{"id":99687,"date":"2026-06-25T19:10:43","date_gmt":"2026-06-25T19:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2597-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:10:43","modified_gmt":"2026-06-25T19:10:43","slug":"stc2597-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2597-2017\/","title":{"rendered":"STC2597-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC2597-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00052-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Omar Jos\u00e9 Grisales Giraldo contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito y la Fiscal\u00eda 254 Local, ambas de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la especial protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al no suspender el proceso de responsabilidad civil extracontractual que Jhon Jairo G\u00f3mez Cano promovi\u00f3 en su contra y de Eva Margarita Le\u00f3n de Grisales.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, \u00abpostergar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) hasta que las autoridades (\u2026) subsanen en forma clara y precisa el informe de resoluci\u00f3n de cargos\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pedimento y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que pese a que concili\u00f3 con uno de los involucrados en el  accidente de tr\u00e1nsito en el que se vio involucrado, y que la Fiscal\u00eda 254 Local de Bogot\u00e1 \u00abten\u00eda que haber modificado su resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata numeral 5\u00ba, inciso 2\u00ba, del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Indica como quiera que en las reproducciones fotogr\u00e1ficas se aprecia que la moto se \u00abestrell[\u00f3] (\u2026) con el guarda fango derecho\u00bb de su veh\u00edculo, no existe \u00abculpa\u00bb, pues, dice, \u00abno fue arrollado y de lo contrario el golpe estar\u00eda presente en [el] bumper (sic) delantero\u00bb, a m\u00e1s que como eran 2 los ocupantes de la motocicleta, por la posici\u00f3n de \u00e9stos, es decir, conductor y parrillero, variar\u00eda la graduaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, raz\u00f3n por la cual, las anteriores circunstancias, asegura, vulneran el derecho fundamental invocado (fls. 2 a 4, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juez Sesenta Civil Municipal de Bogot\u00e1, vinculado a la presente acci\u00f3n, precis\u00f3 que si bien conoci\u00f3 del proceso ordinario que se cuestiona, \u00e9ste fue remitido al superior funcional a fin de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que result\u00f3 favorable a los intereses del aqu\u00ed accionante (fls. 27, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b.        La Fiscal 254 Local de la misma ciudad, puntualiz\u00f3, en s\u00edntesis, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna al actor, pues \u00e9ste no ha comparecido a la pr\u00e1ctica de la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, lo que ocasion\u00f3 que fuera declarado en \u00abCONTUMANCIA\u00bb;  adem\u00e1s refiere, que el inconforme en otra oportunidad ya hizo uso del presente mecanismo aduciendo similares hechos (fls. 28 a 29, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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c.        El titular del Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital, indic\u00f3 que en efecto ha conocido del recurso de apelaci\u00f3n formulado dentro de la mentada controversia civil, tr\u00e1mite en el cual, el actor no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n de que se duele, esto es, el prove\u00eddo por el cual se fij\u00f3 para el d\u00eda 30 de enero de 2017, la pr\u00e1ctica de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (fl. 57, ib.).  <\/span><\/p>\n

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d.        El se\u00f1or Carlos Alberto L\u00f3pez Montes, quien afirma ser apoderado judicial de John Jairo G\u00f3mez Cano, manifest\u00f3 en lo fundamental, que el inconforme \u00aba pesar de haber propuesto de manera extraprocesal, pagarle a [su] representado, la suma de $5.000.000 pesos para terminar el proceso penal y civil, por una equivocada asesor\u00eda por parte de su apoderada judicial, ha decidido negarse a conciliar en el proceso civil, y a declararse en rebeld\u00eda ante el proceso penal\u00bb (fls. 107 y 108, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues \u00abel querellante no formul\u00f3 el recurso que legalmente proced\u00eda\u00bb contra el auto que program\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C.G.P., es decir \u00abno aleg\u00f3 en la forma adecuada y oportuna los cuestionamientos que en esta oportunidad hace a la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n\u00bb (fls. 112 a 119, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con que sustent\u00f3 la queja constitucional; a m\u00e1s de agregar, que en la actualidad la otra acci\u00f3n constitucional por \u00e9l interpuesta est\u00e1 haciendo curso ante la Corte Constitucional (fls. 185 a 194, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.         En el presente asunto, sin duda, se observa que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra el prove\u00eddo proferido el 4 de noviembre pasado, por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se dispuso, que \u00ab[p]ara continuar con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n formulada por la parte demandante contra la sentencia proferida el d\u00eda 26 de julio del a\u00f1o en curso por el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogot\u00e1, se convoca a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo prevista en el numeral 5 inciso 2 del art\u00edculo 327 del C.G.P. para el d\u00eda 30 de enero del a\u00f1o 2017 a las 9:am\u00bb, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que Jhon Jairo G\u00f3mez Cano promovi\u00f3 contra Omar Jos\u00e9 Grisales Giraldo y Eva Margarita Le\u00f3n de Grisales \u2013el primero aqu\u00ed accionante (fl. 272, Cit.),  pues en sentir de \u00e9ste, se desconoci\u00f3 que en la causa penal que se sigue en su contra por los mismos hechos, aun no se ha dictado resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  4.          La Sala de cara a tal inconformidad, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el accionante resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial, el interesado no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, ya que de acuerdo a las documentales adosadas, dada la naturaleza del asunto, la decisi\u00f3n reprochada era susceptible del recurso de reposici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, de manera que no les es  dable al tutelante acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin haber agotado previamente el medio procesal contemplado en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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4.2.  Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC9485-2014 y STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.3.   Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01, reiterado en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.4.   En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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5.        Por otra parte, y sobre la posibilidad de conceder el amparo transitoriamente, es menester anotar que, en todo caso, el promotor del amparo no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, es decir, \u00abno se demostr\u00f3 la necesidad de evitar un que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; criterio reiterado en STC2336 -2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Ahora, como el interesado tambi\u00e9n se duele de las actuaciones surtidas por la Fiscal\u00eda 254 Local de Bogot\u00e1, en el marco de acci\u00f3n penal que se sigue en su contra, observa la Corte, luego de efectuado el an\u00e1lisis correspondiente de la demanda de amparo, que dicho reparo debi\u00f3 tramitarse ante los Jueces Penales del Circuito de esta capital, por ser \u00e9stos el superior jer\u00e1rquico de los Despacho, ante los cuales el ente acusador es delegado, y en ese orden de ideas, se evidencia, entonces, la incursi\u00f3n en causal de nulidad por falta de competencia funcional, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, que debe ser declarada de inmediato, a fin de lograr que la autoridad facultada para asumir el conocimiento de la tutela contra la nombrada Fiscal\u00eda lo haga, para lo cual se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda compulse copias de la actuaci\u00f3n y las remita a la oficina de apoyo judicial correspondiente, para que efect\u00fae el reparto a fin de las peticiones del actor en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la sentencia confutada en lo dispuesto con relaci\u00f3n al asunto civil censurado, pero se invalidar\u00e1 lo actuado frente a las quejas puntualmente enfiladas contra la Fiscal\u00eda 254 Local de esta capital.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, se ANULA lo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en relaci\u00f3n con la queja formulada contra la Fiscal\u00eda 254 Local de la misma ciudad, y se ordena a la Secretar\u00eda de la Sala REMITIR copia de este expediente a la oficina de apoyo judicial de esta capital para los Juzgados Penales del Circuito, para que efect\u00fae el reparto correspondiente con el fin que se conozca y se resuelva frente a lo alegado en el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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