{"id":99760,"date":"2026-06-25T19:20:32","date_gmt":"2026-06-25T19:20:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2783-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:20:32","modified_gmt":"2026-06-25T19:20:32","slug":"stc2783-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2783-2017\/","title":{"rendered":"STC2783-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2783-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2016)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de C\u00facuta el 27 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Leonardo Leal Casta\u00f1eda contra la Polic\u00eda Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC \u2013 Complejo Carcelario y Penitenciario de C\u00facuta, Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional Seccional Norte de Santander.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud,  presuntamente vulnerado por las entidades accionadas.  <\/span><\/p>\n

2.        Expone que ingres\u00f3 a las filas de la Polic\u00eda Nacional en 1998 alcanzando en dicha instituci\u00f3n el grado de Teniente, y para hacer parte del cuerpo policial debi\u00f3 superar una serie de pruebas m\u00e9dicas y sicol\u00f3gicas que exigen para el proceso de selecci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, las cuales pas\u00f3 satisfactoriamente, evidenciando que para entonces gozaba de una excelente salud f\u00edsica y mental.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que actualmente cumple en prisi\u00f3n dos condenas impuestas por la justicia ordinaria, ambas por delitos contra la integridad sexual de menores de edad, por hechos acaecidos entre 2006 y 2012; debido a esto fue retirado de la Polic\u00eda el 14 de marzo de 2016.  Seg\u00fan los ex\u00e1menes que le fueron practicados para efectos de su  retiro de la entidad, fue valorado por siquiatr\u00eda-\u00e1rea de sanidad, en dos ocasiones diagnostic\u00e1ndosele \u00abpedofilia, enfermedad que se encuentra incluida dentro de la clasificaci\u00f3n internacional de enfermedades mentales (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Refiere que present\u00f3 petici\u00f3n al INPEC solicitando se le brinde toda la atenci\u00f3n necesaria a fin de tratar y superar la dicha enfermedad, pero le contestaron negativamente inform\u00e1ndole que el Complejo Carcelario no contaba con Especialista que pudiera atender tal requerimiento.  Luego, ante  la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda elev\u00f3 similar petici\u00f3n igualmente negada dada su condici\u00f3n de retirado.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que la mencionada disfunci\u00f3n la adquiri\u00f3 y desarroll\u00f3 \u00ab(\u2026) en cumplimiento de las tareas de la vida policial como resultado del estr\u00e9s propio de ese estilo de vida\u00bb (sic).  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia, como medida concreta de protecci\u00f3n, pidi\u00f3 \u00ab[s]e obligue a la Polic\u00eda Nacional, \u00e1rea de Sanidad, Departamento de Norte de Santander para que me presten los servicios m\u00e9dicos, farmacol\u00f3gicos, hospitalarios necesarios seg\u00fan valoraci\u00f3n profesional [para tratar] la parafilia desarrollada durante el ejercicio de las funciones normales del servicio de Polic\u00eda, hasta que sea diagnosticado como mentalmente sano\u00bb  (ff. 1 a 13, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Jefe del \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional manifest\u00f3 que en manera alguna ha vulnerado los derechos del actor, pues mientras se trat\u00f3 de servidor activo le fueron prestados todos los servicios a los que ten\u00eda derecho pero actualmente no tiene ning\u00fan tipo de v\u00ednculo, debiendo ser responsabilidad del INPEC la prestaci\u00f3n del servicio de salud (ff. 49 y 50, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, primero desvinculando a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional al ser evidente que al estar retirado de la instituci\u00f3n ninguna obligaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio pod\u00eda atribu\u00edrsele.   <\/span><\/p>\n

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Luego precis\u00f3 que, eventualmente corresponder\u00eda al INPEC brindarle la asistencia que por su condici\u00f3n actual de recluso, lo cual en este caso carece de (\u2026) soporte desde que no existe prueba que indique que al accionante se le orden\u00f3 valoraci\u00f3n semejante.  (\u2026) lo \u00fanico que existe en particular es esa respuesta dada en su momento por la psiquiatra adscrita a la Polic\u00eda Nacional con ocasi\u00f3n del derecho de petici\u00f3n invocado por el accionante en el que da cuenta, conforme se lo dijese el Jefe de \u00c1rea de Sanidad de Polic\u00eda al accionante, se concluy\u00f3 con apoyo  en el mismo dicho del accionante (\u2026) para lo cual, adem\u00e1s no se utiliz\u00f3 \u201cprueba especializada\u201d sino apenas ese interrogatorio\u00bb (ff. 54 a 63, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante refut\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, solo agregando que, la decisi\u00f3n de primera instancia no se ajust\u00f3 a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela y que se fund\u00f3 en valoraciones inexactas (ff. 73 y 74, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        En relaci\u00f3n con el derecho fundamental a la salud, esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, es \u00abun derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u201ctiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007\u00bb, (citada en STC9859-2016, 21 jul, 2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo para proteger tal prerrogativa cuando se demuestre que existe una afectaci\u00f3n inminente de los derechos a la vida, integridad personal o dignidad humana, del afectado por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral entre otros.  <\/span><\/p>\n

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2. Ahora bien, respecto a la atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada reclamada, desde ya debe decirse que esta Sala encuentra ajustado a derecho lo razonado en el fallo censurado por lo siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Del material probatorio obrante en la actuaci\u00f3n, no se acredit\u00f3 por parte del accionante que, en efecto, padezca la patolog\u00eda se\u00f1alada en la demanda, la cual dice haber adquirido y desarrollado en cumplimiento de las labores policiales.  <\/span><\/p>\n

