{"id":99748,"date":"2026-06-25T19:19:17","date_gmt":"2026-06-25T19:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2771-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:19:17","modified_gmt":"2026-06-25T19:19:17","slug":"stc2771-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2771-2017\/","title":{"rendered":"STC2771-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2771-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2017-00027-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete(2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 2 de febrero de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Victoria Cifuentes Robles contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la referida ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de la precitada localidad y \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez como demandante en el proceso donde se profiri\u00f3 el auto que por esta v\u00eda se ataca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        La solicitante, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho accionado, al revocar el auto de 7 de octubre de 2016 que hab\u00eda negado librar mandamiento de pago en su contra dotando de efectos el que accedi\u00f3 a la orden de ejecuci\u00f3n, a pesar de la inexigibilidad del t\u00edtulo adosado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.        En s\u00edntesis, el demandante expone que, celebr\u00f3 contrato de compraventa de un bien inmueble, el que se reserv\u00f3 una parte, con \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, quien posteriormente lo demand\u00f3 debido a la diferencia entre el \u00e1rea estimada por cabida y la real, correspondiendo el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, ante el cual llegaron las partes a un acuerdo conciliatorio el 21 de enero de 2013, por virtud del cual terminaron el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En dicha conciliaci\u00f3n se comprometieron a realizar el deslinde y verificaci\u00f3n de medidas del predio objeto de tradici\u00f3n, el 9 de febrero de 2013, fecha en la que acudi\u00f3 la aqu\u00ed actora no as\u00ed el comprador, pese a ello, el 22 de marzo siguiente compareci\u00f3 al otorgamiento de la escritura p\u00fablica, tal como lo hab\u00edan convenido en el arreglo, a sabiendas \u00abde que no se iba a poder realizar, en raz\u00f3n a que el incumplimiento del se\u00f1or ORDO\u00d1EZ (\u2026) impidi\u00f3 que se establecieran los linderos y el \u00e1rea real del predio, diligencia indispensable para tramitar la licencia de fraccionamiento con las medidas ver\u00eddicas\u00bb y as\u00ed suscribir el documento notarial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Manifiesta que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja, le notific\u00f3 del auto de 30 de junio de 2016, a trav\u00e9s del cual, dentro de la acci\u00f3n ejecutiva 2015-0007-00 iniciada por \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, en su contra, libr\u00f3 mandamiento coercitivo por obligaci\u00f3n de hacer, \u00abdebido al incumplimiento de la suscripci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica y otras obligaciones\u00bb, frente al cual interpuso recurso de reposici\u00f3n alegando \u00abla falta de los requisitos de ejecutabilidad de las obligaciones reclamadas, pues no se hab\u00edan tenido en cuenta las obligaciones encabeza del demandante y que sin el cumplimiento de estas, [le] era imposible cumplir con el acuerdo conciliatorio\u00bb, argumentos que fueron acogidos por el fallador quien en consecuencia con prove\u00eddo de 7 de octubre de 2016, revoc\u00f3 su decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       Narra que el ejecutante inconforme con la anterior determinaci\u00f3n la apel\u00f3, siendo infirmada por la segunda instancia, el 2 de diciembre de 2016, al considerar que \u00abla obligaci\u00f3n de suscribir escritura p\u00fablica no se encontraba supeditada a una condici\u00f3n, como la de levantar un plano topogr\u00e1fico o aclarar los linderos, [pues esta] se har\u00eda con la licencia de fraccionamiento\u00bb por ella tramitada ante la alcald\u00eda, no obstante, dice que esa diligencia no la ha podido realizar \u00abpor la falta de establecimiento de \u00e1rea y linderos reales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Hace consistir la vulneraci\u00f3n alegada en que la \u00absuscripci\u00f3n de una Escritura P\u00fablica con los linderos equivocados\u00bb