{"id":99738,"date":"2026-06-25T19:18:09","date_gmt":"2026-06-25T19:18:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2755-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:18:09","modified_gmt":"2026-06-25T19:18:09","slug":"stc2755-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2755-2017\/","title":{"rendered":"STC2755-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2755-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2016-00360-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013Familia \u2013Laboral del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Cuenca Cabrera, contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los herederos determinados e indeterminados del causante Constantino Cuenca y a Roberto Falla Montealegre en su condici\u00f3n de secuestre en el proceso de sucesi\u00f3n conocido con radicado N\u00b0 2012-00487.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, igualdad, vida, salud, vivienda y trabajo que estima vulnerados por la autoridad judicial al no resolver el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que deneg\u00f3 la transacci\u00f3n, ni resolver sobre la solicitud de relevo del secuestre quien ha dado un mal manejo de los bienes que est\u00e1n en su custodia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita ordenar al juzgado accionado a que i) le entregue los dineros que haya consignado el secuestre producto de frutos, de los bienes que seg\u00fan la transacci\u00f3n pertenecen a \u00e9l; ii) levantar el embargo que pesa sobre el acervo hereditario y declarar la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n  pues fue realizada por los coherederos mediante transacci\u00f3n debidamente protocolizada; y iii) resuelva recursos de reposici\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la transacci\u00f3n y la solicitud de relevar al secuestre con el prop\u00f3sito de que se le entreguen los bienes que le fueron asignados en la referida transacci\u00f3n.  [Folios 5 y 6, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Olga Luc\u00eda Rivera, inici\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n con ocasi\u00f3n a la muerte de Constantino Cuenca Vega, el cual se radic\u00f3 con el N\u00b0 2012-00487.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Se entreg\u00f3 al juzgado de conocimiento un contrato de transacci\u00f3n con el prop\u00f3sito de que la mentada oficina lo aprobara y decretara la terminaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 29 de octubre de 2015, se deneg\u00f3 la transacci\u00f3n arrimada a folio 119 del expediente y se le inform\u00f3 al peticionario que \u00abel cumplimiento de la misma no es asunto del presente proceso sucesorio, por cuanto en primer lugar, existe embargo sobre algunos bienes de todos los herederos del causante Constantino Cuenca Vega, acto que saca del comercio a los mismos, y en segundo lugar porque la transacci\u00f3n no involucra a todas las partes en este asunto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El apoderado judicial de Hernando Cuenca Cabrera, interpone recurso de reposici\u00f3n y en subsidio, el de apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6. De otro lado, el accionante, ha insistido en sendas peticiones, requerir al secuestre Roberto Falla Montealegre, para efectos de que rinda cuentas de su gesti\u00f3n y a s\u00ed mismo, solicit\u00f3 relevarlo del cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. La oficina judicial, en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n, en auto de 31 de julio de 2015, requiri\u00f3 al mencionado custodio para que rindiera cuentas de su administraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Dentro de la oportunidad otorgada, el designado secuestre, atendi\u00f3 el requerimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En prove\u00eddo de 29 de octubre de 2015, se declar\u00f3 terminada la actuaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas y le puso de presente al censor, que \u00ablas cuentas deben rendirse en proceso separado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la misma actuaci\u00f3n, respecto de la solicitud de relevar al auxiliar de la justicia de su cargo, consign\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel Juzgado observando que el citado auxiliar de la justicia no ha incurrido en las conductas enlistadas para tal fin en el art. 10 y 688 del C. de P. Civil, el Juzgado niega lo pedido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El peticionario, interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 6 de diciembre de 2016, el operador judicial mantuvo inc\u00f3lume la providencia materia de reproche, y deneg\u00f3 el recurso subsidiario propuesto por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. En criterio del peticionario del amparo, se vulneran sus garant\u00edas fundamentales en tanto que el juzgado acusado no ha resuelto el recurso de reposici\u00f3n contra el tr\u00e1mite que deneg\u00f3 la transacci\u00f3n, ni se ha pronunciado acerca de la solicitud de relevo del secuestre, para que \u00ab[tengamos] todos los herederos las mismas posibilidades de usufructuar para poder tener un nivel de vida digno que [me] asegure el derecho de vida y sus conexos\u00bb;  pues afirma que es una persona de la tercera edad, que no cotiz\u00f3 a pensi\u00f3n y contrat\u00f3 la transacci\u00f3n para garantizarse una entrada econ\u00f3mica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 14 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad convocada y dem\u00e1s vinculados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 33 y 34, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero de Familia de Neiva anunci\u00f3 que el 6 de diciembre de 2016 resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que deneg\u00f3 la transacci\u00f3n e indic\u00f3 que una vez agotadas todas las etapas procesales, determinar\u00e1 la conclusi\u00f3n del proceso, salvo que las partes acudan a mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos, motivo por el cual no es procedente dictar una sentencia anticipada como se pretende;  en cuanto a su funci\u00f3n como dirigente judicial, advirti\u00f3 que ha dado el tr\u00e1mite en lo que la carga del despacho lo ha permitido, acusando a las partes de dilatar el proceso con m\u00faltiples peticiones que no contribuyen a un \u00e1gil desarrollo en su gesti\u00f3n.  [Folio 52, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, Roberto Falla Montealegre en su condici\u00f3n de secuestre designado en el proceso de sucesi\u00f3n, cont\u00f3 que en diligencia de secuestro de 11 de diciembre de 2014 se le hizo entrega de los predios \u00abSan Diego, El Olivo El Olvido, Tijeras 3 y Tijeras 2\u00bb; sin embargo, para hacer efectiva dicha cautela, la oficina judicial tuvo que recurrir a una medida de protecci\u00f3n, consistente en que acudieran \u00ab50 agentes aproximadamente\u00bb pertenecientes a la Polic\u00eda Nacional, por las amenazas del aqu\u00ed accionante, junto con otros herederos.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

