{"id":99751,"date":"2026-06-25T19:19:42","date_gmt":"2026-06-25T19:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2774-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:19:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:19:42","slug":"stc2774-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2774-2017\/","title":{"rendered":"STC2774-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02856-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fajobe SAS contra la Superintendencia Financiera y Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Banco de Occidente.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas, al resolver, en primera y segunda instancia, respectivamente, un juicio sobre protecci\u00f3n al consumidor.  <\/span><\/p>\n

2.        Del escrito de demanda y anexos allegados, se extracta que la sociedad accionante, tras haber sido v\u00edctima de hurto de dineros de sus cuentas corrientes, mediante operaciones fraudulentas realizadas por medios electr\u00f3nicos los d\u00edas 23 y 24 de marzo de 2010, el 24 de abril de 2014 present\u00f3 demanda contra el Banco de Occidente, la cual fue radicada ante la Superintendencia Financiera de Colombia \u00abbajo el n\u00famero 2014-036130\u00bb, y admitida el 19 de junio de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Expuso que la pretensi\u00f3n consisti\u00f3 en que se ordenara al Banco de Occidente el reintegro \u00abde la suma de $27.308.041 debidamente indexada\u00bb, por cuanto esa petici\u00f3n \u00abfue excluida de la demanda radicada bajo el n\u00famero 2012-0123\u00bb, en raz\u00f3n a que en la audiencia de conciliaci\u00f3n y en el interrogatorio absuelto por el apoderado general del Banco, se estableci\u00f3 que la suma retenida ser\u00eda devuelta \u00abuna vez lo autorizara la Fiscal\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 que en el fallo inicial del 11 de abril de 2013, la Superintendencia consider\u00f3 que \u00abno puede pronunciarse respecto de la devoluci\u00f3n de los dineros que se encuentran en poder del BANCO DE OCCIDENTE S.A., recuperados de las transacciones objetadas, toda vez que los mismos corresponde a la cuenta No. 024-01263-5 respecto de la cual esta Delegatura perdi\u00f3 competencia para pronunciarse en raz\u00f3n de la caducidad\u2026\u00bb, y que dentro de las modificaciones realizadas en segundo grado por el Tribunal Superior el 15 de octubre de 2013, al declarar infundada la referida excepci\u00f3n de caducidad y ordenar al demandado a pagar \u00abel 70% de los dineros sustra\u00eddos\u00bb, no se pronunci\u00f3 acerca de la \u00abla pretensi\u00f3n n\u00famero 4\u00bb correspondiente a los dineros retenidos por los bancos.  <\/span><\/p>\n

Critic\u00f3 por tanto la sentencia dictada por la Superintendencia Financiera el 30 de septiembre de 2015, mediante la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada que consecuencialmente dio lugar a denegar las pretensiones, y la confirmaci\u00f3n que de ese fallo por parte del Juzgado Doce Civil del Circuito el 12 de agosto de 2016, por constituir un defecto f\u00e1ctico \u00abpor no haber valorado el acervo probatorio adecuadamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende \u00abse revoquen las decisiones proferidas por la Superintendencia Financiera y la proferida en segunda instancia por el Juez 12 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb (fls. 10 a 19, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la confirmaci\u00f3n de la sentencia anticipada que dict\u00f3 la Superintendencia Financiera, se hizo \u00abcon base en las pruebas aportadas oportunamente al plenario y valoradas en conjunto, as\u00ed como a la normatividad aplicable al caso\u00bb, y adjunt\u00f3 copia de dicho fallado fechado el 12 de agosto de 2016 (fls. 33 a 41, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Superintendencia Financiera de Colombia, allegando en discos compactos los archivos contentivos de la actuaci\u00f3n all\u00ed desplegada y de los anexos de la demanda, concluy\u00f3 que la presente acci\u00f3n \u00abno resulta procedente, pues en la decisi\u00f3n de fondo proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a la sana cr\u00edtica se valoraron los medios probatorios allegados al plenario de forma razonada y motivada, sin que exista una diferencia entre los hechos efectivamente probados y los supuestos de hecho que legalmente determina la sentencia anticipada del 30 de setiembre de 2015\u00bb. Asever\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la nueva demanda, ya hab\u00eda sido discutida y resuelta en la primera sentencia, y que no obstante las modificaciones finalmente realizadas por el juez de segunda instancia, la situaci\u00f3n por la que se duele la quejosa, no da lugar a que ahora se pretenda