{"id":99703,"date":"2026-06-25T19:13:14","date_gmt":"2026-06-25T19:13:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2697-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:13:14","modified_gmt":"2026-06-25T19:13:14","slug":"stc2697-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2697-2017\/","title":{"rendered":"STC2697-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2697-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00026-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jenny Fernanda Baham\u00f3n G\u00f3mez contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa constitucional de petici\u00f3n, presuntamente lesionada por el convocado.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reproche, acota que el 7 de diciembre de 2016 promovi\u00f3 ante el querellado, consulta relacionada con el \u201clistado percentil de las pruebas Saber Pro (sic)\u201d, la cual plante\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) 1. \u00bfC\u00f3mo se interpreta que la fecha para reclamar contra el listado percentil 30 publicado el 10 de octubre sea en fecha anterior a la reclamaci\u00f3n contra los resultados de pruebas saber y que se vaya a proferir un listado final de percentil 30 con reclamaci\u00f3n de resultados NO definitivos (sic)?  <\/span><\/p>\n

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\u201c2. \u00bfEl MEN (sic) va a tener en cuenta los resultados finales de las pruebas saber 2015 para expedir el listado percentil 30 en fecha posterior a diciembre 31 de 2016?  <\/span><\/p>\n

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\u201c3. \u00bfSe otorgar\u00e1 la oportunidad procesal para reclamar contra el listado del percentil 30 (sic) una vez conocidos los resultados finales de las pruebas saber 2015, respetando el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica?  <\/span><\/p>\n

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\u201c4. S\u00edrvase proferir concepto jur\u00eddico acerca de la firmeza del listado de percentil, teniendo en cuenta que el Decreto 1851 de 2015 (MEN) (sic), la Resoluci\u00f3n n\u00ba 18884 de 2016 (MEN) (sic), imponen la necesidad de confirmar un banco de oferentes para el a\u00f1o 2017 con un percentil 30 basado en los resultados finales de las pruebas saber 2015 (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que a la fecha no ha recibido contestaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, ordenar \u201c(\u2026) atender su [misiva] (\u2026)\u201d (fls. 1 a 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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La cartera ministerial se opuso al ruego tuitivo, manifestando que el 19 de diciembre de 2016 respondi\u00f3 el mentado requerimiento, notificando de ello a la direcci\u00f3n indicada por la quejosa para ese prop\u00f3sito (fls. 17 a 18, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 el auxilio tras advertir la transgresi\u00f3n de la garant\u00eda deprecada, al inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Examinada la documentaci\u00f3n allegada por el Ministerio de Educaci\u00f3n, [se] (\u2026) encuentra que fuera del oficio calendado [el] 19 de diciembre de 2016, no se alleg\u00f3 al plenario prueba alguna que dicha comunicaci\u00f3n fue puesta efectivamente en conocimiento de la peticionaria, si en cuenta se tiene que no aport\u00f3 la gu\u00eda de env\u00edo con que fue introducida al correo de la misma, pues seg\u00fan lo indicado por la entidad Ministerial, el oficio fue remitido a la direcci\u00f3n aportada por la solicitante en su escrito de petici\u00f3n (sic).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, dispuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Ordenar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a trav\u00e9s de la Subdirecci\u00f3n de Acceso en cabeza del se\u00f1or Ruslan L\u00f3pez Cifuentes, o quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a poner en conocimiento de la accionante Jenny Fernanda Baham\u00f3n G\u00f3mez, la respuesta al derecho de petici\u00f3n elevado por la accionante el 7 de diciembre de 2016, sin soslayar el deber que tiene de informar sobre el cumplimiento de lo aqu\u00ed ordenado (\u2026)\u201d (fls. 29 a 32, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La instaur\u00f3 el accionado, aduciendo \u201checho superado\u201d, insistiendo en que el 19 de diciembre de 2016, satisfizo el reclamo de la promotora, pronunci\u00e1ndose frente a cada uno de los interrogantes formulados, determinaci\u00f3n informada en la misma data al \u201ce-mail y a la direcci\u00f3n\u201d proporcionada por aqu\u00e9lla (fls. 36 a 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. En torno al derecho de petici\u00f3n, esta Sala ha reiterado su car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los concretos plazos previstos por la ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no exige necesariamente  acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed, contestar tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sobre el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2 (subraya la Sala).  <\/span><\/p>\n

