{"id":99756,"date":"2026-06-25T19:20:17","date_gmt":"2026-06-25T19:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2779-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:20:17","modified_gmt":"2026-06-25T19:20:17","slug":"stc2779-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2779-2017\/","title":{"rendered":"STC2779-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2779-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00422-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Albeiro D\u00edaz Vargas contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquet\u00e1) y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor solicit\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, libertad y defensa, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En consecuencia, pretende que se ordene su \u00ablibertad inmediata\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.         Contra el accionante se adelanta proceso penal por el delito de \u00abacceso carnal con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, en el cual se le impuso media de aseguramiento \u00abconsistente en detenci\u00f3n intramural\u00bb, por lo que permanece privado de la libertad desde el 11 de septiembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Seg\u00fan el quejoso, en su proceso se han presentado varias dilaciones, entre ellas, la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que se adelant\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 294 de la Ley 906 de 2004, y la instalaci\u00f3n del juicio oral, la cual tard\u00f3 21 meses.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Agreg\u00f3 que \u00abla audiencia [de juicio oral] no se ha podido continuar (\u2026), debido a que la fiscal\u00eda no ha contado con los testigos de cargo\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n por constantes solicitudes de aplazamiento presentadas por diferentes sujetos procesales, incluso, sus defensores, por lo que solicit\u00f3 \u00abla libertad por vulneraci\u00f3n de plazo razonable\u00bb, petici\u00f3n que fue negada.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adicion\u00f3 que su petici\u00f3n de libertad no se fund\u00f3 en el art\u00edculo 317 (numeral 6\u00ba) del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, sino en la existencia de un \u00abvac\u00edo jur\u00eddico y por lo tanto el caso debe resolverse analizando \u201cel plazo razonable\u201d\u00bb, situaci\u00f3n que omitieron valorar las autoridades judiciales criticadas, resolviendo un problema jur\u00eddico diferente al planteado en la demanda de habeas corpus.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 22 de febrero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1        El Juzgado tercero Penal del Circuito de Florencia (Caquet\u00e1), indic\u00f3 que \u00abno se le han conculcado derechos fundamentales al accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Los Juzgados Primero y Segundo Penales Municipales de esa misma ciudad, rindieron informe sobre las actuaciones adelantadas en el proceso penal objeto de reproche constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n expres\u00f3 que \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para actuar, pues no existe una relaci\u00f3n de causalidad entre sus actuaciones y omisiones y la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026) del accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No cabe duda de que el presente reproche se enfila contra el prove\u00eddo del 31 de octubre de 2016, que confirm\u00f3 el proferido el 12 de octubre de esa misma anualidad por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, mediante el cual desestim\u00f3 la acci\u00f3n de habeas corpus que se inco\u00f3 en favor del hoy accionante (radicaci\u00f3n 18001-2208-004-2016-00350), de donde se concluye la improcedencia de este ruego.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

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\u2026 al Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde este \u00f3ptica replantear el estudio de los asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite de habeas corpus para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama, porque \u201c(\u2026) en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u201cilegalmente\u201d detenido, observa la Sala que, de un lado, tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental; y de otro, las providencias censuradas est\u00e1n soportadas en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que los juzgadores acusados hicieron obrar para sustentar su decisi\u00f3n, admisible a la luz del ordenamiento jur\u00eddico que gobierna la materia (\u2026)\u2019 . (CSJ STL, 10 ag. 2009, rad. 2009-01340-00, criterio reiterado recientemente en CSJ STC6839-2016)  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin perjuicio de lo anterior, lo cual resulta suficiente para negar la protecci\u00f3n pedida, respecto del prove\u00eddo del 31 de octubre de 2016, se advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de este Colegiado, expres\u00f3 las razones por las cuales la petici\u00f3n de habeas corpus elevada en favor del quejoso no estaba llamada a prosperar, acudiendo para el efecto a los imperativos normativos que consider\u00f3 aplicables a su situaci\u00f3n particular.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que, tras destacar las caracter\u00edsticas generales de la acci\u00f3n de habeas corpus, indic\u00f3 la prenombrada autoridad judicial que:   <\/span><\/p>\n