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Los delitos por los cuales fue condenado el demandante revelan por s\u00ed solos, sin lugar a dudas, una seria perturbaci\u00f3n emocional o mental que lo avoca a cometer ese tipo de actos vejatorios de la integridad sexual de menores de edad, sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de las l\u00f3gicas deducciones que puedan derivarse de esos comportamientos delictuales, solo un profesional de la medicina especializado en psiquiatr\u00eda puede determinar de manera cierta la enfermedad mental que dice tener.  <\/span><\/p>\n

Dest\u00e1quese que al interior de las presentes diligencias no se aprecia informe o dictamen que establezca que Leal Casta\u00f1eda de manera concluyente sufre de una enfermedad mental denominada \u00abpedofilia\u00bb, pues lo \u00fanico que hay, y es sobre lo que apoya su pedimento, es una respuesta del \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda a la petici\u00f3n por \u00e9l elevada donde pretend\u00eda se le explicara qu\u00e9 tipo de prueba especializada se le practic\u00f3 para calificar su enfermedad; all\u00ed se le indic\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la atenci\u00f3n psiqui\u00e1trica \u00ab(\u2026) en las fechas 15 de julio y 12 de septiembre de 2016.  Producto de la realizaci\u00f3n de entrevista psiqui\u00e1trica y tomando en cuenta lo manifestado por el paciente en el interrogatorio se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n cl\u00ednica que cursa con diagn\u00f3stico de Pedofilia F654\u00bb (ver f. 24, ib.).  <\/span><\/p>\n

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Igualmente se precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) no es posible facilitarle copia de la prueba que usted hace referencia, ya que seg\u00fan lo expuesto la m\u00e9dico tratante no utiliz\u00f3 ning\u00fan tipo de prueba especializada\u00bb (ver f. 23, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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Entonces, auscultados los pronunciamientos del \u00e1rea de sanidad de la Polic\u00eda ante el pedimento del promotor, queda claro que, no existen elementos constitutivos de una enfermedad f\u00edsica o mental o valoraci\u00f3n m\u00e9dica sustentada que as\u00ed lo indique de manera que se imponga la protecci\u00f3n del derecho aqu\u00ed examinado.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, carece de soporte la afirmaci\u00f3n de que la presunta alteraci\u00f3n mental que dice tener se haya originado y desarrollado mientras estuvo en las filas de la instituci\u00f3n demandada, pues se trata apenas de una aseveraci\u00f3n personal hu\u00e9rfana de prueba, pues no acredit\u00f3 la existencia de un nexo causal entre las funciones que cumpli\u00f3 durante el tiempo que labor\u00f3 en la entidad y la enfermedad se\u00f1alada.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed como, ante la ausencia de un dictamen que clarifique lo aducido por el actor respecto a su estado de salud, el juez constitucional no cuenta con elementos de juicio que le permitan intervenir a fin de conjurar la vulneraci\u00f3n del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Y es apenas l\u00f3gico, no podr\u00eda proferirse una orden espec\u00edfica si se carece de un diagnostico especializado que determine de manera concreta no solo la afecci\u00f3n sino el tratamiento adecuado y pertinente para la misma, pues se itera, la contestaci\u00f3n del \u00e1rea de sanidad de la Polic\u00eda Nacional alude a una apreciaci\u00f3n de una profesional basada en el relato del mismo paciente, que no se encuentra soportada en estudios cl\u00ednicos fehacientes.  <\/span><\/p>\n

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Y es que aquel concepto m\u00e9dico, producto de la consulta que se le brind\u00f3 al penado, est\u00e1 directamente relacionado con los delitos por los cuales fue condenado, que obran como indicio de dicho trastorno, pero al no existir un dictamen t\u00e9cnico que ofrezca un an\u00e1lisis claro, no puede el juez de tutela pronunciarse con fundamento en lo que hasta ahora son conjeturas.  <\/span><\/p>\n

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3.         En consonancia con la primera instancia, debe resaltarse que en todo caso al actor no se le ha negado la prestaci\u00f3n del servicio de salud, pues el INPEC al contestar la petici\u00f3n que \u00e9ste presentara le inform\u00f3 que, \u00ab(\u2026) el Consejo de evaluaci\u00f3n y Tratamiento dispondr\u00e1 lo pertinente para que en los seguimientos a su plan de tratamiento se identifique, sugiera y remita de acuerdo a su perfil, cu\u00e1les son las estrategias de intervenci\u00f3n, objetivo terap\u00e9utico relacionado con la identificaci\u00f3n de causas o factores relacionados con el delito sexual (\u2026)\u00bb (ver f. 30, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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En todo caso, queda para el censor la v\u00eda jur\u00eddica del Juez de Ejecuci\u00f3n de penas a quien podr\u00eda solicitarle autorice  una valoraci\u00f3n especializada por Medicina Legal, a fin de obtener un dictamen que sustente sus requerimientos respecto al tratamiento de la enfermedad que aduce.  <\/span><\/p>\n

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4.        De lo anterior se concluye que, al no hallarse ninguna conducta atribuible a los accionados respecto de la cual se pueda determinar una presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental debe declararse la improcedencia de la demanda, en la medida que, sin un diagn\u00f3stico preciso de la patolog\u00eda anotada cualquier orden que se profiera resultar\u00eda evidentemente ambigua y gen\u00e9rica.  <\/span><\/p>\n

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5.        Sin m\u00e1s disquisiciones la sentencia de primer grado ser\u00e1 confirmada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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