nuevamente abordar el tema (fls. 43 a 74, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. El Banco de Occidente, luego de detallar las actuaciones referidas al caso, respald\u00f3 lo decidido por los jueces de instancia, enfatizando en que se configur\u00f3 la cosa juzgada objeto de declaraci\u00f3n, y acot\u00f3 que \u00absi la parte actora consider\u00f3 que en los fallos proferidos al interior del proceso No. 2012-00123 no se resolvi\u00f3 sobre la entrega de los dineros referidos, deb\u00eda en su momento solicitar la adici\u00f3n de la sentencia\u00bb (fls. 76 a 85, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00absin impartirle convalidaci\u00f3n o enmienda a la decisi\u00f3n adoptada por la Superintendencia Financiera en ejercicio de funciones jurisdiccionales (art. 24 C.G.P.), confirmada por su superior funcional, no se advierte una manifiesta arbitrariedad en tal determinaci\u00f3n, y en cambi\u00f3 (sic) en (sic) evidente que se funda en los antecedentes del caso, el material probatorio recaudado y las disposiciones legales alusivas al litigio\u2026\u00bb. Indic\u00f3 que el accionado estableci\u00f3 que la pretensi\u00f3n \u00abconcerniente al reembolso de los dineros reintegrados por los bancos no fue excluida por la parte demandante\u00bb, pues tambi\u00e9n encontr\u00f3 que en la audiencia inicial del primer proceso, la actora aclar\u00f3 que \u00abel monto total por valor de $199.81.387, correspond\u00eda a la unificaci\u00f3n\u00bb de las sumas depositadas en dos cuentas corrientes objeto de hurto, y que la \u00abidentidad de objeto, partes y situaci\u00f3n f\u00e1ctica entre la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero tratada con respecto a la acci\u00f3n formulada anteriormente\u2026 es una conclusi\u00f3n que se resiste a un nuevo estudio en sede constitucional\u00bb (fls. 87 a 92, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la promotora de resguardo, insistiendo en que la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en juicio inicial (n\u00ba 2012-0121), se excluy\u00f3 la pretensi\u00f3n de $27\u00b4308.041, \u00abpor ser dineros que estaban retenidos por la  Fiscal\u00eda\u00bb, respecto de lo cual esa entidad se pronunci\u00f3 solo hasta el 19 de diciembre de 2013, y en suma, que ni la Superintendencia Financiera ni el Juzgado de Circuito, tuvieron en cuenta los medios de prueba que demostraban los argumentos de su demanda (fls. 97 a 100, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Se precisa que a pesar de dirigir el reclamo constitucional contra las determinaciones proferidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, concretamente contra la sentencia anticipada dictada el 30 de septiembre de 2016, la Sala se ocupar\u00e1 de revisar la dictada por el Juzgado Doce Civil del Circuito, por cuanto, como superior funcional de dicha autoridad, profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resuelve de manera definitiva el asunto objeto de debate en esta excepcional sede.  <\/span><\/p>\n

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Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso objeto de cuestionamiento, establece la Sala que el fallo impugnado deber\u00e1 respaldarse, en la medida en que no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n censurada, y en esas condiciones no est\u00e1n dadas las condiciones para la concurrencia del juez de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, del an\u00e1lisis que la Corte realiza a la providencia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito el 12 de agosto de 2016 (fls. 33 a 39, \u00eddem), al resolver el recurso de apelaci\u00f3n promovido por la demandante frente al fallo de primer grado, no se vislumbra que pueda dar como resultado, la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, capaz de lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 el amparo.  <\/span><\/p>\n

Ciertamente se logra establecerse que el fallador ponder\u00f3 en forma conjunta las pruebas allegadas y analiz\u00f3 las normas aplicables al caso, concluyendo que se deb\u00eda confirmar la providencia censurada, por cuanto del cotejo del caso bajo estudio con uno anteriormente resuelto, logr\u00f3 identificar la identidad de partes, causa y objeto, cuya concurrencia dio lugar a la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica de la cosa juzgada y con ello la negaci\u00f3n de lo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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Para ello, el enjuiciado adujo que las pretensiones de la nueva demanda estaban dirigidas a \u00abdeclarar que la demandada ha incumplido la obligaci\u00f3n de reintegrar las sumas de dinero retenidas los d\u00edas 23 y 24 de marzo de 2010 en las cuentas corrientes Nos. 024-01263-5 