{"id":99716,"date":"2026-06-25T19:15:34","date_gmt":"2026-06-25T19:15:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2733-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:15:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:15:34","slug":"stc2733-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2733-2017\/","title":{"rendered":"STC2733-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2733-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el  Banco Comercial AV Villas S.A., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, integrada por los Magistrados Marcos Rom\u00e1n Gu\u00edo Fonseca,  Jhon Freddy Saza Pineda y Ram\u00f3n Alfredo Correa Ospina, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco y las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia No. 2009-00147.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1.  El apoderado judicial de la entidad accionante, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como al principio de la primac\u00eda del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n convocada \u00abal haber dejado desamparados en juicio los derechos adquiridos por parte del BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. conforme a la ley y garantizados por la Constituci\u00f3n Nacional, por un EXCESIVO RITUAL MANIFIESTO (Sentencia T-268\/2010 Corte Constitucional), derivado de una renuncia consciente a la verdad jur\u00eddica evidente en la resoluci\u00f3n de los solicitado en la Acci\u00f3n Reivindicatoria impetrada con la contestaci\u00f3n de la demanda del mencionado proceso de pertenencia, que hubiese podido ser superada con el ejercicio de facultades oficiosas en materia probatoria\u00bb, en el proceso de pertenencia que en su contra y de personas indeterminadas instaur\u00f3 Rafael Enrique Puente Maldonado (f. 46).  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior pide, (i) que se deje sin efecto \u00abel ordinal TERCERO de la parte RESOLUTIVA de la sentencia\u00bb de segunda instancia proferida el 18 de agosto de 2016, \u00aben lo que respecta a la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta en la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abORDENAR al Tribunal (\u2026) que obtenga del Juzgado Tercero (3o) Civil del Circuito de Cartagena la remisi\u00f3n de una copia del Auto Aprobatorio de la Diligencia de Adjudicaci\u00f3n del inmueble identificado como lote de terreno que hace parte del lote 21, de parcelaci\u00f3n Los Naranjos, en Turbaco- Bol\u00edvar e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-105829 obrante dentro del proceso hipotecario del BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. en contra de FRANCISCO NOCETI QUIROGA y de fecha once (11) de Mayo de 2005 o para que a juicio de esa Corporaci\u00f3n corrobore la autenticidad de las copias que obran en el expediente de dicha providencia u obtenga una copia de tal t\u00edtulo de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena\u00bb, (sic) y (iii) \u00abORDENAR al Tribunal Superior del Distrito de Cartagena que, en un t\u00e9rmino razonable, profiera nuevamente el fallo que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el reivindicante en demanda de reconvenci\u00f3n, atendiendo las directrices se\u00f1aladas por este Tribunal Constitucional, y con base en la prueba obtenida conforme al punto anterior\u00bb (ff. 61 y 62, may\u00fascula y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce, que el Banco accionante adquiri\u00f3 en la venta forzosa realizada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060 – 105829, el cual fue debidamente inscrito al folio respectivo en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena el 28 de septiembre de 2006.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que posteriormente y sobre el mismo predio, Rafael Enrique Puente Maldonado promovi\u00f3 proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n agraria, del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco ante quien present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n reivindicatoria de dominio alegando ser el titular de dominio del bien y catalogando la posesi\u00f3n demandada como viciosa y de mala fe; adelantado el tr\u00e1mite, el a quo acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y neg\u00f3 las de mutua petici\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y confirm\u00f3 el Tribunal el 18 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que la Corporaci\u00f3n acusada, \u00absacrificando la verdad material y ateni\u00e9ndose a un excesivo formalismo\u00bb, decidi\u00f3 desconocer la prueba de la adjudicaci\u00f3n forzada a favor del Banco AV Villas, obrante en el expediente, \u00abcon el argumento de que la copia del auto adjunta, no posee la firma del secretario, aunque posea el sello del mismo\u00bb, presentada la sentencia atacada dos defectos fundamentales, el procedimental por excesivo ritual manifiesto y el f\u00e1ctico por omisi\u00f3n, por tener la facultad de decretar la prueba y no hacerlo por razones injustificadas, decisi\u00f3n que por su cuant\u00eda no puede ser impugnada en casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente afirma que, el Tribunal \u00abemiti\u00f3, de manera consciente, un fallo totalmente alejado de la realidad, al desestimar las pretensiones reivindicatorias de mi poderdante, siendo este el titular del derecho real de dominio sobre el bien objeto de la Litis y, por ende, titular de la acci\u00f3n reivindicatoria para recuperar la posesi\u00f3n su bien\u00bb (ff. 46 a 64).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

