{"id":99736,"date":"2026-06-25T19:18:00","date_gmt":"2026-06-25T19:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2753-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:18:00","modified_gmt":"2026-06-25T19:18:00","slug":"stc2753-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2753-2017\/","title":{"rendered":"STC2753-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2753-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2016-00491-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Miguel Orozco Moscoso contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las personas inscritas en las convocatorias 136 a 220 de 2012 y 254 de 2013 y las que hacen parte de la lista de elegibles para el cargo de Directivo Docente Rector de Soledad, la Defensor\u00eda del Pueblo, las Gobernaciones de Bol\u00edvar y Cesar, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cartagena y el ciudadano Hern\u00e1n Vergel Salcedo.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad, que estima vulnerados por la entidad accionada al no asignarle una vacante como Rector en la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda, ubicada en Cartagena, a pesar de que hace parte de la lista de elegibles para proveer cargos de esa naturaleza.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene al organismo acusado que le asigne la plaza del empleo mencionado en aquel establecimiento educativo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2286 del 29 de abril de 2015, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil conform\u00f3 la lista de elegibles para proveer vacantes de Directivo Docente Rector de las instituciones educativas oficiales en el municipio de Soledad, Atl\u00e1ntico, en el marco de la Convocatoria n.\u00b0 209 de 2012, en donde se incluy\u00f3 en el d\u00e9cimo puesto a Jos\u00e9 Miguel Orozco Moscoso.  <\/span><\/p>\n

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2. No obstante, como las vacantes ofrecidas en el mencionado municipio fueron ocupadas por personas que estaba por encima del actor en la lista correspondiente, el 27 de mayo de 2016 aquel particip\u00f3 de la Audiencia Virtual Nacional que llev\u00f3 a cabo la entidad accionada para ofrecer cargos similares en otras entidades territoriales, en la que el actor, como primer opci\u00f3n, eligi\u00f3 a la Instituci\u00f3n Educativa Carlos Restrepo Araujo de Bosconia, Cesar.  <\/span><\/p>\n

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3. El 8 de junio siguiente, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil public\u00f3 los resultados de la audiencia referida y le asign\u00f3 al se\u00f1or Orozco Moscoso el colegio para el cual opt\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4. Sin embargo, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Cesar inform\u00f3, el 20 de junio del a\u00f1o citado, al quejoso que no se pod\u00eda posesionar en el cargo de Rector del establecimiento educativo aludido, porque ese puesto hab\u00eda sido asignado a Hern\u00e1n Vergel Salcedo por medio de traslado efectuado en el 2009, y adem\u00e1s le advirti\u00f3 que exist\u00eda una vacante en la Instituci\u00f3n Educativa Nuestra Se\u00f1ora del Carmen, ubicada en la zona rural de Bosconia.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme con lo anterior, el 22 de junio de la anualidad anterior, el actor solicit\u00f3 a la entidad accionada que le asignara la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda, ubicada en Cartagena, que fue incluida como prioridad n\u00famero 4 en la audiencia mencionada.  <\/span><\/p>\n

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6. El 8 de agosto de 2016, el actor formul\u00f3 una nueva solicitud al organismo querellado a efectos de que se solucionara su problema, el cual tuvo origen en el equivocado reporte que hizo el Departamento del Cesar sobre las vacantes disponibles.  <\/span><\/p>\n

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7. La entidad accionada, en comunicaci\u00f3n fechada el 20 de agosto siguiente, se\u00f1al\u00f3 que no era posible otorgarle otra vacante y que habilitar\u00eda el aplicativo para que participara en la nuevas Audiencias Virtuales Departamental y General Nacional, para que as\u00ed eligiera otra instituci\u00f3n educativa.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que \u00e9l hace parte de la lista de elegibles para proveer las vacantes para Directivo Docente Rector, sin embargo a causa de diversas irregularidades administrativas no ha podido posesionarse en el cargo para el cual concurs\u00f3 en las instituciones educativas que escogi\u00f3 en la Audiencia Virtual Nacional efectuada por la entidad accionada, pues el colegio que le fue asignada no estaba disponible, de modo que debe serle ofrecida la vacante en una de los establecimientos que eligi\u00f3 en subsidio, esto es, la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda de Cartagena. [Folios 1-9, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 9 de septiembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la autoridad encausada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las personas inscritas en las convocatorias 136 a 220 de 2012 y 254 de 2013 y las que hacen parte de la lista de elegibles para el cargo de Directivo Docente Rector de Soledad, y la Defensor\u00eda del Pueblo, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. [Folio 46, c. 1]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se opuso a la prosperidad del resguardo deprecado por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad y la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues quien debe atender la queja del actor es la entidad territorial que requiri\u00f3 el nombramiento, es decir, el Departamento del Cesar. [Folios 53-59, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. Posteriormente, en prove\u00eddo del 21 de septiembre de 2016, se orden\u00f3 vincular a las Gobernaciones de Bol\u00edvar y Cesar. [Folio 88, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. El 26 de septiembre siguiente, el a quo constitucional dict\u00f3 sentencia concediendo la protecci\u00f3n invocada. [Folios 95-98, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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5. No obstante, en auto de 4 de octubre del a\u00f1o citado, se declar\u00f3 la nulidad de la providencia anterior y se orden\u00f3 vincular a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cartagena. [Folio 114, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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6. La entidad vinculada se\u00f1al\u00f3 que no es procedente la protecci\u00f3n constitucional, ya que el quejoso no se encuentra en la lista de elegibles suministrada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y adem\u00e1s la vacante de Rector de la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda hace parte de la Convocatoria n.\u00b0 354 de 2016, en la que tendr\u00eda que participar para aspirar a la misma. [Folios 196-198, c. 1]  <\/span><\/p>\n

