{"id":99718,"date":"2026-06-25T19:15:57","date_gmt":"2026-06-25T19:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2735-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:15:57","modified_gmt":"2026-06-25T19:15:57","slug":"stc2735-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2735-2017\/","title":{"rendered":"STC2735-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2735-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00428-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Olga Patricia y Grace Andrea Cobo Betancourt, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, integrada por los Magistrados Orlando Quintero Garc\u00eda, B\u00e1rbara Liliana Talero Ortiz y Mar\u00eda Patricia Balanta Medina, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso de simulaci\u00f3n No. 2013-00071.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1.  Las interesadas actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada, con la sentencia proferida el 26 de julio de 2016, la que piden que se deje sin valor y efectos.  <\/span><\/p>\n

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Como medida previa, solicitan la suspensi\u00f3n \u00abde la providencia judicial mediante los cuales se ha vulnerado los derechos fundamentales de las accionantes\u00bb (ff. 87 y 88).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce, que Omar Alberto Montoya Chalarca promovi\u00f3 en contra de sus representadas, proceso ordinario de simulaci\u00f3n absoluta de los contratos de compraventa del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 384-104564, contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 0712 de 30 de abril de 2012, y 690 de 27 de marzo de 2013, del que conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tulu\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que como en el tr\u00e1mite se determin\u00f3 a trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n de terceros y seg\u00fan los documentos allegados que no se present\u00f3 la simulaci\u00f3n reclamada, el a quo profiri\u00f3 sentencia el 31 de marzo de 2014 en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abinexistencia de la simulaci\u00f3n\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada revoc\u00f3 el Tribunal el 26 de julio de 2016, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, \u00abproducido por la falta de valoraci\u00f3n y\/o valoraci\u00f3n arbitraria de las pruebas o elementos de juicio aportados al proceso, los cuales demuestran la celebraci\u00f3n de contrato de compraventa venta de inmueble que se llev\u00f3 a entre la accionante y el se\u00f1or MONTOYA CHALARCA, y el pago del precio de la venta del bien inmueble por parte de la compradora\u00bb (ff. 76 a 90).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El Magistrado Ponente de la sentencia atacada que finiquit\u00f3 la segunda instancia, puso de presente que en tal decisi\u00f3n no se aprecia el defecto que se le atribuye (f. 100).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2.  En ese orden, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende el postulado de la oportunidad que viene de comentarse, dado que las accionantes cuestionan la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de julio de 2016 (ff. 23 a 60), y cuando la solicitud de protecci\u00f3n se present\u00f3 el 20 de febrero de 2017 (f. 76), hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para promover el mecanismo constitucional (6 meses).  <\/span><\/p>\n

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3.  Adicionalmente, y aun acept\u00e1ndose en gracia de discusi\u00f3n que el anterior presupuesto no se encuentra atendido, basta decir que contrario a lo afirmado por el apoderado judicial de las actoras, las copias allegadas a este tr\u00e1mite permiten observar a la Corte que no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del Tribunal accionado, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia reservada para casos de evidente desafuero judicial.   <\/span><\/p>\n

