{"id":99749,"date":"2026-06-25T19:19:26","date_gmt":"2026-06-25T19:19:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2772-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:19:26","modified_gmt":"2026-06-25T19:19:26","slug":"stc2772-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2772-2017\/","title":{"rendered":"STC2772-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2772-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2017-00008-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el  26 de enero de 2017, que concedi\u00f3 la tutela del Banco Pichincha S.A. frente a los Juzgados Primero Civil del Circuito y Veintid\u00f3s Civil Municipal de esa ciudad; siendo citados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2012-00887.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando por intermedio de apoderado, el reclamante solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas al encontrar probada la excepci\u00f3n previa de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb en ambas instancias y dar por terminado el cobro que instaur\u00f3 contra los herederos de Maximino Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que mediante auto del 10 de octubre de 2013, notificado por estado el 15 de ese mes, el a-quo libr\u00f3 mandamiento de pago por el capital e intereses de dos pagar\u00e9s exigibles el 3 de mayo y 23 de abril de 2011 contra Ana Janid Clavijo Torres y Willington Rodr\u00edguez Clavijo, como c\u00f3nyuge sobreviviente e hijo del deudor, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que este \u00faltimo se notific\u00f3 personalmente de la orden de apremio el 25 de febrero de 2015 y guard\u00f3 silencio; los herederos indeterminados a trav\u00e9s de curador ad-litem el 15 de septiembre de 2015, quien propuso la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb y la otra demandada por intermedio de abogado el 27 de noviembre de 2015 que formul\u00f3 dicha excepci\u00f3n como recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que en audiencia celebrada el 13 de octubre de 2016 el ad-quem confirm\u00f3 la sentencia anticipada que encontr\u00f3 probada la defensa en comento y dio por culminado el recaudo argumentando que los convocados conformaban un litisconsorcio necesario porque el acreedor s\u00f3lo puede reclamar a cada heredero su cuota de la deuda seg\u00fan el art\u00edculo 1411 del C\u00f3digo Civil, desconociendo el art\u00edculo 1583 ib\u00eddem que prev\u00e9: \u00absi expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni a\u00fan por los herederos del deudor, cada uno de estos podr\u00e1 ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla \u00e9l mismo, salvo su acci\u00f3n de saneamiento\u00bb, evento que fue estipulado en los t\u00edtulos valores, siendo la obligaci\u00f3n indivisible.  <\/span><\/p>\n

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Expone que con el enteramiento que se hizo a uno de los ejecutados se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n y ello cobija a todos los deudores seg\u00fan los art\u00edculos 1586 y 2540 del C\u00f3digo Civil.          <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS   <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Veintid\u00f3s Civil Municipal de Cali defendi\u00f3 su proceder y remiti\u00f3 el expediente en pr\u00e9stamo para que fuera examinado (fls. 50 a 53, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Primero Civil del Circuito dijo que en la decisi\u00f3n que dict\u00f3 \u00abse valor\u00f3 todo el material probatorio, y se tuvieron en cuenta los hechos procesales que obran en el expediente objeto de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb (fl. 55 ib.).   <\/span><\/p>\n

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3. El apoderado de Ana Janid Clavijo Torres y Willington Rodr\u00edguez Clavijo se opuso al amparo porque la supuesta v\u00eda de hecho alegada no existi\u00f3 y el quejoso invoc\u00f3 los mismos hechos planteados ante el ad-quem para sustentar la apelaci\u00f3n, por lo que busca plantear una tercera instancia (fls. 57 a 43, cit.).         <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Otorg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la hermen\u00e9utica jur\u00eddica de la sentencia de segunda instancia no se acompasa a la cl\u00e1usula pactada en los pagar\u00e9s, referente a la posibilidad de exigir el total de la obligaci\u00f3n a uno o varios de los herederos en caso de la muerte del deudor y el ad-quem no se ocup\u00f3 de analizar las excepciones al art\u00edculo 1411 del C\u00f3digo Civil, en especial la contenida en el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1583 ib\u00eddem, habi\u00e9ndose pactado en los instrumentos cambiarios la solidaridad e indivisibilidad, descart\u00e1ndose un litisconsorcio necesario. Por ello dej\u00f3 sin efecto la sentencia de segundo grado y le orden\u00f3 al Juez Primero Civil del Circuito de Cali que dicte una nueva de acuerdo con la situaci\u00f3n presentada (fls. 64 a 69,  cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El mandatario de Ana Janid Clavijo Torres y Willington Rodr\u00edguez Clavijo manifest\u00f3 que cuando el acreedor apel\u00f3 la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n no incluy\u00f3 dentro de sus reparos la inobservancia de la cl\u00e1usula a la que hizo menci\u00f3n el Tribunal, por lo que no le era permitido al ad-quem pronunciarse sobre ello. Asimismo, indic\u00f3 que no es viable que el juez constitucional se inmiscuya en el tr\u00e1mite ordinario de los procesos y desate una tercera instancia; que el litisconsorcio necesario \u00abest\u00e1 por encima de la cl\u00e1usula alegada\u2026y no puede aceptarse que mediante pacto privado se desconozcan las normas sustanciales y procesales que son de orden p\u00fablico\u00bb y que \u00abel conflicto se defini\u00f3 con argumentos serios y concretos que demuestran que el fallo fue producido en derecho y no en contrav\u00eda a derechos fundamentales\u00bb  (fls. 79, 80, 97 y 98, ib.).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron la prerrogativa esencial denunciada por declarar probada la excepci\u00f3n previa de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb dentro del ejecutivo que interpuso el Banco Pichincha SA contra Ana Janid Clavijo Torres y Willington Rodr\u00edguez Clavijo, como c\u00f3nyuge sobreviviente e hijo, respectivamente, de Maximino Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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2. Si bien el reclamo se dirige contra las sentencias de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la de segunda proferida en audiencia del l3 de octubre de 2016 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, por cuanto fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

3. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3. El caso que se estudia se enmarca dentro del anterior presupuesto, ya que, el ad-quem fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la existencia de un litisconsorcio necesario por parte de todos los ejecutados, citando como fundamento el art\u00edculo 1411 del C\u00f3digo Civil que consagra: \u00abLas deudas hereditarias se dividen entre los herederos, a prorrata de sus cuotas\u2026 As\u00ed, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias\u2026 Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias sino hasta concurrencia de lo que valga lo que hereda\u2026\u00bb, pero desconoci\u00f3 el inciso final de la mencionada norma que prev\u00e9: \u00ablo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los art\u00edculos 1413 y 1583\u00bb.  <\/span><\/p>\n

       Precisamente esa \u00faltima norma mencionada dispone que si la obligaci\u00f3n no es solidaria ni indivisible, cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de su cuota, trayendo dentro de las excepciones la siguiente: \u00ab4.)\u2026Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni a\u00fan por los herederos del deudor, cada uno de estos podr\u00e1 ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla \u00e9l mismo, salvo su acci\u00f3n de saneamiento\u00bb, es decir, que en el evento de que el obligado hubiese acordado con el acreedor que despu\u00e9s de su fallecimiento el cr\u00e9dito pudiera ser cobrado totalmente a cualquiera de sus herederos, la deuda se torna solidaria e indivisible.      <\/span><\/p>\n

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       De esta manera, al revisar el contenido de los pagar\u00e9s objeto de recaudo se advierte que esa fue precisamente la voluntad de Maximino Rodr\u00edguez, seg\u00fan la cl\u00e1usula en que se lee: \u00abEN CASO DE MUERTE DE LOS DEUDORES, EL ACREEDOR QUEDA CON EL DERECHO A EXIGIR LA TOTALIDAD DEL CR\u00c9DITO A UNO O CUALQUIERA DE LOS HEREDEROS, SIN NECESIDAD DE DEMANDARLOS A TODOS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Lo antes mencionado no fue tenido en cuenta por el funcionario de segunda instancia, quien se limit\u00f3 a aplicar el art\u00edculo 1411 del C\u00f3digo Civil, ya citado, y desconoci\u00f3 la autonom\u00eda de la voluntad de las partes al exponer que dicho precepto \u00abimpera sobre pactos privados y en ese sentido esa regla\u2026no puede ser desconocida por el deudor en vida o por parte del acreedor en convenio con aquel\u00bb (fl. 67, cd.1), cuando la misma norma contempla excepciones que debieron ser analizadas.  <\/span><\/p>\n

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       Cabe se\u00f1alar que la naturaleza solidaria de la obligaci\u00f3n resulta trascendental para la resoluci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, ya que partiendo de ese supuesto se podr\u00eda establecer si el silencio del demandado Willington Rodr\u00edguez Clavijo respecto del mandamiento de pago tuvo el efecto de interrupci\u00f3n o renuncia de dicho fen\u00f3meno extintivo, seg\u00fan sea el caso, y si dicha consecuencia se transmite a los otros demandados. Esto, con base en los art\u00edculos 1586 y 2540 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, no es de recibo el argumento que exponen los ac\u00e1 impugnantes, referente a que el apoderado del Banco Pichincha SA, al momento de apelar el fallo del a-quo, no incluy\u00f3 dentro de sus reparos la inobservancia de la clausulas contenida en los pagar\u00e9s ya que, ese reproche fue expuesto ante el superior y estudiado por aqu\u00e9l como bien lo reconocen ellos en el escrito obrante a folio 97 en el que dijeron \u00ablos argumentos jur\u00eddicos que invoca el demandante, son los mismos argumentos que expuso en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que fuera precedido en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segunda instancia que llev\u00f3 a cabo ante el Juez 1 Civil del Circuito de Cali y en la cual el juez de instancia dio respuesta concreta a cada una de sus inconformidades\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante la cual se concedi\u00f3 el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC2772-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2017-00008-01            (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).                     […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99749\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}