{"id":99710,"date":"2026-06-25T19:14:33","date_gmt":"2026-06-25T19:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2723-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:14:33","modified_gmt":"2026-06-25T19:14:33","slug":"stc2723-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2723-2017\/","title":{"rendered":"STC2723-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2723-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00835-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el catorce de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Leonor Esteban Cruz, contra los Juzgados Diecisiete Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad;  tr\u00e1mite que dispuso la vinculaci\u00f3n de Esperanza Arciniegas de Rinc\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y seguridad jur\u00eddica, que considera conculcados por las autoridades judiciales accionadas, al negar la solicitud de declaraci\u00f3n de nulidad del proceso ejecutivo que se surte en su contra, a partir de la  notificaci\u00f3n del mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Esperanza Arciniegas de Rinc\u00f3n promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra la aqu\u00ed accionante, con el prop\u00f3sito de conseguir por parte de esta \u00faltima, el pago de $38.200.000,oo, discriminados en dos letras de pago, una por el valor de $34.000.000,oo y la segunda, por $4.200.000,oo, m\u00e1s los intereses causados.  <\/span><\/p>\n

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La demandante consign\u00f3 que la direcci\u00f3n de notificaciones de la ejecutada correspond\u00eda a la calle 50 N\u00b0 27 A- 51, apartamento 602 del Edificio San Diego Campestre de Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante auto de 7 de diciembre de 2015, el juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga, a quien le correspondi\u00f3 conocer el asunto, libr\u00f3 orden de pago por las sumas pretendidas, y orden\u00f3 el enteramiento de la pasiva.   <\/span><\/p>\n

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3. Tempo Express S.A.S., certific\u00f3 que el 26 de enero de 2016, comunic\u00f3 el mandamiento de pago librado en contra de la ejecutada, y consign\u00f3 en observaciones: \u00abla persona a notificar si reside en la direcci\u00f3n aportada\u00bb;  luego, el 14 de marzo de 2016 enter\u00f3 de la notificaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 320 del estatuto procesal civil.  <\/span><\/p>\n

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4. El 12 de abril de 2016, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. La accionante, por intermedio de apoderado judicial, el d\u00eda 18 de esa misma mensualidad, present\u00f3 incidente de nulidad fundada en la falta de notificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Luego de decretar y practicar pruebas, en prove\u00eddo de 3 de junio de 2016, el juzgador de primera instancia, resolvi\u00f3 denegar la solicitud de nulidad, tras verificar la efectividad de las comunicaciones entregadas y aseveradas por la empresa de correo certificado, quien constata que \u00abla persona a notificar si reside en la direcci\u00f3n aportada\u00bb, adem\u00e1s de valorar los testimonios rendidos.  <\/span><\/p>\n

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7. Inconforme, la incidentante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La agencia judicial acusada, mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, porque los actos de notificaci\u00f3n se surtieron en la direcci\u00f3n del bien inmueble de propiedad de la ejecutada, tal y como lo observ\u00f3 del certificado de registro de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Bucaramanga;  en ese estado, concedi\u00f3 el recurso de alzada.  <\/span><\/p>\n