7. En fallo de 18 de octubre de 2016, el Tribunal concedi\u00f3 de nuevo el amparo solicitado por el accionante. [Folios 225-228, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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8. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cartagena y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil impugnaron la determinaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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9. Esta Corporaci\u00f3n, en auto 25 de noviembre de 2016, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia emitida por el inferior y orden\u00f3 que se efectuara las citaciones omitidas del Departamento del Cesar y el ciudadano Hern\u00e1n Vergel Salcedo. [Folios 3-7, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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10. A trav\u00e9s de la providencia del 14 de diciembre siguiente, el a quo dio cumplimiento a la decisi\u00f3n precedente. [Folio 296, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Cesar inform\u00f3 que, si bien ofert\u00f3 por error involuntario la plaza de rector en la Instituci\u00f3n Educativa Carlos Restrepo Araujo de Bosconia, se advirti\u00f3 en la audiencia p\u00fablica correspondiente que ese cargo estaba ocupado por un directivo con derechos de carrera. [Folios 291-293, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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11. En sentencia de 18 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Barranquilla otorg\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la Alcald\u00eda Distrital de Cartagena que informara a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil todo lo relacionado con la disponibilidad de la vacante de Rector en la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda, y a la \u00faltima entidad referida que convocara a audiencia p\u00fablica en la que ofreciera la vacante de Directivo-Rector a la cual aspir\u00f3 el accionante, u otra que re\u00fana iguales o parecidas caracter\u00edsticas y condiciones a aquella, tras considerar que las entidades territoriales y el organismo encargado de realizar el concurso de m\u00e9ritos suministraron informaci\u00f3n inexacta a los participantes acerca de los cargos convocados, motivo por el cual es necesario que se esclarezcan cu\u00e1les son las vacantes definitivas y se gestione su ocupaci\u00f3n, para que, de esa manera, el promotor de la queja pueda obtener el empleo para el que concurs\u00f3. [Folios 341-345, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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12. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cartagena y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil la impugnaron, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de intervenci\u00f3n correspondientes. [Folios 357-360, c. 1 y 7-10, c. 3]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares.  Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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En t\u00e9rminos precisos, el amparo tiene como fin exclusivo dar soluci\u00f3n eficiente y oportuna a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho que ostente la categor\u00eda de fundamental.  <\/span><\/p>\n

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2. En el supuesto sometido a la consideraci\u00f3n de la Corte, el reclamante denunci\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos con ocasi\u00f3n de la falta de negativa de las autoridades administrativas encausadas de nombrarlo en los establecimientos educativos seleccionados por \u00e9l en la audiencia p\u00fablica de escogencia de plaza para el cargo de Rector, dentro de la Convocatoria n.\u00b0 209 de 2012, pese a que all\u00ed se indic\u00f3 que en el acto administrativo citado se estableci\u00f3, en su art\u00edculo 50, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Las listas de elegibles tendr\u00e1n validez para los empleos convocados para el Municipio de Soledad.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil, dentro de su competencia de administraci\u00f3n del sistema de carrera docente, dispondr\u00e1 las condiciones de utilizaci\u00f3n de las listas departamentales y general nacional de elegibles, para la provisi\u00f3n de nuevas vacantes, para lo cual podr\u00e1 establecer, entre otros mecanismos, que cuando en una entidad territorial se agote la lista de elegibles y subsistan o sobrevengan cargos por proveer, podr\u00e1 aplicar la lista de elegibles departamentales o la lista general nacional de elegibles conformada por la CNSC, para proceder al nombramiento en per\u00edodo de prueba, en estricto orden de puntajes, a aquellos elegibles que acepten el nombramiento. En este caso, si el elegible no acepta el nombramiento no ser\u00e1 causal de exclusi\u00f3n del listado de elegibles territorial.  <\/span><\/p>\n

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PAR\u00c1GRAFO: La Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil una vez superada la primera audiencia p\u00fablica de escogencia de plaza en establecimiento educativo, conformar\u00e1 las departamentales y general nacional de elegibles, de conformidad con su competencia legal consagrada en el art\u00edculo 11 de la Ley 909 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, las inconformidades del actor versan sobre la garant\u00eda del debido proceso administrativo, del cual es conocido que hace referencia al conjunto de reglas m\u00ednimas sustantivas y adjetivas que los ordenamientos constitucional y legal imponen para el buen funcionamiento de la gesti\u00f3n p\u00fablica, la seguridad jur\u00eddica de los ciudadanos y la validez de las actuaciones de los entes estatales.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ha sostenido esta Sala que la esencia del comentado derecho \u00abemana del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y se manifiesta en la sujeci\u00f3n que los diferentes \u00f3rganos y organismos del Estado deben cumplir al ordenamiento jur\u00eddico, y con mayor raz\u00f3n en los tr\u00e1mites que involucren a los particulares, ya sea como investigados o como promotores de una determinada actuaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 mar. 2012, rad. 00005-01).  <\/span><\/p>\n

