{"id":99768,"date":"2026-06-25T19:21:20","date_gmt":"2026-06-25T19:21:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2793-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:21:20","modified_gmt":"2026-06-25T19:21:20","slug":"stc2793-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2793-2017\/","title":{"rendered":"STC2793-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2793-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2016-00418-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos   (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez Ochoa contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona, a cuyo tr\u00e1mite se dijo vincular \u00aba todos los integrantes de la lista de elegibles para el cargo de Juez Penal del Circuito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo y acceso a cargos p\u00fablicos, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene a las accionadas \u00abpubliquen en [su] caso (como lo hizo frente a muchos participantes) la resoluci\u00f3n respectiva en relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n de la pregunta No 4\u00bb, teniendo en cuenta que la \u00ab\u00fanica opci\u00f3n de respuesta que resuelve correctamente el enunciado propuesto\u2026 es aquella consignada en la opci\u00f3n B, como lo ha aceptado oficial y p\u00fablicamente en m\u00faltiples casos y en varias resoluciones, y que la misma fue escogida por [\u00e9]l\u2026 en la hoja de respuesta\u00bb; que la Unidad acusada solicite \u00abel respectivo informe de la Universidad de Pamplona, que permita verificar que efectivamente s\u00ed seleccion[\u00f3] la opci\u00f3n B en la pregunta No. 4\u00bb y \u00abla Sala Administrativa\u2026 [adicione su] puntaje al obtenido por este \u00edtem, debiendo posteriormente expedir el correspondiente acto administrativo que as\u00ed lo acredite\u00bb (folio 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que se inscribi\u00f3 en la Convocatoria No. 22, publicada mediante Acuerdo PSAA13-9939 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para el cargo de Juez Penal del Circuito, en la que el 7 de diciembre de 2014 present\u00f3 la prueba de conocimientos.  <\/span><\/p>\n

