{"id":99761,"date":"2026-06-25T19:20:39","date_gmt":"2026-06-25T19:20:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2784-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:20:39","modified_gmt":"2026-06-25T19:20:39","slug":"stc2784-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2784-2017\/","title":{"rendered":"STC2784-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2784-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00430-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos   (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alba Ruby Giraldo de Ballesteros, Leonel Antonio, \u00c1lvaro, Martha Luc\u00eda y Olga Mery Giraldo S\u00e1nchez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Civil del Circuito de Salamina (Caldas), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, libre desarrollo de la personalidad, trabajo y \u00abasociaci\u00f3n\u00bb que dicen vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicitaron, en consecuencia, \u00abDEJAR SIN EFECTO toda la actuaci\u00f3n cuestionada (\u2026) desde el auto de 6 de abril de 2016\u2026\u00bb y se requiera al juzgado accionado para que rehaga \u00abla actuaci\u00f3n (\u2026), ordenando la divisi\u00f3n material de los bienes y solo eventualmente al divisi\u00f3n ad valorem de los mismos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.         Alba Ruby Giraldo de Ballesteros, Leonel Antonio, \u00c1lvaro, Martha Luc\u00eda, Luz Ineida y Olga Mery Giraldo S\u00e1nchez promovieron demanda divisoria contra Claudia Milena Giraldo S\u00e1nchez, con miras a terminar la comunidad \u00abexistente entre demandantes y demandada\u00bb sobre una pluralidad de bienes.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El Juzgado Civil del Circuito de Salamina, mediante auto del 9 de agosto de 2016, decidi\u00f3 \u00absobre la modalidad de divisi\u00f3n, determinado esta vez la divisi\u00f3n ad valorem de los bienes que conforman la comunidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Contra esa determinaci\u00f3n los gestores del amparo formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n por prove\u00eddo del 25 de agosto de 2016 y, el segundo, con decisi\u00f3n del 8 de noviembre de 2016, con la que el Tribunal confirm\u00f3 el auto de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Se\u00f1alaron los peticionarios que \u00abdecidieron demandar la divisi\u00f3n de la comunidad, en relaci\u00f3n con la se\u00f1ora Claudia Milena Giraldo S\u00e1nchez, manteniendo [ellos] el inter\u00e9s de permanecer asociados y compartiendo en comunidad de los bienes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adicionaron que los juzgadores criticados \u00abse encontraban ante tres soluciones al caso que se plantea (\u2026) optando por la que causa mayor perjuicio a [sus] derechos fundamentales\u00bb y que \u00abtoda la argumentaci\u00f3n judicial se centr\u00f3 en determinar los motivos por los cuales no proced\u00eda la divisi\u00f3n material de cada uno de los bienes individualmente considerados, dejando a espurios an\u00e1lisis sobre las razones que impiden la divisi\u00f3n material de la pluralidad de bienes considerada desde su universalidad\u00bb, esto es, \u00abla divisi\u00f3n material en bloque\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 23 de febrero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales expres\u00f3 que \u00abel proceso objeto de controversia se surti\u00f3 conforme a las normas procesales vigentes\u00bb y que \u00abse garantizaron a cabalidad los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 8 de noviembre de 2016, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Salamina el 9 de agosto de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales la forma de poner fin a la comunidad existente entre los litigantes era la divisi\u00f3n ad valorem de los bienes que la conformaban.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a tal conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 el Tribunal lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Lo confutado por la apoderada judicial de los demandantes es que la venta en p\u00fablica subasta desmejora los derechos de propiedad de los comuneros en tanto que lo pretendido era finalizar con la comunidad conformada con la demandada, pudiendo entonces asignarse el equivalente a sus derechos con un bien espec\u00edfico, sin ocasionar un perjuicio material o econ\u00f3mico y conservando la agrupaci\u00f3n entre el resto de comuneros en relaci\u00f3n con los otros activos; empero, tal argumento [no] es de recibo para esta Colegiatura debido a que en el caso concreto no se est\u00e1 ante una universalidad de bienes en la que cada copropietario tiene una participaci\u00f3n sobre el patrimonio en general, sino por el contrario, existe una asignaci\u00f3n cierta y determinada de cada uno de los derechos de los due\u00f1os respecto de bienes espec\u00edficos.  <\/span><\/p>\n

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En esta medida, la agrupaci\u00f3n conformada se halla frente a unos bienes singulares, siendo el objeto del proceso divisorio ponerle fin a esa comunidad seg\u00fan el canon 467 del C.P.C., ya sea mediante una divisi\u00f3n material, siempre y cuando no se desmerezcan los derechos de los condue\u00f1os por el fraccionamiento, o la venta en p\u00fablica subasta en caso de ser imposible aquella, cosa que no se puede confundir con la divisi\u00f3n efectuada en un proceso liquidatario, ya que jur\u00eddicamente es distinta, pues se itera, en ella los porcentajes de los beneficiarios son en com\u00fan y pro indiviso respecto de una masa de bienes.  <\/span><\/p>\n

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En tal norte, la sustentaci\u00f3n de los demandantes se enfoca en una divisi\u00f3n que es incompatible con la naturaleza jur\u00eddica de la comunidad creada, puesto que confunde la asignaci\u00f3n de una generalidad de acervos con el objeto del proceso divisorio, el cual no es m\u00e1s que ponerle fin a la copropiedad de unos bienes determinados, sumado a que es imposible gestionar unas diligencias de esta \u00edndole para finiquitar la reuni\u00f3n \u00fanicamente respecto de una comunera, pues ello desdibuja por completo la finalidad del tr\u00e1mite, el cual pretende concluir una colectividad sin lugar a consideraciones parciales.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Huelga anotar que la divisi\u00f3n ad valorem en modo alguno afecta los derechos patrimoniales de los condue\u00f1os ya que el producido de la venta se asigna a prorrata de sus porcentajes, teniendo tanto la parte demandada como la parte demandante la opci\u00f3n de compra del bien.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Por manera que, en el caso de que se vendan los bienes objeto de la comunidad, los hermanos pueden hacer uso del derecho de adquisici\u00f3n y conservar los bienes; ahora, si lo deseado es que contin\u00fae la comunidad, pueden obtener el predio en compa\u00f1\u00eda de otros postores, una vez sea pagado el valor de los derechos a los dem\u00e1s copropietarios; sin embargo, esa etapa procesal es posterior a la que ahora se debate, de lo que deviene la imposibilidad de decidir este aspecto a la fecha.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan el proceso divisorio y concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la divisi\u00f3n material, en los t\u00e9rminos que lo reclamaron los hoy accionantes, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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