y 240-1485-4, de las cuales es titular, y que como consecuencia de esa declaraci\u00f3n, se le ordene reintegrar a la actora la suma de $27.308.041.oo, debidamente indexada\u00bb, la cual tambi\u00e9n hab\u00eda sido objeto de reclamo en el proceso primigenio n\u00ba 2012-00123, fallado en primera instancia por la misma entidad administrativa con funciones jurisdiccionales el 11 de abril de 2013, y en segundo grado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras el 15 de octubre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 enseguida que \u00abcomo quiera que en dicha decisi\u00f3n se estableci\u00f3 una responsabilidad correlativa entre las partes, la delegatura le atribuy\u00f3 la responsabilidad en un 30% para la parte actora y en un 70% a la demandada, por lo que conden\u00f3 al BANCO DE OCCIDENTE S.A. a pagar a FAJOBE S.A.S., la suma de $69.656.619.20, que corresponde al 70% del valor pretendido\u00bb; y que posteriormente el superior funcional \u00abdispuso modificar la sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de revocar el ordinal primero, para en su lugar, declarar infundada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n contractual respecto de la cuenta corriente No. 024-01263-5\u00bb, as\u00ed como \u00ablos ordinales 4\u00ba y 5\u00ba\u00bb para declarar civil y contractualmente al demandado, \u00abpor las transacciones efectuadas los d\u00edas 23 y 24 de marzo de 2010 con cargo a las cuentas corrientes Nos. 024-01263-5 y 024-01485-4, conden\u00e1ndolo a pagar a la actora el 70% de los dineros sustra\u00eddos, en las sumas de $69.656.610,10 y $69.700.351.oo\u00bb  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, consider\u00f3 el Juzgado que una vez confrontada la primera demanda y los fallos que definieron ese asunto, con la que ahora es materia de debate, concluy\u00f3 que \u00abya exist\u00eda decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n a los dineros que pretende la parte actora le sean reintegrados en este proceso, en donde intervinieron las mismas partes y en el que la discusi\u00f3n se fund\u00f3 en las circunstancias que cobijaron el hurto de dineros en las cuentas corrientes Nos. 024-01263-5 y 240-1485-4, cuya titular es la demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, respecto de la exclusi\u00f3n de esa pretensi\u00f3n de la demanda inicial y que por tanto no fue objeto de estudio en el primer proceso, el Juzgado precis\u00f3 que \u00ab[n]o es de recibo lo argumentado por la apelante en cuanto a que en la audiencia de conciliaci\u00f3n, saneamiento y fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones que se llev\u00f3 a cabo en la demanda No. 2012-0123, se hubiese excluido la pretensi\u00f3n No. 4, pues de dicha diligencia vista a folios 36 a 40 cd-1, no se extrae que ello hubiese sido as\u00ed\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que si la parte actora consideraba que al interior de dicho proceso \u00abno se resolvi\u00f3 sobre la entrega de los dineros referidos, deb\u00eda en su momento solicitar la adici\u00f3n de la sentencia, conforme lo dispone el art. 311 del C.P.C., lo que no hizo\u00bb (fls. 33 a 39, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. De lo anterior, independientemente que la Corte proh\u00edje la totalidad de la argumentaci\u00f3n por no ser este el escenario id\u00f3neo para ello, proviene que la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en una debida motivaci\u00f3n, en la que se valor\u00f3 en forma razonada la situaci\u00f3n planteada en el proceso, y en ese orden no se advierte que el accionado haya incurrido en desconocimiento de los derechos fundamentales que reclama la accionante, pues contrario a ello, hizo referencia a los postulados jur\u00eddicos y f\u00e1cticos en los que soport\u00f3 la confirmaci\u00f3n del fallo de la Superintendencia Financiera, lo que descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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En estas condiciones, el promotor del resguardo no puede anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, cuya naturaleza excepcional no da pie para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. La Sala reitera que la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de los convocados no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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6.        En consecuencia, con las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo reprochado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02856-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99751","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99751"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99751\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}