2.2. Se\u00f1al\u00f3 que conforme con la Resoluci\u00f3n CJRES15-20 obtuvo un puntaje 796.59, por lo que le faltaron 3.41 mil\u00e9simas para alcanzar la calificaci\u00f3n requerida de 800, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n por los \u00abm\u00faltiples errores de fondo\u00bb, pero la misma no prosper\u00f3 (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que el 10 de junio de 2016, en la Universidad de Pamplona, le fueron exhibidos los cuadernillos de preguntas usados en la prueba de conocimientos, su hoja de respuestas y la clave de coincidencias verdaderas v\u00e1lidas, por lo que pudo constatar el contenido literal de las preguntas eliminadas de los ex\u00e1menes de derecho penal, entre ellas, la No. 4.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Refiri\u00f3 que la aludida instituci\u00f3n educativa y la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura reconocieron p\u00fablicamente que cometieron un error respecto de la pregunta No. 4, en el sentido que la respuesta v\u00e1lida era la contenida en el literal B y no en el C, lo cual se puede verificar en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en tanto que ha publicado m\u00faltiples resoluciones en las que ordena sumar como respuesta acertada la anotada opci\u00f3n B a varios aspirantes, de acuerdo a distintas tutelas interpuestas.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Asever\u00f3 que la Universidad de Pamplona les certific\u00f3 un nuevo puntaje a los participantes a quienes les fueron amparados sus derechos en las aludidas tutelas, teniendo en cuenta la escogencia de la opci\u00f3n B en la pregunta No. 4; raz\u00f3n por la cual la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura revoc\u00f3 las resoluciones con las que asign\u00f3 y confirm\u00f3 las calificaciones.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Manifest\u00f3 que el 16 de junio de 2016, junto con el representante de la Universidad de Pamplona y de la empresa Thomas Grec & Sons de Colombia S.A., levantaron un acta en la que se dio fe que contest\u00f3 acertadamente la mencionada pregunta No. 4.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Sostuvo que se vulneraron sus derechos, pues no le sumaron dicha respuesta como a otros participantes, pese a que la parte accionada conoc\u00eda lo acontecido, por lo que el 12 de diciembre de 2016 present\u00f3 petici\u00f3n en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Agreg\u00f3 que si bien cuenta con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, la misma no es id\u00f3nea, toda vez que la convocatoria se encuentra en la etapa de curso-concurso, la cual \u00abuna vez iniciada es irreversible por sus costos y personal humano llamado a realizarla, [de la que] surgir\u00e1 el registro de elegibles\u00bb, quedando definitivamente por fuera; adem\u00e1s, que existe certeza que los procesos de selecci\u00f3n se dan cada 4 o 5 a\u00f1os; se requiere la armon\u00eda de la Convocatoria; las posibles medidas de protecci\u00f3n que pueden incoarse en el contencioso administrativo tardan unos tres meses; se configur\u00f3 un perjuicio irremediable; y no es razonable instaurar un juicio ordinario cuando ya se ha enmendado p\u00fablicamente el error (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura indic\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues para que se revoque el puntaje obtenido por el accionante en la Resoluci\u00f3n CJRES15-20 de 2015 tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad, en donde puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de esa determinaci\u00f3n; que en el fallo T-386 de 2016 de la Corte Constitucional, emitido en un asunto similar al de ahora, dicha Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que el amparo era improcedente frente a los actos administrativos proferidos en un concurso de m\u00e9ritos; que los t\u00e9rminos de la Convocatoria son perentorios, por lo que no es posible reclamar de manera indefinida; que los aspirantes deben sujetarse a las reglas previamente establecidas; que no es posible considerar solicitudes presentadas en oportunidad distinta de la prevista en la ley; y no se desconocieron las garant\u00edas esenciales del gestor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander inform\u00f3 que dio traslado de la tutela a la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial, quien es la que administra el concurso de m\u00e9ritos de jueces y magistrados.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el 12 de diciembre de 2016 el accionante radic\u00f3 petici\u00f3n con el fin de que se le permitiera verificar que efectivamente seleccion\u00f3 la opci\u00f3n B en la pregunta No. 4, por lo que a la fecha de interposici\u00f3n del amparo no estaban cumplidos los t\u00e9rminos de respuesta de dicha solicitud y, por ende, no pod\u00eda presumirse la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas; que las irregularidades denunciadas actualmente eran objeto de estudio por parte de las entidades acusadas, quienes en acatamiento de la orden constitucional, deber\u00edan revisar el nuevo cuestionario propuesto; y no se advert\u00eda un perjuicio irremediable que justificara la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregando que no se tuvieron en cuenta las pruebas que alleg\u00f3 ni se dijo nada de los participantes a los que les subieron el puntaje; que el presente caso \u00abno guarda relaci\u00f3n analog\u00eda (sic) f\u00e1ctica estrecha o amplia con ninguno de los temas que abord\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-386 de 2016\u00bb (folio 103, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que el gestor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar la calificaci\u00f3n otorgada en el concurso.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, se observa que el 12 de diciembre de 2016 el accionante elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la Universidad de Pamplona, en la que solicit\u00f3 le certificaran que seleccion\u00f3 la respuesta acertada en la pregunta No. 4, tal como se ha hecho con otros participantes, se corrigiera el error y se adicionara el puntaje correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se advierte que dicha solicitud la formul\u00f3 el d\u00eda anterior al que present\u00f3 esta acci\u00f3n excepcional, por lo que, en el evento de que la respuesta otorgada le sea desfavorable, puede controvertir la misma mediante las acciones contenciosas correspondientes, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, la actuaci\u00f3n mencionada a espacio, esto es, la calificaci\u00f3n obtenida en el concurso, constituye un acto administrativo que no puede ser censurado por medio de este mecanismo excepcional, toda vez que para cuestionar su legalidad, el ordenamiento jur\u00eddico contempla acciones espec\u00edficas destinadas a buscar su anulaci\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, conforme lo consagran los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que denota que a su alcance tiene un medio judicial id\u00f3neo de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, raz\u00f3n por la que no es de recibo el argumento del accionante de que este mecanismo no es eficaz ni id\u00f3neo.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01).  <\/span><\/p>\n

