{"id":99752,"date":"2026-06-25T19:19:46","date_gmt":"2026-06-25T19:19:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2775-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:19:46","modified_gmt":"2026-06-25T19:19:46","slug":"stc2775-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2775-2017\/","title":{"rendered":"STC2775-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2775-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02282-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Henry Alberto y Edwin Andr\u00e9s Moreno G\u00f3mez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la Fiscal\u00eda Quinta Seccional de la Unidad de delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de la misma ciudad, fueron vinculados al tr\u00e1mite la Defensor\u00eda del Pueblo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito y  las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los solicitantes, actuando en nombre propio, acuden a la presente acci\u00f3n reclamando la protecci\u00f3n de los derechos a la dignidad, debido proceso, igualdad, defensa t\u00e9cnica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Se extrae de la demanda y sus anexos que la Fiscal\u00eda acusada adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n en contra de Luz Amparo Arango Casta\u00f1o y Jorge Eliecer S\u00e1nchez por los delitos de abuso de funci\u00f3n p\u00fablica y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico de los cuales presuntamente result\u00f3 v\u00edctima Javier Moreno Tamayo, padre de los aqu\u00ed demandantes.  <\/span><\/p>\n

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       El afectado fallece durante el proceso, tomando su lugar en calidad de v\u00edctimas sus hijos Henry Alberto y Edwin Andr\u00e9s Moreno, quienes durante el tr\u00e1mite fueron representados por un abogado de confianza.  En primera instancia los acusados fueron condenados, apelada la decisi\u00f3n el Tribunal la revoc\u00f3 determinando la absoluci\u00f3n de los mismos.   <\/span><\/p>\n

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       En esta etapa, el apoderado de los mencionados renuncia al poder, quedando estos sin defensa para interponer el recurso de casaci\u00f3n; acudieron a la Fiscal\u00eda, Tribunal Superior y Defensor\u00eda del Pueblo en busca de un profesional del derecho que los representara, aduciendo carecer de recursos econ\u00f3micos para pagar un especialista en ese medio de censura, pero por todas las entidades les fue denegado ese pedimento.  Solicitaron al Tribunal suspendiera los t\u00e9rminos para interponer el recurso mientras se les prove\u00eda de un abogado de oficio.  <\/span><\/p>\n