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Para ello basta ver, que en la sentencia de segunda instancia y en cuanto a lo que es objeto de reclamo, la Corporaci\u00f3n acusada luego de examinar en conjunto las pruebas allegadas – documental, pericial  y testimonial – invalid\u00f3 la sentencia de primera instancia al concluir, seg\u00fan el an\u00e1lisis probatorio que realiz\u00f3, que la existencia de la simulaci\u00f3n en la modalidad de absoluta alegada por la parte demandante, se demostr\u00f3; que en la celebraci\u00f3n del mismo, no hubo intenci\u00f3n de Omar Alberto Montoya Chalarca de vender y por parte de Olga Patricia Cobo Betancourt tampoco de comprar, ni de adquirir el derecho de dominio y posesi\u00f3n del mismo; no medi\u00f3 desembolso de dinero alguno, ni exist\u00eda capacidad econ\u00f3mica en la demandada que le permitiera adquirir el bien; no hubo entrega material del inmueble; es ficticio por el valor irrisorio de la compraventa, y porque nunca se pag\u00f3 el real precio del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Asever\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, que el a quo err\u00f3 al no entrar a examinar los pormenores y circunstancias que precedieron la celebraci\u00f3n del contrato de la venta atacado, en tanto que si bien entre \u201c(\u2026) OMAR ALBERTO MONTOYA CHALARCA y OLGA PATRICIA COBO BETANCOURT se firm\u00f3 una promesa de compraventa del inmueble aqu\u00ed disputado, el d\u00eda 17 de marzo de 2012, por la suma de $ 70.000.000.oo, pagaderos, $ 35.000.000.oo en la misma fecha del pacto y los restantes $ 35.000.000.oo al tiempo del otorgamiento de la escritura correspondiente (\u2026) en la escritura P\u00fablica No. 712 de abril 30 de 2012 extendida en la Notar\u00eda Segunda de Tulu\u00e1 Valle, las citadas personas documentaron la compraventa del lote de terreno arriba citado, con los linderos all\u00ed descritos, por la suma de $41.475.000, declar\u00e1ndose que el dinero hab\u00eda sido recibido en el acto, sin embargo, la demandada OLGA PATRICIA confes\u00f3 en el interrogatorio de parte que el pago se hizo de forma diferente, que no le entreg\u00f3 dinero al vendedor, sino a JUAN CARLOS MONTOYA CHALARCA\u00bb, hermano del vendedor y novio de la demandada Olga Patricia Cobo Betancourt quien adelant\u00f3 las diligencias tanto para la promesa como para la escritura de compraventa, \u00abde tal forma que los contratantes solo acudieron a firmar los respectivos documentos, sin cerciorarse cabalmente del contenido de los mismos. Estos hechos est\u00e1n admitidos por estas las partes, especialmente en los interrogatorios por ellas absueltos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que luego del fallecimiento de Juan Carlos Montoya Chalarca acaecido en Tulu\u00e1 el 21 de marzo de 2013, Olga Patricia, el 27 de ese mes y a\u00f1o por escritura p\u00fablica No. 690 de la Notar\u00eda Tercera de Tulu\u00e1, \u00abante el requerimiento del se\u00f1or Omar Alberto para que le devolviera los t\u00edtulos\u00bb, le vende a su hermana Grace Andrea Cobo Betancourt, el predio por la suma de $ 42\u2019800.000 declarada como recibida en el acto en dinero efectivo, y el 8 de abril de 2013, Olga Patricia promovi\u00f3 demanda de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes frente a los sucesores de Juan Carlos Montoya Chalarca, y de otra parte, el 24 de abril de ese a\u00f1o, Olga Patricia en compa\u00f1\u00eda de su hermana Grace Andrea, \u00abhizo presencia en el bien, rompi\u00f3 el candado con el que se aseguraba la puerta de acceso, le puso un nuevo cerrojo y le entreg\u00f3 la llave a la \u00faltima nombrada, hecho confesado en el interrogatorio de parte\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ratific\u00f3 a continuaci\u00f3n que de los hechos, probados y admitidos por ambas partes en el curso del proceso, \u00abse desprenden plurales, concordantes y convergentes indicios, que llevan a la Sala a la convicci\u00f3n que los negocios jur\u00eddicos cuestionados, ciertamente fueron simulados, como pasa a escrutarse a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica, con \u00e9nfasis en las reglas de la experiencia\u00bb en tanto que:  <\/span><\/p>\n