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No se discute que el procesado D\u00edaz Vargas fue legalmente privado de la libertad en virtud de una decisi\u00f3n judicial leg\u00edtimamente adoptada; que en su contra se adelanta un proceso penal que se halla en el curso de la celebraci\u00f3n de la audiencia del juicio oral, y que es dentro de \u00e9l donde deben proponerse y debatirse las causales de libertad provisional consagradas en el art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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Para el accionante, fue desacertada la decisi\u00f3n de la juez de conocimiento de negar la libertad provisional de su asistido, con fundamento en el numeral 6\u00ba de que trata el art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 317 del C. de P. P. de 2004 fue modificado por el art. 61 de la Ley 1453 de 2011; art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1760 de 2015 y art. 2\u00ba de la Ley 1786 de 2016. Su texto, con las aludidas modificaciones, es el siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 317. Causales de Libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores art\u00edculos tendr\u00e1n vigencia durante toda la actuaci\u00f3n, sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 307 del presente c\u00f3digo sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplir\u00e1 de inmediato y solo proceder\u00e1 en los siguientes eventos\u201d:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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\u201c6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) d\u00edas contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Conforme el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1760 de 2015 -norma promulgada el 6 de julio de 2015-, el citado numeral 6\u00ba estaba llamado a entrar a regir el 6 de julio de 2016. As\u00ed lo estableci\u00f3 el precepto: \u201cLa presente ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, salvo el art\u00edculo 1o y el numeral 6 del art\u00edculo 4o, los cuales entrar\u00e1n a regir en un (1) a\u00f1o contado a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, la Ley 1786 de 2016 prorrog\u00f3 en un a\u00f1o m\u00e1s la aplicaci\u00f3n de la norma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en la Ley 1786 de 2016, promulgada el 1\u00ba de julio de este a\u00f1o, se consignaron algunas modificaciones a la Ley 1760 de 2015, sin que se tocara en modo alguno el contenido de causal 6\u00aa ya mencionada. All\u00ed se prorrog\u00f3 nuevamente su entrada en vigencia, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 5. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLos t\u00e9rminos a los que se hacen referencia en el art\u00edculo 1\u00ba y el numeral 6 del art\u00edculo 2\u00ba de la presente ley, respecto de los procesos ante justicia penal especializada, en los que sean tres (3) o m\u00e1s los acusados contra quienes estuviere vigente la detenci\u00f3n preventiva, o cuando se trate de investigaci\u00f3n o juicio de los actos de corrupci\u00f3n de los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el T\u00edtulo IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (C\u00f3digo Penal), entrar\u00e1n a regir en un (1) a\u00f1o contado a partir de su fecha de promulgaci\u00f3n.\u201d (Subraya y resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Valga precisar que la disposici\u00f3n contenida en el numeral 6 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1786 de 2016, reproduce la causal de libertad que hoy alega el defensor.  <\/span><\/p>\n

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Surge n\u00edtido que la pr\u00f3rroga sobre la entrada en vigencia de la causal 6\u00aa del art\u00edculo 317 del C. de P. P., dispuesta en la Ley 1786 de 2016, se aplica a este caso, toda vez que el delito que se le atribuye al procesado (acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os) es uno de los rese\u00f1ados en la norma, pues hace parte de los que se incluyen en el T\u00edtulo IV del C\u00f3digo Penal (delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, aun cuando es lo cierto que la vigencia de la Ley 1786 de 2016 es un asunto que, en principio, debe proponerse y debatirse dentro de las instancias del proceso, de todos modos no cabe duda que la tesis adoptada por el juez natural para negar la libertad con fundamento en el art\u00edculo 317-6\u00ba de la Ley 906 de 2004, la misma que comparti\u00f3 el Magistrado del Tribunal de Florencia que en primera instancia resolvi\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional, no configura una v\u00eda de hecho, pues en verdad la aludida causal de libertad provisional no es aplicable a un caso como el que concita la atenci\u00f3n del Despacho, tal como lo ha aclarado la jurisprudencia de esta Colegiatura (CSJ, SP, auto de \u00fanica instancia del 13 de julio de 2016, rad. 35691). (CSJ AHP 7471-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de los planteamientos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte al pronunciamiento antes rese\u00f1ado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha[n] hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, de 11 de ene. de 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135-2016, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2779-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00422-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}