{"id":99689,"date":"2026-06-25T19:11:03","date_gmt":"2026-06-25T19:11:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2599-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:11:03","modified_gmt":"2026-06-25T19:11:03","slug":"stc2599-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2599-2017\/","title":{"rendered":"STC2599-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2599-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01209-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar el impulso procesal requerido a la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-01168-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que i) \u00abpruebe y demuestre en q[u\u00e9] consiste\u00bb el impulso oficioso que imprimi\u00f3 a la referida acci\u00f3n p\u00fablica; ii) que de no hacerlo, \u00abse aplique[n]\u00bb los art\u00edculos 84 y 60 A de las leyes 472 de 1998 y 270 de 1996, respectivamente; y finalmente, iii) que se acrediten las actuaciones desplegadas por el Ministerio P\u00fablico dentro del citado asunto (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que el Despacho accionado no le ha dado impulso oficioso a la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, motivo por el que acude a este mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, toda vez que, asegura, en necesaria la aplicaci\u00f3n del canon 60 A de la Ley 270 de 1996, \u00aba fin que no [se] decrete desistimiento t\u00e1cito, como suele hacerlo [el Juzgado] pese a ser una figura inexistente\u00bb en la materia (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira por intermedio de apoderado judicial, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimidad en la causa por pasiva para pronunciarse, pues ese ente territorial no tuvo injerencia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular objeto de reproche (fls. 12 y 13, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, remiti\u00f3 copia de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n constitucional criticada, e indic\u00f3 que el aqu\u00ed interesado \u00abno ha realizado ninguna gesti\u00f3n tendiente a notificar a la entidad demandada el auto admisorio de la demanda, ni realizar la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad\u00bb (fl. 19, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).  La Procuradur\u00eda Judicial II Delegada Para Asuntos Civiles manifest\u00f3, que \u00ablas acciones populares est\u00e1n orientadas a garantizar la defensa y protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, que privilegian un inter\u00e9s general en el desarrollo del tr\u00e1mite; por lo tanto, la carga de la notificaci\u00f3n y conformaci\u00f3n del contradictorio con el demandado y los miembros de la comunidad es oficiosa y diferencial de las que gobiernan los litigios ordinarios\u00bb, raz\u00f3n por la que la \u00abomisi\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 21 de la Ley 472 de 1998, por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, vulnera el derecho de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb (fls. 30 a 33, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que la tardanza en el tramite de la acci\u00f3n p\u00fablica cuestionada se encuentra justificada, pues la sede judicial accionada ha desplegado las actuaciones pertinentes, y para continuarlas se requiere que \u00abel interesado cumpla las cargas que le corresponden, a lo que no ha procedido\u00bb; as\u00ed mismo, deneg\u00f3 la solicitud de amparo enfilada a que se requiera al Ministerio P\u00fablico para que informe sobre su intervenci\u00f3n en el proceso censurado, \u00abpues para tal efecto el interesado deb[i\u00f3] elevar las respectivas peticiones\u00bb ante dicha entidad (fls. 43 a 47, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar las razones de su inconformidad (fl. 50, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la inconformidad del actor se soporta concretamente, en el supuesto incumplimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, de los t\u00e9rminos perentorios previstos por el legislador dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n p\u00fablica radicada bajo el No. 2015-1168-00, la cual fue por \u00e9ste promovida en contra de la sucursal del Banco Mundo Mujer ubicado en la carrera \u00ab5\u00aa No. 8-68\u00bb del municipio de Ipiales (fl. 21 cdno 1); pues en su criterio, aunque dicho Despacho deb\u00eda darle un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a la misma, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, esto no ha ocurrido, lo que implica el quebrantamiento de sus garant\u00edas procesales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, no advierte la Sala que la autoridad convocada hubiese incurrido en el error endilgado, puesto que el  Despacho convocado ha dado el tr\u00e1mite correspondiente al asunto puesto a su conocimiento, resolviendo en el prudencial t\u00e9rmino los recursos interpuestos por el gestor del amparo, librando los oficios respectivos y requiriendo a las autoridades y entidades llamadas a ser parte de la acci\u00f3n popular, en lo que compete a sus cargas procesales.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, esta Corporaci\u00f3n de vieja data ha precisado, que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2011, rad. 00094-01, reiterada en STC3921-2016).  <\/span><\/p>\n

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En ese mismo sentido ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC 14  nov. 2012, rad. 02222-01, reiterada en STC3921-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.2.   Al punto anterior es del caso agregar, que la presunta falta de impulso de la acci\u00f3n judicial s\u00f3lo es imputable en esta oportunidad a la conducta omisiva del interesado, pues lo cierto es que la orden dispuesta en el auto admisorio de \u00e9sta, es decir, la realizaci\u00f3n de las publicaciones con destino a la comunidad de que trata el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, como de tiempo atr\u00e1s esta Corte lo ha precisado, es una carga que le compete \u00fanica y exclusivamente a \u00e9ste, excepto cuando se le hubiere otorgado amparo de pobreza, lo que ac\u00e1 no ha ocurrido; y, en el evento en que el actor no tuviese los recursos econ\u00f3micos para sufragar los costos de las publicaciones, le corresponde as\u00ed manifestarlo al juez del conocimiento para que oficie a la Defensor\u00eda del Pueblo, como encargada del manejo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, o directamente a esta instituci\u00f3n, a fin de que se eval\u00fae la posibilidad de financiaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los literales b y c del art\u00edculo 71 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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La Corte sobre esa tem\u00e1tica puntual, de vieja data ha precisado, que   <\/span><\/p>\n

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\u00abRespecto de las publicaciones, se dispuso en la providencia de admisi\u00f3n de las acciones populares, que estas se hiciera en un medio escrito, uno de radiodifusi\u00f3n o de televisi\u00f3n, a costa del accionante con lo cual se cumple lo indicado en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, acorde con esta norma, se establece en los art\u00edculos 70 a 73 de la misma ley, la posibilidad de financiaci\u00f3n por parte del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, de los gastos que demande la acci\u00f3n popular, para lo cual corresponde al interesado hacer la solicitud de financiaci\u00f3n a la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo cargo se encuentra dicho Fondo, quien debe determinar la procedencia y el monto de la financiaci\u00f3n, de acuerdo con los criterios se\u00f1alados en el art\u00edculo 73 citado, con derecho a reembolso si el demandado es condenado en costas. Es decir que no corresponde al Juzgado emitir la orden de financiaci\u00f3n pretendida aqu\u00ed por el accionante (CSJ STC, 6 dic. 2007, rad. 00121-01, reiterada en STC5983-2015).  <\/span><\/p>\n

4.        De otra parte, en cuanto a la solicitud tendiente a que se ordene al Ministerio P\u00fablico que demuestre el tr\u00e1mite dado a la citada acci\u00f3n p\u00fablica, resulta pertinente aclarar que no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se haya elevado previamente tal petici\u00f3n ante esa entidad, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiaridad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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