{"id":99700,"date":"2026-06-25T19:12:51","date_gmt":"2026-06-25T19:12:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2693-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:12:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:12:51","slug":"stc2693-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2693-2017\/","title":{"rendered":"STC2693-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2693-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00931-01  <\/span><\/p>\n

    (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de enero de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Wilson Jim\u00e9nez Rayo en contra del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Granahorrar, en el cual funge como actual cesionaria Altais Julisa M\u00e9ndez Romero al aqu\u00ed promotor.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El quejoso suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, vivienda digna y justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del escrito de tutela se extrae como base de su reclamo, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En 1998 el tutelante adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario con el Banco Granahorrar, pr\u00e9stamo regido por el sistema UPAC, y cobrado en el juicio objeto de este amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que en el mentado pleito a\u00fan no se ha \u201creestructurado\u201d la obligaci\u00f3n como lo ordena la jurisprudencia constitucional, ni efectuado la \u201c(\u2026) instrumentaci\u00f3n del nuevo pagar\u00e9 en UVR o en pesos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arguye que dentro de ese asunto se han presentado diferentes cesiones de cr\u00e9dito sin la aprobaci\u00f3n del deudor, siendo la \u00faltima de ellas la realizada a favor de Altais Julisa M\u00e9ndez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que esta Corte \u201c(\u2026) en m\u00faltiples decisiones ha ordenado dar por terminado [juicios] hipotecarios sin reestructurar, (\u2026) por ausencia de t\u00edtulo ejecutivo (\u2026)\u201d; por tanto, la actuaci\u00f3n del estrado convocado es una \u201cdesobediencia\u201d a esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relata que inco\u00f3 ante el querellado incidente de nulidad, por los argumentos aqu\u00ed expresados, empero, fue rechazado de plano en prove\u00eddo de 4 de noviembre de 2016, por cuanto, el proceso se encuentra en etapa de ejecuci\u00f3n de sentencia, la cual se profiri\u00f3 el 16 de febrero de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado y vinculada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali manifest\u00f3 que  \u201c(\u2026) lo alegado por el accionante en el escrito de [tutela] ha sido abordado hasta la saciedad por los respectivos jueces, tanto de primera instancia como por el Tribunal Superior de [ese] Distrito en su Sala Civil (\u2026)\u201d,  quienes han negado lo peticionado (fl. 74).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. Altais Julisa M\u00e9ndez Romero por intermedio de su apoderado, se opuso al ruego, realzando la legalidad de las actuaciones desplegadas dentro del asunto subex\u00e1mine  y se\u00f1alando las dos excepciones que en su criterio, imposibilitan la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n en el comentado caso, cuales son \u201c(\u2026) la carencia de capacidad econ\u00f3mica [del deudor] para asumir la obligaci\u00f3n en las nuevas condiciones [y] el inferior valor del inmueble (\u2026) [respecto del] saldo pendiente (\u2026)\u201d (fls. 76 a 82).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concedi\u00f3 la s\u00faplica tras inferir:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l  Juzgado [tutelado] omiti\u00f3 observar la trascendencia de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito para vivienda siendo que no existe embargo de remanentes (Art. 462 del C.G.P.), lo cual impide ejecutar la obligaci\u00f3n por ausencia de exigibilidad de la obligaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 como requisito insuperable y esencial para este tipo de ejecuciones, ciertamente, aunque exista sentencia que haya ordenado continuar con la ejecuci\u00f3n dictada antes del c\u00famulo de pronunciamientos constitucionales, (\u2026) la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n es procedente en aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia (\u2026) cediendo el principio de cosa juzgada para abrir paso a la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la vivienda digna de los deudores de cr\u00e9ditos otorgados en UPAC, en aplicaci\u00f3n del Art. 51 de la C. P. (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, \u201c(\u2026) dej[\u00f3] sin efecto el auto de 4 de noviembre de 2016 (\u2026) y orden\u00f3 al convocado \u201c(\u2026) profe[rir] una nueva decisi\u00f3n en la que deber\u00e1 pronunciarse sobre la necesidad de la obligaci\u00f3n ejecutada debiendo considerar la jurisprudencia constitucional sobre la materia, emitida posteriormente al pronunciamiento del fallo del proceso ejecutivo cuestionado (\u2026)\u201d (fls. 83 a 89).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La propuso Altais Julisa M\u00e9ndez Romero insistiendo en las excepciones que se presentan en el asunto censurado, para proceder a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito  (fls. 129 a 131).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente solicit\u00f3 declarar la nulidad del presente amparo, por cuanto no fue enterada de su inicio.