{"id":99721,"date":"2026-06-25T19:16:19","date_gmt":"2026-06-25T19:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2738-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:16:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:16:19","slug":"stc2738-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2738-2017\/","title":{"rendered":"STC2738-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2738-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00367-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Darsi Escobar Tobar contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 13 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, ordenar a los convocados \u00abrevocar en su totalidad las providencias judiciales que dieron por terminado el proceso (\u2026) de responsabilidad m\u00e9dica en virtud de la figura del desistimiento t\u00e1cito\u00bb y, en su lugar \u00abordenar la continuaci\u00f3n del asunto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Subsidiariamente, suplic\u00f3 que \u00abse ordene la continuaci\u00f3n del proceso (\u2026) s\u00f3lo con las partes con las cuales se trab\u00f3 la Litis\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        El 16 de diciembre de 2015, la accionante, obrando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de los menores Danni Joswell, Riki Stehim y Leidy Julieth Plaza Escobar, junto con Luis Enrique Plaza Ordo\u00f1ez, Yessica Agredo Escobar y Edwin David Mu\u00f1oz Escobar, promovieron demanda de responsabilidad m\u00e9dica en contra de Mauricio Cay\u00f3n Zuluaga, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca \u2013 Comfenalco Valle de la Gente y Comfenalco Valle I.P.S. S.A.S.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Mediante prove\u00eddo del 8 de febrero de 2016, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 la demanda, ordenando \u00abque las notificaciones fueran realizadas de conformidad con los art\u00edculos 315 a 320 y 330\u00bb del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.3.        Por auto del 22 de abril de 2016, el prenombrado despacho judicial requiri\u00f3 a la parte demandante para \u00abla realizaci\u00f3n de la diligencia de notificaci\u00f3n a los demandados en un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de aplicar la figura del desistimiento t\u00e1cito consagrada en el art\u00edculo 317 del C. G. P.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Adujo la peticionaria que en el t\u00e9rmino concedido, se logr\u00f3 el enteramiento personal del demandado Mauricio Cay\u00f3n Zuluaga, m\u00e1s no de las otras dos personas jur\u00eddicas demandadas, pues a pesar de que se enviaron \u00abvarias citaciones a diligencia de notificaci\u00f3n personal\u00bb, aquellas no comparecieron y las \u00abnotificaciones por aviso (\u2026) no pudieron ser realizadas, por cuanto el JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, nunca elabor\u00f3 y entreg\u00f3 los respectivos oficios para que pudieran ser enviados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        No obstante lo anterior, el juzgado criticado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 7 de septiembre de 2016, decret\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito del proceso de responsabilidad m\u00e9dica\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual la promotora interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, siendo desestimados ambos medios de impugnaci\u00f3n, el primero con providencia del 26 de septiembre de 2016 y, el segundo, mediante prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2016 dictado por el Tribunal accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Indic\u00f3 la quejosa que \u00abteniendo en cuenta el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 625 del C. G. P., para el caso concreto era aplicable el art\u00edculo 320 del C. P. C., y no el 292 del C. G. P., raz\u00f3n por la cual los oficios de notificaci\u00f3n no deb\u00edan ser elaborados por [su] apoderado sino por el despacho, para poder ser enviados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Agreg\u00f3 que \u00ablos entes accionados ordenaron la terminaci\u00f3n del proceso de responsabilidad m\u00e9dica que inici[\u00f3] a pesar de que ya se encontraba trabada la Litis con el doctor MAURICIO CAYON ZULUAGA y (\u2026) el llamado en garant\u00eda\u00bb, sin explicar \u00abla raz\u00f3n por la cual los problemas en notificar a (\u2026) COMFENALCO VALLE DELAGENTE y COMFENALCO VALLE I.P.S. S.A.S., tambi\u00e9n generaba como consecuencia la terminaci\u00f3n del proceso frente a las partes con las cuales ya se encontraba trabada la litis\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 16 de febrero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali expres\u00f3 que se aten\u00eda \u00aba los argumentos esbozados en la decisi\u00f3n que en su momento se adopt\u00f3 en esta instancia\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reproche