{"id":99709,"date":"2026-06-25T19:14:29","date_gmt":"2026-06-25T19:14:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2722-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:14:29","modified_gmt":"2026-06-25T19:14:29","slug":"stc2722-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2722-2017\/","title":{"rendered":"STC2722-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2722-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinte de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia P\u00e9rez \u00c1lvarez, en representaci\u00f3n de la menor Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez, contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Fusagasug\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, que considera vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al tramitar y fallar una acci\u00f3n de esta misma naturaleza promovida por Anayibe Pimentel Trujillo y Viviana Cabrera Pimentel, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores, contra la Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se decrete la nulidad de todo lo actuado en el asunto constitucional censurado y se ordene al juzgador de primer grado que rehaga la actuaci\u00f3n y permita su intervenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante adquiri\u00f3, mediante sucesi\u00f3n de sus abuelos Dar\u00edo Mariscal Merino y Cecilia Beltr\u00e1n de Mariscal, el derecho de posesi\u00f3n sobre el predio denominado \u00abGranja Porcina Balkanes\u00bb, ubicado en la vereda Cucharal del Municipio de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2. El 21 de abril de 2009, el Municipio de Fusagasug\u00e1 declar\u00f3 como infractor a Luis Arturo Carrillo Alvarado, por realizar una obra en el inmueble mencionado sin la autorizaci\u00f3n respectiva y, por ende, concedi\u00f3 un plazo para que adecuara la construcci\u00f3n o, en su defecto, la demolici\u00f3n de aquella.  <\/span><\/p>\n

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3. En el siguiente a\u00f1o, Ana Yibe Pimentel Trujillo y Viviana Cabrera Pimentel, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores Leidy y Edison Cabrera Pimentel y Paula Andrea Duarte Cabrera, presentaron una acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores y la suspensi\u00f3n o aplazamiento de la diligencia de demolici\u00f3n referida atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, dispuso la vinculaci\u00f3n del Director de Planeaci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas y el Corregidor Occidental, todos del municipio mencionado, y del ciudadano Luis Arturo Carrillo Alvarado.  <\/span><\/p>\n

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5. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador profiri\u00f3 sentencia el 24 de febrero del a\u00f1o en cita, en la que deneg\u00f3 la salvaguarda rogada.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte actora la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, en fallo adiado el 15 de abril siguiente, revoc\u00f3 la providencia censurada, suspendi\u00f3 la demolici\u00f3n y orden\u00f3 reubicar a las tutelantes.  <\/span><\/p>\n

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8. En el 2016, la ni\u00f1a Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez, por intermedio de su progenitora Sandra Patricia P\u00e9rez \u00c1lvarez, inco\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda y la Secretar\u00eda de Fusagasug\u00e1, con el objetivo de que se llevara a cabo la diligencia aludida.  <\/span><\/p>\n

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9. Este asunto fue asignado al Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, quien en sentencia de octubre 5 del a\u00f1o precedente, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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10. Esta decisi\u00f3n fue impugnada por la accionante y, en efecto, el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, mediante el fallo del 22 de noviembre de la anualidad anterior, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y orden\u00f3 a las autoridades municipales accionadas que realizaran la demolici\u00f3n de las construcciones.  <\/span><\/p>\n

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11. Las se\u00f1oras Pimentel Trujillo y Cabrera Pimentel solicitaron, en la primera acci\u00f3n constitucional citada, la sanci\u00f3n por desacato contra las entidades accionadas por incumplimiento al fallo emitido en el 2010.  <\/span><\/p>\n

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12. En auto de 11 de noviembre de 2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 requiri\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad para que diera cumplimiento a las \u00f3rdenes de tutela emitidas en ese proceso y dispuso la suspensi\u00f3n de la diligencia de demolici\u00f3n hasta que fuera resuelto ese incidente.  <\/span><\/p>\n

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13. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que es adjudicataria del derecho de posesi\u00f3n sobre el inmueble en el que realizaron construcciones ilegales, las cuales deben ser demolidas por orden de la autoridad municipal de Fusagasug\u00e1, sin embargo tal diligencia no se ha llevado a cabo porque las se\u00f1oras Pimentel Trujillo y Cabrera Pimentel  promovieron una acci\u00f3n de tutela en el 2010, que fue concedida y en la que se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de esa diligencia, a pesar de que la aqu\u00ed quejosa no fue vinculada a ese tr\u00e1mite, y adem\u00e1s, por medio de otra sentencia de la misma naturaleza proferida el a\u00f1o pasado, se orden\u00f3 llevar a cabo aquella demolici\u00f3n, lo que ha generado inseguridad jur\u00eddica por parte de los administradores de justicia. [Folios 69-73, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieron sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 77, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n del expediente del proceso cuestionado. [Folio 91, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 20 de enero de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 el amparo, debido a que no es procedente el estudio de fondo de la controversia planteada por la accionante, en raz\u00f3n a que se atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica que cobija las decisiones de los jueces constitucionales. [Folios 92-96, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 112-113, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues la querellante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Corte encuentra que la queja de la ni\u00f1a Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez, quien act\u00faa mediante su progenitora Sandra Patricia P\u00e9rez \u00c1lvarez, recae en el tr\u00e1mite y fallo de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Yibe Pimentel Trujillo y Viviana Cabrera Pimentel, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores, contra la Alcald\u00eda Municipal de Fusagasug\u00e1, en la que se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la demolici\u00f3n de las construcciones sobre el inmueble cuya posesi\u00f3n le corresponde a la aqu\u00ed quejosa, a trav\u00e9s de la sentencia emitida el 15 de abril de 2010 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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De la misma manera, la inconformidad de la promotora de la queja versa sobre el incidente de desacato que se inici\u00f3 en ese asunto, el cual se encuentra en curso, puesto que en auto del 11 de noviembre de 2016, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 requiri\u00f3 a la autoridad municipal accionada para que diera cumplimiento al fallo proferido all\u00ed y dispuso la suspensi\u00f3n de la diligencia de demolici\u00f3n hasta que fuera resuelto ese tr\u00e1mite incidental.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se tiene, que si la gestora considera que no se debe dar cumplimiento a la sentencia de tutela emitida en el 2010 y que, incluso, debe declararse la nulidad de toda la actuaci\u00f3n por falta de vinculaci\u00f3n, m\u00e1xime que existe otro pronunciamiento en sede constitucional que ordenan llevar a cabo la diligencia de demolici\u00f3n, se observa que la peticionaria no ha presentado los argumentos en los que funda la presente acci\u00f3n excepcional ante el funcionario competente para que, de esa manera, se pronuncie concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, mediante las herramientas que la ley adjetiva le confiere.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior se debe a que, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Corte se encuentra en tr\u00e1mite el incidente de desacato incoado por las se\u00f1oras Pimentel Trujillo y Cabrera Pimentel, en el que tiene la posibilidad de intervenir y formular los reparos aqu\u00ed alegados, de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es al interior del proceso censurado que la impulsora de la salvaguarda tiene la oportunidad de esbozar las razones que expone por esta v\u00eda, y no puede pretender que mediante la presente acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n de los jueces competentes.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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