{"id":99737,"date":"2026-06-25T19:18:07","date_gmt":"2026-06-25T19:18:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2754-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:18:07","modified_gmt":"2026-06-25T19:18:07","slug":"stc2754-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2754-2017\/","title":{"rendered":"STC2754-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2754-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00074-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alfonso Moreno Mu\u00f1oz, contra el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad y la Alcald\u00eda Municipal de Pasto -Nari\u00f1o, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerados por las autoridades accionadas por las v\u00edas de hecho en las que incurrieron al decretar medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo que se adelanta contra Carlos Urias Rueda \u00c1lvarez, pues la oficina judicial acusada orden\u00f3 el embargo de los dineros que el demandado tenga a su favor por concepto del contrato N\u00b0 20153351 celebrado con el \u00abconsorcio 2C\u00bb;  no obstante, la Alcald\u00eda oficiada para dar cumplimiento a la medida, puso a disposici\u00f3n del juzgado, dineros por pagar al mentado consorcio.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abse ordene al Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la Alcald\u00eda Municipal de Pasto el desembargo de las sumas de dinero retenidas por cuenta del proceso ejecutivo entablado por Jos\u00e9 Leonardo Rubio Camargo en contra del sr Carlos Urias Rueda \u00c1lvarez\u00bb. [Folio 2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Jos\u00e9 Leonardo Rubio Camargo, formul\u00f3 demanda ejecutiva contra Carlos Julio Rueda \u00c1lvarez con el prop\u00f3sito de conseguir el pago de la obligaci\u00f3n dineraria contenida en la letra de cambio suscrita por el ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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2. El demandante present\u00f3 solicitud de medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad, a quien le correspondi\u00f3 por reparto conocer el asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago en contra del ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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4. En auto de 13 de mayo de 2016, el Juzgado de conocimiento decret\u00f3 el embargo de los dineros que el demandado tenga a su favor por concepto del contrato N\u00b0 20153351, a nombre del Consorcio 2C;  limit\u00f3 la medida a la suma de $525.000.000,oo.  <\/span><\/p>\n

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5. El 18 de octubre de 2016, la Alcald\u00eda accionada, en cumplimiento de la orden, consign\u00f3 al \u00f3rdenes del juzgado la suma de $160.519.478,83  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio del peticionario del amparo, el decreto y pr\u00e1ctica de la medida cautelar vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, toda vez que integra junto con el ejecutado, el Consocio 2C que a su vez, tiene vigente el contrato N\u00b0 20153351 celebrado con la Alcald\u00eda Municipal de Pasto \u2013licitaci\u00f3n p\u00fablica-.  <\/span><\/p>\n

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Acus\u00f3 que el obedecimiento por parte de la Alcald\u00eda sobre la cautela, constituye una v\u00eda de hecho al embarg\u00e1rsele dineros por pagar al consorcio y no los que tuviere a favor del ejecutado de manera exclusiva.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades convocadas y se dispuso enterar de la acci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido con el radicado N\u00b0 2016- 00232. [Folio 20, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Hacienda de la Alcald\u00eda de Pasto,  solicit\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional al no transgredir los derechos del accionante.  <\/span><\/p>\n

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Relat\u00f3 que en varias ocasiones pidi\u00f3 al juzgado aclarar la orden de embargo, pues los dineros de que trata, son anticipos otorgados al consorcio para la ejecuci\u00f3n del contrato;  pero, en vista que no obtuvo respuesta, procedi\u00f3 a consignar a \u00f3rdenes de aquel, un primer pago por la suma de $160.519.478,83 y una segunda consignaci\u00f3n por un valor de $364.480.521,17, para completar as\u00ed, en lo que se limit\u00f3 la medida, por tanto, su proceder obedeci\u00f3 a cumplir la orden judicial literal. [Folios 25- 79, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el expediente lo remiti\u00f3 al Tribunal desde el 17 de noviembre de 2016 para efectos de desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el d\u00eda 3 de esa misma mensualidad, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. [Folio 86, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 26 de enero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo, tras argumentar, que \u00ablos reparos formulados contra tales autoridades, aqu\u00ed implicadas, al derivar de una actuaci\u00f3n judicial, deben ponerse en conocimiento y discusi\u00f3n primeramente del juez natural y cognoscente del asunto\u00bb pues el juez constitucional no puede reemplazar las instancias judiciales cuya pretensi\u00f3n no es otra que levantar una medida cautelar. [Folios 92- 97, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. El promotor de la queja impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin expresar los motivos de su inconformidad.  [Folio 104, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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       En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, se advierte que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial, para propender por la protecci\u00f3n de sus derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para remediar las presuntas irregularidades que asevera se presentan en el decreto y pr\u00e1ctica de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo que adelanta Jos\u00e9 Leonardo Rubio Camargo contra Carlos Urias Rueda \u00c1lvarez, con radicado n\u00famero 2016-00232 y, que se tramita en el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el peticionario puede reclamar directamente, al juez accionado que conoce del asunto, para que \u00e9ste examine si fueron conculcadas sus garant\u00edas fundamentales y de ser procedente, adopte las medidas necesarias para conjurar la situaci\u00f3n denunciada por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, atendiendo a lo referido y demostrado en la presente acci\u00f3n, que da cuenta que el actor no ha acudido al juzgado para poner en conocimiento los hechos alegados, con el prop\u00f3sito de conseguir mediante el tr\u00e1mite respectivo, los fines que pretende en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en \u00faltimas, puede a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite incidental, solicitar el desembargo de los dineros que la Alcald\u00eda de Pasto consign\u00f3 a \u00f3rdenes de la oficina judicial accionada, en cumplimiento de la medida cautelar comunicada a esa entidad.  <\/span><\/p>\n

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3. Resulta, entonces, ostensible, que si el gestor no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de los mecanismos que tiene a su alcance.   <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en su oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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