va en detrimento de su patrimonio, puesto que enajenar el bien \u00abcon la licencia otorgada bajo \u00e1rea que no corresponde a la realidad, implica la perdida de buena porci\u00f3n de terreno que reserv[\u00f3] para [su] vivienda, pues no se celebr\u00f3 por todo el predio EL ED\u00c9N sino por parte de \u00e9l, del cual conservar\u00eda la vivienda y 15 metros m\u00e1s all\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se deje \u00absin efectos el Auto del 02 de diciembre de 2016\u00bb que le impuso la \u00abobligaci\u00f3n de elevar escritura p\u00fablica de compraventa\u00bb sobre la porci\u00f3n del inmueble el Ed\u00e9n que adquiri\u00f3 \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, para que en su lugar se profiera una nueva providencia en la que se haga \u00abuna interpretaci\u00f3n probatoria y de ejecutabilidad, acorde a los est\u00e1ndares constitucionales\u00bb (fls. 1 a 11, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Juez Segundo Civil del Circuito del Oralidad de Tunja, defendi\u00f3 su decisi\u00f3n bajo el argumento de que el t\u00edtulo ejecutivo en virtud del cual profiri\u00f3 la orden de apremio \u00abconten\u00eda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, pues no estaba sometida a ninguna condici\u00f3n, luego, no es cierto que la interpretaci\u00f3n de dicho documento fue \u201carbitraria, irracional y caprichosa\u201d, pues ser realiz\u00f3 del contenido literal del mismo\u00bb, por lo que deduce que la intenci\u00f3n de la demandante es \u00abrevivir el estudio de la prueba, concretamente el t\u00edtulo ejecutivo, cuesti\u00f3n que est\u00e1 vedada al juez de tutela\u00bb fl. 21 a 23, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juez Segundo Civil Municipal de Tunja, relata que el auto por medio del cual neg\u00f3 la orden de apremio frente a la tutelante, fue revocado por su superior el 1 de diciembre de 2016, pero que en todo caso lo actuado por el Despacho que preside \u00abgoza de presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb (fls 33 a 36, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, se opuso al amparo por considerar que el juez accionado no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, toda vez que la demanda ejecutiva \u00abcumpl\u00eda con los requisitos formales de ley para su admisi\u00f3n y para proferir mandamiento de pago, las cuales se cumplen suficientemente por cuanto el t\u00edtulo ejecutivo es una conciliaci\u00f3n judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Objeta el argumento particular de la tutelante que estima la diligencia de fijaci\u00f3n de linderos del predio, como indispensable para tramitar la licencia de fraccionamiento, bajo el argumento de que dicho documento ya exist\u00eda desde antes de la fecha se\u00f1alada para realizar la marcaci\u00f3n, lo que evidencia que su innecesaridad, tambi\u00e9n desmiente las afirmaciones de la reclamante relacionadas con la no comparecencia de su parte a tal tr\u00e1mite y el d\u00eda de la suscripci\u00f3n de la escritura, del cual incluso dice dej\u00f3 constancia notarial de su asistencia y de la negativa de la querellante en presentar los documentos requeridos por el funcionario para protocolizar el instrumento p\u00fablico (fls. 38 a 41, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Neg\u00f3 el amparo al estimar que \u00ablos razonamientos del accionado para revocar el auto del juzgado de primera instancia, que neg\u00f3 el mandamiento ejecutivo\u00bb son sensatos, pues le \u00abda al acuerdo conciliatorio, base de la acci\u00f3n ejecutiva, una interpretaci\u00f3n razonada y coherente\u00bb, que parte de la base de lo que all\u00ed expresamente se indica, esto es, \u00abque los linderos ser\u00edan los de la licencia de divisi\u00f3n tramitada por (\u2026) GLADYS VICTORIA CIFUENTES\u00bb, de modo tal que el compromiso de realizar la delimitaci\u00f3n del bien era potestativo y no obligatorio. Siendo as\u00ed el documento soporte de la acci\u00f3n era plenamente exigible y por ello hab\u00eda lugar a librar el mandamiento (fls. 45 a 57181, ib\u00edd.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Fue formulada por la reclamante bajo id\u00e9nticos argumentos a los de la demanda inicial (fls. 66 a 70, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, que en principio, este amparo no es el camino id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC1338-2016, 9 feb 2016, rad. 00746-01 ).