{"id":99728,"date":"2026-06-25T19:17:19","date_gmt":"2026-06-25T19:17:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2745-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:17:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:17:19","slug":"stc2745-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2745-2017\/","title":{"rendered":"STC2745-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2745-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00064-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Jes\u00fas y Josel\u00edn Carre\u00f1o Lizarazo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado Jos\u00e9 Raimundo P\u00e9rez Jej\u00e9n, demandado en el Ejecutivo Singular n\u00b0 2003-00051.  <\/span><\/p>\n

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1.        Los solicitantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al no dar paso a la diligencia de remate hasta tanto se atendieran actuaciones previas que a juicio de los accionantes \u00abcarecen de raz\u00f3n jur\u00eddica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, de lo expuesto en el escrito de tutela y los anexos allegados, se extracta que en la ejecuci\u00f3n seguida por los ac\u00e1 accionantes, el Juzgado, mediante los \u00abliterales (sic)\u00bb 1\u00b0 y 3\u00b0 del auto del 23 de noviembre de 2016, se abstuvo de fijar fecha para la subasta p\u00fablica de dos inmuebles \u00abhasta tanto no (sic) sea adjudicada la sucesi\u00f3n de los derechos de compra\u00bb, y requiri\u00f3 informaci\u00f3n sobre el estado actual del proceso de sucesi\u00f3n de Agapito Quintero; frente a otro de los bienes cautelados, orden\u00f3, previo remate, \u00abse efect\u00fae un nuevo justiprecio que refleje las condiciones actuales del mismo\u00bb, por cuanto el aprobado data del 13 de noviembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Contra las anteriores determinaciones el apoderado de los actores propuso su declaratoria de ilegalidad, aduciendo que \u00abno existe norma en toda la extensi\u00f3n de la codificaci\u00f3n procesal\u00bb que se requiera tramitar sucesi\u00f3n antes de rematar \u00absimples derechos y acciones que devienen de la posesi\u00f3n del ejecutado\u00bb. Respecto del otro punto, indic\u00f3 que el valor dado al respectivo bien est\u00e1 \u00ab1.072% POR ARRIBA DEL AVAL\u00daO CATASTRAL DEL A\u00d1O 2015\u00bb, no haci\u00e9ndose necesario un nuevo justiprecio.  <\/span><\/p>\n