Uno de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite del proceso de prescripci\u00f3n agraria de Rafael Enrique Puente Maldonado contra el Banco Comercial AV Villas S.A. y personas desconocidas e indeterminadas, se opuso al amparo y manifest\u00f3 que en el fallo cuestionado proferido el 18 de agosto de 2016 el Tribunal dej\u00f3 suficientemente esclarecido los motivos por los cuales no prosperaba la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n, ni la reivindicatoria.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abcontrario a lo aducido por el accionante, el despacho fue persistente en la aplicaci\u00f3n del decreto de pruebas de oficio, a efectos de hacer efectivo el derecho sustancial, tanto que mediante autos de 8 de septiembre de 2015 (decreto de prueba de oficio) y sus respectivos requerimientos de 19 de octubre y 24 de noviembre de 2015, 22 de enero, 25 de febrero, 6 de abril, 11 de mayo, y 3 de junio de 2016 se hizo uso de lo misma\u00bb, y adem\u00e1s se aplic\u00f3 la norma procesal pertinente al caso, puesto que \u00abel presentar copias en debida forma no era una carga imposible de cumplir, era una obligaci\u00f3n del actor, igualmente no se trat\u00f3 de un rigorismo procedimental\u00bb (ff. 82 y 83, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, pues en sentir del apoderado del Banco Comercial AV Villas, en ella se incurri\u00f3 en causales de procedibilidad por defectos  procedimental y f\u00e1ctico.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n atacada, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco el 4 de marzo de 2015 que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por el Banco demandado y neg\u00f3 las pretensiones incoadas en la demanda de reconvenci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de pertenencia incoadas por Rafael Enrique Puente Maldonado contra el Banco Comercial AV Villas S.A. (ff. 20 a 30), apelada por la entidad crediticia, la revoc\u00f3 la Corporaci\u00f3n acusada y neg\u00f3 tanto las pretensiones de la acci\u00f3n de pertenencia como las formuladas a trav\u00e9s de la demanda de reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, en relaci\u00f3n con lo puntualmente alegado en la queja constitucional, el fundamento de la argumentaci\u00f3n del Tribunal para concluir que no prosperaba la acci\u00f3n reivindicatoria fue que no estaban acreditados los presupuestos de la misma para demostrar el dominio sobre el inmueble, el t\u00edtulo y el modo, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 745 y 756 del C\u00f3digo Civil, en raz\u00f3n de que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la reivindicante pretende aportar como t\u00edtulo la adjudicaci\u00f3n del bien efectuada por Ministerio de la Justicia, lo que se ha entendido como una venta forzada, en esa justa medida, debi\u00f3 partir por aportar el original o la copia autentica del t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, a voces del numeral primero del art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, son dos los supuestos que se deben estructurar para que la copia tenga el mismo valor que su original: i) que el juez donde se encuentra el original o la copia autenticada lo ordene y, ii) que sean autorizadas por el secretario  de la oficina judicial. En el asunto bajo examen, no reposa la solicitud de parte de expedici\u00f3n de copias aut\u00e9nticas, menos el auto del Juez Tercero Civil del Circuito de Cartagena que las hubiera ordenado, al igual que se omite la atestaci\u00f3n del secretario del despacho sobre la coincidencia con el original o las copias aut\u00e9nticas, tal cual lo refiere el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 115 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el decir: \u00ablas copias aut\u00e9nticas requerir\u00e1n auto que las ordene y la firma del secretario\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En las copias aportadas con la contestaci\u00f3n aparece un sello de la secretar\u00eda, que para nada puede tomarse como autenticaci\u00f3n, habida cuenta que el secretario debe dejar anotaci\u00f3n precisa, clara e inequ\u00edvoca de que las coplas coinciden con el original y convalidarlas con su firma, am\u00e9n de hacer alusi\u00f3n al auto que las ordena, en forma expresa\u00bb (ff. 31 a 45).  <\/span><\/p>\n