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el asunto en estudio, la actora considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, que libr\u00f3 mandamiento en su contra, conmin\u00e1ndola, entre otras, a otorgar escritura p\u00fablica de compraventa a favor de \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, sobre parte del lote del inmueble denominado el Ed\u00e9n, pese a que el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n, conforme al documento que se emple\u00f3 como t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n, est\u00e1 condicionado a la fijaci\u00f3n de los linderos del predio, diligencia que no se realiz\u00f3 por culpa del ejecutante, torn\u00e1ndose por tanto en inexigible el soporte de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Se encuentran acreditados como relevantes para el sub lite, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1 Gladis Victoria Cifuentes Robles, celebr\u00f3 contrato de compraventa con \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, sobre una porci\u00f3n del inmueble denominado el Ed\u00e9n, cuya extensi\u00f3n, con fundamento en la licencia de fraccionamiento de 22 de septiembre de 2011 (fls. 4 a 6, cd. 2), se estim\u00f3 en 18.129 metros cuadrados de los cuales 14.301 ser\u00edan para el adquirente y 3.828 para la vendedora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2 Verificado el plano de la divisi\u00f3n con la superficie f\u00edsica, se encontr\u00f3 que esta era realmente de 11.082 metros cuadrados, en consecuencia la tradente se hab\u00eda reservado un espacio mayor al acordado, raz\u00f3n por la cual el promitente comprador la demand\u00f3 por incumplimiento contractual, dicho asunto fue solucionado mediante conciliaci\u00f3n de 21 de enero de 2013, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, acordando las partes en relaci\u00f3n con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica correspondiente al bien, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab2\u00ba Los linderos ser\u00e1n conforme a la licencia de divisi\u00f3n tramitada por la demandada se\u00f1ora GLADYS ICTORIA CIFUENTES ante la Alcald\u00eda Municipal de Sotaquir\u00e1. -3\u00ba En la escritura de venta se aclarar\u00e1 y corregir\u00e1 el \u00e1rea real que se le est\u00e1 vendiendo al se\u00f1or demandante \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez, respectando (sic) lo acordado en el documento privado de compraventa de 29 de enero de 2011 (\u2026). -5\u00ba.-En cuanto a la Escritura de Compraventa del predio se realizar\u00e1 el 22 de marzo de 2013 en la Notaria Segunda de Tunja a las 10:00 A.M.-6\u00ba.-Para el deslinde de los predios y verificaci\u00f3n de medidas las partes fijan como fecha el 09 de febrero de 2013 a las 8:00 A. M, en el predio con intervenci\u00f3n de top\u00f3grafo, que ser\u00e1 cancelado por las partes en iguales porciones\u00bb (subrayado y resaltado fuera del texto) (fls.7 a 10, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3 No se realiz\u00f3 el deslinde de los predios ni tampoco se elev\u00f3 la escritura p\u00fablica, raz\u00f3n por la cual \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz inici\u00f3 demanda ejecutiva contra Gladis Victoria Cifuentes Robles, con soporte en el acta de conciliaci\u00f3n entre estos suscitada el 21 de enero de 2013, proceso que conoci\u00f3 en primera instancia el Juez Segundo Civil Municipal de Tunja, quien en principio con auto de auto de 30 de junio de 2016, libr\u00f3 mandamiento conminando a la demandada, entre otras a: \u00abotorg[ar] escritura p\u00fablica de compraventa a favor del demandante \u00c1LVARO ORDO\u00d1EZ ORTIZ, sobre parte del lote inmueble denominado EL EDEN, ubicado en la Vereda de Soconsuca de Blancos del municipio de Sotaquir\u00e1-Boyac\u00e1\u00bb (subrayado por la Sala, negrillas del original) (fls. 11 y 12, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4 El anterior prove\u00eddo fue objetado por la forzada a acatarlo, aduciendo que el documento soporte de la ejecuci\u00f3n, era inexigible pues exist\u00edan compromisos pendientes por satisfacer en cabeza del apremiante, cuya ausencia imped\u00eda honrar la orden de ejecuci\u00f3n, argumentos que fueron acogidos por el juez a quo, quien en consecuencia infirm\u00f3 su decisi\u00f3n, al estimar que \u00abal no haber demostrado la (sic) ejecutante el cumplimiento de las obligaciones que rec\u00edprocamente deb\u00eda cumplir no ha colocado a la demandada en situaci\u00f3n de incumplimiento