{"id":99719,"date":"2026-06-25T19:16:02","date_gmt":"2026-06-25T19:16:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2736-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:16:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:16:02","slug":"stc2736-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2736-2017\/","title":{"rendered":"STC2736-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2736-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00345-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elena Matabanchoy Jojoa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los Magistrados Juan Manuel D\u00famez Arias, Jaime Londo\u00f1o Salazar y Germ\u00e1n Octavio Rodr\u00edguez Vel\u00e1squez, as\u00ed como frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite a que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio No. 2015-00253.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La solicitante obrando directamente, alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la propiedad, a la posesi\u00f3n, y a la equidad, presuntamente quebrantados por las autoridades judiciales accionadas al negarle \u00abla declaraci\u00f3n de pertenencia\u00bb y las mejoras del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, pide que se revoque la sentencia de segunda instancia de 16 de noviembre de 2016, y en consecuencia, se ordene al Tribunal que \u00abdisponga que dicho inmueble fue adquirido por la se\u00f1ora MARIA ELENA MATABANCHOY JOJOA, por PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, por encontrarse en POSESION, QUIETA TRANQUILA, CON ANIMO DE SE\u00d1OR Y DUE\u00d1O POR MAS DE DIEZ A\u00d1OS (10) como lo dispone la ley, el art\u00edculo 2522 del C. C, modificado por la ley 791 de 2002\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Requiere igualmente que \u00abse decrete que las decisiones proferidas por El Tribunal Superior Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia de fecha 16 de Noviembre de 2016, y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, fueron decididas por v\u00edas de hecho y violaron la Ley civil de la Rep\u00fablica de Colombia, que regulan la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a favor del poseedor, el C\u00f3digo Civil Colombiano, art\u00edculos 762 y ss, art\u00edculos 2512 y ss y las jurisprudencias reiteradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Agraria, que se encuentran al respecto\u00bb (sic) (ff. 26 y 27).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar su reparo, expone en s\u00edntesis,  que Lisandro Miranda Palencia promovi\u00f3 en su contra proceso reivindicatorio tendiente a recuperar la posesi\u00f3n material de un lote de terreno con las dos casas de habitaci\u00f3n construidas, ubicado en la vereda Bojaca jurisdicci\u00f3n del Municipio de Ch\u00eda identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20330737, del que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo  Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, quien en sentencia accedi\u00f3 a las pretensiones, no obstante que, cuando se instaur\u00f3 la demanda \u00abten\u00eda m\u00e1s de ONCE (11) A\u00d1OS como poseedora, estaba amparado por la ley 791 de 2002 que apenas exige 10 a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal el 16 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que los accionados incurrieron en v\u00eda de hecho porque no valoraron \u00aba la luz de la sana cr\u00edtica\u00bb las pruebas que obran en el expediente; desconocieron las Leyes 791 de 2002 y 89 de 1990, y adem\u00e1s \u00abNo fueron tasadas las mejoras realizadas al inmueble, los da\u00f1os y perjuicios causados\u00bb (ff. 16 a 19 y 24 a 27).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.   Examinada la queja formulada, se encuentra que la tutelante reprocha la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 16 de noviembre de 2016, por la cual decidi\u00f3 confirmar la del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 de 7 de junio de 2016 (ff. 39 y 49 a 55).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, observa la Sala que el amparo reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que examinado el fallo atacado, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, porque el Tribunal accionado examin\u00f3 razonablemente la actuaci\u00f3n, lo cual descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad.  <\/span><\/p>\n

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2.1 En efecto, los documentos allegados permiten apreciar que Lisandro Miranda Palencia demand\u00f3 a Mar\u00eda Elena Matabanchoy Jojoa pretendiendo que se le ordenara restituirle el 68,5% del inmueble, – porcentaje debidamente determinado y alinderado – que ella posee, ubicado en la vereda Bojac\u00e1, en jurisdicci\u00f3n del municipio de Ch\u00eda, denominado \u00abLote No 1\u00bb, e identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20330737 y para el efecto aleg\u00f3 \u00e9l era su propietario, por haberlo comprado a Mar\u00eda Myriam Franco mediante escritura p\u00fablica No 2329 de 11 de noviembre de 2014, igualmente reclam\u00f3 que se declarara a la demandada poseedora de mala fe, y se le condenara a pagar los frutos naturales o civiles, percibidos y los que el due\u00f1o hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, desde el momento en que inici\u00f3 la posesi\u00f3n el 9 de febrero de 2012 cuando la demandada dej\u00f3 de pagar arriendo a la propietaria Myriam Franco, aduciendo que no era ella quien le hab\u00eda arrendado el inmueble sino Luis Alfredo Gonz\u00e1lez Ch\u00e1vez, reput\u00e1ndose p\u00fablicamente due\u00f1a de esa parte del predio, sin serlo, y hasta la entrega de la cuota del inmueble del que se encuentra privado de la posesi\u00f3n que pretende reivindicar.  <\/span><\/p>\n

