{"id":99720,"date":"2026-06-25T19:16:16","date_gmt":"2026-06-25T19:16:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2737-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:16:16","modified_gmt":"2026-06-25T19:16:16","slug":"stc2737-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2737-2017\/","title":{"rendered":"STC2737-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2737-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2017-00002-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1  ) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 19 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Higinio Mosquera Lozano contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los herederos reconocidos y el partidor que intervino dentro del proceso de sucesi\u00f3n n\u00ba 2007-00131.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al aprobar el trabajo de partici\u00f3n en el juicio de sucesi\u00f3n de Carlos Alberto Mosquera Asprilla, excluyendo un inmueble que \u00abhace parte de los bienes herenciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, expuso que el 27 de mayo de 2016, el Juzgado convocado aprob\u00f3 la partici\u00f3n de los bienes dejados por su padre, en el cual fungi\u00f3 como adjudicatario al igual que sus hermanos Luz Amparo, Lorenzo, Reinaldo, Carlos Alberto y Ram\u00f3n Mosquera Lozano, respecto de la partida \u00fanica consistente en el predio ubicado en la carrera 6B n\u00b0 24 A-18 de Quibd\u00f3, avaluado en $200\u00b4000.000.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que la decisi\u00f3n en comento, mediante la cual se \u00absanea\u00bb los inventarios y aval\u00faos que hab\u00edan sido presentados el 31 de enero de 2014, en su momento no fue atacada ya que dicho auto \u00abno fue legalmente notificado\u00bb y as\u00ed le \u00abimpidieron objetar la aprobaci\u00f3n de la diligencia de inventario y aval\u00fao\u00bb; agreg\u00f3 que el 26 de febrero de 2015, el juzgado \u00abdeclara v\u00e1lida la negociaci\u00f3n realizada entre el se\u00f1or LORENZO MOSQUERA Y MI SE\u00d1ORA MADRE LUZ AMPARO GARCES LOZANO\u00bb, pese a que realmente hubo \u00abuna simulaci\u00f3n del acto de compraventa\u00bb contenido en la escritura p\u00fablica 1564 de 1993 \u00abpor la suma irrisoria de un mill\u00f3n de pesos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3. Pretende que \u00abse nulite la sentencia n\u00famero 038 del 27 de mayo del 2016\u00bb, mediante la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n dentro de la sucesi\u00f3n de su padre, para \u00abincorporar en la masa herencial el bien inmueble con nomenclatura carrera 6b-24\u00aa -14\u00bb, el cual ser\u00eda objeto de adjudicaci\u00f3n, nulidad \u00e9sta que deber\u00e1 extenderse al auto que declar\u00f3 sin efecto la diligencia de inventarios del 31 de enero de 2014 (fls. 2 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Primero de Familia de Quibd\u00f3 expres\u00f3 que para lo pretendido por esta v\u00eda, el demandante cuenta con la  \u00abAcci\u00f3n Simulatoria\u00bb que podr\u00e1 ejercer ante el juez competente, y que le \u00abresulta extra\u00f1a la posici\u00f3n\u00bb planteada por el actor cuando en auto del 26 de febrero de 2015 se le hizo ver que si es posible la venta de bienes entre padres e hijos, m\u00e1s a\u00fan si desde el 14 de octubre de 2010, judicialmente le fue reivindicado el derecho al comprador del inmueble, precisamente de manos del tutelante quien lo pose\u00eda (fls. 368 a 369, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. Lorenzo Mosquera Lozano, heredero en la sucesi\u00f3n y propietario del bien sobre el cual el actor reclama derechos, neg\u00f3 que haya existido alguna irregularidad procesal en la notificaci\u00f3n de las decisiones adoptadas al interior del sucesorio, y que si no fueron reprochadas \u00absignifica que el accionante junto con su abogado en su momento siendo ellos los que iniciaron el proceso sucesoral lo descuidaron pues siempre presentaban los recursos o escritos dirigidos al mismo de forma extempor\u00e1nea\u00bb (fls. 374 a 377, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 el amparo al observar que el quejoso no hizo uso de los recursos ordinarios legalmente previstos, precisando que tal pasividad se present\u00f3 respecto del auto del 4 de febrero de 2014, a trav\u00e9s del cual se aprob\u00f3 el inventario de bienes, y tambi\u00e9n frente al del 26 de febrero de 2015, donde se estableci\u00f3 la validez de la compraventa del inmueble excluido de la masa sucesoral. Aunado a ello, indic\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda el requisito de inmediatez, no s\u00f3lo en lo atinente a los autos en comento, sino tambi\u00e9n en lo relacionado con la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, a cual \u00abqued\u00f3 ejecutoriada el d\u00eda 13 de junio de 2016, lo que indica que han transcurrido m\u00e1s de siete (7)\u00bb a la presentaci\u00f3n del escrito tutelar (fls. 379 a 389, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el accionante reiterando los argumentos expuestos en la demanda (fls. 399 a 407, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo precedente, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Esta Corte ha dicho y reiterado que para la viabilidad del amparo de los derechos fundamentales respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al resguardo se hayan agotado los mecanismos de defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, encuentra la Sala que el fallo denegatorio del auxilio deber\u00e1 respaldarse, comoquiera que en este asunto no se alcanza a cumplir ninguno de estos importantes presupuestos de procedibilidad que permita la intervenci\u00f3n del juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Es incuestionable que siendo el ac\u00e1 querellante, quien, a trav\u00e9s de apoderado judicial, promovi\u00f3 la sucesi\u00f3n de su se\u00f1or padre, deb\u00eda estar atento al desarrollo del proceso en el que, sin lugar a dudas, la inclusi\u00f3n de los bienes en el inventario, es actuaci\u00f3n clave para la buena marcha del liquidatorio.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Habi\u00e9ndose realizado la convocatoria para la audiencia de inventarios y aval\u00faos, tras la nulidad de la actuaci\u00f3n anterior que fuera declarada el 16 de enero de 2014, se resolvi\u00f3 una solicitud elevada por el mismo interesado en relaci\u00f3n con la \u00abnulidad de la compraventa\u00bb del bien en cuesti\u00f3n (fl. 226, ib\u00edd.), y en el prove\u00eddo del 4 de febrero, se se\u00f1alaron las pautas legales para realizar la diligencia en comento (fls. 268 a 273, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que para llevar a cabo la audiencia de inventarios el 24 de febrero de 2014 (fl. 292, id.), medi\u00f3 al menos un aplazamiento por inasistencia del ac\u00e1 reclamante, y que presentada la relaci\u00f3n de bienes excluyendo el bien previamente transferido por la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite a uno de sus hijos, mediante providencia del 26 de febrero de 2015, para los efectos jur\u00eddicos que interesan a la sucesi\u00f3n, declar\u00f3 v\u00e1lida esa negociaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado del acta de inventarios (fls. 304 a 308, cit.), sin que se hubiese presentado oposici\u00f3n alguna, como tampoco la hubo frente al auto aprobatorio de los referidos inventarios el cual data del 28 de abril del mismo a\u00f1o (fl. 310, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, la excusa para descuidar sus cargas procesales y omitir hacer uso de los recurso de ley, no son de recibo, pues sabido es que dichos autos se notifican por anotaci\u00f3n en estado y por ende no pod\u00eda esperar que le fueran notificados de otra manera.  <\/span><\/p>\n

