{"id":99747,"date":"2026-06-25T19:19:13","date_gmt":"2026-06-25T19:19:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2770-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:19:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:19:13","slug":"stc2770-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2770-2017\/","title":{"rendered":"STC2770-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2770-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00122-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Rojas Gonz\u00e1lez contra la Inspecci\u00f3n Tercera C Distrital de Polic\u00eda y los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado Jorge Jaime Castro Arias, demandante en el proceso ordinario n\u00ba 2009-00151.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama, \u00abcomo mecanismo transitorio\u00bb, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, buena fe, \u00ableg\u00edtima confianza y a la posesi\u00f3n material\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al \u00abaplicar indebidamente el procedimiento\u00bb en el juicio ordinario antes referido que se sigue en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Del confuso texto que compone la demanda y con apoyo en los anexos, se extracta:  <\/span><\/p>\n

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2.1. El 10 de febrero de 2009, Jorge Jaime Castro Arias instaur\u00f3 demanda contra el ac\u00e1 accionante, pretendiendo la resoluci\u00f3n del \u00abacuerdo o compromiso\u00bb compraventa de la oficina 504 del Edificio Soto Mayor ubicado en la Avenida Jim\u00e9nez n\u00ba 5-30 de Bogot\u00e1, suscrito el 28 de enero de 2005, por carencia de los requisitos legales para su validez e incumplimiento de las obligaciones a cargo del se\u00f1or Rojas Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Por no haberse ordenado la pr\u00e1ctica de dos testimonios por \u00e9l solicitados, el querellante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto del 19 de mayo de 2011, y como la decisi\u00f3n se mantuvo sin conceder el recurso subsidiario, impetr\u00f3 el de queja cuyo resultado fue favorable seg\u00fan prove\u00eddo del 1\u00ba de febrero de 2012, y consecuencia de ello el 22 del mismo mes y a\u00f1o se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, para lo cual dijo que pag\u00f3 \u00ablas expensas exigidas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Tras referir en extenso el trasegar judicial de ese recurso y el de otras actuaciones surtidas en un proceso reivindicatorio adelantado entre las mismas partes, as\u00ed como el de un ejecutivo por las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble en disputa, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Sexto Civil Municipal incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb al cerrar la etapa probatoria, pese a la \u00abincidencia real\u00bb del resultado de la \u00abalzada\u00bb \u00aben el decurso del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Habiendo avocado el conocimiento del proceso el 5 de febrero de 2014, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1  profiri\u00f3 sentencia el 8 de abril de 2016 en la cual neg\u00f3 las pretensiones, declar\u00f3 no probadas las excepciones, y en su lugar decret\u00f3 \u00abla NULIDAD ABSOLUTA\u00bb del \u00abacuerdo o  compromiso\u00bb celebrado por las partes, al encontrar que \u00abno se configur\u00f3 en una verdadera promesa de compraventa\u00bb, y orden\u00f3, dentro de las restituciones mutuas, que el se\u00f1or Rojas Gonz\u00e1lez devolviera la oficina y los muebles que le fueron entregados, para cuya entrega dispuso comisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Refiri\u00f3 que al no haberse esperado a que reposara en el expediente el resultado de la apelaci\u00f3n sobre pruebas, se configur\u00f3 la causal de nulidad consistente en pretermitir una etapa procesal, no subsanada mediante su decreto oficioso, y cuestion\u00f3 la notificaci\u00f3n del fallo dictado el 8 de abril de 2016, pues se hizo por edicto en lugar de aplicar lo que al respecto dispone el C\u00f3digo General del Proceso, y por tanto, apelada esa decisi\u00f3n, fue concedida por el a-quo conforme a lo establecido en el anterior ordenamiento adjetivo.  <\/span><\/p>\n

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2.6. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito, aduciendo el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, mediante auto del 19 de septiembre de 2016 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, al observar que el recurrente no atendi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en indicar los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, y que atacado ese auto mediante el recurso de s\u00faplica, \u00e9ste fue negado porque el que proced\u00eda era el de reposici\u00f3n, agregando que como el fallo debi\u00f3 notificarse por estado y no por edicto, la apelaci\u00f3n se hab\u00eda interpuesto de manera extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende \u00abque se declare nulo el proceso 2009-151, desde el auto que concede la apelaci\u00f3n data 22\/02\/2012 (\u2026) o desde el auto del 01\/09\/2014 cuando se ordena el cierre de la etapa de pruebas por estar pendiente el recaudo de pruebas\u00bb, y \u00abque el juzgado 06 Civil Municipal\u2026 indague cual fue el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n\u00bb del referido recurso,  \u00abo en su defecto, recaude las pruebas de oficio, por tener una relaci\u00f3n \u00edntima, directa e intr\u00ednseca a la defensa\u00bb (fls. 75 a 87, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que se profiri\u00f3 en primera instancia, toda vez que la parte recurrente no expuso los reparos concretos que le hac\u00eda a la decisi\u00f3n, conforme con lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 322 del C.G. del P., decisi\u00f3n que fue objeto de s\u00faplica por el abogado del demandado, lo cual fue objeto de pronunciamiento mediante auto calendado 11 de octubre de 2016\u00bb, actuaci\u00f3n que considera se ajust\u00f3 a la normativa vigente (fl. 99, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. El Juez Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1, frente al reclamo de haber dictado sentencia sin la prueba cuestionada v\u00eda apelaci\u00f3n, dijo que tal actuaci\u00f3n no es irregular seg\u00fan del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 354 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y a\u00f1adi\u00f3 que desde que se concedi\u00f3 ese recurso a la fecha en que avoc\u00f3 conocimiento, \u00abtranscurrieron m\u00e1s de 20 meses sin que en ese lapso el accionante se preocupara por el destino de la apelaci\u00f3n que era carga suya, en tanto era apelante\u00bb, desidia que mantuvo el quejoso al no atacar el auto que cerr\u00f3 la etapa probatoria y convoc\u00f3 la de alegaciones. Adjunt\u00f3 copia de piezas procesales pertinentes (fls. 151 a 154, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Jorge Jaime Castro Arias, demandante en el proceso ordinario cuya actuaci\u00f3n es objeto de censura, indic\u00f3 que \u00e9sta es otra muestra de la dilaci\u00f3n del proceso que ya lleva m\u00e1s de 7 a\u00f1os, \u00ababuso del derecho\u00bb y \u00abfaltas a la \u00e9tica como abogado\u00bb, lo cual ha sido llevado a los escenarios judiciales competentes, y en suma, pidi\u00f3 la declaratoria de improcedencia del resguardo (fls. 161 y 162, id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que el accionante \u00abno agot\u00f3 los medios de defensa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n dentro del proceso ordinario\u2026 pues frente a la providencia de 1 de septiembre de 2014 que dio cierre a la etapa probatoria, permaneci\u00f3 silente\u2026 de la misma manera actu\u00f3 frente a la presentaci\u00f3n de alegatos de conclusi\u00f3n ya que no uso (sic) de esa oportunidad procesal\u00bb; tampoco encontr\u00f3 irregularidad por haberse dictado el fallo sin que haberse acreditado el curso de una apelaci\u00f3n anterior, porque para ello el juez estaba habilitado conforme a lo previsto en el ordenamiento procesal civil, y acot\u00f3 que el actor no mostr\u00f3 inconformidad frente a la notificaci\u00f3n del fallo, \u00abdejando que se surtiera la apelaci\u00f3n que result\u00f3 desierta y que frente a ella interpusiera recurso de s\u00faplica que claramente resultaba ser improcedente, de tal suerte que resultan inaceptables los reparos que ahora ventila en esta sede\u00bb (fls. 166 a 173, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso el promotor del amparo, insistiendo en que frente a \u00abirregularidades procesales insalvables\u00bb, la tutela debe abrirse paso pues so pena de nulidad, el juez no pod\u00eda fallar sin que arribara al proceso la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, m\u00e1s aun cuando refer\u00eda a pruebas determinantes del litigio. Asegur\u00f3 que el recaudo probatorio es una carga que debe asumir el juez en lugar de trasladarla a una de las partes, y que no puede atribu\u00edrsele abandono del caso ni incuria, menos que ese criterio pudiese conllevar que se le sancione con una sentencia adversa.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, realiz\u00f3 disquisiciones acerca de las posibilidades que habr\u00edan de darse respecto al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, al se\u00f1alar que mientras el a-quo hizo uso del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el a-quem hizo lo propio pero del C\u00f3digo General del Proceso, y que esa confusi\u00f3n termin\u00f3 caus\u00e1ndole agravio a sus intereses (fls. 183 a 191, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda constitucional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Con soporte en las anteriores premisas, al pasar a la revisi\u00f3n de las piezas procesales que integran el expediente y cotejar en concreto la queja elevada con el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, observa la Sala que habr\u00e1 de respaldarse la negaci\u00f3n del resguardo, porque (i) el accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso, y cuando lo hizo result\u00f3 tard\u00eda su interposici\u00f3n, tornando improcedente la acci\u00f3n invocada; y, (ii) la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que declarara el juez a-quem respecto del fallo desfavorable al accionante, obedece a un criterio razonable.