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2.2  La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el 27 de agosto de 2015, y notificada la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Matabanchoy Jojoa contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones porque afirm\u00f3 haber vivido en el inmueble junto a su familia desde el 2 de abril de 2000 y que jam\u00e1s tuvo un contrato de arrendamiento Myriam Franco; propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abPrescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio\u00bb y \u00abel contrato de arriendo a que tanto hace menci\u00f3n el demandante hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por mandato de la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.3  Adelantado el tr\u00e1mite, el a quo en sentencia de 7 de junio de 2016, declar\u00f3 la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria y no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, ordenando a la demandada la restituci\u00f3n del bien objeto de litigio y cancelar al actor la suma de $2\u2019595.526 por concepto de frutos civiles, fallo que apelado por el apoderado de la se\u00f1ora Matabanchoy Jojoa confirm\u00f3 el Tribunal el 16 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.4 Para resolver de la manera criticada, la Corporaci\u00f3n accionada se ocup\u00f3 de los argumentos contenidos en el escrito de apelaci\u00f3n, de lo dispuesto en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, memor\u00f3 los elementos que deben ser acreditados para la prosperidad de la acci\u00f3n intentada en la demanda y los de la posesi\u00f3n, puntualizando:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablo que resulta trascendente en la definici\u00f3n de la alzada es determinar a partir de qu\u00e9 momento puede considerarse que ejerce posesi\u00f3n la demandada, pues la condici\u00f3n de ser propietario inscrito del bien no siempre es suficiente para destronar la posesi\u00f3n del demandado y dar paso a la pretensi\u00f3n de dominio\u00bb, y en este sentido determin\u00f3, \u00abPara el demandante, la posesi\u00f3n de la demandada inici\u00f3 desde el 9 de febrero de 2012, cuando se neg\u00f3 a pagar el canon de arrendamiento sobre el inmueble a la propietaria Myriam Franco, aludiendo que no era ella quien le hab\u00eda arrendado sino el se\u00f1or Luis Alfredo Gonz\u00e1lez Ch\u00e1vez, reput\u00e1ndose entonces due\u00f1a de la parte del predio, lo que permite inferir que ocupaba con anterioridad en el inmueble a t\u00edtulo de arrendataria\u00bb, mientras que la demandada \u00abesgrime que ocupa el bien con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a desde el 2 de abril de 2000, en virtud de la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito con el anterior propietario, pues respecto del nuevo contrato nunca cancel\u00f3 el canon de arrendamiento pactado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Para dilucidar el asunto, se ocup\u00f3 de analizar las pruebas obrantes en el proceso, tales como el interrogatorio de parte de la demandada, los testimonios recibidos, la prueba trasladada \u00abde un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en contra de aquella inici\u00f3 su anterior propietaria Mar\u00eda Myriam Franco en que se alleg\u00f3 el contrato de arrendamiento suscrito por la demandada respecto al predio que pretende ganar por prescripci\u00f3n, con el se\u00f1or Luis Alfredo Gonz\u00e1lez, por el t\u00e9rmino de 12 meses, suscrito por aquella en marzo 30 de esa anualidad y con vigencia a partir del 1o de abril de 1.999 en que se estipul\u00f3 \u00abel presente contrato ser\u00e1 renovable de com\u00fan acuerdo y por escrito y de no ser as\u00ed se entender\u00e1 prorrogado en los t\u00e9rminos en los estipula la ley\u00bb (Fl. 3 c.2 prueba trasladada), y los documentos allegados, de los que afirm\u00f3, \u00abObra en el plenario, copia de documento suscrito el 30 de enero de 2012, en el que Luis Alfredo Gonz\u00e1lez Ch\u00e1vez, manifest\u00f3 que \u00abcedo mi posesi\u00f3n que tengo sobre el bien inmueble mencionado e identificado anteriormente a la se\u00f1ora MARIA ELENA MATABA\u00d1CHOY JOJOA, (…) para que despu\u00e9s de mi fallecimiento ella inicie los procesos respectivos que sean necesarios\u00bb (Fl. 111-112 c.l.)\u00bb y de todas ellas dedujo,  <\/span><\/p>\n

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\u00abContrario a lo afirmado por la demandada, se avizora que el contrato de arrendamiento fue prorrogado y en armon\u00eda con el documento de \u00abcesi\u00f3n\u00bb que suscribi\u00f3, se entrev\u00e9 que su permanencia en el predio lo era en calidad de arrendadora, hasta el momento de la firma de aqu\u00e9l acto, 30 de enero de 2012, fecha a partir de la cual se advierte una interversi\u00f3n del t\u00edtulo de su detentaci\u00f3n material del bien, cuando se niega a pagar arriendo, bajo la creencia que aqu\u00e9l documento le convert\u00eda en poseedora.  <\/span><\/p>\n

