{"id":99765,"date":"2026-06-25T19:21:02","date_gmt":"2026-06-25T19:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2790-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:21:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:21:02","slug":"stc2790-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2790-2017\/","title":{"rendered":"STC2790-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2790-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00331-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Johana Lorena Montoya Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Carlos Alberto Cristo Bustos, Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez, Marlen Santos Aldana, Inmobiliaria Soto, Mar\u00eda Eugenia Bastos de Cristo, Cathi Enid Carolina Torrado Serrano, Emilio Soto Esteban, Tocris Montoya S.A.S., la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma urbe, Helm Bank S.A., Banco Corpbanca de Colombia S.A., los Juzgados Primero de Familia y Primero Civil del Circuito de la referida ubicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sin precisar cu\u00e1les, con el fin, afirm\u00f3, de que se pusiera fin a la \u00abviolencia de g\u00e9nero\u2026 [y] econ\u00f3mica\u00bb de la que era v\u00edctima.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar (i) \u00abal Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito [de C\u00facuta,] que est\u00e1 conociendo del proceso ejecutivo radicado 105\/14[,] revocar el embargo decretado contra el inmueble\u2026 con\u2026 matr\u00edcula\u2026 260-293962[,] perteneciente a la sociedad conyugal Cristo Montoya o limitar el mismo al\u2026 (50%) del inmueble\u00bb; y (ii) \u00aba Carlos Alberto Cristo Bustos[,] cesar la violencia econ\u00f3mica ejercida contra su ex c\u00f3nyuge al intentar birlar o distraer a como d\u00e9 lugar, los bienes de dicha sociedad\u2026 y consignar puntualmente lo referente a los alimentos de su menor hija\u00bb. (Folio 9, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que as\u00ed se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 26 de enero de 2006 la accionante contrajo matrimonio con Carlos Alberto Cristo Bustos, con quien procrearon a I.C.M., actualmente menor de edad, nacida el 24 de enero de 2008.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Durante la vigencia de esa uni\u00f3n, el 14 de agosto de 2007, adquirieron los lotes identificados con folios inmobiliarios Nros. 260-246197 y 260-246198, los que dejaron a nombre de Cristo Bustos; fundos que, posteriormente, englobaron en uno solo al que le fue asignada la matr\u00edcula Nro. 260-293962, y \u00abcon el esfuerzo de ambos construyeron en dicho terreno una vivienda para ellos y su hija\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        As\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la figura de leasing habitacional, obtuvieron el predio con folio inmobiliario Nro. 314-26778.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Debido a la incompatibilidad de caracteres, en el mes de junio de 2013 la tutelante \u00abpidi\u00f3\u2026 el divorcio\u00bb a Cristo Bustos, quien \u00abse neg\u00f3 y le manifest\u00f3 que trataran de salvar el matrimonio\u00bb, por lo que aqu\u00e9lla no insisti\u00f3 m\u00e1s y dirigi\u00f3 sus esfuerzos al objetivo planteado por su marido; mientras que \u00e9ste \u00abcomenz\u00f3 a preparar la manera de sustraer, distraer y ocultar los bienes de la sociedad conyugal que estaban su nombre para que a [la quejosa] no le correspondiera nada al momento de liquidar la misma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Tras obligarse cambiariamente con Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez, por la suma de quinientos millones de pesos, efectuar una serie de negociaciones simuladas sobre los bienes atr\u00e1s referidos, \u00absac[\u00e1]ndo[los] del \u00e1mbito de su propiedad y de paso de la sociedad conyugal\u00bb, pero asegur\u00e1ndose el disfrute de los mismos; Cristo Bustos impetr\u00f3 demanda de divorcio contra la gestora de la tutela, alegando la causal 2\u00aa del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        En el mes de mayo de 2014 Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez inco\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Carlos Alberto Cristo Bustos con el fin de obtener la cancelaci\u00f3n de la acreencia referida a espacio, asunto en el que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, aqu\u00ed encausado, libr\u00f3 mandamiento de pago el 23 de mayo de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Por otro lado, a finales del a\u00f1o 2014, la tutelante promovi\u00f3 proceso declarativo en contra de Cristo Bustos, Cathi Enid Carolina Torrado Serrano y Tocris Montoya S.A.S., con el fin de que fueran declarados simulados los contratos mediante los cuales fueron trasferidos por el primero de tales demandados los inmuebles atr\u00e1s referidos.