{"id":99731,"date":"2026-06-25T19:17:42","date_gmt":"2026-06-25T19:17:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2748-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:17:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:17:42","slug":"stc2748-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2748-2017\/","title":{"rendered":"STC2748-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2748-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00416-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Himera Judith Cantillo de Michell contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, buena fe y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas, que considera vulnerados por las autoridades judiciales encausadas al negar la protecci\u00f3n constitucional en la acci\u00f3n de esta misma naturaleza promovida por ella contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, quien no la incluy\u00f3 en el correspondiente registro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoque la sentencia dictada en segundo grado y la determinaci\u00f3n del organismo estatal, y se orden su inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2015-32273 del 9 de febrero de 2015, decidi\u00f3 no incluir ni reconocer el hecho de desplazamiento forzado a Himera Judith Cantillo de Michell, en el Registro \u00danico de V\u00edctimas.  <\/span><\/p>\n

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2. La solicitante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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3. La entidad accionada, por medio de los actos administrativos fechados el 21 de octubre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, no revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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4. En efecto, la se\u00f1ora Cantillo de Michell promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el organismo referido, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, la revocatoria de la \u00faltima resoluci\u00f3n emitida por esa autoridad y su inclusi\u00f3n en el registro aludido.  <\/span><\/p>\n

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5. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, mediante sentencia de 15 de septiembre del a\u00f1o en cita, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda rogada.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la actora la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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7. El Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en fallo adiado el 31 de octubre siguiente, la confirm\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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8. Al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, la Corte Constitucional todav\u00eda no hab\u00eda decidido si seleccionaba o no para revisi\u00f3n las providencias mencionadas.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que los estrados judiciales acusados no aplicaron en debida forma la jurisprudencia que protege a las v\u00edctimas y les permite acudir al amparo como mecanismo id\u00f3neo para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, m\u00e1xime que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas nunca prob\u00f3 los motivos aducidos para negar su inclusi\u00f3n en el correspondiente registro; por consiguiente se ocasion\u00f3 un perjuicio irremediable. [Folios 1-7]  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 65]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo relat\u00f3 brevemente lo acontecido durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de esta misma naturaleza que inco\u00f3 la aqu\u00ed quejosa.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, Himera Judith Cantillo de Michell pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, de fecha 31 de octubre de 2016, por medio del cual se confirm\u00f3 la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, que hab\u00eda denegado la salvaguarda deprecada contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas; situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del estrado judicial acusado, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de tutela y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que, incluso, puede la actora intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida en segundo instancia por la colegiatura accionada, mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que el expediente de tutela aqu\u00ed cuestionado, se encuentra en el tr\u00e1mite correspondiente ante la Corte Constitucional, sin que haya culminado la etapa de su eventual revisi\u00f3n, lo que sin duda constituye un medio de protecci\u00f3n dentro de esa actuaci\u00f3n y que, por ende, desplaza cualquier otro medio de defensa judicial en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

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De la misma manera, los argumentos que la querellante esgrime en la presente solicitud de salvaguarda, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Sala ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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