Evento temporal que resultaba trascendente frente a la excepci\u00f3n formulada, pues aunque la demandada apuesta a desconocer toda vinculaci\u00f3n con el referido contrato de arrendamiento, los medios de persuasi\u00f3n allegados al tr\u00e1mite demuestran lo contrario, con ello, que su ingres\u00f3 al inmueble lo fue en calidad de arrendataria, reconociendo la calidad de due\u00f1o y despu\u00e9s de poseedor en el se\u00f1or Luis Alfredo Gonz\u00e1lez, hasta el momento de la firma del precitado documento de cesi\u00f3n.  As\u00ed las cosas, es claro que la detentaci\u00f3n material que ten\u00eda la demandada Mar\u00eda Elena Matabanchoy sobre el bien material objeto del reclamo reivindicatorio, s\u00f3lo puede ser considerada posesi\u00f3n a partir del 30 de enero de 2012, en que aquella prevalida de la cesi\u00f3n de la posesi\u00f3n que dijo hacerle el anterior propietario, dej\u00f3 de pagar arriendo y se proclam\u00f3 due\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

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Pero ese hecho no es anterior en el tiempo, al t\u00edtulo de dominio presentado por el demandante Lisandro Miranda Palencia, quien adquiri\u00f3 el bien mediante escritura p\u00fablica No 2329 de 11 de noviembre de 2014, pero que invoc\u00f3 y prob\u00f3 el t\u00edtulo de su antecesora Myriam Franco, quien compr\u00f3 el bien mediante escritura p\u00fablica No 970 de 8 de octubre de 1999\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente continu\u00f3 afirmando,  <\/span><\/p>\n

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\u00abNo se acoge el reclamo del apelante en punto a no haberse aplicado por el a quo, la ley 792 de 2002, que define el hito temporal para acceder por prescripci\u00f3n extraordinaria en 10 a\u00f1os de posesi\u00f3n, pues claro es desde la lectura de su contestaci\u00f3n de la demanda, que no invoc\u00f3 como le correspond\u00eda hacerlo que rigiera ella en su caso (\u2026) A m\u00e1s de que, aun dejando de lado esa omisi\u00f3n, lo cierto es que no demostr\u00f3 la demandada haber ejercido posesi\u00f3n sobre la inmueble que detenta, por un lapso de tiempo superior a tres a\u00f1os contados desde que intervirti\u00f3 su t\u00edtulo de tenedora a poseedora, pues como se dej\u00f3 establecido ello s\u00f3lo aconteci\u00f3 desde el 30 de enero de 2012\u00bb, agregando posteriormente \u00abY en cuanto su alegaci\u00f3n de ser poseedora de buena fe, nada hay que agregar, pues fue esa la calificaci\u00f3n que el a-quo le dio a su detentaci\u00f3n, que no fue discutida y en consideraci\u00f3n de ella, fueron tasados los frutos ordenados a favor del demandante\u00bb  (ff. 39 y 49 a 55, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la providencia reprochada conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la acoja, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, por cuanto las pruebas obrantes en el plenario fueron puntual y arm\u00f3nicamente observadas seg\u00fan la sana critica, conforme as\u00ed lo imponen las reglas probatorias, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se apoyan en tem\u00e1ticas que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, que no pueden ser alterados por esta v\u00eda, en tanto que no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del Juez de amparo.        <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4.  Resulta igualmente pertinente precisar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la esfera probatoria, cuando el error en el juicio valorativo sea manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en el tema de pruebas la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, y STC17828-2016, y STC2321-2017, 22 feb. rad 00299-00 entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora como igualmente la actora se queja de que \u00abNo fueron tasadas las mejoras realizadas al inmueble, los da\u00f1os y perjuicios causados\u00bb, surge igualmente evidente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que tuvo a su alcance mecanismos id\u00f3neos de defensa para lograr su cometido, por una parte, es claro que al descorrer el traslado de la demanda reivindicatoria pudo haber solicitado ante el juez de conocimiento el reconocimiento de las mejoras que ahora reclama en sede constitucional, adem\u00e1s, si consideraba que las mismas debieron ser objeto de pronunciamiento por parte del a quo as\u00ed debi\u00f3 manifestarlo en el recurso de apelaci\u00f3n para que el Tribunal al dictar la sentencia de segundo grado se pronunciara al respecto, sin embargo, es claro que la tutelante, al interior del juicio atacado, no invoc\u00f3 el reconocimiento de mejoras, circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u00abes inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre muchas otras, en STC13502-2016).  <\/span><\/p>\n

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6. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC2736-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00345-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99719\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}