{"id":99713,"date":"2026-06-25T19:15:03","date_gmt":"2026-06-25T19:15:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2726-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:15:03","modified_gmt":"2026-06-25T19:15:03","slug":"stc2726-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2726-2017\/","title":{"rendered":"STC2726-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2726-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00913-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingrid Lorena Parra Cabrera contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a los concursantes dentro de la Convocatoria No. 320 de 2014.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al acceso a cargos p\u00fablicos, petici\u00f3n, debido proceso (principios de confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica, buena fe y respeto al m\u00e9rito), igualdad y trabajo, que considera vulnerados por la entidad accionada, al no contabilizar su experiencia profesional como empleada en provisionalidad del Departamento para la Prosperidad Social, Regional Valle del Cauca, pese a estar debidamente certificada en la plataforma virtual dispuesta para aportar los documentos que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos para el cargo al cual aspira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se reconozca dicha trayectoria para efectos de su calificaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n y, en consecuencia, se le nombre como profesional especializado grado 15 en propiedad. [Folios 1-34, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante Acuerdo No. 524 de 2014, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil inici\u00f3 y reglament\u00f3 la convocatoria No. 320 del mismo a\u00f1o, para proveer los cargos de carrera del Departamento para la Prosperidad Social-DPS.  <\/span><\/p>\n

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2. La accionante se inscribi\u00f3 en el proceso de selecci\u00f3n, para el cargo de profesional especializado grado 15, el cual exig\u00eda \u00ab[d]iecis\u00e9is meses (16) de experiencia profesional relacionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. La etapa de cargue y recepci\u00f3n de documentaci\u00f3n tuvo lugar en el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre de 2014, lapso dentro del cual la quejosa aport\u00f3 certificaciones que daban cuenta de su desempe\u00f1o como contratista de la entidad a la cual aspiraba a ingresar en carrera.  <\/span><\/p>\n

4. El 6 de mayo de 2016, se publicaron los resultados de la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes, frente a los cuales la tutelante no estuvo de acuerdo, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 la correspondiente reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 17 de junio de 2016, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil respondi\u00f3 a la quejosa que \u00ab\u2026[e]l certificado aportado en el aplicativo a folio 11 no se tuvo en cuenta toda vez que no tiene relaci\u00f3n con las funciones del empleo al cual usted se postul\u00f3. (\u2026) [l]os contratos aportados a folios 13, 14, 15 y 17, ya descritos, no fueron objeto de puntuaci\u00f3n en la fase de valoraci\u00f3n de antecedentes, toda vez que \u00fanicamente se indica la fecha de iniciaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio sin poderse extraer la fecha de terminaci\u00f3n, por tal motivo es imposible para la Universidad tomar un dato exacto del tiempo cumplido, situaci\u00f3n que ser\u00eda diferente si se hubiese anexado el acta de liquidaci\u00f3n o terminaci\u00f3n del contrato, que permitir\u00eda verificar la ejecuci\u00f3n y cumplimiento del objeto contractual, como lo establece el art\u00edculo 19 del Acuerdo 524 del 2014, en el cual se plasma lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)  <\/span><\/p>\n