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, sin perjuicio de los principios que gobiernan la prueba en el proceso, y de la direcci\u00f3n que a su cargo tiene el juez de la causa, el inter\u00e9s para que se resolviera dicho recurso corr\u00eda, en principio, por quien lo promovi\u00f3; no obstante, aun considerando las dificultades que conllev\u00f3 el trasegar del expediente por varios despachos judiciales hasta llegar al accionado, es evidente que de su parte no hubo un adecuado seguimiento al caso.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el apelante dej\u00f3 transcurrir el amplio lapso de m\u00e1s de dos a\u00f1os, contado desde la interposici\u00f3n del recurso hasta cuando se profiri\u00f3 el fallo, para mostrar de nuevo alg\u00fan esmero en conocer lo acontecido con dicha impugnaci\u00f3n, y obviamente en virtud a que la decisi\u00f3n fue adversa a sus aspiraciones procesales.  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s all\u00e1 de que en la primera oportunidad en que debieron escucharse las versiones de los testigos del hoy accionante, no hubo justificaci\u00f3n de su inasistencia, lo cual motiv\u00f3 la negaci\u00f3n de nueva audiencia, y que el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito, en prove\u00eddo del 1\u00ba de febrero de 2012, al declarar pr\u00f3spero el de queja, hubiese concedido dicha apelaci\u00f3n, deviene reprochable que no se hubiera impulsado el proceso para culminarlo m\u00e1s prontamente.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, cualquiera que haya sido el motivo que impidi\u00f3 que la resoluci\u00f3n del recurso obrara en el expediente, lo cierto es que el querellado adujo en el recuento de la actuaci\u00f3n procesal, que mediante prove\u00eddo del 2 de abril de 2013, \u00abse tuvo por desistidas las pruebas\u00bb solicitadas por la parte demandada, y enseguida se dispuso el relevo del perito (fl. 10, cd. 1), y ante esa primera posibilidad de recurrir tal determinaci\u00f3n, el afectado con ella guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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Luego, a trav\u00e9s de \u00abauto del \u00ba de septiembre de 2014 (fl. 187) se corri\u00f3 traslado a las partes para que presentara sus alegaciones finales\u00bb (fl. 11, ib\u00eddem), lo que ciertamente implic\u00f3 el cierre de la etapa probatoria, y de nuevo el demandado en dicho asunto y ac\u00e1 accionante, mostr\u00f3 pasividad con la decisi\u00f3n, pues sabido es que contra \u00e9sta cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, pero no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, proferida la sentencia de primer grado, el comportamiento incurioso del quejoso se mantuvo, pues, como se ver\u00e1 adelante, no hizo uso adecuado de la apelaci\u00f3n contra la sentencia y tampoco invoc\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n id\u00f3neo para controvertir la declarada deserci\u00f3n del referido recurso vertical.  <\/span><\/p>\n

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Es m\u00e1s, si fundada y razonadamente consideraba que tal proceder daba lugar a la nulidad de lo actuado, debi\u00f3 proponerla, en lugar de esperar que esa declaraci\u00f3n se diera de oficio. N\u00f3tese al respecto que para abordar la etapa de alegaciones y seguidamente la de fallo, claramente definidas mediante providencias que quedaron ejecutoriadas, se tuvo en cuenta que ya la de pruebas estaba agotada, y que en lo atinente a recursos pendientes, \u00e9stos corr\u00edan la suerte que contemplaba el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 354 del ordenamiento procesal civil vigente para ese entonces.  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones, no es viable pretender que la salvaguarda provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. Sobre el particular, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2.2. En segundo lugar, para la Corte no merece reproche que se hubiera declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 8 de abril de 2016, y menos bajo el argumento de que para ello, el Juzgado ad quem desconoci\u00f3 las normas relativas al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n (art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, recu\u00e9rdese que el nuevo ordenamiento adjetivo est\u00e1 vigente en su integralidad desde el 1\u00ba de enero de 2016, y que en tal virtud, deben aplicarse los relevantes cambios que dicho estatuto introdujo, entre ellos lo relacionado con el recurso de apelaci\u00f3n. As\u00ed, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 prev\u00e9:  <\/span><\/p>\n