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        Del asunto referido a espacio, bajo el radicado 2014-00284, le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, quien en sentencia de 21 de septiembre de 2015 accedi\u00f3 a las pretensiones al concluir, asegur\u00f3 la accionante, que Cristo Bustos \u00abtraspas\u00f3 la propiedad de\u2026 [los predios con matr\u00edculas inmobiliarias Nros. 260-293962 y 314-26778,] \u00fanica y exclusivamente para distraerlos y sacarlos del \u00e1mbito de la sociedad conyugal Cristo Montoya\u00bb, por lo que declar\u00f3 absolutamente simulados los contratos a trav\u00e9s de los que se trasfirieron esos bienes y orden\u00f3 que \u00e9stos \u00abvolvieran a cabeza de Carlos Alberto Cristo Bustos, a efecto de que ingresaran a la [referida] sociedad\u00bb; determinaci\u00f3n que el 16 de enero de 2016 confirm\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9.        Afirm\u00f3 la gestora que Cristo Bustos y su apoderado judicial, \u00ab\u00fanica y exclusivamente con la intenci\u00f3n de burlar a la justicia y no permitir que se hiciera efectiva la sentencia del proceso que hab\u00edan perdido\u00bb, sin que el expediente hubiera sido devuelto al despacho de origen, solicitaron copia aut\u00e9ntica de las decisiones de instancia, las hicieron llegar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta sin ning\u00fan tipo de oficio remisorio por parte de la autoridad judicial y, de forma irregular, pudi\u00e9ndose \u00abestar en presencia de un posible caso de tr\u00e1fico de influencias por parte del demandado\u00bb, obtuvieron su registro en el folio inmobiliario 260-293962, retornando esa propiedad a Cristo Bustos.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Alcanzado el anterior objetivo, sostuvo la quejosa que, \u00abde manera incongruente e inexplicable\u00bb, la apoderada del ejecutante Le\u00f3n Mart\u00ednez solicit\u00f3 desembargar \u00abun bien propio\u00bb que hab\u00eda sido cautelado en el proceso ejecutivo a Cristo Bustos, para que se dispusiera tal medida sobre el mencionado a espacio, aseverando, sin soporte alguno, que el valor del primero era insuficiente para satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada; a lo cual accedi\u00f3 el Juzgado accionado a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 11 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.11. Consign\u00f3 la censora que Cristo Bustos \u00aben complicidad con la abogada de la contraparte enga\u00f1\u00f3 de manera descarada al Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito… al manifestar que el inmueble que se desembargaba era de menor valor\u00bb; que solicit\u00f3 la revocatoria de la medida cautelar sobre el predio con folio 260-293962, pero la sede judicial acusada deneg\u00f3 su ruego en auto de 22 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.12. Se duele la actora de que su expareja ejerce violencia de g\u00e9nero y econ\u00f3mica en su contra, obteniendo su objetivo, porque con maniobras enga\u00f1osas est\u00e1 sustrayendo los bienes de la sociedad conyugal, como lo era el mencionado a espacio, el que incluso la quejosa hab\u00eda logrado retornar a la sociedad con ocasi\u00f3n del juicio de simulaci\u00f3n atr\u00e1s referido, cuyos efectos se ve\u00edan rezagados por el proceder habilidoso de Cristo Bustos; adem\u00e1s, \u00e9ste no atiende de manera cumplida y adecuada la obligaci\u00f3n alimentaria para con la hija que tienen en com\u00fan, pues \u00e9l decide \u00abcu\u00e1ndo, c\u00f3mo y d\u00f3nde entregar o consignar la cuota\u00bb, y habitualmente llama a la promotora del amparo \u00aba manifestarle y a burlarse de ella dici\u00e9ndole que nunca va  a ver un solo peso de los gananciales\u00bb. (Folios 3 a 10, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados ni tener prelaci\u00f3n con ninguna persona o registro, que en cumplimiento de sus funciones asent\u00f3 en el folio 260-293962 la sentencia emitida en el proceso de simulaci\u00f3n aludido en la demanda de amparo, \u00abpero para realizar un estudio m\u00e1s profundo del caso… inici\u00f3 Actuaci\u00f3n Administrativa… para determinar si se incurri\u00f3 en alg\u00fan error\u00bb (Folios 104 a 106).  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo que all\u00ed cursa, enfatiz\u00f3 que el pasado 22 de agosto deneg\u00f3 a la censora el levantamiento del embargo del predio con folio 260-293962, por no darse los presupuestos del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso; y que no hab\u00eda lugar a proteger los supuestos derechos conculcados. (Folios 108 a 110, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Carlos Alberto Cristo Bustos y Mar\u00eda Eugenia Bustos de Cristo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidieron denegar la salvaguarda porque no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de garant\u00edas de primer orden; la gestora no agot\u00f3 los recursos de ley frente al prove\u00eddo que le deneg\u00f3 el levantamiento del embargo, el que adem\u00e1s se mostraba razonable; Cristo Bustos no ejerc\u00eda violencia econ\u00f3mica en contra de su expareja, ven\u00eda cumpliendo, cabalmente, con las obligaciones alimentarias a favor de su menor hija y, en todo caso, estos dos \u00faltimos aspectos no estaban llamados a ser dilucidados a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, pues para ello otras eran las v\u00edas que correspond\u00eda agotar a la inconforme. (Folios 111 a 116, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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4.        Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez, vinculado al tr\u00e1mite dada su condici\u00f3n de ejecutante en el juicio ejecutivo cuestionado, a trav\u00e9s de mandataria judicial, se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00edan prosperar las pretensiones de la accionante porque no se se\u00f1alaron los derechos fundamentales conculcados, la promotora no recurri\u00f3 ante el Juzgado encartado la decisi\u00f3n que le critica, que no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de desembargo, y no era dable que al interior de este tr\u00e1mite supralegal se efectuara alg\u00fan pronunciamiento respecto a la violencia econ\u00f3mica supuestamente ejercida en disfavor de la tutelante. (Folios 120 y 121, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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5.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso de simulaci\u00f3n aludido en la demanda de tutela, pero lo remiti\u00f3 para continuar el tr\u00e1mite a su hom\u00f3logo Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; sede judicial \u00e9sta que, a su vez, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir, en calidad de pr\u00e9stamo, el expediente contentivo del mentado juicio; a su turno, el Juzgado Primero de Familia hizo lo propio respecto al proceso de divorcio de los c\u00f3nyuges Cristo-Montoya. (Folios 98, 107 y 119, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El  a quo constitucional, tras precisar que \u00abel embargo decretado por la Jueza Sexta Civil del Circuito… no tiene a ojos de la Sala reparo alguno en tanto hace parte de una actuaci\u00f3n en la que no se verifica prima facie irregularidad de ning\u00fan tipo\u00bb, concedi\u00f3 el amparo al concluir que la inscripci\u00f3n de la sentencia del juicio de simulaci\u00f3n, por parte de la Oficina de Registro, se efectu\u00f3 sin el lleno de los requisitos previstos en el estatuto registral, especialmente en lo que se refiere al formato de calificaci\u00f3n debidamente diligenciado que deb\u00eda ajuntarse, el cual no fue aportado, como lo exig\u00eda el \u00abart\u00edculo 8\u00ba, par\u00e1grafo 4\u00ba del Decreto N\u00b0 1250 de 1970\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Enfatiz\u00f3 que lo anterior \u00abaparej\u00f3 que el ex socio, ejecutado en el proceso tramitado ante el Juzgado [acusado], ofreciera dicho bien como garant\u00eda de lo cobrado, haciendo ilusoria la recuperaci\u00f3n de dicho activo para la masa social\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta dejar \u00absin efecto las anotaciones posteriores al registro de la sentencia de segunda instancia proferida por [esa] Corporaci\u00f3n, en el proceso de simulaci\u00f3n adelantado por Johanna Lorena Montoya Gonz\u00e1lez contra Carlos Alberto Cristo Bustos, realizadas sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-293962 y esa anotaci\u00f3n inclusive, la informe a la Jueza Sexta Civil del Circuito de C\u00facuta, quien deber\u00e1 tomar las decisiones que en derecho corresponda una vez notificado de los actos administrativos correspondientes\u00bb. All\u00ed mismo, dispuso \u00abno tutelar las dem\u00e1s pretensiones invocadas\u00bb. (Folios 136 a 144, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por Carlos Alberto Cristo Bustos y Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez.  <\/span><\/p>\n

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1.        Cristo Bustos adujo que la tutela no cumpl\u00eda con el requisito de se\u00f1alar los derechos de primer grado que se consideraban vulnerados; que el embargo criticado \u00abse tramit\u00f3 y adelant\u00f3… bajo todos los preceptos jur\u00eddicos que rigen los procesos ejecutivos\u00bb; que la accionante no fue parte en el juicio ejecutivo por lo que no estaba legitimidad para cuestionarlo, a m\u00e1s que dentro de la oportunidad legal no ejerci\u00f3 los medios de defensa procedentes; y que en esta sede no era dable pretender el pago de alimentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, pidi\u00f3 revocar el fallo de primer grado, al concluir que no fue demostrado que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta hubiese incurrido en alguna v\u00eda de hecho. (Folios 184 a 190, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Le\u00f3n Mart\u00ednez indic\u00f3 que la magistrada ponente de la providencia opugnada