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9. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, el 20 de octubre de 2016, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada, luego de considerar ajustado a derecho el acto de notificaci\u00f3n que result\u00f3 positivo, sin que fuera necesario intentar comunicar sobre la acci\u00f3n, a otra direcci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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          10. En criterio de la peticionaria, las autoridades encausadas vulneran sus garant\u00edas fundamentales al negar la declaraci\u00f3n de nulidad solicitada pese \u00abhaber demostrado que la ejecutante minti\u00f3 respecto al sitio de [mi] residencia, demuestra que hubo valoraci\u00f3n incompleta de las pruebas\u00bb. Afirma que hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, no vive en la direcci\u00f3n notificada, en tanto que traslado su residencia al municipio Piedecuesta, lugar donde fue visitada por la ejecutante a fin de cobrarle una suma dineraria que supuestamente deb\u00eda;  en ese sentido, en su sentir los pronunciamientos de los operadores judiciales adolecen de un defecto f\u00e1ctico. [Folios 2 y 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 30 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se vincul\u00f3 a Esperanza Arciniegas de Rinc\u00f3n, y se  les corri\u00f3 traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 49, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga inform\u00f3 que las diligencias las remiti\u00f3 a los juzgados de ejecuci\u00f3n, no obstante, resolvi\u00f3 todos los recursos interpuestos por la quejosa, e incluso obra la actuaci\u00f3n proferida por el juez de segundo grado. [Folio 54, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, expres\u00f3 que los argumentos expuestos por la tutelante, evidencian una inconformidad con lo resuelto en segunda instancia al no resultarle favorable, lo que per se, no constituye una vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales;  y aunado, si la queja versa sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la decisi\u00f3n de primer grado \u00abfue confirmada al determinarse que la decisi\u00f3n recurrida estaba ajustada a derecho pues de las pruebas allegadas en primera instancia, consistentes en las certificaciones de la empresa de correo, daban cuenta del cumplimiento a las normas aplicables en este caso\u00bb.  [Folio 62, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 14 de diciembre de 2016, el Tribunal concedi\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que si bien, las autoridades accionadas no se abstuvieron de realizar un an\u00e1lisis probatorio, lo cierto es que la notificaci\u00f3n no se realiz\u00f3 correctamente, toda vez que en el tr\u00e1mite incidental, qued\u00f3 probado que la ejecutante conoc\u00eda del nuevo lugar de habitaci\u00f3n de la demandada al haberla visitado en aquel, con anterioridad a la interposici\u00f3n de la demanda.  \u00abEn otras palabras, todo indica que la ejecutante asalt\u00f3 la buena fe de la empresa de servicios postales y la del Juzgado, y aprovech\u00f3 los problemas familiares de la ejecutada para dejarla sin posibilidad de defenderse en el proceso ejecutivo\u00bb.   [Folios 69 a 79, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el fallo anterior, Esperanza Arciniegas de Rinc\u00f3n \u2013promotora de la acci\u00f3n ejecutiva-,  impugn\u00f3 la decisi\u00f3n bajo el argumento que \u00abno invent\u00f3 el sitio de residencia, ya que ten\u00eda conocimiento pleno que la demandada viv\u00eda en el apartamento de su propiedad\u00bb y cuando fue a visitarla al municipio de Piedecuesta, ella expres\u00f3 que su estad\u00eda all\u00ed, era temporal por problemas familiares con su hijo;  incluso, la testigo Laura Clemencia Prada, manifest\u00f3 que desde noviembre de 2015, la demandada ya no viv\u00eda en ese lugar, \u00abas\u00ed las cosas, a cu\u00e1l direcci\u00f3n deb\u00edan enviarse las comunicaciones (\u2026) si para la \u00e9poca en que \u00e9stas se hicieron, 26 de enero de 2016, supuestamente no viv\u00eda en el apartamento del edificio San Diego y tampoco en la finca Tablanca\u00bb. [Folios 87 a 93, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub examine, el reclamo se dirige contra el prove\u00eddo de fecha 3 de junio de 2016, mediante el cual, el juzgado de conocimiento, neg\u00f3 la solicitud de nulidad que propuso de manera incidental, por indebida notificaci\u00f3n;  y contra la providencia de 20 de octubre de 2016, proferida por el juez de segundo grado que confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, como juez constitucional de primera instancia, consider\u00f3 conculcadas las garant\u00edas fundamentales de la accionante, porque si de un lado, se advierte que las autoridades acusadas no se abstuvieron de realizar un an\u00e1lisis probatorio;  de otro lado, la interpretaci\u00f3n de las pruebas, llevan a concluir \u2013diferente a lo expuesto por los jueces de la causa-, que la ejecutante s\u00ed conoc\u00eda de la nueva residencia de la ejecutada y sin embargo, decidi\u00f3 reportar la anterior direcci\u00f3n de domicilio, y con ello, obr\u00f3 de mala fe.  <\/span><\/p>\n

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A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 porque consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la se\u00f1ora Esperanza Arciniegas de Rinc\u00f3n en el interrogatorio rendido ante el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga, manifest\u00f3, sin lugar a duda alguna, que, en el mes de noviembre de 2015, previo a la interposici\u00f3n de la demanda ejecutiva objeto de queja \u2013radicada el 11 de noviembre de 2015-, se dirigi\u00f3 a la vereda Tablanca del municipio de Piedecuesta y se entrevist\u00f3 con la se\u00f1ora Martha Leonor Esteban Cruz a fin de cobrar el dinero por aquella adeudado, quien le inform\u00f3 que permanecer\u00eda en esa residencia por problemas con uno de sus hijos  <\/span><\/p>\n

