{"id":99688,"date":"2026-06-25T19:10:48","date_gmt":"2026-06-25T19:10:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2598-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:10:48","modified_gmt":"2026-06-25T19:10:48","slug":"stc2598-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2598-2017\/","title":{"rendered":"STC2598-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ALONSO RICO PUERTA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

ATC2598-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-001-2017-00026-01  <\/span><\/p>\n

      (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 9 de marzo de 2017, que concedi\u00f3 la tutela promovida por Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Cuello Rumbo contra la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n. No obstante, se advierte una causal de nulidad como adelante se pasa a explicar.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la seguridad personal, integridad f\u00edsica, dignidad humana e igualdad, supuestamente vulnerados por la autoridad acusada al asignarle \u00fanicamente un escolta, lo que estima insuficiente debido al estado de riesgo que padece por su condici\u00f3n de l\u00edder pol\u00edtico de la regi\u00f3n y las constantes amenazas que ha recibido.   <\/span><\/p>\n

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2. Pide ordenar a la entidad convocada que implemente a su favor un esquema de seguridad \u00abque incluya veh\u00edculo blindado\u00bb y efect\u00fae una valoraci\u00f3n actual del peligro en que se encuentra (fls. 1 a 6, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal admiti\u00f3 la demanda el 24 de febrero de 2017 y orden\u00f3 a la accionada como medida provisional que diera \u00abaplicaci\u00f3n al contenido del art\u00edculo 2.4.1.2.9. del Decreto 1066 de 2015, esto es adoptando las medidas de emergencia de car\u00e1cter provisional pertinentes, adicionales a las que actualmente benefician al protegido\u00bb. Durante el traslado, esta \u00faltima dijo que en acatamiento de lo anterior \u00abadicionalmente se dispuso implementar un (1) bot\u00f3n de apoyo como complemento\u2026 esto es, un (1) hombre de protecci\u00f3n; un (1) chaleco blindado y un (1) medio de comunicaci\u00f3n\u00bb; asimismo, se opuso a las s\u00faplicas porque ha analizado la situaci\u00f3n del actor y actualmente est\u00e1 adelantando el procedimiento ordinario para establecer si se ajustan las medidas iniciales (fls. 68 a 74, ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, el a-quo otorg\u00f3 la protecci\u00f3n y orden\u00f3 a la querellada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n \u00abinicie las gestiones necesarias para culminar en un plazo m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas la OT 220135 del veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017) destinada a la reevaluaci\u00f3n del riesgo del actor, debiendo valorar de manera objetiva y razonada la situaci\u00f3n del accionante, incluyendo las variables que sean necesarias con miras a determinar el mantenimiento o modificaci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n establecidas en el acto administrativo N\u00ba 2404 de 2016. Asimismo, deber\u00e1 tener en cuenta todos y cada uno de los documentos que se allegaron al expediente de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera, exhort\u00f3 a la accionada para que \u00aben el marco de sus competencias mantenga las medidas preventivas dispuestas en cumplimiento de la medida provisional decretada por este Despacho\u2026esto es, sosteniendo las medidas de emergencia de car\u00e1cter provisional pertinentes, adicionales a las que actualmente benefician al protegido. En caso contrario, deber\u00e1 motivar el por qu\u00e9 es improcedente su adopci\u00f3n\u00bb (fls. 87 a 94, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El fallo fue impugnado por el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n y remitido a esta Sala para lo pertinente.   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha para resolverlo en primera instancia, como quiera que seg\u00fan el art\u00edculo 1.2.1.4. del Decreto 1066 de 2015, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n es una \u00abUnidad Administrativa Especial del orden       nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y patrimonio propio, que tiene el car\u00e1cter de organismo nacional de seguridad\u00bb y est\u00e1 adscrita al Ministerio del Interior.  <\/span><\/p>\n

                 <\/span><\/p>\n

De esta manera, seg\u00fan las reglas contenidas en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, quienes estaban facultados para dirimir la presente salvaguarda, eran los Jueces del Circuito, pues, de acuerdo con el tenor literal de dicha disposici\u00f3n \u00ab(\u2026) A los jueces del circuito o con categor\u00edas de tales, le ser\u00e1n repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad p\u00fablica del orden departamental (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar, la Sala expuso que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) En este asunto es palpable que a quien correspond\u00eda conocer en primera instancia de la presente queja era a los Jueces con categor\u00eda de Circuito, pues si bien el escrito de demanda se dirigi\u00f3 igualmente contra el Ministerio del Interior, lo cierto es que nada en concreto, que concierna a sus funciones, se le enrostra como infractor de norma superior, am\u00e9n que dentro de sus tareas no est\u00e1 la de reconocer o ampliar las medidas de seguridad personal, puesto que a quien le asiste el deber de coordinar y ejecutar la prestaci\u00f3n del servicio de protecci\u00f3n es a la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 18 de la Ley 1444 de 2011, los Decretos 4065 y 4912 de 2011, \u00faltimo que fue modificado por el \u00abDecreto\u00ab 1225 de 2012.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Ahora, si la Dependencia mencionada, de acuerdo al art\u00edculo 1\u00ba del mencionado \u00abDecreto\u00bb es un ente del orden nacional, que cuenta con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera, patrimonio propio, y se encuentra adscrita al Ministerio del Interior, forma parte del sector descentralizado, seg\u00fan lo informa el literal g, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la competencia para conocer del asunto, seg\u00fan la regla 1\u00aa, numeral 1\u00b0, inciso 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, corresponde a los Juzgados con categor\u00eda de Circuito (CSJ ATC, 21 nov. 2013, rad. 2013-01029-01, citado en ATC1694 de 16 mar. 2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En esas condiciones, siguiendo los par\u00e1metros antes esbozados, la competencia en primer grado de la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 en cabeza del Tribunal que profiri\u00f3 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, sino que el reclamo debi\u00f3 ser atendido por los Jueces del Circuito de Riohacha, dado el lugar de elecci\u00f3n del promotor del amparo y la naturaleza jur\u00eddica de la entidad involucrada, como atr\u00e1s lo se\u00f1al\u00f3 esta Sala.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, atendiendo lo antes discurrido, en el presente asunto se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ab\u2026 lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Por tanto, en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por el a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(…) la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces  \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u00bb CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado entre otros en ATC1229-2015, ATC1127-2016 y ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01.  <\/span><\/p>\n

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5. Frente a la orden que ac\u00e1 se impartir\u00e1, se recuerda una vez m\u00e1s lo que sobre el punto ha dicho la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda  y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley\u2026En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba48 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u00bb. CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; reiterado en ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. 2016-00654-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        No obstante, se mantendr\u00e1 vigente la orden impartida en el fallo como medida provisional, mientras el funcionario competente decide el asunto, en aras de garantizar los derechos del accionante.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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1\u00ba. Declarar la nulidad de la sentencia proferida dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Cuello Rumbo contra la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n. Lo anterior, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2\u00ba. Por lo tanto, se ordena remitir el expediente al reparto de los Juzgados del Circuito de Riohacha, para lo de su competencia. Of\u00edciese.  <\/span><\/p>\n

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3\u00ba. Mantener vigente, como medida provisional, la orden dada en el fallo de 9 de marzo de 2019, dictado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, hasta que la autoridad competente emita la decisi\u00f3n correspondiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4\u00ba.  Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes por el medio m\u00e1s expedito.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ALONSO RICO PUERTA    Magistrado ponente             ATC2598-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-001-2017-00026-01         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de abril de dos mil diecisiete)         Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99688","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99688\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}