{"id":99762,"date":"2026-06-25T19:20:42","date_gmt":"2026-06-25T19:20:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2785-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:20:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:20:42","slug":"stc2785-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2785-2017\/","title":{"rendered":"STC2785-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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STC2785-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00639-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos   (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 20 de enero de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Cruz Bol\u00edvar contra el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n, dignidad humana, trabajo y \u00aba la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb, que dice vulnerados por el estrado judicial encausado.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, (i) declarar que es nula \u00abla providencia de\u2026 septiembre 2 de 2016\u2026, mediante la cual\u2026 [el juzgado accionado] niega la solicitud de nulidad de decisiones que ilegalmente libran mandamiento de pago a favor de [sus] hijos mayores de edad\u2026\u00bb; (ii) decretar \u00abla nulidad de todo lo actuado en este proceso\u2026, a partir del mandamiento de pago\u2026,[de los autos de] diciembre 19 de 2014\u2026[,] mayo 11 de 2015\u2026[,] agosto 14 de 2015\u2026[,] septiembre 29 de 2015,\u2026 julio 07 de 2016, as\u00ed como\u2026 de septiembre 19 de 2016\u2026\u00bb; y (iii) se ordene al juzgado accionado \u00abinicie el tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de alimentos, respecto [de] los hijos mayores, en la forma solicitada\u2026 en los t\u00e9rminos ordenados por el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Ante el Juzgado 17 de Familia de Bogot\u00e1 se tramit\u00f3 proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico entre Stella Triana Bol\u00edvar y Guillermo Cruz Bol\u00edvar, el cual culmin\u00f3 con sentencia del 27 de agosto de 2001, en la que se fij\u00f3 en favor de sus hijos, entonces menores de edad, Guillermo Alfonso, Mar\u00eda Fernanda y Miguel \u00c1ngel Cruz Triana, una cuota alimentaria por $300.000,oo.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En el a\u00f1o 2010, se promovi\u00f3 demanda ejecutiva en su contra \u00abpara cobrar mesadas atrasadas\u00bb, causadas desde noviembre y diciembre del a\u00f1o 2000, hasta el mes de junio de 2010, sin informar que Guillermo Alfonso y Mar\u00eda Fernanda Cruz Triana, para esa \u00e9poca, eran mayores de edad, \u00abel primero cumpli\u00f3 sus 18 a\u00f1os el 19 de octubre de 2006 y la segunda el 14 de [d]iciembre de 2007\u00bb; libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 14 de diciembre de 2010.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Enterado de la orden de apremio, el gestor del amparo propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abpago parcial\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n no acorde con el IPC del DANE\u00bb, fundada esta \u00faltima en que los ejecutantes Guillermo Alfonso y Mar\u00eda Fernanda Cruz Triana hab\u00edan alcanzado la mayor\u00eda de edad.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        El 23 de enero de 2012, Mar\u00eda Fernanda Cruz Triana manifest\u00f3 al juez de la ejecuci\u00f3n que renunciaba a \u00ab\u2026 la cuota alimentaria as\u00ed como [a] los aumentos porcentuales de la misma, a partir del 14 de diciembre de 2007\u00bb, y solicit\u00f3 que \u00aben la liquidaci\u00f3n [a] que haya lugar solo [se] tenga en cuenta las cuotas alimentarias y sus respectivos aumentos hasta cuando cumpli[\u00f3] [sus] 18 a\u00f1os\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Mediante sentencia del 16 de mayo de 2013, el fallador criticado rechaz\u00f3 \u00abpor improcedentes las excepciones de inexistencia de la obligaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n no acorde con el IPC del DANE\u00bb; declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial y se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n por la suma de $17.802.860,03, descontando los abonos que acredit\u00f3 el ejecutado y las mesadas que corresponder\u00edan a Mar\u00eda Fernanda Cruz Triana.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Indic\u00f3 el quejoso que realiz\u00f3 abonos por $15\u2019000.000,oo, por lo que s\u00f3lo qued\u00f3 un saldo de $2\u2019802.860,03, los cuales fueron desconocidos en el prove\u00eddo del 3 de septiembre de 2014, mediante el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la suma de $36\u2019008.271,25, \u00abdonde tambi\u00e9n incurre en violaci\u00f3n del derecho sustancial, al acceder y pagar alimentos en favor de hijos mayores de edad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Contra esa decisi\u00f3n el querellante interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, las cuales se abstuvo de decidir el fallador accionado \u00abpor su evidente extemporaneidad\u00bb, seg\u00fan se reconoci\u00f3 en auto del 19 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        El 11 de mayo de 2015, el encartado \u00abresolvi\u00f3 no dar curso a la actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por [su] apoderado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.9.        El 27 de julio de 2015, el promotor pidi\u00f3 \u00abse corrija el auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb, solicitud que fue negada con prove\u00eddo del 14 de agosto siguiente; decisi\u00f3n frente a la cual formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n y negada la concesi\u00f3n del segundo, a trav\u00e9s de providencia del 29 de septiembre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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2.10. El 27 de junio de 2016, el ejecutante Miguel \u00c1ngel Cruz Triana manifest\u00f3 al estrado cuestionado que su padre Guillermo Cruz Bol\u00edvar \u00abse encuentra a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de ALIMENTOS Y CUALQUIER OTRO EMOLUMENTO\u00bb; por su parte, Mar\u00eda Fernanda Cruz Triana expres\u00f3 que Cruz Bol\u00edvar \u00abse encuentra a paz y salvo por concepto de alimentos desde el 14 de diciembre de 2017\u00bb; por lo que el peticionario solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n y aport\u00f3 \u00abcopia de la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos respecto del se\u00f1or GUILLERMO ALFONSO CRUZ TRIANA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.11. Con auto del 5 de julio de 2016, el juzgado se abstuvo de dar por terminado el proceso, entre otras razones, \u00abpor cuanto no se tiene claro cu\u00e1l es el monto de las causaciones alimentarias que declaran pagadas por los alimentarios\u00bb, motivo por el cual \u00abdeber\u00e1 realizarse acto liquidatorio\u00bb y, adicionalmente, respecto a la demanda de exoneraci\u00f3n, refiri\u00f3 que \u00abesta fue remitida al reparto, dado que este Despacho no es competente para conocer de la misma\u00bb; determinaci\u00f3n que impugn\u00f3 en reposici\u00f3n y, subsidiariamente, apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.12. A trav\u00e9s de providencia del 9 de agosto de 2016, el despacho judicial accionado sostuvo el auto recurrido y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada.  <\/span><\/p>\n