2.3. Similar comportamiento incurioso mostr\u00f3 el accionante en la etapa de partici\u00f3n, pues presentada \u00e9sta a consideraci\u00f3n de los interesados seg\u00fan auto del 15 de diciembre de 2015 (fl. 326, ib\u00eddem), y ordenada su correcci\u00f3n por auto del 20 de enero siguiente (fl. 328, ib\u00edd.), esa actividad desplegada por el auxiliar de la justicia, frente a la cual no hubo objeci\u00f3n, fue aprobada mediante sentencia n\u00b0 038 del 27 de mayo de 2016 (fls. 330 a 343, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Es m\u00e1s, aunque la falta de objeci\u00f3n impide que la sentencia en comento sea susceptible de apelaci\u00f3n como lo contempla el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, y en id\u00e9nticos t\u00e9rminos lo preve\u00eda el mismo numeral del canon 611 del anterior ordenamiento adjetivo, el expediente da cuenta que el demandante interpuso el recurso de manera extempor\u00e1nea, recalcando as\u00ed su desidia.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Ahora bien, por cuanto las actuaciones que ahora reprocha por la senda constitucional, se produjeron a partir de febrero de 2014 cuando se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, y tras su aprobaci\u00f3n el 28 de abril de 2015, se consolid\u00f3 con la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n el 27 de mayo de 2016, cuya ejecutoria tuvo lugar el 13 de junio de esa anualidad (fl. 343, ib.), deviene improcedente invocar la tutela para atacar tal actuaci\u00f3n s\u00f3lo hasta el 4 de enero de 2017 (fl. 355, cit.), pues para ese entonces ya hab\u00eda transcurrido un lapso que, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional de esta Corte, supera ampliamente aquel previsto como razonable para hacer viable ese prop\u00f3sito.  <\/span><\/p>\n

3. Ciertamente, esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que en casos como el que ahora se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues ni siquiera se esboza por el afectado un motivo para no haber utilizado la herramienta jur\u00eddica de cuya aptitud no hay v\u00e1lido reproche.  <\/span><\/p>\n

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En las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n, porque el expediente muestra el desaprovechamiento de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n. En invariable l\u00ednea de pensamiento esta Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC10982-2016, 10, ago. 2016, rad. 00658-02 y STC17473-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00566-01).  <\/span><\/p>\n

Por su parte, se desconoce el principio de la inmediatez, vista como la urgencia para acudir al auxilio constitucional, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora ese remedio, se supera el t\u00e9rmino prudencialmente estipulado como razonable, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada, entre otras en STC17975-2016, 9 dic. 2016, rad. 00734-01).  <\/span><\/p>\n

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Y m\u00e1s adelante esta Sala se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada entre otras en STC16308-2016, 18 nov. 2016, rad. 00760-01, y STC664-2017, 26 ene. 2017, rad. 00695-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo anteriormente discurrido, se respaldar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la tutela, por desatender los principios de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC2737-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2017-00002-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1  ) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99720","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99720"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99720\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}