constitucional; expres\u00f3 que, en su criterio, las notificaciones ordenadas realizar a la quejosa deb\u00edan adelantarse por las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, ya que cuando comenzaron a surtirse, era esa la codificaci\u00f3n vigente; y precis\u00f3 que no era posible continuar con el tr\u00e1mite frente a los demandados que hab\u00edan sido enterados de la admisi\u00f3n de la demanda ordinaria, ya que ello \u00abdesborda las atribuciones del Juez, pues la parte interesada es la \u00fanica que puede disponer del litigio\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        QBE Seguros S. A., indic\u00f3 que las autoridades judiciales accionadas no \u00abincurrieron en v\u00eda de hecho al decretar el desistimiento t\u00e1cito del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        De entrada debe precisarse que dos son los reparos que plante\u00f3 la gestora contra el prove\u00eddo que dict\u00f3 el Tribunal encausado el 13 de diciembre de 2016, (i) la aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo General del Proceso al tr\u00e1mite de las notificaciones surtidas en el proceso ordinario objeto de queja constitucional; y (ii) la terminaci\u00f3n del referido tr\u00e1mite por desistimiento t\u00e1cito, sin tener en cuenta \u00abque ya se encontraba trabada la Litis con el doctor MAURICIO CAYON ZULUAGA y (\u2026) el llamado en garant\u00eda\u00bb, ni explicar \u00abla raz\u00f3n por la cual los problemas en notificar a (\u2026) COMFENALCO VALLE DELAGENTE y COMFENALCO VALLE I.P.S. S.A.S., tambi\u00e9n generaba como consecuencia la terminaci\u00f3n del proceso frente a las partes con las cuales ya se encontraba trabada la litis\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En lo que respecta a la primera de las quejas rese\u00f1adas, no desconoce la Corte que el Tribunal acusado no se pronunci\u00f3, debidamente, sobre los argumentos que en dicho sentido plante\u00f3 la quejosa al sustentar la alzada que interpuso contra el prove\u00eddo del 7 de septiembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el a quo termin\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso declarativo a que se contrae el reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, dicha contingencia no tuvo la virtualidad de comprometer el derecho fundamental al debido proceso de la gestora, pues evidente es que dicho acto de enteramiento, deb\u00eda surtirse en la forma prevista en el C\u00f3digo General del Proceso, tal y como lo indic\u00f3 el Tribunal accionado en la providencia atacada (de fecha 13 de diciembre de 2016), claro est\u00e1, sin explicar las raz\u00f3n de tal afirmaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, de conformidad con lo expresado en el art\u00edculo 625 (numeral 5\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso,  <\/span><\/p>\n

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\u2026 los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u00bb. (Resaltado y subrayado ajeno al texto).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la falta de motivaci\u00f3n en la que incurri\u00f3 el Tribunal, es un yerro que resulta intrascendente, pues el enteramiento de los demandados en el asunto materia de examen, en verdad, deb\u00eda ajustarse a los par\u00e1metros establecidos en la prenotada codificaci\u00f3n (C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

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3.1.        As\u00ed las cosas, en lo que ata\u00f1e al aspecto en examen, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la mencionada providencia de 13 diciembre de 2016, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali el 7 de septiembre de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales se impon\u00eda la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite declarativo, por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, tras rese\u00f1ar las normas que regulan el acto de enteramiento en el C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculos 2911 y siguientes), abord\u00f3 el Tribunal el an\u00e1lisis de la alzada, expresando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El desistimiento t\u00e1cito, es una forma anormal de terminaci\u00f3n del proceso, que se sigue como consecuencia del incumplimiento de una carga procesal a cargo de la parte que promovi\u00f3 un tr\u00e1mite, y de la cual depende la continuaci\u00f3n del proceso, pero no la cumple en un determinado lapso, con l[o] cual se busca sancionar no s\u00f3lo la desidia sino tambi\u00e9n el abuso de los derechos procesales. No todo desistimiento t\u00e1cito significa la terminaci\u00f3n del proceso, ya que la decisi\u00f3n judicial a tomar depender\u00e1 de la clase de tr\u00e1mite que est\u00e9 pendiente de adelantarse, seg\u00fan lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional Sentencia C-1186 de 2008.