debi\u00f3 declararse impedida para conocer de la tutela, dado que pronunci\u00f3 la sentencia de segunda instancia en el proceso de simulaci\u00f3n atr\u00e1s referido; que exist\u00eda incongruencia entre los hechos y las pretensiones de la acci\u00f3n, llegando al extremo de la producci\u00f3n de un fallo ultra petita; que la tutela no pod\u00eda fallarse por carecer de claridad, pues no se dijo cu\u00e1les eran las garant\u00edas fundamentales quebrantadas; que la irregularidad en el asiento registral le era ajena y, por ende, no pod\u00eda verse afectado por ella; que la gestora ten\u00eda otras v\u00edas para lograr su prop\u00f3sito, como \u00abimpetrar un posible fraude procesal, u otro tipo de procesos\u00bb; que el fallador constitucional pas\u00f3 por alto que la tutela no se interpuso como mecanismo transitorio; y que no se demostr\u00f3 que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta hubiera incurrido en una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en ello tambi\u00e9n rog\u00f3 desaprobar la decisi\u00f3n de la primera instancia. (Folios 191 a 195, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Respecto a la manifestaci\u00f3n tra\u00edda por el impugnante Le\u00f3n Mart\u00ednez, en cuanto a que la magistrada ponente de la primera instancia debi\u00f3 declararse impedida para conocer de esta acci\u00f3n de tutela por haber tramitado el juicio de simulaci\u00f3n relacionado en el libelo introductor, de entrada, debe precisar la Corte que no le asiste raz\u00f3n a aqu\u00e9l, en la medida en que est\u00e1 suficientemente claro que aqu\u00ed o se formul\u00f3 ninguna queja frente a las decisiones adoptadas en ese juicio, lo que es igual a decir que el presente no guarda relaci\u00f3n con aqu\u00e9l, de donde no se dan los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Zanjado el anterior aspecto, debe decirse que, auscultado detenidamente el escrito de tutela, se vislumbra que las quejas de la accionante se concretan en tres, a saber: (i) sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el estatuto registral, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta inscribi\u00f3 en el folio de matr\u00edcula Nro. 260-293962, la sentencia dictada en el proceso de simulaci\u00f3n promovido por la accionante contra Carlos Alberto Cristo y Otros; (ii) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad no accedi\u00f3 a levantar el embargo que dispuso sobre el inmueble identificado con el anterior folio inmobiliario; y (iii) Carlos Alberto Cristo Bustos, los intervinientes en el proceso ejecutivo y la mentada Oficina de Registro, de manera cohonestada han brindado ayuda al primero para defraudar la sociedad conyugal Bustos Montoya.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.         Puestas as\u00ed las cosas, en lo que tiene que ver con la censura respecto a la negativa del Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta de acceder a la solicitud de levantamiento de embargo que le formul\u00f3 la gestora, en el proceso ejecutivo seguido por Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez contra Carlos Alberto Cristo Bustos, dispuesta mediante prove\u00eddo de 22 de agosto de 2016, r\u00e1pidamente se advierte que el resguardo estaba llamado al fracaso, toda vez que la querellante desaprovech\u00f3 la posibilidad   de recurrir esa decisi\u00f3n, pues frente a la misma guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impiden al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 2011-00015-01; y STC, 6 oct. 2016, rad. 2016-00208-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, si la promotora ten\u00eda las acciones de defensa judiciales id\u00f3neas para criticar los supuestos yerros que frente a ese juicio ejecutivo se\u00f1al\u00f3 por esta v\u00eda, pero no las agot\u00f3, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, en contrav\u00eda del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En lo que tiene que ver con las conductas que se endilgan, entre otros, a Cristo Bustos, a la apoderada de Antonio Jos\u00e9 Le\u00f3n Mart\u00ednez en el proceso ejecutivo seguido contra el primero e incluso contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta, a quienes se se\u00f1ala de actuar de manera conjunta para que el primero logre su prop\u00f3sito de distraer los bienes de la sociedad conyugal Cristo Montoya, as\u00ed como en punto a las acciones, tambi\u00e9n del primero, que se dicen configuran violencia de g\u00e9nero y econ\u00f3mica contra la tutelante; destaca esta Corporaci\u00f3n que el amparo constitucional no es el escenario propicio para planteamientos de ese tipo, pues si alguna inconformidad o reclamo tiene la accionante respecto de la conducta de tales ciudadanos e incluso de los funcionarios que han tenido a su cargo actuaciones en las que ella haya resultado involucrada, debe exponerlos directamente ante las autoridades correspondientes, con la responsabilidad que ello implica.