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\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para el caso concreto, habi\u00e9ndose surtido la actuaci\u00f3n procesal precedente, incluyendo la de alegaciones de conclusi\u00f3n, con soporte en lo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para casos como el que se analiza, el literal c), numeral 1\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab[p]roferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tanto la notificaci\u00f3n del fallo como lo relacionado con los recursos, deb\u00eda realizarse con sujeci\u00f3n al actual estatuto procedimental, y de ah\u00ed que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito, al observar que el juez a-quo hab\u00eda omitido atender esa disposici\u00f3n, tras el examen preliminar que realiz\u00f3 y plasm\u00f3 en el auto del 19 de septiembre de 2016, determin\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso (fl. 58 ib\u00edd.), advirtiendo que ni al momento de su interposici\u00f3n ni al \u00abadicionar\u00bb el anterior escrito (fls. 61 y 62, cd. Copias), el apelante precis\u00f3 \u00ablos reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n\u00bb como lo exige el numeral 3\u00ba del canon 322 de la codificaci\u00f3n en comento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, a pesar de que el juez de primera instancia obvi\u00f3 esa declaraci\u00f3n y en su lugar admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n del fallo (fl. 53, cd. 1), tal omisi\u00f3n no ten\u00eda la fuerza vinculante frente al superior. Tampoco es de recibo como excusa para no haber presentado el recurso en la oportunidad que correspond\u00eda, esto es, de conformidad con lo prevenido en \u00abla nueva legislaci\u00f3n\u00bb, el que se hubiera contabilizado el plazo de ejecutoria conforme a la notificaci\u00f3n por edicto, porque para ese evento debi\u00f3 tenerse en cuenta que ya el C\u00f3digo General del Proceso se encontraba vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, surge infundada la manifestaci\u00f3n realizada por el impugnante en cuando a que la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite del recurso por parte del juzgado de primera instancia, que conllev\u00f3 a la \u00abconfusi\u00f3n\u00bb sobre la aplicaci\u00f3n de las dos codificaciones, afecta \u00abel principio de buena fe y leg\u00edtima confianza\u00bb, pues por la profesi\u00f3n de abogado que ejerce el afectado, en virtud a la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia (4 de abril de 2016), le era exigible conocer que la apelaci\u00f3n se tramitar\u00eda bajo el amparo de la nueva legislaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que el auxilio propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto los argumentos esgrimidos por el juzgado de segunda instancia a trav\u00e9s del auto del 19 de septiembre de 2016, declarando desierto el recurso de apelaci\u00f3n (fl. 58, ib\u00eddem), como la ratificaci\u00f3n que del mismo realizara en el inciso final del auto calendado el 11 de octubre de la misma anualidad (fl. 62, \u00eddem), lejos est\u00e1n de constituir una actuaci\u00f3n caprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, obedecen a una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables a la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento. Por consiguiente, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada.  <\/span><\/p>\n

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La Corte reitera que en circunstancias como la ac\u00e1 descrita, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial, ya que, de un lado, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, citada en  STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00 y STC14142-2016, 5 oct. 2016, rad. 02667-00).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, frente a la posibilidad de la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, cabe precisar que la pasividad del reclamante para recurrir en oportunidad las decisiones por las que ahora se duele, reflejan un comportamiento incurioso e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11).  <\/span><\/p>\n

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A tono con lo anterior, esta Corte ha enfatizado que el procedimiento estatuido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, y que para ser utilizado como instrumento transitorio, el perjuicio irremediable se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, tampoco puede concederse el auxilio bajo esa modalidad, por cuanto nada se acredit\u00f3 en torno a las circunstancias que le abrir\u00edan paso, en la medida en que no se avizoran los elementos determinantes del perjuicio irremediable aludidos en precedencia, por lo que ning\u00fan pronunciamiento adicional se har\u00e1 al respecto.  <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de lo anteriormente discurrido, se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n del resguardo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC2770-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00122-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}