecci\u00f3n fue solicitada en tiempo, lo cierto es que la decisi\u00f3n aqu\u00ed reprochada no es el auto del 10 de mayo de 2016, por medio del cual la autoridad judicial convocada rechaz\u00f3 de plano la nulidad por aqu\u00e9l invocada, sino concretamente, la decisi\u00f3n tomada en audiencia el 24 de noviembre de 2015 que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada por \u00e9l formulada contra el fallo de instancia que result\u00f3 desfavorable a sus intereses, en el marco del asunto declarativo tantas veces mencionado.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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