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2.13. Seguidamente, el quejoso formul\u00f3 sendas peticiones de nulidad \u00absupralegal\u00bb, insistiendo en que se err\u00f3 al librar mandamiento de pago, por cuanto sus hijos ya eran mayores de edad; las cuales fueron desestimadas con prove\u00eddos del 2 y 19 de septiembre de esta anualidad, este \u00faltimo en el que, adem\u00e1s, no se dio curso a la solicitud de exoneraci\u00f3n que formul\u00f3 el querellante.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que \u00ablas decisiones que emiti\u00f3 este Despacho\u2026 est\u00e1n debidamente sustentadas en derecho\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        El Juzgado 17 de Familia de esta urbe, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto objeto de reproche constitucional, manifest\u00f3 que se aten\u00eda \u00aba lo actuado en el proceso en cuesti\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n del 2 de septiembre de 2016, \u00abpor una parte, no se muestra torticera, ni arbitraria\u2026 y, por la otra, no fue controvertida mediante el recurso de reposici\u00f3n\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, respecto de \u00ablas dem\u00e1s actuaciones\u2026 de las que se duele el accionante, [que] las mismas ocurrieron hace m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que se hubieran cuestionado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional\u2026, con lo cual se desnaturaliza la inmediatez que l[o] caracteriza\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo relacionado con el saldo del cr\u00e9dito cuyo pago se reclam\u00f3 en la ejecuci\u00f3n criticada, destac\u00f3 que el peticionario no ha presentado la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, por lo que \u00abcuenta con otros mecanismos judiciales para la consecuci\u00f3n del prop\u00f3sito que lo anima sobre el particular\u00bb y, adicion\u00f3, que s\u00ed el quejoso consideraba que su hijo Guillermo Alfonso Cruz Triana \u00abse hizo acreedor a unas mesadas a las que no ten\u00eda derecho, el camino a seguir es el de promover el proceso\u2026 de restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor reiter\u00f3 lo que expuso en su demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que lo cuestionado por el gestor son las siguientes actuaciones: (i) el mandamiento de pago dictado en la ejecuci\u00f3n materia de queja constitucional, ya que considera que no se atendi\u00f3 que al presentar la demanda, dos de los ejecutantes eran mayores de edad y, por tanto, no pod\u00edan reclamar suma alguna a t\u00edtulo de alimentos; (ii) la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito practicada en el prenotado asunto; y (iii) la negativa a dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n que present\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.1.         Respecto del primero de los reparos rese\u00f1ados, advierte la Sala que el promotor formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito contra la aludida orden de apremio, una de ellas fundada, precisamente, en la supuesta imposibilidad de dos de los ejecutantes de reclamar alimentos por ser mayores de edad, defensa que fue desestimada en la sentencia del 16 de mayo de 2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con base en tal premisa y descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, en la medida en que, desde la emisi\u00f3n de dicha providencia, hasta la fecha de interposici\u00f3n del amparo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 18 de octubre de 2016, transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Cabe a\u00f1adir que si bien el accionante ha insistido en la supuesta ilegalidad del mandamiento ejecutivo, con sustento en la misma contingencia antes rese\u00f1ada (mayor\u00eda de edad de algunos de los ejecutantes), por lo que reclam\u00f3, de un lado, la correcci\u00f3n de dicho prove\u00eddo y, por otra parte, la nulidad de la actuaci\u00f3n, peticiones que le fueron negadas con autos del 14 de agosto de 2015, 2 y 19 de septiembre de 2016; tales eventualidades no desvirt\u00faan la conclusi\u00f3n anterior, pues lo cierto es que la definici\u00f3n de tal aspecto se dio, sin lugar a dudas, en el mencionado fallo del 16 de mayo de 2013, en el que se orden\u00f3 proseguir con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.        En lo que ata\u00f1e al segundo de los reproches elevados (liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito), tambi\u00e9n se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que el actor, tal y como lo indic\u00f3 el a quo, tiene a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo es la presentaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la acreencia reclamada, oportunidad en la cual podr\u00e1 ventilar las circunstancias que alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relacionadas con el pago parcial que reconocieron los ejecutantes Mar\u00eda Fernanda y Miguel \u00c1ngel Cruz Triana (art\u00edculo 446 C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del promotor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Frente a la \u00faltima de las quejas del impugnante, advierte la Corte que el amparo incoado est\u00e1 llamado a fracasar, toda vez que el querellante desaprovech\u00f3 la posibilidad   de interponer el recurso de reposici\u00f3n procedente frente al prove\u00eddo del 19 de septiembre de 2016, que no accedi\u00f3 a dar tr\u00e1mite a su solicitud de exoneraci\u00f3n, medio procesal pertinente para exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dada la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la determinaci\u00f3n que hoy se critica en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase el expediente remitido, en calidad de pr\u00e9stamo, al juzgado de origen.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO         STC2785-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00639-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete).         Bogot\u00e1, D.C., dos   (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99762","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99762"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99762\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}