{"id":99690,"date":"2026-06-25T19:11:07","date_gmt":"2026-06-25T19:11:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2600-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:11:07","modified_gmt":"2026-06-25T19:11:07","slug":"stc2600-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2600-2017\/","title":{"rendered":"STC2600-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2600-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01306-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 19 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como el Agente del Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo Regionales de Risaralda, y, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda, ambas de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no resolver los recursos de ley que interpuso contra el auto del pasado 9 de septiembre, en virtud del cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas dentro de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la sucursal de Asmet Salud E.P.S. ubicada en la \u00abcarrera 9 No. 19-11 de Pereira\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, resolver \u00abinmediatamente\u00bb los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n que interpuso en contra de la referida determinaci\u00f3n; y, adicionalmente, que se conmine al \u00abProcurador en acciones populares\u00bb, para que \u00abpruebe que ha hecho a fin de garantizar [sus] garant\u00edas procesales\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que aun cuando dentro de la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra de la providencia en virtud de la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, a la fecha no se ha dado tr\u00e1mite alguno a los mismos, lo que implica la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado (fls. 1 y 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que carece de legitimidad en la causa por pasiva para pronunciarse, por cuanto ese ente territorial \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb (fls. 28 y 29, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b). La Personera Municipal de la misma localidad, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, se pronunci\u00f3 respecto al alcance de las acciones populares como mecanismos id\u00f3neos para \u00absalvaguardar los derechos colectivos que puedan estar siendo vulnerados por las entidades del Estado\u00bb (fls. 20 a 22, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).   La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 24, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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d).   El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada urbe a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir escaneadas las piezas procesales a que se hace referencia  en el escrito inicial (fl. 29, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abes inexistente la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial (\u2026) que refiere el actor\u00bb, puesto que el prove\u00eddo por esta v\u00eda criticado, esto es, aqu\u00e9l en virtud del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas dentro de la acci\u00f3n popular con radicado No. 2015-00192-00, \u00abfue declarado nulo con anterioridad a la presentaci\u00f3n del amparo, [por lo que] no se avizora, entonces, conducta omisiva que comporte una tardanza por parte del despacho judicial accionado\u00bb (fls. 32 a 34, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 el anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 43, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita ahora la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica, puntualmente, en la supuesta mora en que ha incurrido el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira para tramitar los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto del 9 de septiembre de 2016, en virtud del cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00192-00, la cual fue promovida por aqu\u00e9l en contra de la sucursal de Asmet Salud E.P.S. ubicada en la \u00abcarrera 9 No. 19-11 de Pereira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.   Sin embargo, establecido lo anterior, advierte la Sala que el reclamo carece de transcendencia ius fundamental, pues una vez revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se encuentra que mediante providencia del 28 de septiembre de 2016, el Despacho atacado declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado al interior de la referida acci\u00f3n judicial, inclusive desde el auto del 16 de agosto de la misma anualidad (fls. 40 a 42, CD obrante a fl. 30 del cdno. 1), lo que permite entrever, entonces, que la determinaci\u00f3n del 9 de septiembre siguiente en virtud de la cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas (fl. 152, ib\u00eddem), y respecto de la cual el aqu\u00ed interesado interpuso los recursos de ley, qued\u00f3 sin validez, lo que implica, sin asomo de duda, que cualquier orden constitucional que se impartiera en el sentido de instar al Juez de conocimiento a tramitar dichos mecanismos de defensa, pretensi\u00f3n que por esta v\u00eda formula el interesado, resultar\u00eda a todas luces inane.  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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