{"id":99698,"date":"2026-06-25T19:12:35","date_gmt":"2026-06-25T19:12:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2686-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:12:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:12:35","slug":"stc2686-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2686-2017\/","title":{"rendered":"STC2686-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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STC2686-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00466-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma, integrada por los magistrados Sofy Soraya Mosquera Motoa, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Trejos Bueno y Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 17001-31-03-006-2015-00151-01, adelantada por el aqu\u00ed quejoso contra Bancolombia S.A.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El interesado expresa que en el comentado caso se desconocieron \u201clos art. 38 de la Ley 472 de 1998, acuerdo n\u00famero 1887 de 26 junio de 2003, numeral 3.2. inciso 2. acuerdo del CSJ del 15 de agosto de 2016, art. 392 CPC. Ley 1395 de 2010 (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Como fundamento de lo anterior comenta, en concreto,  que dentro del asunto materia de este auxilio aun cuando gan\u00f3 en segunda instancia, el Tribunal querellado se neg\u00f3 a condenar en \u201ccostas\u201d al extremo vencido.  <\/span><\/p>\n

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2. Tras reiterar lo ya narrado, pide acceder a las aludidas \u201ccostas\u201d; remitirle copia de esta tramitaci\u00f3n; y determinar si la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Manizales \u201c(\u2026) viola su deber funci\u00f3n (sic) al negarse a impetrar tutelas (\u2026) [en] (\u2026) nombre [del ac\u00e1 impulsor] pese a solicit\u00e1rselo infructuosamente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El colegiado acot\u00f3 que gesti\u00f3n se ajust\u00f3 a la ley, respetando \u201clos derechos de contradicci\u00f3n y defensa de las partes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Los dem\u00e1s  guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Solamente las decisiones judiciales notoriamente arbitrarias o caprichosas con incidencia directa y negativa en los derechos fundamentales de quienes como parte o terceros, intervienen en los procesos donde han sido proferidas, son susceptibles de cuestionarse por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, que quien recurre a esta especial forma de protecci\u00f3n, haya agotado los medios legales ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n en la respectiva actuaci\u00f3n litigiosa.  <\/span><\/p>\n

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2. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ataca a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales porque no conden\u00f3 \u201cen costas\u201d a Bancolombia S.A., aun cuando tal perdi\u00f3 dentro del juicio objeto de este ruego.  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan las pruebas aportadas, en el citado caso el 28 de septiembre de 2016, el ad quem dict\u00f3 sentencia consignando en el ac\u00e1pite resolutivo de la misma, \u201c(\u2026) sin condena en costas en segunda instancia\u201d.  <\/span><\/p>\n

Con ese actuar el juzgador no incurri\u00f3 en irregularidad alguna, pues de acuerdo con el numeral 8\u00ba de la regla 365 del C\u00f3digo General de Proceso, \u201cSolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, si en el asunto analizado el colegiado no hall\u00f3 que el actor popular incurri\u00f3 en gastos de ese tipo y mucho menos los encontr\u00f3 probados, no le quedaba m\u00e1s remedio que negar su declaraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, como el antedicho prove\u00eddo tiene respaldo en la norma jur\u00eddica respectiva, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado.  <\/span><\/p>\n

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4. En corolario, el ruego no goza de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la sola divergencia conceptual no es venero para pedir el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s atinada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ello, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u201d2  <\/span><\/p>\n

(subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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5. Se suma a lo precedente que la tutela implorada tiene por fin exclusivo la defensa del patrimonio del quejoso, pues lo pretendido con ella es que se ordene el reconocimiento de unos gastos pecuniarios, al parecer no causados.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, resulta evidente que el auxilio constitucional examinado no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala ha insistido,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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6. Referente a establecer si la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Manizales \u201c(\u2026) viola su deber funci\u00f3n (sic) al negarse a impetrar tutelas (\u2026) [en] (\u2026) nombre [del ac\u00e1 impulsor] pese a solicit\u00e1rselo infructuosamente\u201d, no se har\u00e1 pronunciamiento, primero, por no ser esta Corte \u00f3rgano consultivo, n\u00f3tese su labor es netamente jurisdiccional, y, segundo, por escapar tal exigencia de la gesti\u00f3n que como juez constitucional debe desarrollar en pro exclusivamente de las garant\u00edas fundamentales de quienes hacen uso de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

7.        Por secretar\u00eda rem\u00edtase esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa exp\u00eddase la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

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8. Sin m\u00e1s disquisiciones el amparo deprecado ser\u00e1  desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma, integrada por los magistrados Sofy Soraya Mosquera Motoa, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Trejos Bueno y Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 17001-31-03-006-2015-00151-01, adelantada por el aqu\u00ed quejoso contra Bancolombia S.A.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 de agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. 00068-02.      <\/span><\/p>\n

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