{"id":99732,"date":"2026-06-25T19:17:45","date_gmt":"2026-06-25T19:17:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2749-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:17:45","modified_gmt":"2026-06-25T19:17:45","slug":"stc2749-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2749-2017\/","title":{"rendered":"STC2749-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                                STC2749-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00379-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la tutela instaurada por Hugo Efra\u00edn Blanco Blanco en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, concretamente contra el magistrado Juan Manuel Dumez Arias, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- El querellante insta la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ordinario reivindicatorio que Alexander de Jes\u00fas Lizcano C\u00e9spedes le formul\u00f3 a Victoriano Gonz\u00e1lez M\u00e9ndez.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como base de su reclamo, en suma, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- Tras haber sido definidas de fondo las instancias procesales correspondientes, junto con Mar\u00eda Gladys Duarte Villarraga, R\u00f3mulo Gonz\u00e1lez Moreno, Andrea Moreno de Gonz\u00e1lez, Carlos Alberto Gonz\u00e1lez Moreno, Mar\u00eda Gladys Duarte Villarraga y Diego Alosno Barreto Aldana, present\u00f3 \u00aboposici\u00f3n\u00bb a la entrega del predio objeto del sub lite, la cual devino denegada por el juzgador de conocimiento al predicar que eran \u00abcausahabientes del demandado [\u2026] y por tanto vinculados con la sentencia que orden\u00f3 la restituci\u00f3n\u00bb; dicha resoluci\u00f3n la ratific\u00f3 el tribunal encartado el 26 de octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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       2.2.- Ulteriormente, al enterarse que el all\u00ed demandante pereci\u00f3, arrimando el correspondiente registro civil de defunci\u00f3n, inst\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb del juicio sub judice, pedimento que la c\u00e9lula judicial encartada \u00abrechaz\u00f3\u00bb en prove\u00eddo de 23 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       2.3.- Tempestivamente recurri\u00f3 dicho pronunciamiento mediante reposici\u00f3n y alzada subsidiaria, siendo que esos medios impugnativos resultaron \u00abrechazados\u00bb el 12 de julio posterior, al se\u00f1al\u00e1rsele que \u00e9l no es parte dentro del pleito; por tanto, le fue concedido el recurso vertical.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- El tribunal querellado, por decisi\u00f3n de 16 de diciembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, ratific\u00f3 la providencia apelada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Tal determinaci\u00f3n la tilda de an\u00f3mala, comoquiera que \u00abde ejecutarse la diligencia de entrega, hoy somos v\u00edctimas de un pronunciamiento contrario a las pruebas recibidas, resulta[n] nuestros actos de posesi\u00f3n material ignorados, y contra toda l\u00f3gica hoy somos v\u00edctimas de un pronunciamiento ilegal e inconstitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando no se tuvo en cuenta que \u00aben [su] caso particular nunca tuv[o] trato personal con el antecesor demandante [sic] ni actual\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abse anule\u00bb el auto de 16 de diciembre de 2016, am\u00e9n que se \u00abcompulsen [sic] copias que hallan lugar a la justicia ordinaria en materia penal y disciplinaria de los actores intervinientes en todos los \u00f3rdenes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       La sala enjuiciada pidi\u00f3 la negaci\u00f3n del amparo, tras exponer que el reclamante adolece de legitimaci\u00f3n para reclamar \u00abla suspensi\u00f3n del proceso por muerte del demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juzgado recriminado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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       2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el tribunal encartado por cuanto profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Obra como prueba que ata\u00f1e con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, la resoluci\u00f3n de 16 de diciembre del a\u00f1o anterior, que confirm\u00f3 la de 12 de julio pret\u00e9rito.  <\/span><\/p>\n

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       4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del auto anotado en el numeral inmediatamente anterior, proferido por la colegiatura cuestionada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, el mismo no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada.  <\/span><\/p>\n

