{"id":99694,"date":"2026-06-25T19:12:02","date_gmt":"2026-06-25T19:12:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2682-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:12:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:12:02","slug":"stc2682-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2682-2017\/","title":{"rendered":"STC2682-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2682-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00382-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela impetrada por RS Asociados S.A.S. en Liquidaci\u00f3n, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, espec\u00edficamente contra el magistrado Manuel Antonio Burbano Goyes, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil contractual adelantado por la aqu\u00ed accionante al Ingenio La Caba\u00f1a S.A.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La interesada reclama el amparo de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la Corporaci\u00f3n querellada.  <\/span><\/p>\n

2.        En sustento de su reparo afirma, en s\u00edntesis, que dentro del pleito materia de este ruego, se dict\u00f3 sentencia el 24 de junio de 2015, providencia apelada tanto por la demandante, aqu\u00ed quejosa, como por la empresa all\u00e1 convocada.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que por auto de 13 de julio posterior se concedieron esas alzadas, y mediante prove\u00eddo de 20 de agosto de 2015, fueron admitidas por el ad quem, quien el d\u00eda 31 siguiente, \u201ccorri\u00f3 traslado\u201d por 5 d\u00edas a las partes para presentar las respectivas \u201calegaciones\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el colegiado el 29 de abril de 2016 decret\u00f3 de oficio un dictamen pericial a fin de determinar \u201c(\u2026) nuevamente el lucro cesante (\u2026), deduciendo los costos operativos\u201d en los cuales incurri\u00f3 RS Asociados S.A.S. \u201cpara la prestaci\u00f3n del servicio de transporte de ca\u00f1a\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que rendida esa prueba, se puso en conocimiento de los extremos en litigio, procediendo el Ingenio La Caba\u00f1a S.A. a requerir su \u201caclaraci\u00f3n\u201d y \u201ccomplementaci\u00f3n\u201d, pedimentos concedidos por el Tribunal y cumplidos por el experto.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que \u201c(\u2026) de dicha aclaraci\u00f3n (\u2026) se corri\u00f3 traslado (\u2026) [el] 26 de septiembre de 2016 (\u2026)[, e i]nconforme con [ella] (\u2026) la sociedad demandada\u201d formul\u00f3 reposici\u00f3n contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n arguyendo \u201c(\u2026) que el perito no aclar\u00f3 ni complement\u00f3 el dictamen en la forma pedida (\u2026), motivo por el cual el despacho no debi\u00f3 correr traslado de dicho escrito\u201d.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1ade que en oportunidad \u201cse pronunci\u00f3 sobre ese recurso\u201d; empero, sus argumentos no fueron atendidos por la Corporaci\u00f3n, pues, el 2 de noviembre de 2016 le orden\u00f3 al auxiliar de la justicia \u201crealizar la aclaraci\u00f3n en la forma pedida, conmin\u00e1ndolo a que de no hacerlo ser\u00eda excluido de la lista (sic)\u201d.    <\/span><\/p>\n

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Cuestiona la manera como el juzgador \u201cconmin\u00f3 al perito\u201d porque en criterio de la tutelante, ese experto ya hab\u00eda concluido \u201c(\u2026) acertadamente que no ten\u00eda porque modificar sus c\u00e1lculos y realizar ajustes econ\u00f3micos al dictamen\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Indica que el 2 de diciembre pasado, su contraparte objet\u00f3 por error grave el comentado elemento demostrativo, ante lo cual el ad quem, por auto del d\u00eda 5 posterior, \u201ccorri\u00f3 traslado de dicha objeci\u00f3n\u201d, determinaci\u00f3n atacada por la ahora promotora mediante reposici\u00f3n, alegando que esa figura jur\u00eddica \u201c(\u2026) desapareci\u00f3 de[l] ordenamiento procesal civil con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. El aludido recurso fue rechazado el 26 de enero de 2017.      <\/span><\/p>\n

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Expresa haber formulado denuncia disciplinaria y solicitado vigilancia administrativa \u201cpor la forma como se ha venido desarrollando la prueba pericial\u201d.  <\/span><\/p>\n

3.        Tras reiterar lo ya descrito; estimar acertado lo dicho por el magistrado sobre las apelaciones formuladas contra la sentencia de 24 de junio de 2015 y su efectiva regulaci\u00f3n por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y descalificar la tesis del mismo funcionario en punto de la tan citada pericia y la norma llamada a gobernar su decreto y pr\u00e1ctica, por cuanto, para la ac\u00e1 quejosa es indudable que el tr\u00e1mite de esa prueba debe ce\u00f1irse a lo estipulado para el efecto en el C\u00f3digo General del Proceso; pide, con fundamento en ello, ordenar al Tribunal \u201crechazar\u201d la referenciada objeci\u00f3n y aplicar el inciso 4 del art\u00edculo 226 de ese \u00faltimo plexo legal, seg\u00fan el cual \u201clos peritos deben tener una opini\u00f3n independiente que corresponda a su real convicci\u00f3n profesional\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Revisadas la demanda constitucional y las evidencias allegadas, se concluye la improcedencia del resguardo por incumplir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues la gestora no acudi\u00f3 oportunamente a este amparo ni hizo uso del mecanismo de defensa a su alcance para controvertir las presuntas falencias generadoras de su actual reclamo.  <\/span><\/p>\n