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La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normativa y en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, lo cual no es arbitrario, en especial cuando, y contrario a lo afirmado por el apoderado de la accionante, se demostr\u00f3 el esfuerzo de la mencionada Corporaci\u00f3n en buscar la verdad material de los hechos, en tanto hizo uso de sus facultades oficiosas puesto que en auto de 8 de septiembre de 2015 orden\u00f3 evacuar, entre otras, las siguientes pruebas \u00abOficiar al Juzgado tercero Civil el Circuito de Cartagena, para que a costas de la parte demandada aporte copias aut\u00e9nticas del proceso ejecutivo hipotecario de la CORPORACION DE AHORRO Y \u00abVIVIENDA AHORRAMAS HOY BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. contra FRANCISCO NOCETI QUIROGA, radicada najo el n\u00famero 28.957\u00bb (fl 84), petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 19 de octubre y 24 de noviembre de 2015, el 22 de enero, 25 de febrero, 6 de abril, 11 de mayo, y 3 de junio de 2016 (ff. 85 a 91), adem\u00e1s, y como lo afirm\u00f3 el Magistrado ponente en su respuesta a este amparo, \u00abel presentar copias en debida forma no era una carga imposible de cumplir, era una obligaci\u00f3n del actor, igualmente no se trat\u00f3 de un rigorismo procedimental\u00bb (f. 83).  <\/span><\/p>\n

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4. Por otra parte, la Corte encuentra que el enteramiento del auto mediante el cual el Tribunal accionado ejerci\u00f3 las facultades oficiosas se dio con arreglo a lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y al respecto cabe recordar, que es deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, y en cuanto a la prueba documental allegada a un litigio en fotocopia, la valoraci\u00f3n probatoria alegada coincide con el criterio expuesto por esta Sala, antes de entrar en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, que reiter\u00f3 \u00ablas copias simples o informales, (\u2026) carecen de m\u00e9rito probatorio\u00bb, sin que aparezca evidenciada la fuerza argumentativa suficiente para cambiar en ese momento procesal la doctrina, de manera que la queja, en el estudio actual, aparece como una mera disparidad conceptual.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la presunci\u00f3n de autenticidad de las copias simples que se\u00f1ala el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 252, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, s\u00f3lo es aplicable si se trata de documentos que se aportan en original o en copias que cumplan con los requisitos se\u00f1alados en los art\u00edculos 254 y 268 del estatuto adjetivo. De manera que el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010 no equipar\u00f3 el valor de las copias simples al del documento original, ni derog\u00f3 las exigencias contempladas en los art\u00edculos 254 y 268 del ordenamiento procesal; por lo que no tiene ning\u00fan sentido afirmar algo distinto, pues si el legislador as\u00ed lo hubiera querido, le habr\u00eda bastado con eliminar del ordenamiento procesal las normas que imponen los aludidos requisitos o, simplemente, habr\u00eda preceptuado que las copias informales tienen para todos los efectos legales el mismo valor que el original, lo que, evidentemente, no ha hecho. De todo lo expuesto se concluye que las copias simples o informales carecen de todo valor probatorio, como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9ritas decisiones; por lo que dictar una sentencia con fundamento en esa especie de documentos constituye, evidentemente, una violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb (STC, 7 jun. rad. 2012\u20131083-00, reiterado en STC518-2014, STC5451-2016 y citado en STC7181-2016, 1\u00ba jun rad. 01414-00).  <\/span><\/p>\n

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6.        Igualmente ha precisado la Sala en diferentes pronunciamientos, que este medio extraordinario no puede ser empleado a manera de una instancia adicional a los tr\u00e1mites desarrollados en el marco de los procesos adelantados ante los jueces ordinarios, ya que no fue concebido como un mecanismo de impugnaci\u00f3n, pues los recursos surtidos ante las dem\u00e1s jurisdicciones tienen como objetivo, por regla general, revisar las actuaciones, interpretaciones y argumentos, sin que pueda provocarse un examen m\u00e1s por la constitucional, pues se atentar\u00eda de esta manera contra la funci\u00f3n judicial que se caracteriza por la autonom\u00eda e independencia de los jueces.  <\/span><\/p>\n

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7.  En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC2733-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el  Banco Comercial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}