La experiencia acreditada mediante contratos de prestaci\u00f3n de servicios, deber\u00e1 ser soportada con la respectiva certificaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del contrato o mediante el acta de liquidaci\u00f3n o terminaci\u00f3n, precisando las actividades desarrolladas (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio de la peticionaria del amparo, la anterior respuesta vulnera sus derechos fundamentales invocados, porque desconoce que en los documentos que aport\u00f3 para acreditar los requisitos m\u00ednimos para acceder al cargo al que aspira de profesional especializado del Departamento para la Prosperidad Social, son id\u00f3neos para demostrar el tiempo de experiencia adquirido con cada uno de los contratos que tuvo con aquella entidad en \u00e9pocas anteriores.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, pretende el amparo constitucional, en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Cali admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de la convocada, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n de los dem\u00e1s interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil pidi\u00f3 desestimar el amparo por ausencia de conculcaci\u00f3n de los derechos invocados, pues ninguno de los contratos presentados por la aspirante como prueba de su experiencia profesional, \u00ab\u2026se encuentra soportado con la respectiva certificaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n de cada contrato o acta de liquidaci\u00f3n de los mismos, que permitieran establecer si los contratos fueron ejecutados en su totalidad o parcialmente y, en consecuencia, cuantificar el tiempo de experiencia, motivo por el cual no fueron tenidos en cuenta para otorgar puntuaci\u00f3n en la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes, pues validarse los mismos estar\u00eda en contraposici\u00f3n de las normas de la convocatoria y otorg\u00e1ndosele un trato desigual respecto del universo de aspirantes que presentaron su documentaci\u00f3n cumpliendo a cabalidad con las reglas establecidas en el concurso de m\u00e9ritos.\u00bb [Folios 108-129, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, puso de presente que carece de la disponibilidad presupuestal para acatar una orden como la que la promotora del amparo reclama y, acto seguido, argument\u00f3 su ilegitimada por pasiva en el tr\u00e1mite, toda vez que las actuaciones cuestionadas no provienen de esa instituci\u00f3n. [Folios 133-163, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Universidad Manuela Beltr\u00e1n solicit\u00f3 denegar el resguardo por improcedente, dado su car\u00e1cter residual y excepcional y porque \u00ab\u2026los t\u00e9rminos para que adelantara la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que determin\u00f3 el puntaje en la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes en el marco de la Convocatoria 320 de 2014 \u2013 DPS, ya prescribieron, toda vez que la publicaci\u00f3n de tal actuaci\u00f3n se efectu\u00f3 y notific\u00f3 el 17 de junio de 2016 a la demandante, por ende, los cuatro (4) meses de que trata el art\u00edculo 138 de Ley 1437 de 2011 se agotaron el 17 de octubre de 2016.\u00bb [Folios 226-294, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En fallo de 13 de enero de 2017, el Tribunal deneg\u00f3 el amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues, dijo, la accionante puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a debatir la legalidad del acto administrativo por medio del cual se resolvi\u00f3 la reclamaci\u00f3n contra la calificaci\u00f3n de los antecedentes. [Folios 303-304, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el anterior fallo, la accionante la impugn\u00f3, basada en que no fueron analizados sus argumentos \u00ab\u2026acerca de la conducta omisiva por parte de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n (\u2026) adem\u00e1s de los antecedentes jurisprudenciales respecto a la misma materia\u2026\u00bb [Folios 309-311, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Los concursos de m\u00e9ritos son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que es objeto de estudio, de entrada, se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues la tutelante pretende desconocer el requisito que viene de comentarse, toda vez que no hizo uso del mecanismo judicial ordinario con que contaba para hacer valer los derechos fundamentales que estima conculcados.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos que regulan el concurso de m\u00e9ritos en el que se inscribi\u00f3 la accionante e, incluso, los adoptados al interior de tal proceso de selecci\u00f3n, y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas superiores, debi\u00f3 suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Era en tal escenario dise\u00f1ado por el legislador, en donde la peticionaria del amparo pod\u00eda debatir la legalidad de la calificaci\u00f3n final del componente \u00abvaloraci\u00f3n de an\u00e1lisis de antecedentes\u00bb, espec\u00edficamente, en lo que tiene que ver con el factor de la experiencia, dentro del proceso de selecci\u00f3n realizado para proveer las vacantes en el Departamento de la Prosperidad Social.  <\/span><\/p>\n

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Resulta entonces ostensible que, si la promotora del amparo no agot\u00f3 los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento legal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural, de haber sido promovido el medio de control se\u00f1alado, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificaci\u00f3n del acto censurado, tal como lo exige el literal \u201cd\u201d del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 164 de la Ley 1437 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Particularmente se ha dicho que, en seguimiento del Decreto 2591 de 1991, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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4. Aunado a lo anterior, se reitera que dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

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Entonces, con la finalidad de rebatir una decisi\u00f3n de las anotadas caracter\u00edsticas, no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb 3, m\u00e1xime cuando ya feneci\u00f3 el t\u00e9rmino para acudir a la justicia administrativa en pro de un pronunciamiento definitivo frente a la controversia.  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de 20 de febrero de 2013, exp. 2012-00100-01.     <\/span><\/p>\n

2 Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.    <\/span><\/p>\n

3 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.      <\/span><\/p>\n

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