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha indicado que \u00absi el gestor considera que se incurri\u00f3 en alguna conducta susceptible de ser investigada, deber\u00e1 acudir ante las autoridades competentes, y no solicitarlo mediante este mecanismo excepcional de resguardo de las garant\u00edas esenciales\u00bb (CSJ STC, 24 jul. 2013, rad. 2013-00118-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 6 mar. 2014, rad. 2014-00002-01; y CSJ STC, 13 mar. 2015, rad. 2014-00488-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Ahora, en lo tocante con las quejas elevadas frente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta, es de advertirse que el juzgador de tutela de primera instancia carec\u00eda de competencia para adelantar el tr\u00e1mite constitucional frente a dicha autoridad, al tenor de lo previsto en el Decreto 1382 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que aquella Oficina, de acuerdo con el Decreto Decreto 2723 de 2014, es una dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, la que seg\u00fan lo previsto en el literal c) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998 es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, y de conformidad con el inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, a los Juzgados Civiles del Circuito \u00ables ser\u00e1n repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad p\u00fablica del orden departamental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por esa l\u00ednea, esta Corporaci\u00f3n, en un caso de similares contornos, puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tulu\u00e1 (Valle), de acuerdo con el art\u00edculo 20 del Decreto 0302 del 29 de enero de 2004, es una dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que se encuentra adscrita al Ministerio del Interior y tiene personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente. En consecuencia, seg\u00fan lo previsto en el literal c) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, se trata de una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, raz\u00f3n por la cual, como se advirti\u00f3, no son los tribunales los llamados a conocer en primera instancia de las acciones de tutela promovidas contra aqu\u00e9llas, sino los juzgados del circuito o con categor\u00eda de tales\u2026 (exp. Nos. 2010-00264-01 y 2012-00167-01; criterio reiterado el 27 de junio de 2013, exp. 86001-22-08-000-2013-00121-01) (CSJ ATC7694-2016, 10 nov. 2016, rad, 2016-00314-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en lo que se refiere a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, se encuentra viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a ese supuesto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado para denegar el resguardo en lo que tiene que ver con el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, a la vez que se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en relaci\u00f3n con las quejas presentadas frente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, y se ordenar\u00e1 remitir copias del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de esa urbe, para lo pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991 y mientras se decide de fondo la acci\u00f3n de tutela frente a la referida Oficina de Registro, se mantendr\u00e1 como medida provisional la orden impartida a ella en la decisi\u00f3n del Tribunal a-quo, en aras de garantizar los derechos fundamentales de los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley revoca el fallo impugnado y, en su lugar, resuelve:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero. Denegar el resguardo rogado por la accionante frente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, acorde con los razonamientos vertidos en la presente decisi\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo. Declarar la nulidad del tr\u00e1mite tutelar en relaci\u00f3n con la queja instaurada contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta, en consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n de copia de todo el expediente, con destino a la oficina de asignaciones de los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad, por ser lo competentes para resolver el reclamo, para que la sede judicial a la que le corresponda por reparto, asuma el conocimiento, en primera instancia, de la tutela incoada contra la mencionada Oficina de Registro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tercero. Mantener vigente, como medida provisional, la orden dada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta en el fallo proferido el 28 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, hasta que se emita la decisi\u00f3n correspondiente acorde con lo dispuesto en el ordinal precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1   \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2790-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00331-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}