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       3.        Piden en consecuencia, \u00ab(\u2026) se nos brinde la oportunidad de contar con una defensa t\u00e9cnica en igualdad de condiciones que la parte acusada y como las personas del com\u00fan tienen su derecho, para ello se deber\u00e1 designar una abogado de pobres que usualmente litigue como casacionista en materia penal en el Circuito de Manizales (\u2026) se le brinde un t\u00e9rmino de cinco d\u00edas al abogado que se me asignar\u00e1 para que el mismo proceda a realizar y presentar el recurso de casaci\u00f3n\u00bb (ff. 1 a 6, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, aport\u00f3 copia de la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 dentro del asunto el 25 de octubre de 2016, revocando la de origen.  Inform\u00f3 que, luego de haber suspendido t\u00e9rminos en tres oportunidades para la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, finalmente lo declar\u00f3 desierto mediante auto del 6 de diciembre de 2016 (ff. 32 y 33, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Magistrada Ponente del Tribunal acusado, manifest\u00f3 que la colegiatura a la que pertenece no funge como autoridad encargada para designar representante judicial de v\u00edctimas, su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a remitir esa solicitud a las entidades facultadas para tal efecto, Fiscal\u00eda y Defensor\u00eda, petici\u00f3n por ambas negada, sin que sea preciso imputar vulneraci\u00f3n alguna a dicho Tribunal (ff. 99 y 100, ib.).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 el amparo al considerar que el Tribunal afect\u00f3 el debido proceso de los actores al declarar desierto el recurso a pesar de haber sido interpuesto por ellos dentro del t\u00e9rmino, y explic\u00f3 (\u2026) en ese orden ante la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n por parte de las v\u00edctimas, debi\u00f3 correrse el traslado com\u00fan de los 30 d\u00edas para la sustentaci\u00f3n del mismo, y finalizado \u00e9ste entrar a resolver la procedencia de su concesi\u00f3n.  (\u2026) Es claro que se pretermiti\u00f3 dar curso en legal forma al citado precepto legal, lo que sin lugar a dudas afectan las formas propias de juicio de los accionantes al cercen\u00e1rseles la oportunidad que tienen de recurrir en casaci\u00f3n (\u2026) pero las irregularidades no pararon ah\u00ed, pues si se consider\u00f3 que la demanda de casaci\u00f3n no fue presentada como se precisara en el auto de 6 de diciembre de 2016, la consecuencia no pod\u00eda ser otra que declararlo desierto pero habilitando la oportunidad de que en contra de esa decisi\u00f3n  se interpusiera el recurso de reposici\u00f3n, medio de defensa judicial a trav\u00e9s del cual pod\u00edan los accionantes esgrimir los argumentos que en consecuencia se vieron avocados a presentar por v\u00eda constitucional (\u2026)\u00bb (ff. 102 a 120, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los interesados objetaron el fallo, aduciendo que si bien estaban de acuerdo con la posibilidad de interponer el recurso, nada se dijo sobre la petici\u00f3n de un abogado que sustente el mismo, pues aducen \u00ab(\u2026) no servir\u00eda de nada si no tenemos con qu\u00e9 contratar a un abogado, se nos est\u00e1 negando nuestro derecho a la administraci\u00f3n de justicia porque los suscritos as\u00ed trabajemos un a\u00f1o completo no tendremos con qu\u00e9 sufragar los gastos que requiere dicho abogado, con lo cual el derecho que nos protegi\u00f3 la Corte quedar\u00eda nuevamente desamparado\u00bb (ff. 135 y 136, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026)(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u201d. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013)  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al sublite, como viene de verse, la inconformidad de los censores radica en que no cuentan actualmente con un profesional del derecho que los asista para interponer el recurso de casaci\u00f3n rehabilitado por el juez de tutela en el fallo de origen, centrando su cr\u00edtica en que nada se defini\u00f3 acerca de la necesidad de la designaci\u00f3n de un abogado de la Defensor\u00eda P\u00fablica o del Centro de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas de la Fiscal\u00eda, en virtud de la carencia de recursos econ\u00f3micos para contratar uno por su cuenta.  <\/span><\/p>\n

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Y es que el requerimiento surge a partir de la renuncia al poder que presentara el profesional que ven\u00eda represent\u00e1ndolos, que seg\u00fan el memorial que hace constar tal dimisi\u00f3n, se dio al no haber llegado a un acuerdo respecto de los honorarios para acudir al se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n (ver f. 74, ib.).  <\/span><\/p>\n

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Sea lo primero destacar que no existe mayor discusi\u00f3n acerca del derecho de postulaci\u00f3n de las v\u00edctimas en el proceso penal y la facultad de intervenir en cada una de las etapas del tr\u00e1mite en igualdad de condiciones y con las mismas garant\u00edas del enjuiciado, as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 137 de la Ley 906 de 2004:  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, sin condicionar expresamente el ejercicio de tal derecho, se garantiz\u00f3 su manifestaci\u00f3n a partir de asegurar su eficacia desde una asistencia t\u00e9cnica id\u00f3nea, tal como lo se\u00f1ala el numeral 5, de la misma normativa, donde se precisa:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab5. Si la v\u00edctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobaci\u00f3n sumaria de la necesidad, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le designar\u00e1 uno de oficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Queda entonces claro que para acceder a la posibilidad de contar con un profesional del derecho designado por el Estado resulta necesario demostrar, por lo menos sumariamente, la incapacidad econ\u00f3mica para contratarlo, y esa valoraci\u00f3n y comprobaci\u00f3n seg\u00fan la norma recae en el ente Fiscal.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, quienes fueron reconocidas como v\u00edctimas, durante todo el devenir procesal gozaron de plenas garant\u00edas y contaron en todo momento con la asistencia de un abogado de confianza, advertidos desde el comienzo que en caso de manifestar dificultad de sufragar los costos de aquel y si as\u00ed se verificaba, se les asignar\u00eda uno adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica, opci\u00f3n que descartaron al presentarse al tr\u00e1mite con el contractual.  <\/span><\/p>\n