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       4.1.- Lo apuntado en vista que, entre otras reflexiones, sostuvo que \u00ab[l]a ejecuci\u00f3n de la sentencia constituye una etapa de fundamental importancia que permite efectivizar la decisi\u00f3n judicial, que reconoci\u00f3 prosperidad a los pedimentos de la demanda, es ella ejercicio del poder de ejecuci\u00f3n con el que se dota a la jurisdicci\u00f3n\u00bb; as\u00ed, \u00ab[c]on el objeto de no violentar derechos de terceros los art\u00edculos 308 y 309 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1alan la oportunidad y el procedimiento a seguir en caso de que al momento de efectuarse la entrega que la sentencia ordena, se presenten oposiciones\u00bb, y por ende, \u00abel art\u00edculo 69 de la citada normativa dispone que cuando la intervenci\u00f3n se concrete a un incidente o tr\u00e1mite, el interviniente s\u00f3lo ser\u00e1 parte en ellos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Definido lo anterior, expuso que \u00abel juez al resolver el incidente de oposici\u00f3n a la diligencia de   entrega,   lo   neg\u00f3,   tras   considerar  que   los   incidentantes eran causahabientes del demandado, decisi\u00f3n que fue confirmada por este tribunal en providencia de 26 de octubre de 2015\u00bb; empero, \u00ab[p]osteriormente el apoderado de los incidentantes aport\u00f3 certificado de defunci\u00f3n acreditando la muerte del demandante Alexander de Jes\u00fas Lezcano C\u00e9spedes, y solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso hasta cuando se citaran los sucesores procesales del precitado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed las cosas, denot\u00f3, \u00ab[s]e advierte del examen de las diligencias aportadas, que tal como lo advirti\u00f3 el a quo, los peticionarios no est\u00e1n legitimados para formular la petici\u00f3n incoada, pues su oportunidad para actuar en el presente asunto feneci\u00f3, acorde con lo ordenado por el art\u00edculo 61 del C. P. C. y en el 69 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando la intervenci\u00f3n se concrete a un incidente o tr\u00e1mite, el interviniente s\u00f3lo ser\u00e1 parte en ellos, luego, como el incidente que formularon fue resuelto y culmin\u00f3 con la confirmaci\u00f3n de la negativa de sus pretensiones, no son parte en el presente asunto, y por ende carecen de legitimidad para actuar en el sub-examine\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A la par, realz\u00f3 que \u00abaun apart\u00e1ndose de lo rese\u00f1ado, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: \u201cLa muerte del mandante o la extinci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas no ponen fin al mandato judicial si ya ha presentado la demanda, pero el poder podr\u00e1 ser revocado por los herederos o sucesores\u201d, disposici\u00f3n en momento alguno ordena la suspensi\u00f3n de proceso\u00bb, por lo que \u00abno es de recibo el argumento esbozado por los apelantes, pues partiendo de una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 2194 del C\u00f3digo Civil, consideran que el mandato termina con la muerte del mandante, y aunque la citada normativa as\u00ed lo ordena, tambi\u00e9n dispone que \u201csi de suspenderlas se sigue perjuicio a sus herederos, el mandatario ser\u00e1 obligado a finalizar la gesti\u00f3n principiada\u201d, de ah\u00ed que solo \u00e9stos (herederos), est\u00e9n facultados para solicitar en el presente asunto la cesaci\u00f3n de las funciones otorgadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       4.2.- Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- Bajo esa perspectiva emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, it\u00e9rase, no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico enrostrada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, aparte de que fueron expuestos con suficiencia, aludida hermen\u00e9utica que no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo ya que no se advierta caprichosa o subjetiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que, valga ponerlo de presente, esta Sala al abordar un asunto que guarda simetr\u00eda con el ahora analizado sostuvo, en CSJ STC, 22 ago. 2011, rad. 2011-00899-01, que:  <\/span><\/p>\n

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No obstante, conforme a los puntuales par\u00e1metros del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201c[c]uando la intervenci\u00f3n se concrete a un incidente o tr\u00e1mite, el interviniente s\u00f3lo ser\u00e1 parte en ellos\u201d, esto es, que dentro de un litigio [\u2026] los terceros intervinientes meramente pueden ser o\u00eddos en lo que concierne a la puntual actuaci\u00f3n en que legalmente se encuentren habilitados para litigar.<\/span><\/p>\n


<\/span><\/p>\n

[\u2026] Es conforme a lo anterior que, como el actor promovi\u00f3 un incidente de  levantamiento de cautelas con sustento en el art\u00edculo 687 ejusdem, la potestad de terciar dentro del juicio [\u2026] que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte \u00fanicamente se supeditaba al decurso de aqu\u00e9l, por lo cual, de un lado, terminado ese incidente, concomitantemente fenec\u00eda su inter\u00e9s en ese litigio declinando fatalmente su oportunidad de intervenir all\u00ed y, de otro, inmediatamente deviene su falta de legitimaci\u00f3n para deprecar amparo respecto de otras determinaciones en tal proceso adoptadas, como aqu\u00ed acontece, habida cuenta que, seg\u00fan qued\u00f3 anotado, mal puede obrar afectaci\u00f3n para el querellante en punto de un preciso asunto en que por disposici\u00f3n legal no est\u00e1 llamado a actuar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por supuesto, si bien es cierto que el juzgado acusado, inadecuadamente, permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n del petente respecto de actuaciones que privativamente le incumb\u00edan a las partes, tambi\u00e9n lo es que tal proceder no comporta, ni m\u00e1s faltaba, que consecuentemente surja legitimaci\u00f3n en cabeza del quejoso para cuestionar el auto de 12 de mayo del presente a\u00f1o como aqu\u00ed ocurre, puesto que el mismo trat\u00f3 un asunto acerca del cual no detenta inter\u00e9s alguno, como es lo atinente al relevo del secuestre designado que, conforme al art\u00edculo 688 de la ley civil adjetiva, es proceder que exclusivamente se emprende \u201cde oficio o a petici\u00f3n de parte\u201d. As\u00ed las cosas se impone la negaci\u00f3n del amparo, [\u2026] (se resalta).  <\/span><\/p>\n

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       4.4.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- Al margen de lo anterior, y en cuanto hace con la solicitud de que se expidan \u00abcopias\u00bb con miras a que se inicien investigaciones \u00abpenales y disciplinarias\u00bb, vale se\u00f1alar que el gestor est\u00e1 en mejores condiciones de exponer ante las autoridades competentes las circunstancias que estima como quebrantadoras, motivo por el cual \u00e9l, si a bien lo tiene, puede dirigir directamente las peticiones que encuentre oportunas, raz\u00f3n por la que tampoco se acceder\u00e1 a esa deprecaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC2749-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00379-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil diecisiete (2017).             Dec\u00eddese la tutela instaurada por Hugo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99732","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99732\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}