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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\u2026 en el caso concreto la parte demandante no cumpli\u00f3 con lo requerido por’ el A-quo, es decir, no realiz\u00f3 las notificaciones pertinentes a los demandados en su totalidad en el lapso de 30 d\u00edas, de acuerdo a lo preceptuado en el art\u00edculo 291 del C.G.P. siendo el recurrente a quien le incumbe la continuaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4.5. Este despacho comparte el criterio del A-quo, respecto a que se debe garantizar los derechos fundamentales de la parte pasiva como el debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, entre otros; notificar implica realizar los actos tendientes a lograrlo, como el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n del art\u00edculo 291 del C. G. P., notificaci\u00f3n por aviso art\u00edculo 292 del C. G. P., o en su defecto solicitud de emplazamiento acorde al art\u00edculo 293 del C. G. P., pues de esta manera se podr\u00e1 dar continuidad al litigio, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este asunto.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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3.4.8. Finalmente, de acuerdo a los numerales anteriores y de acuerdo a la normatividad vigente y a la jurisprudencia, este Despacho le otorga la raz\u00f3n al A-quo y confirma su decisi\u00f3n, puesto que es evidente que la parte demandante no logr\u00f3 en su totalidad la notificaci\u00f3n de todos los demandados de acuerdo a la normatividad vigente y dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas de acuerdo al numeral primero (1\u00aa) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando esta notificaci\u00f3n es absolutamente necesaria para la continuaci\u00f3n del proceso, adem\u00e1s, el termino de 30 d\u00edas h\u00e1biles es m\u00e1s que suficiente para la respectiva notificaci\u00f3n o para que el demandante se pronuncie de alguna manera u otra. (Negrillas y subrayas por la Corte)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 lo estipulado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, valor\u00f3 las actuaciones que adelant\u00f3 la parte actora para lograr la notificaci\u00f3n de los demandados del auto admisorio y concluy\u00f3 que no cumpli\u00f3 la carga cuyo cumplimiento exigi\u00f3 el juez a quo en el auto del 22 de abril de 2016, lo que impon\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Por supuesto que al confirmar la declaratoria de terminaci\u00f3n total del proceso ello implicaba desechar tal petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4.1.        Cabe a\u00f1adir que tampoco se observa una afectaci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la actora, dado que, cumplido el t\u00e9rmino de que trata el literal f) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, puede presentar nuevamente su demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.        Ahora, s\u00ed lo que pretend\u00eda la quejosa era que no se terminara el proceso frente a todos sus demandados, sino proseguir con el tr\u00e1mite contra aquel que hab\u00eda logrado notificar de la admisi\u00f3n, ello debi\u00f3 manifestarlo dentro de los 30 d\u00edas que se le concedieron para cumplir el requerimiento efectuado en aplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 317, incluso, ten\u00eda la posibilidad de desistir parcialmente de su demanda. Esto en desarrollo del principio de preclusi\u00f3n que rige en materia procesal, pues los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, en los cuales la demandante dej\u00f3 expresada esa intenci\u00f3n, no est\u00e1n previstos para ese prop\u00f3sito, sino para verificar que providencia atacada no est\u00e9 errada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, como la querellante no procedi\u00f3 en tal forma, dejando vencer el plazo concedido para el cumplimiento de la carga a ella impuesta, no lucen desacertadas las decisiones que por v\u00eda de tutela se atacan, habida cuenta que era esa la oportunidad con la que contaba para adelantar las gestiones necesarias para asegurar la continuaci\u00f3n del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Entre las normas que mencion\u00f3 el Tribunal criticado en la referida providencia, hizo especial \u00e9nfasis en lo reglado en el tercer inciso del art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, al referirse a la notificaci\u00f3n por aviso, establece que \u00ab[e]l aviso ser\u00e1 elaborado por el interesado, quien lo remitir\u00e1 a trav\u00e9s de servicio postal autorizado a la misma direcci\u00f3n a la que haya sido enviada la comunicaci\u00f3n a que se refiere el numeral 3 del art\u00edculo anterior\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2738-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00367-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99721","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99721\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}