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3. La decisi\u00f3n del juez de tutela pierde prop\u00f3sito cuando al instante de emitirla, la acci\u00f3n u omisi\u00f3n por la cual se origin\u00f3 el resguardo, ha cesado, desapareciendo as\u00ed el riesgo o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas deprecadas. Dicho aspecto es conocido un\u00e1nimemente por la jurisprudencia constitucional como \u201ccarencia actual de objeto\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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Esta instituci\u00f3n tiene lugar a partir de tres sucesos que comportan consecuencias diversas: \u201ci) el hecho superado; ii) el da\u00f1o consumado; o iii) cuando se presente cualquier otra situaci\u00f3n que haga inocua la orden de satisfacer la pretensi\u00f3n iusfundamental\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto hace al primero, sucede cuando, \u201cantes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado\u201d5 (se resalta), vale decir, que si lo pretendido con el auxilio consist\u00eda en una orden de \u201cactuar o dejar de hacerlo\u201d, y previamente al pronunciamiento del juez constitucional, ocurre lo exigido, \u201ces claro que se est\u00e1 frente a un hecho superado, porque desaparece la transgresi\u00f3n de los derechos superiores [deprecados] con lo cual la posible orden que impartiera el juzgador caer\u00eda en el vac\u00edo\u201d6.   <\/span><\/p>\n

El segundo, el da\u00f1o consumado7, suele acaecer en dos circunstancias, la inicial, al constatarse prima facie que el perjuicio a evitar con la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales, se caus\u00f3 justo antes de instaurarse el amparo, aspecto en el cual el \u201cjuez debe declarar improcedente ese mecanismo, en virtud a lo estipulado en el art\u00edculo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991\u201d8.  <\/span><\/p>\n

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Y la final, cuando \u201cel da\u00f1o\u201d que se pretend\u00eda impedir con el auxilio se ultime durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n, \u201cbien sea en primera o en segunda instancia, incluso en sede de revisi\u00f3n\u201d9.  <\/span><\/p>\n

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El tercer evento acontece cuando por cualquier otra eventualidad, ajena a las anteriores, se haga inocua la orden a satisfacer con la pretensi\u00f3n tutelar10. Dicha categor\u00eda, en concepto de la jurisprudencia reciente, reviste una \u201cmodalidad adicional de la carencia actual de objeto\u201d, seg\u00fan la cual, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la presentaci\u00f3n del resguardo \u201cdesapareci\u00f3 o se modific\u00f3\u201d a causa del cumplimiento de un mandato judicial11 emitido dentro de otra acci\u00f3n constitucional o en un juicio ordinario.  <\/span><\/p>\n

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4. Censura Jenny Fernanda Baham\u00f3n G\u00f3mez al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional por la falta de respuesta a su solicitud elevada el 7 de diciembre de 2016, exigiendo, absolver inc\u00f3gnitas relacionadas con el \u201clistado percentil de las pruebas Saber Pro (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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5. Frente a lo antelado, la citada autoridad demostr\u00f3 en esta instancia, haber contestado el 19 de diciembre de 2016 cada una de las preguntas planteadas por la interesada en su misiva, es decir, antes de proferirse el fallo de primer grado, seg\u00fan consta en el oficio 2016-EE-172730, notificando de ello a las dos direcciones suministradas por aqu\u00e9lla para tal fin, la primera, al e-mail lexiusconsultores@gmail.com, y la segunda, en la carrera 3 n\u00ba 11-31, oficina 931, esta \u00faltima certificada mediante gu\u00eda de correo n\u00ba RN699168961CO de Servicios Postales Nacionales 4-72 (fls. 44 a 46, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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Ante eventos como el narrado seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3 en l\u00edneas anteriores, el auxilio pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de garant\u00edas de rango superior.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha dicho esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l hecho superado por carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d12.  <\/span><\/p>\n

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7. Por los motivos expuestos, se infirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, para en su lugar NEGAR el amparo deprecado por Jenny Fernanda Baham\u00f3n G\u00f3mez.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 La sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015.     <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01.    <\/span><\/p>\n