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Liminarmente se indica que no hay lugar a decretar la invalidez del ruego, por cuanto, en las diligencias obra copia del aviso de notificaci\u00f3n librado por la secretar\u00eda del Tribunal para enterar a Altais Julisa Mendez de la admisi\u00f3n del presente ruego. Adem\u00e1s, el apoderado de aqu\u00e9lla abog\u00f3 por sus intereses como se desprende de la contestaci\u00f3n a este resguardo y de la impugnaci\u00f3n efectuada al fallo de primera instancia, actuaciones avaladas por la vinculada con el poder otorgado a su mandatario.         <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Teniendo en cuenta que con la queja constitucional se pretende invalidar el memorado juicio ejecutivo,  invocando la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, es pertinente aclarar que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, no existe duda en torno al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad requeridos para la viabilidad de este mecanismo extraordinario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto al primero, hasta el 4 de noviembre de 2016 se deneg\u00f3 una solicitud de terminaci\u00f3n del proceso presentada por el ahora quejoso y sustentada en la no reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por ende, su interposici\u00f3n es oportuna. Y en lo atinente al segundo, se establece \u201cla m\u00ednima diligencia\u201d exigible en estos casos, al haberse reclamado la invalidez del litigio por el aspecto rese\u00f1ado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Efectuadas las anteriores precisiones, debe destacarse que la salvaguarda s\u00ed tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito accionado, incurri\u00f3 en irregularidad al rechazar ese pedimento, lesionando el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese, frente a la nulidad peticionada por Wilson Jim\u00e9nez Rayo, cimentada en la ausencia de aplicaci\u00f3n de lo normado en la Ley 546 de 1999, pues, seg\u00fan lo aseverado, la entidad financiera no reestructur\u00f3 la deuda, el Juzgado se limit\u00f3 a anotar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Las partes procesales, para la interposici\u00f3n de las nulidades tienen una oportunidad para proponerlas y unos requisitos para alegarlas, los cuales se encuentran instituidos en los art\u00edculos 134 y 135 del CGP  (\u2026) Postulados que la parte solicitante no se encuentra cumpliendo, dado que propone la nulidad despu\u00e9s de haberse dictado sentencia, tomando en cuenta que la misma se dict\u00f3 en segunda instancia el 16 de febrero de 2012, encontr\u00e1ndonos en la etapa de ejecuci\u00f3n para el recaudo de los dineros adeudados, adicional a ello, porque Ia nulidad alegada no ocurri\u00f3 en la sentencia, no siendo procedente dar el tr\u00e1mite pertinente, perdiendo la oportunidad otorgada por la norma adjetiva, siendo procedente conforme lo estipula el art\u00edculo 135 del CGP, rechazar de plano la solicitud elevada y as\u00ed se declarar\u00e1 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) conforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit\u00eda continuar con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAl respecto, la Corte en un asunto de similares contornos consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien podr\u00eda decirse en gracia de discusi\u00f3n que el funcionario judicial no se refiri\u00f3 a dicha cuesti\u00f3n, es decir, si la obligaci\u00f3n hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n, por estimar que el proceso ejecutivo hipotecario se origin\u00f3 en el 2011 y porque no se demostr\u00f3 la existencia de saldos insolutos antes del 31 de diciembre de 1999, tales aspectos no podr\u00edan considerarse suficientes para desestimar per s\u00e9 dicho t\u00f3pico, sobre todo, por tratarse el asunto de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, situaci\u00f3n que ameritaba interpretarse con mayor \u00e9nfasis a la luz de la Carta Pol\u00edtica y la doctrina constitucional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn esa l\u00ednea, pretiri\u00f3 exaltar la viabilidad de la reestructuraci\u00f3n1, en virtud de los lineamientos contenidos en el art\u00edculo 42 ej\u00fasdem, y en la providencia SU-813 de 2007, en particular, porque la concesi\u00f3n de tal beneficio \u201c(\u2026) no depende de la existencia de un proceso ejecutivo o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora [a corte de 31 de diciembre 1999] (\u2026)\u201d2 (\u2026) (CSJ STC2747-2015, 12 mar. 2015, rad. 2015-00037-01) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Es preciso recordarle al fallador denunciado que de acuerdo con el criterio reciente de esta Corte, en caso de determinarse la inexistencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en litigios como el cuestionado, procede la terminaci\u00f3n del compulsivo, pues            <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento si resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada4 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y ausencia impida adelantar el cobro (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre lo discurrido, la Corte Constitucional ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u2018[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u20196. Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u2018Los abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo antelado, seg\u00fan ha conceptuado esta Corporaci\u00f3n, es obligatorio para las autoridades judiciales determinar la concurrencia de la mentada reestructuraci\u00f3n junto con el t\u00edtulo contentivo de la obligaci\u00f3n insoluta,  pues aqu\u00e9llos   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) conforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit\u00eda continuar con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAl respecto, la Corte en un asunto de similares contornos consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien podr\u00eda decirse en gracia de discusi\u00f3n que el funcionario judicial no se refiri\u00f3 a dicha cuesti\u00f3n, es decir, si la obligaci\u00f3n hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n, por estimar que el proceso ejecutivo hipotecario se origin\u00f3 en el 2011 y porque no se demostr\u00f3 la existencia de saldos insolutos antes del 31 de diciembre de 1999, tales aspectos no podr\u00edan considerarse suficientes para desestimar per s\u00e9 dicho t\u00f3pico, sobre todo, por tratarse el asunto de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, situaci\u00f3n que ameritaba interpretarse con mayor \u00e9nfasis a la luz de la Carta Pol\u00edtica y la doctrina constitucional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn esa l\u00ednea, pretiri\u00f3 exaltar la viabilidad de la reestructuraci\u00f3n8, en virtud de los lineamientos contenidos en el art\u00edculo 42 ej\u00fasdem, y en la providencia SU-813 de 2007, en particular, porque la concesi\u00f3n de tal beneficio \u201c(\u2026) no depende de la existencia de un proceso ejecutivo o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora [a corte de 31 de diciembre 1999] (\u2026)\u201d9 (\u2026) (CSJ STC2747-2015, 12 mar. 2015, rad. 2015-00037-01) (\u2026)\u201d10.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No sobra advertir que todo cesionario del cr\u00e9dito adquirido y regulado en el marco de la Ley 546 de 1999 (sistema Upac), afronta la suerte de su cedente en la \u00f3rbita de la relaci\u00f3n obligatoria activa. En cuanto a lo arg\u00fcido, esta Corporaci\u00f3n adujo,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) \u2018[C]abe destacar, que en el subex\u00e1mine, y contrario a lo expresado por el a quo, s\u00ed se encuentran atendidos los presupuestos (\u2026) para que proceda el amparo frente a procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, habida cuenta que, pese a que en la ejecuci\u00f3n debatida no solo ya se realiz\u00f3 el remate del inmueble objeto de la garant\u00eda real, sino que tambi\u00e9n se registr\u00f3 el mismo (\u2026), la adjudicaci\u00f3n recay\u00f3 en cabeza del actual cesionario del cr\u00e9dito, esto es, el se\u00f1or XXXX, quien de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, no es un tercero ajeno al juicio compulsivo debatido, pues aqu\u00e9l remplaz\u00f3 en su posici\u00f3n al cedente (CSJ STC 6968-2015), sujeto que como reiteradamente se ha dicho, tambi\u00e9n tiene la obligaci\u00f3n de reestructurar el cr\u00e9dito (CSJ STC 31 oct. 2013, rad. 02499-00, citada recientemente en STC 11304-2015), raz\u00f3n por la cual no era factible colegir que se atend\u00eda esta exigencia, y, el tutelante, actu\u00f3 con la \u2018diligencia m\u00ednima\u2019 que se demanda, pues desde el inicio del rese\u00f1ado juicio compulsivo, \u00e9ste ha alegado la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, al punto que reiteradamente ha solicitado la nulidad de la actuaci\u00f3n por dicho motivo, petici\u00f3n que no ha sido tenida en cuenta por los juzgados de instancia (STC 3163-2016, 11 mar., rad. 00034-01) (\u2026)\u201d11 (subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Como arriba se sostuvo, la actividad del juez acusado lesion\u00f3 el debido proceso, no s\u00f3lo por las trasgresiones iusfundamentales, sino adem\u00e1s, por cuanto omiti\u00f3 atender al criterio de la Corte sobre la materia bajo su conocimiento, cuesti\u00f3n contrapuesta al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso y al texto 230 superior fundamental, ello relacionado con el desconocimiento de la jurisprudencia, para el caso concreto o de la doctrina probable, si comprobado el fundamento f\u00e1ctico resulta pertinente su gobierno.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Ahora, respecto a lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, referente a las excepciones que imposibilitan la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda, la jurisprudencia de esta Sala tiene por sentado como \u00fanico impedimento para acceder a ella, la existencia de remanentes sobre la ejecuci\u00f3n adelantada, situaci\u00f3n que no se cumple en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Al respecto, la sentencia SU-813 de 2007 expuso: \u201c(\u2026) La reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u201cLos abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional, sentencia T-319 de 2012.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001.    <\/span><\/p>\n

5 CSC. STC aprobada en Sala de 20 de abril de 2016, exp. 11001-02-03-000-2016-00926-00    <\/span><\/p>\n

6 Art\u00edculo 39 de la Ley 546 de 1999.    <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional T-881 de 2013, citada por esta Sala el 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00.    <\/span><\/p>\n

8 Al respecto, la sentencia SU-813 de 2007 expuso: \u201c(\u2026) La reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u201cLos abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

9 Corte Constitucional, sentencia T-319 de 2012.    <\/span><\/p>\n

10 Corte Suprema de Justicia. Civil. Sentencia de 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00    <\/span><\/p>\n

11 CSC. STC de 5 de mayo de 2016, exp. 11001-0-03-000-2016-01043-00      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC2693-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00931-01       (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}