En efecto, RS Asociados S.A.S. en Liquidaci\u00f3n cuestiona al Tribunal por practicar la memorada prueba pericial atendiendo para ello lo estipulado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues, en sentir de la impulsora de este ruego, las directrices a aplicar no eran las contenidas en ese plexo legal sino las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, por ese espec\u00edfico t\u00f3pico la tutela deprecada no sale avante, porque el auto mediante el cual el colegiado decret\u00f3 esa evidencia y estableci\u00f3 que la misma se regular\u00eda por lo estatuido en el primero de los compendios normativos se\u00f1alados1, data del 29 de abril de 2016 y la salvaguarda fue incoada tard\u00edamente el 16 de febrero de 2017, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de nueve (9) meses de proferido ese pronunciamiento, lapso que supera holgadamente el estimado por esta Sala como tempestivo para hacer uso de este amparo.  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha razonado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, si la interesada se demor\u00f3 para formular este auxilio, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los funcionarios querellados y con repercusi\u00f3n directa en garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. Si se dejara de lado la comentada falencia, la protecci\u00f3n de todos modos fracasar\u00eda, porque no es posible acudir v\u00e1lidamente a esta justicia cuando se han derrochado las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa establecidas en el ordenamiento procesal civil, por cuanto la tutela no puede utilizarse a voluntad del presunto afectado en forma alternativa de dichos medios.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, si RS Asociados S.A.S. estaba en desacuerdo con la norma en la cual el Tribunal apoy\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de la citada prueba pericial, debi\u00f3 exponer esa inconformidad en la respectiva oportunidad y a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, procedente para debatir esa particular circunstancia; empero, no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

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La omisi\u00f3n de la sociedad petente es imposible de subsanar por esta v\u00eda, por cuanto se opone a su car\u00e1cter netamente residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Se concluye, la impulsora de este amparo tuvo a su alcance la herramienta id\u00f3nea a trav\u00e9s de la cual hubiese podido cuestionar la presunta irregularidad ac\u00e1 denunciada; sin embargo, voluntariamente resolvi\u00f3 desecharla.  <\/span><\/p>\n

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Ante descuidos como el comentado, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al aseverar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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Vale recordar, el instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no fue instituido para reemplazar o sustituir los mecanismos de defensa que dentro de los procesos judiciales tienen quienes intervienen en ellos, ya sea como parte o como simples terceros; y que la no utilizaci\u00f3n de los mismos, le frustra el \u00e9xito a la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3. Al margen de lo antes comentado, es pertinente se\u00f1alar que el ad quem el 25 de enero de 2017, se pronunci\u00f3 sobre la legislaci\u00f3n regulatoria de todo lo surtido en esa instancia dentro del memorado pleito, acotando, luego de transcribir un fragmento de la regla 624 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cque al [litigio se le] ha aplicado lo estipulado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, dada la \u201cultractividad por excepci\u00f3n contemplada\u201d en el referido mandato.  <\/span><\/p>\n

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4. En prove\u00eddo de 2 de noviembre de 2016, el Tribunal repuso el emitido el 26 de septiembre anterior mediante el cual hab\u00eda corrido traslado de la \u201caclaraci\u00f3n\u201d rendida por el auxiliar de la justicia, para en su lugar, requerir a ese experto \u201c(\u2026) para que (\u2026) realizar[a] la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n ordenada en auto de 15 de septiembre de 2016\u201d, advirti\u00e9ndole \u201c(\u2026) que de persistir en su negativa en obedecer lo ordenado se har\u00e1 acreedor a las sanciones legales correspondientes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por la providencia precedente tampoco sale avante el amparo tutelar, porque, de un lado, la petente de este auxilio no formul\u00f3 reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n pese a hallarse en desacuerdo con la misma, pues, en su opini\u00f3n, el perito ya hab\u00eda cumplido lo encomendado, y, de otro, por cuanto, no se muestra descabellado lo dicho por el juzgador, pues, si en su criterio, el designado para rendir la comentada prueba se rehusaba a cumplir con \u00e9sta, nada le imped\u00eda hacer alusi\u00f3n a las facultades otorgadas por el legislador en virtud de la investidura ostentada4.     <\/span><\/p>\n

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5. As\u00ed las cosas, no hay lugar a acceder al auxilio constitucional reclamado, porque como qued\u00f3 visto, el mismo no cumple los se\u00f1alados presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; adem\u00e1s, por no observase irregularidad en el actuar del ad quem denunciado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por RS Asociados S.A.S. en Liquidaci\u00f3n, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, espec\u00edficamente contra el magistrado Manuel Antonio Burbano Goyes, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil contractual adelantado por la aqu\u00ed accionante al Ingenio La Caba\u00f1a S.A.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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El primero de esos preceptos consagra: \u201cPodr\u00e1n decretarse pruebas de oficio, en los t\u00e9rminos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El segundo ense\u00f1a: \u201cProcedencia de la peritaci\u00f3n. La peritaci\u00f3n es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y el \u00faltimo reza: \u201cModif\u00edquese el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.  <\/span><\/p>\n

La competencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00.    <\/span><\/p>\n

4 Art\u00edculo 9 del otrora vigente del C.P.C.  y 50, numeral 8 e inciso 2 del numeral 11, del C.G.P.       <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente         STC2682-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00382-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la tutela impetrada por RS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}