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En respuesta a dicha solicitud, con auto del 13 de diciembre de 2016, el accionado se\u00f1al\u00f3 que era infundada \u00abtanto en su contenido como en su interposici\u00f3n\u00bb, y que sin otro pronunciamiento orden\u00f3 al interesado \u00abestarse a lo resuelto en el auto en menci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que por esta v\u00eda se \u00abordene al accionado proferir auto declarando la ILEGALIDAD DE LOS LITERALES (sic) CITADOS (PRIMERO Y TERCERO) del auto de Noviembre 23 de 2016\u00bb, y que \u00absin m\u00e1s dilaciones\u00bb, autorice la correspondiente venta p\u00fablica de los bienes (fls. 1 a 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La funcionaria enjuiciada adujo que la protecci\u00f3n invocada es improcedente por desatender la subsidiariedad como requisito de procedibilidad, habida cuenta que el afectado no cuestion\u00f3 la providencia \u00abpor v\u00eda de reposici\u00f3n\u00bb, y alleg\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n reprochada (fls. 17 a 23, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda por improcedente, ya que como \u00ablos ac\u00e1 tutelantes no formularon ning\u00fan recurso contra el auto de 23 de noviembre de 2016 (fl. 21), y tampoco rebatieron el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la solicitud de declaratoria de ilegalidad de dicha decisi\u00f3n\u00bb, omitieron agotar los medios de defensa judicial previos a la invocaci\u00f3n del resguardo, configur\u00e1ndose as\u00ed la causal contemplada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 (fls. 33 a 36, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el apoderado de los interesados, sin que hasta este momento haya presentado argumento adicional al escrito de tutela (fl. 42, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de las piezas procesales del litigio cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, prontamente establece la Sala que el fallo impugnado deber\u00e1 respaldarse porque la tutela se torna improcedente al no superar el presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, por cuanto la acci\u00f3n se dirige a atacar la decisi\u00f3n contenida en el auto del 23 de noviembre de 2016 (fl. 21, cd. 1), en particular frente a lo dispuesto en los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0, esto es, aplazar la diligencia de remate de los bienes involucrados en la ejecuci\u00f3n hasta tanto se cumplan las exigencias all\u00ed descritas, consistentes, en suma, a que se encuentren determinados y avaluados, surge claro que tal resoluci\u00f3n era susceptible de impugnaci\u00f3n por v\u00eda ordinaria que no fue utilizada por el interesado.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, la motivaci\u00f3n aducida en la solicitud de \u00abilegalidad\u00bb y que es la misma que trae en esta oportunidad, pudo haberla planteado ante la autoridad enjuiciada para que procurara reconsiderar su postura, pues sabido es que contra esa determinaci\u00f3n cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, pero no lo hizo. N\u00f3tese que el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que ese medio de impugnaci\u00f3n es procedente frente a \u00ablos autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la omisi\u00f3n en hacer uso de la reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada entre otras, en STC16341-2016, 10 nov. 2016, rad. 00397-01).  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones, no es viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. Sobre el particular, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuando se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. Valga precisar, sin desconocer el precedente de esta Corporaci\u00f3n acerca de la teor\u00eda del antiprocesalismo, seg\u00fan la cual hay una excepci\u00f3n a la irrevocabilidad de las providencias judiciales bajo el supuesto de que \u00ablos autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez ni a las partes\u00bb (CSJ, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia de junio 28 de 1979, citada en sentencia n\u00b0 286 del 23 de Julio de 1987; auto n\u00b0 122 del 16 de junio de 1999; sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, entre otras), esta Sala comparte la postura de la Corte Constitucional en el sentido de que ese restrictivo criterio \u00abs\u00f3lo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusi\u00f3n que  se est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jur\u00eddico y siempre que la rectificaci\u00f3n se lleve a cabo observando un t\u00e9rmino prudencial que permita establecer una relaci\u00f3n de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como prop\u00f3sito enmendarlo\u00bb (CC T-1274\/05)  <\/span><\/p>\n

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En ese mismo sentido, dicha Colegiatura, en sentencia T-519 de 2005, hab\u00eda recordado que \u00abun auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la revocaci\u00f3n ni de oficio ni a petici\u00f3n de parte despu\u00e9s de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto despu\u00e9s de ejecutoriado, ya que la parte lo consinti\u00f3 si no interpuso recurso o \u00e9ste se resolvi\u00f3, quedando ejecutoriado el prove\u00eddo, y a menos que se d\u00e9 una causal de nulidad que no haya sido saneada\u00bb (CC T-519\/05).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable utilizar la figura para que la parte afectada con una decisi\u00f3n haga manifiesta su inconformidad, si \u00e9sta dej\u00f3 de atacarla por los conductos regulares previstos por el ordenamiento legal, vr. gr. a trav\u00e9s del empleo de los recursos ordinarios y extraordinarios dise\u00f1ados por el legislador, o acudiendo al amplio r\u00e9gimen de nulidades procesales. En igual sentido, tampoco puede ser invocada para que el juez, de manera oficiosa, corrija cualquier equivocaci\u00f3n. Todo esto, en defensa de importantes principios como el de la seguridad jur\u00eddica y la buena fe, presunci\u00f3n de veracidad y confianza leg\u00edtima, y procesales como el de preclusi\u00f3n de las etapas procesales.  <\/span><\/p>\n

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4. En este orden, los ac\u00e1 demandantes, representados judicialmente por apoderado judicial, si consideraban que la providencia en cuesti\u00f3n atentaba contra sus intereses en el proceso, debieron haber acudido a los recursos que ordinariamente contempla la ley, a efectos de que se atendieran sus reclamos, pero en su lugar, optaron por desaprovechar la oportunidad, pues n\u00f3tese que al proponer la ilegalidad enfatiz\u00f3 en que \u00abno\u00bb deb\u00eda darle tr\u00e1mite \u00abcomo si se tratara de una reposici\u00f3n\u00bb (fl. 22, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Sala reitera que mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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