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En la compraventa celebrada entre Omar Alberto Montoya Chalarca y Olga Patricia Cobo Betancourt, \u00abNo luce serio y sincero un negocio jur\u00eddico en el cual las partes que lo ajustan, sin conocer mayores detalles, ni haber realizado interlocuci\u00f3n previa en cuanto a la cosa, el precio, la forma de pago, etc., solo acuden a firmar la documentaci\u00f3n preparada y organizada por un tercero. Es este evento, seg\u00fan qued\u00f3 expuesto en sendos interrogatorios de parte, OMAR ALBERTO y OLGA PATRICIA, hecho incluso reconocido en la sentencia de primer grado, nunca se reunieron, ni concertaron la negociaci\u00f3n, puesto que los pormenores de la actuaci\u00f3n los plane\u00f3 JUAN CARLOS, a la saz\u00f3n hermano del primero y novio de la segunda\u00bb; que, adem\u00e1s, el precio de la compraventa declarado en la escritura $41\u2019475.000 es claramente \u00ednfimo, comparado con el valor comercial del inmueble $ 184\u2019.682.750 conocido a trav\u00e9s de la prueba pericial no cuestionada por las partes; que de otra parte, \u00abEl vendedor no recibi\u00f3 el precio de la venta, dado que la declaraci\u00f3n que se plasm\u00f3 en la escritura p\u00fablica en el sentido de haberse cancelado en el acto y en efectivo, fue desmentida por la propia demanda, quien a la pregunta de si le hab\u00eda entregado dinero directamente al se\u00f1or OMAR ALBERTO MONTOYA CHALARCA, respondi\u00f3: \u00abYo no le entregaba a \u00e9l, le entregaba su hermano JUAN CARLOS\u201d\u00bb, y de otra parte, \u00abNo se acredit\u00f3 que la compradora OLGA PATRICIA hubiere recibido el inmueble, ni que ejerciere actos de dominio sobre el mismo (\u2026) Y lo anterior se confirma, si se para mientes en el hecho asaz diciente que a la muerte de JUAN CARLOS, las llaves del inmueble quedaren en poder de OMAR ALBERTO, lo cual es apenas natural teni\u00e9ndose en cuenta que era el verdadero due\u00f1o del bien. Situaci\u00f3n que llev\u00f3 a que, sin mediar autorizaci\u00f3n, de forma arbitraria, la demandada forzara la cerradura y le pusiera otra. Ello explica tambi\u00e9n, por qu\u00e9 a pesar de que la demandada no viviese en el entorno en donde se encuentra ubicado el inmueble que dijo comprar, manifest\u00f3 no haber contratado ni pagado la vigilancia de la obra en construcci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, en cuanto a la capacidad econ\u00f3mica de la demandada encontr\u00f3 en las pruebas documentales, testimoniales, as\u00ed como en el interrogatorio de parte que \u00e9sta absolvi\u00f3, \u00abLa causa simulandi consiste en la necesidad que ten\u00eda la demandada OLGA PATRICIA COBO BETANCOURT de exhibir ante su fondo de cesant\u00edas una compraventa como requisito para retirar el monto de su prestaci\u00f3n social (\u2026) la capacidad econ\u00f3mica de la demandada OLGA PATRICIA para la compra no qued\u00f3 suficientemente acreditada, puesto que la \u00fanica prueba fehaciente de ella es que realiz\u00f3 el retiro de sus cesant\u00edas -$ 13.329.000.oo- con base en la negociaci\u00f3n para entonces proyectada, suma muy inferior a la de la promesa de venta -$ 70.000.000.oo- y a aquella que en \u00faltimas se hizo figurar en la escritura -$ 41.475.000.oo-. Y del restante rubro que dijo entregarle a su novio -$ 5.000.000.oo- de su prima, de un lado no hay evidencia que ello haya ocurrido as\u00ed, y de otro lado, la fecha en la cual se afirma recibi\u00f3 la cifra y la entreg\u00f3 -diciembre de 2011 – no coincide con la data de la promesa y de la escritura -17 de marzo y 30 de abril de 2012-, diferencia en el tiempo que aplica igualmente para la cantidad de dinero que afirma la actora invirti\u00f3 su novio en la negociaci\u00f3n proveniente de un dinero que le hab\u00eda reconocido Coomeva S.A. -$ 40.596.422.oo- para el 29 de diciembre de 2011, a lo cual se agrega que esta aseveraci\u00f3n est\u00e1 soportada en una copia simple desprovista de certeza de autenticidad y autor\u00eda, que no puede ser valorada \u2013 art. 254 C.P.C.-. Y es que, ni sumando los rubros antes se\u00f1alados se alcanza el guarismo de $ 90.000.000.oo aproximado que informa la demandada se invirtieron entre la compra y las mejoras que dijo hab\u00e9rsele realizado el inmueble – $ 41.475.000.oo en la compra del bien y $ 50.000.000.oo en mejoras-. Tampoco luce acorde con las reglas de la experiencia que una persona que destina todos sus recursos econ\u00f3micos a una inversi\u00f3n importante, no sepa concretamente cu\u00e1l fue el monto total de la inversi\u00f3n – $40 y 50 millones de pesos manifest\u00f3-, ni las obras que se realizaron. -F. 482 y ss. C. No. 1-.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Concluy\u00f3 entonces, \u00abQuedando derribados los sustentos de la decisi\u00f3n de primera instancia, m\u00e1s, analizada la prueba en su conjunto, ninguna duda le queda al Tribunal en torno a que los dos negocios enjuiciados fueron absolutamente simulados, y por esa raz\u00f3n la sentencia de primer grado habr\u00e1 de ser revocada integralmente\u00bb (ff. 23 a 60).  <\/span><\/p>\n

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4.  Bajo el contexto que viene de verse, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener, no se advierte un proceder caprichoso por parte del Tribunal accionado, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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5.        Adem\u00e1s, como la pretensi\u00f3n ataca la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas intentando que mediante esta v\u00eda extraordinaria se dirima la controversia que plantean las solicitantes frente a la Corporaci\u00f3n accionada respecto del asunto, encuentra la Sala improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada apreciaci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.  <\/span><\/p>\n

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\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, y STC17828-2016, y STC2321-2017, 22 feb. rad. 00299-00 entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

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6.  En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC2735-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00428-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}