3 La Corte Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007 rese\u00f1\u00f3 que primigeniamente esa corporaci\u00f3n para referirse a la \u201ccarencia actual de objeto\u201d, utiliz\u00f3 indistintamente enunciados tales como \u201cda\u00f1o consumado\u201d, \u201checho superado\u201d y \u201csustracci\u00f3n de materia\u201d, asimilando como \u201csin\u00f3nimas\u201d dichas expresiones; luego, en el fallo T-312 de 2016 pas\u00f3 a categorizar esos vocablos como especies dentro del g\u00e9nero, entendiendo este \u00faltimo como \u201ccarencia actual de objeto\u201d, siendo aqu\u00e9llas distintas maneras por las cuales se presenta dicho fen\u00f3meno.      <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional, sentencia T-312 de 2016.      <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2012, planteamiento que ha sido recogido por esta Sala el 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, entre muchas otras.     <\/span><\/p>\n

6 Al respecto, la Corte Constitucional ha comprendido \u201cel hecho superado dentro del contexto de la satisfacci\u00f3n de lo pedido en la tutela, lo que permite suponer que la satisfacci\u00f3n de las pretensiones devino de una conducta positiva por parte de la persona o entidad demandada en orden a garantizar los derechos del accionante\u201d (T-529 de 2015).    <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional T-495 de 2010.    <\/span><\/p>\n

8 Esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha dado aplicaci\u00f3n a dicho presupuesto f\u00e1ctico recientemente, tal es el caso donde el actor, exigiendo la protecci\u00f3n de los derechos a la \u201cparticipaci\u00f3n pol\u00edtica y libertad electoral\u201d, pidi\u00f3 ordenar a la Presidencia de la Rep\u00fablica y al Consejo Nacional Electoral, incluir la opci\u00f3n del voto en blanco en el \u201cplebiscito especial para refrendar el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP\u201d. En ese asunto no se concedi\u00f3 el amparo por \u201cda\u00f1o consumado\u201d, por cuanto al momento de presentarse el resguardo ya hab\u00eda tenido lugar la jornada electoral (CSJ. STC15379 oct. 27 de 2016).     <\/span><\/p>\n

9 Tiene lugar, verbi gratia, (i) cuando el accionante muere durante el decurso del resguardo, (ii) al cumplirse el t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n impuesta a trav\u00e9s de un acto administrativo \u201ca pesar de que se pueda establecer de manera posterior que dicho acto fue expedido con violaci\u00f3n al debido proceso\u201d, o (iii) en una hip\u00f3tesis similar, al finiquitarse el plazo de la sanci\u00f3n disciplinaria, y por tanto, no tendr\u00eda prop\u00f3sito un pronunciamiento sobre la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales originados con la actuaci\u00f3n investigativa y sancionadora de la Procuradur\u00eda (Ver Corte Constitucional, sentencias T-495 de 2010 (ya citada), T-448 de 2004, T-253 de 2004, T-258 de 2003, T-873 de 2001, entre muchas otras).    <\/span><\/p>\n

10 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2010.    <\/span><\/p>\n

11 Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional en la sentencia T-529 de 2015, declar\u00f3 la carencia actual de objeto cuando la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n del libelo fundamental se vio modificada con ocasi\u00f3n de un segundo proceso de amparo que inici\u00f3 el agente oficioso de la all\u00e1 accionante. Esto teniendo en cuenta que luego de presentar la acci\u00f3n inicial, \u00e9sta no prosper\u00f3 porque no se hab\u00eda presentado una solicitud administrativa ante la E.P.S., pero una vez se dict\u00f3 el fallo, advirtiendo la omisi\u00f3n de ese requisito de subsidiariedad, la quejosa,  mediante \u201cagente oficioso\u201d, solicit\u00f3 ante la tutelada el suministro del transporte por cuanto la accionante no pod\u00eda procurarse los desplazamientos para di\u00e1lisis por razones econ\u00f3micas, pese a exponer sus razones y acreditar sus ingresos y gastos \u00e9sta fue negada, lo que ocasion\u00f3 la presentaci\u00f3n de la nueva tutela, siendo en esta segunda acci\u00f3n donde se satisfizo la  pretensi\u00f3n contenida en la demanda primigenia, esto es, \u201cel suministro del servicio de transporte para la agenciada y su acompa\u00f1ante\u201d.    <\/span><\/p>\n

12 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.      <\/span><\/p>\n

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   LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC2697-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00026-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99703","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99703","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99703"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99703\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99703"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99703"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99703"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}