De otro lado, Ramiro Cuenca Cabrera coadyuv\u00f3 a las pretensiones de la tutela al criticar la administraci\u00f3n de los bienes secuestrados;  en su sentir, que el secuestre arriende a una persona diferente del accionante, vulnera los derechos fundamentales por \u00e9l invocados.  [Folios 57- 64, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 13 de enero de 2017, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva deneg\u00f3 el amparo, por considerar que las \u00f3rdenes pretendidas, son de exclusiva competencia del juez ordinario, sin que pueda invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n.  En todo caso, advirti\u00f3 que el despacho accionado, en providencia de 6 de diciembre de 2016, resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n del que se duele y a su vez, deneg\u00f3 relevar de su cargo al secuestre designado.  Estim\u00f3 que a\u00fan est\u00e1 pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso de manera subsidiaria contra el auto que deneg\u00f3 la transacci\u00f3n y por \u00faltimo, consider\u00f3 que deben agotarse todas las etapas procesales para efectos de poner fin al proceso sucesorio, pues no es la acci\u00f3n de tutela, la v\u00eda sustituta de los recursos ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cierre, no advirti\u00f3 que se estuviera frente a un perjuicio irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. [Folios 79 – 87, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la acci\u00f3n constitucional la impugn\u00f3, e insisti\u00f3 que no relevar al secuestre atenta contra sus garant\u00edas fundamentales, pues no se le permite arrendar un predio que en \u00faltimas es de su propiedad. [Folios 94 – 95, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto el tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, es evidente que al deneg\u00e1rsele al actor en primer grado la s\u00faplica relativa a reconocerse el contrato de transacci\u00f3n, el peticionario formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n, el primero le fue resulto el 6 de diciembre de 2016, de manera desfavorable, tras concluirse que aquel acuerdo no estaba suscrito por la totalidad de los herederos;  ahora, el segundo se encuentra en tr\u00e1mite por parte del superior, sin que se haya tomado una decisi\u00f3n definitiva sobre el punto de reproche.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No pasa desapercibido, adem\u00e1s, que las pretensiones enlistadas por el reclamante en su escrito introductor, van encaminadas a que se reconozca la transacci\u00f3n, se termine el proceso, se levanten las cautelas sobre los bienes que hacen parte del acervo hereditario, y se le entreguen los que le fueron asignados en el mentado acuerdo;  todos estos, ligados en lo fundamental, a la censura ventilada que deber\u00e1 desatarse en la segunda instancia, pues ya se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n al que hac\u00eda referencia, y en tanto, se concedi\u00f3 ante el superior, la apelaci\u00f3n, sin que le sea admisible conseguir un pronunciamiento anticipado por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Quiere ello decir, que si bien no se ha resuelto el \u00faltimo medio de defensa utilizado por el quejoso, es lo cierto que sus garant\u00edas fundamentales est\u00e1n siendo respetadas por las autoridades cuestionadas, en la medida en que ellas han adoptado la posici\u00f3n jur\u00eddica que han estimado correcta de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acreditada en el expediente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que el peticionario se apresura a solicitar que sea el juez de tutela quien defina si las actuaciones mencionadas se ajustaron o no a la ley, m\u00e1s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3. De otro lado, respecto de su insistente pretensi\u00f3n de relevar al secuestre, no se estima procedente conceder dicha suplica como quiera que revisadas las actuaciones surtidas sobre ese punto, advierte la Sala que el operador judicial en una primera oportunidad, requiri\u00f3 al auxiliar de justicia, para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n, llamado que se atendi\u00f3 oportunamente, sin que se vislumbre una flagrante vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas, pues aquel alleg\u00f3 no solo un escrito con la relaci\u00f3n de su administraci\u00f3n, sino que adem\u00e1s, aporto pruebas relativas a contratos, frutos e incluso tr\u00e1mites tendientes a disminuir el impuesto predial, como adem\u00e1s quejas en las que acusa a ciertos herederos, de entorpecer su funci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En segunda medida, en auto de 29 de octubre de 2015, la oficina judicial le neg\u00f3 su pedimento por no observar que aquel incurriera en las conductas enlistadas del art\u00edculo 10 y 686 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil;  luego, mantuvo el pronunciamiento, al resolver sobre el recurso de reposici\u00f3n sobre aquella petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio, en la medida que el  quejoso no acredit\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 00162-01, reiterada el 3 jul. 2012, rad. 00135-01, 18 oct. 2012, rad. 00213-01 y 7 mar. 2013, rad. 00581-01), de modo que ante esa orfandad probatoria el menoscabo denunciado qued\u00f3 reducido a meras conjeturas y suposiciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En todo caso, se exhorta al juzgado accionado para que en lo sucesivo imprima agilidad procesal al asunto, y de una oportuna y pronta resoluci\u00f3n a las peticiones elevadas por las partes, toda vez que se observa una demora ostensible a la resoluci\u00f3n de las solicitudes y recursos interpuestos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las anteriores razones, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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