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El debido proceso administrativo se erige como un mandato inexcusable que no puede ser desatendido por las dependencias estatales, cualquiera que sea su orden jer\u00e1rquico, en cuanto tiende a garantizar la correcta producci\u00f3n de sus actos, los cuales se someten a una serie de presupuestos establecidos en la ley para reconocerles plena validez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otro lado, se advierte que los concursos de m\u00e9ritos son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. Por este motivo, el concurso se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad, por su propia naturaleza de competitividad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n, de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima, y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como del derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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4. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta procedente, porque las decisiones de las autoridades p\u00fablicas accionadas y vinculadas resultan contrarias a las disposiciones que regulan los concursos de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de empleos de Directivos Docentes y Docentes de instituciones educativas oficiales de entidades territoriales certificadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tal como se expuso atr\u00e1s, en el Acuerdo n.\u00b0 253 del 2 de octubre de 2012, por el cual se convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para proveer los empleos vacantes de Directivos Docentes y Docentes en los establecimientos educativos oficiales ubicados en Soledad, Atl\u00e1ntico, se dispuso que era posible utilizar la lista de elegibles conformada para esa municipio, como para cualquier otra entidad territorial en la que subsistan o sobrevengan cargos vacantes por proveer, siempre y cuando se respete el orden descendiente de los puntajes de las personas que conforman las listas departamentales y general nacional de elegibles, a trav\u00e9s del mecanismo de la audiencia p\u00fablica de escogencia de plaza, previsto para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este puntual t\u00f3pico, ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el acceso a los empleos p\u00fablicos debe hacerse a trav\u00e9s de un proceso de selecci\u00f3n que privilegie el m\u00e9rito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria p\u00fablica, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y a la ley. Es claro, entonces, que la convocatoria constituye el instrumento normativo por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripci\u00f3n, quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteraci\u00f3n rompa ese equilibrio, salvo que \u00e9sta sobrevenga por una decisi\u00f3n judicial legalmente ejecutoriada. (CSJ STC, 25 mar. 2010, rad. 2010-00003-01, CSJ STC, 14 jun. 2012, rad. 2012-00078-01 y CSJ STC, 28 abril 2014, rad. 2014-00110-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Pues bien, en el caso que se analiza, la Corte evidencia que, si bien el se\u00f1or Orozco Moscoso no obtuvo ninguna de las vacantes disponibles en Soledad, Atl\u00e1ntico, a causa de los puntajes superiores obtenidos por otros aspirantes, \u00e9l decidi\u00f3 acudir a la audiencia p\u00fablica efectuada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil para proveer cargos disponibles en otras entidades territoriales certificadas, en donde eligi\u00f3 la Instituci\u00f3n Educativa Carlos Restrepo Araujo de Bosconia, Cesar, sin embargo no se produjo su nombramiento en per\u00edodo de prueba debido a que esa plaza es ocupada por una persona con derechos de carrera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta situaci\u00f3n obedeci\u00f3 a que la Gobernaci\u00f3n de Cesar brind\u00f3 una informaci\u00f3n err\u00f3nea al aqu\u00ed quejoso, la cual tampoco fue corregida por la entidad accionada, afectando su garant\u00eda a la confianza leg\u00edtima al estimar que s\u00ed pod\u00eda ocupar aquella plaza, en efecto esa irregularidad de car\u00e1cter administrativo le ha impedido tomar una decisi\u00f3n adecuada frente a la selecci\u00f3n de un establecimiento educativo en el que exista una vacante para el cargo de Rector, sin que tal equivocaci\u00f3n o sus efectos puedan imputarse al accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a empleos p\u00fablicos mediante carrera, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil tiene el deber de suministrar la informaci\u00f3n relativa a la disponibilidad de vacantes para el empleo al cual aspira el reclamante, por medio de los mecanismos previstos en la normatividad que regula ese tipo de concursos de m\u00e9ritos, como lo es la audiencia p\u00fablica de escogencia de plaza en establecimiento educativo, y de esa manera, se garantice que el impulsor de la salvaguarda pueda aspirar al cargo de Rector en la Instituci\u00f3n Educativa Hijos de Mar\u00eda, ubicado en Cartagena, si se encuentra en situaci\u00f3n de vacancia, o en cualquier otro que re\u00fana caracter\u00edsticas similares a ese empleo, m\u00e1xime que la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2286 del 29 de abril de 2015, en la que se conform\u00f3 la lista de elegibles para la Convocatoria n.\u00b0 209 de 2012, todav\u00eda se encuentra vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que la protecci\u00f3n constitucional debe concederse, en la forma dispuesta por el Tribunal Superior de Barranquilla, en consecuencia se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2753-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2016-00491-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}