(\u2026) precisamente los problemas con el hijo de la tutelista hac\u00edan m\u00e1s remota la posibilidad de que \u00e9ste le remitiera el correo arribado al apartamento en cuesti\u00f3n. En otras palabras, todo indica que la ejecutante asalt\u00f3 la buena fe de la empresa de servicios postales y la del Juzgado, y aprovech\u00f3 los problemas familiares de la ejecutada para dejarla sin posibilidad de defenderse en el proceso ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. No obstante, revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo que se adelanta contra la accionante, la Sala advierte que el amparo solicitado es improcedente por cuanto los argumentos expuestos por los juzgadores de primera y segunda instancia, al resolver sobre la solicitud de nulidad, obedecieron a una interpretaci\u00f3n razonable de los medios demostrativos allegados al caso, sin que se evidencie una indebida valoraci\u00f3n probatoria.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed, que la oficina judicial de primer grado, luego de observar que la empresa de correo certific\u00f3 la entrega de las comunicaciones con la consigna que \u201cla persona a notificar si reside en la direcci\u00f3n aportada\u201d;  pas\u00f3 a examinar las pruebas, para abordar la queja consistente que la demandante ten\u00eda pleno conocimiento que la demandada no resid\u00eda en la direcci\u00f3n por ella denunciada en el escrito de demanda como recibo de notificaciones.  Al respecto, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe las pruebas testimoniales recepcionadas se puede concluir que si bien la se\u00f1ora Martha Leonor Esteban Cruz, no resid\u00eda en el lugar denunciado como lugar donde recibe notificaciones \u2013Calle 50 N\u00b0 27 A- 51 Apto. 602 Edificio San Diego Campestre de Bucaramanga- es cierto tambi\u00e9n que los mismos concuerda[n] en el hecho de que el apartamento referido es de propiedad de la citada demandada, adem\u00e1s, que la se\u00f1ora Esteban Cruz, nunca quiso que se supiera a donde se iba a vivir por problemas familiares, concretamente con su hijo.  Situaci\u00f3n que a todas luces revela que la \u00fanica direcci\u00f3n conocida es la que se menciona en todas las diligencias efectuadas para llevar a cabo su notificaci\u00f3n;  adem\u00e1s las diligencias fueron efectuadas debidamente y en ning\u00fan momento se mencion\u00f3 o se inform\u00f3 por parte de la empresa de correo certificado que la citada se\u00f1ora no viviera ah\u00ed.  <\/span><\/p>\n

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Quiere decir lo anterior que si la se\u00f1ora Martha Leonor Estaban cruz, no le interesaba que supieran su nueva direcci\u00f3n, la \u00fanica direcci\u00f3n que le aparec\u00eda vigente a la se\u00f1ora Esteban Cruz era la de la calle 50 N\u00b0 27 A- 51 Apto. 602 del Edificio San Diego de Bucaramanga, donde efectivamente se efectuaron las diligencias pertinentes con resultados positivos, luego considera este despacho que en ning\u00fan momento hubo violaci\u00f3n al debido proceso pues las etapas procesales se cursaron con arreglo a la Ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego, el operador judicial de segundo grado, en prove\u00eddo de 20 de octubre de 2016, verific\u00f3 que en efecto, las comunicaciones fueron recepcionadas en la direcci\u00f3n aportada en el escrito introductor, denunciada como de la demandada, conforme a las reglas previstas para el efectivo cumplimiento de dicha carga procesal.  <\/span><\/p>\n

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Superado lo anterior, paso a considerar:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora bien, el presente incidente de nulidad se centra espec\u00edficamente en que la notificaci\u00f3n no se surti\u00f3 en la direcci\u00f3n de residencia de la demandada y que su direcci\u00f3n real, por haberla mudado era conocida por la parte demandante.  <\/span><\/p>\n

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Frente a ello, basta con precisar que seg\u00fan el contenido literal del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad se\u00f1alada y el interesado allegue al proceso la copia de la comunicaci\u00f3n y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, proceder\u00e1 en forma inmediata a practicar la notificaci\u00f3n por aviso en la forma establecida en el art\u00edculo 320  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

De esta manera, que la demandante conociera otro sitio de notificaci\u00f3n de la demandada, a\u00fan la vivienda donde esta dice que resid\u00eda para el momento de la notificaci\u00f3n, no resultaba relevante, pues deb\u00eda informarla la parte actora en caso de que la primera notificaci\u00f3n que intentara resultara infructuosa, pero ello no ocurri\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la all\u00ed demandada, como gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a fin de ce\u00f1irse a los lineamientos legales, y as\u00ed formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, la accionante  no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la agencia judicial accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera le desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado estaba destinado al fracaso, por lo que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, se NIEGA la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente         STC2723-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00835-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99710","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99710\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}