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Ya en sede de apelaci\u00f3n y ante la decisi\u00f3n desfavorable que implic\u00f3 la absoluci\u00f3n de los procesados, el apoderado de los perjudicados renunci\u00f3, dejando a estos desprovistos de representaci\u00f3n judicial, sin embargo, tanto defensor\u00eda como Fiscal\u00eda apreciaron que no cumpl\u00edan los requisitos para proveerles a trav\u00e9s del sistema de atenci\u00f3n a v\u00edctimas o de la misma defensor\u00eda la asistencia que reclaman; al respecto, la Directora Seccional de Fiscal\u00edas de Caldas, tal como lo rese\u00f1\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales en el auto de 28 de noviembre de 2016, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) esta Fiscal\u00eda no encuentra sustento para la designaci\u00f3n de un abogado de oficio en favor del peticionario, como quiera que la v\u00edctima durante la investigaci\u00f3n y juzgamiento siempre estuvo representada por un apoderado judicial de confianza, designado expresamente por \u00e9l, por lo que hacer dicha solicitud solo en esta instancia resulta inoportuna, no solo por la calidad de sustentaci\u00f3n que debe hacerse del recurso de casaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n por la premura que ello acarrea.  Adem\u00e1s no se ha demostrado la carencia de recursos econ\u00f3micos por parte del peticionario como lo exige la norma, iter\u00e1ndose que si durante las fases indicadas la v\u00edctima estuvo representada por un abogado de confianza no se ha desvirtuado la carencia de recursos y la posibilidad de designar uno con su propio peculio (\u2026)\u00bb (ver f. 85, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, tambi\u00e9n destacado por el Tribunal, la Defensor\u00eda del Pueblo contest\u00f3 a un requerimiento de ese cuerpo colegiado negando la misma \u00ab(\u2026) al encontrar que el peticionario no ostenta las calidades de los sujetos susceptibles de ser representados por ese ente (\u2026)\u00bb (ver f. 83, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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Entonces, seg\u00fan las facultades y funciones que les est\u00e1n asignadas a cada una de las entidades aqu\u00ed demandadas, siempre que reciben una solicitud de esta naturaleza deben efectuar un juicio de ponderaci\u00f3n acerca de las posibilidades reales que tienen los presuntos afectados de acceder a la asesor\u00eda de un litigante contratado, en atenci\u00f3n a los elementos aportados por ellos con los que demuestren, efectivamente, su menguada capacidad econ\u00f3mica, pues la sola afirmaci\u00f3n de esa incapacidad no es suficiente para acceder al servicio, aunque en materia penal no est\u00e9 prevista la figura del amparo de pobreza que se declara judicialmente en otras \u00e1reas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, el a quo, igualmente destac\u00f3 que las razones expuestas por Fiscal\u00eda y Defensor\u00eda en ese sentido se hallaban justificadas, al no haberse comprobado en el caso de los quejosos dicha incapacidad.  Y es que de admitirse las simples afirmaciones al respecto, se estar\u00eda abriendo una puerta para el abuso de este servicio a quien teniendo los medios, con el \u00fanico fin de ahorrar honorarios, acuda a estas entidades a reclamar un derecho que no le corresponde dada su particular situaci\u00f3n financiera.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior y seg\u00fan los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias la impugnaci\u00f3n no puede prosperar puesto que esta Sala no aprecia vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de los querellantes, en tanto que, como bien se precis\u00f3, las entidades convocadas actuaron de conformidad con las reglas que las determinan, que imponen una comprobaci\u00f3n por lo menos sumaria, de la incapacidad econ\u00f3mica del peticionario, a fin de proveerle el acompa\u00f1amiento jur\u00eddico que requiere, lo cual, tal como se evidenci\u00f3, no sucedi\u00f3 en este caso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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