y por ende de exigibilidad de las obligaciones a cargo de \u00e9sta\u00bb y por ende resolvi\u00f3 \u00abNEGAR el mandamiento ejecutivo\u00bb en providencia de 6 de octubre de 2016 (fls. 13 a 19, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5 La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por \u00c1lvaro Ordo\u00f1ez Ortiz, siendo revocada por el ad quem, mediante auto de primero de diciembre de 2016, bajo el argumento de que \u00abvista el acta de conciliaci\u00f3n (\u2026) contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible\u00bb pues en dicho documento \u00abse fij\u00f3 como fecha para suscribir la escritura p\u00fablica el d\u00eda 22 de marzo de 2013 a la hora de las 10:00 A.M. en la Notar\u00eda Segunda de Tunja\u00bb sin que ese compromiso se sujetara al levantamiento de alg\u00fan \u00abplano, ni que se verificaran \u00e1reas, o las distancias de los costados\u00bb, ya que para el efecto al tenor literal del \u00abnumeral 2\u00ba del acuerdo (\u2026)  los linderos ser[\u00edan] conforme a la licencia de divisi\u00f3n tramitada por la demandada se\u00f1ora GLADIS VICTORIA CIFUENTES ante la Alcald\u00eda Municipal de Sotaquir\u00e1\u00bb (fls. 20 a 24, id.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifest\u00f3 que la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, consistente en que \u00abla escritura se aclarar\u00e1 y corregir\u00e1 en el \u00e1rea real que se le est\u00e1 vendiendo al se\u00f1or demandante \u00c1LVARO ORDO\u00d1EZ ORT\u00cdZ\u00bb no condicionaba \u00abla suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u00bb a la \u00abaclaraci\u00f3n de los linderos\u00bb, toda vez que la \u00abcorrecci\u00f3n o aclaraci\u00f3n bien puede hacerse en una escritura complementaria\u00bb. En esos t\u00e9rminos concluy\u00f3 que los ordinales segundo y tercero del acta de conciliaci\u00f3n deb\u00edan interpretarse en el sentido de que \u00absi alguna de las partes no acud\u00eda el 9 de febrero de 2013 al predio para verificaci\u00f3n de las medidas, (\u2026) los linderos eran los establecidos en la solicitud de licencia de segregaci\u00f3n o divisi\u00f3n que se tramitaba en la alcald\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El recuento precedente permite advertir que la autoridad realiz\u00f3 un examen imparcial de la actuaci\u00f3n materia de esta salvaguarda lo cual descarta el error atribuido por la promotora. En efecto, el an\u00e1lisis ponderado de los medios de convicci\u00f3n y del acta de conciliaci\u00f3n condujo al juzgador a revocar la decisi\u00f3n dictada por el a quo en auto de 6 de octubre de 2016, para dejar inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n que la apremi\u00f3 a dar cumplimiento a los compromisos acordados el 21 de enero de 2013, dentro del proceso 2012-0010-00.   <\/span><\/p>\n

El prove\u00eddo revela que el fallador explic\u00f3 con suficiencia la raz\u00f3n por la cual la marcaci\u00f3n de los predios y verificaci\u00f3n de medidas del inmueble objeto de tradici\u00f3n, era facultativa, correspondiendo tal argumento a que las mismas partes asintieron en que los linderos de este ser\u00edan los establecidos en la licencia de divisi\u00f3n tramitada en la alcald\u00eda municipal de Sotaquir\u00e1, de modo que la realizaci\u00f3n de la precitada diligencia no imped\u00eda el perfeccionamiento de la compraventa, m\u00e1xime cuando en todo caso el \u00e1rea y l\u00edmites del predio ser\u00edan corregidas o adicionadas con las reales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En resumen, los supuestos aducidos por el ad quem como soporte de la decisi\u00f3n reprochada no lucen irracionales, lo cual le cierra el paso a esta particular justicia reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La sola divergencia conceptual no puede ser motivo para pedir el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Sala tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00ablos Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (subrayado fuera de texto) (CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00).  <\/span><\/p>\n

6. Con fundamento en lo expuesto, se ratificar\u00e1 la providencia del Tribunal.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC2771-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2017-00027-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete(2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99748\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}