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4. En apoyo de lo anterior, no sobra destacar que la Corte Constitucional, en sede de revisi\u00f3n, al pronunciarse sobre un caso similar al que aqu\u00ed se analiza, revoc\u00f3 el amparo que, inicialmente, se hab\u00eda concedido a uno de los participantes de la referida convocatoria No. 22, enfatizando como sustento de tal decisi\u00f3n lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u2026trat\u00e1ndose de actos administrativos en el desarrollo de concursos de m\u00e9ritos, la acci\u00f3n de tutela es, por regla general, improcedente debido a que en la justicia contencioso-administrativa existen los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las decisiones que en el marco de tales concursos se profieren\u2026  <\/span><\/p>\n

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En el caso que ahora se revisa, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn consider\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era procedente porque en su criterio la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho era ineficaz para amparar los derechos del actor debido al tr\u00e1mite que deber\u00eda agotar en una demanda ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa\u2026  <\/span><\/p>\n

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22. Frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal de instancia, la Sala encuentra que el an\u00e1lisis de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela no fue el adecuado, por dos razones fundamentales: (i) de una parte, el Tribunal omiti\u00f3 valorar la posibilidad que ten\u00eda el actor de acudir a las medidas cautelares que ofrece el c\u00f3digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), las cuales s\u00ed pueden tener la celeridad y eficacia para resolver la controversia planteada  por el actor; y de otra, (ii) no se determin\u00f3 si el acto administrativo que el demandante se\u00f1al\u00f3 como vulneratorio de sus derechos fundamentales constitu\u00eda un acto de mero tr\u00e1mite o si defin\u00eda una situaci\u00f3n jur\u00eddica que hiciera posible, eventualmente, acudir a la acci\u00f3n de tutela para amparar sus derechos, derivado de alguna actuaci\u00f3n irrazonable o desproporcionada\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

30. Al analizar la posible aplicaci\u00f3n de dichas medidas en el caso concreto, es posible sostener que el accionante bien pod\u00eda solicitar la suspensi\u00f3n o la inaplicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n CJRES 15-20 en su caso en particular como una \u2018medida de urgencia\u2019 frente al perjuicio irremediable que le podr\u00eda causar la exclusi\u00f3n de la fase de curso-concurso, con exactamente las mismas razones que las expuestas en la presente acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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31. De esta manera, la Sala encuentra que en principio las medidas cautelares del procedimiento contencioso administrativo ser\u00edan un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para salvaguardar los derechos del actor, y que ni el actor, ni el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013Sala Laboral\u2013 plantearon ninguna justificaci\u00f3n para no acudir a las mismas, o de por qu\u00e9 estas medidas no ser\u00edan eficaces en el caso del demandante (CC T-386\/16)  <\/span><\/p>\n

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40. Al analizar en el sub examine los planteamientos formulados por el actor, se encuentra que este se\u00f1ala como vulneratorio de sus derechos fundamentales, y en especial de su derecho fundamental al debido proceso, la exclusi\u00f3n de 5 preguntas del componente com\u00fan de la prueba de conocimientos generales. Al respecto, alega que dicha exclusi\u00f3n repercuti\u00f3 en una calificaci\u00f3n que lo inhabit\u00f3 para acceder a la etapa de curso-concurso y por tanto le cercenaba sus posibilidades de seguir en el proceso de selecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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41. Pues bien, frente a la inconformidad expuesta por el actor, la Sala encuentra que esta no tiene la entidad para ser calificadas como irrazonables o desproporcionadas y por tanto hace improcedente el estudio de su demanda por v\u00eda de acci\u00f3n de tutela\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

44. Contrario a lo planteado por el demandante, la actuaci\u00f3n de las entidades accionadas es razonable y proporcionada pues al evidenciar que exist\u00edan inconsistencias en las preguntas formuladas en la prueba de conocimientos presentada por los concursantes, era necesario retirar dichas preguntas para garantizar la idoneidad de la prueba en condiciones de igualdad a todos los concursantes (igualdad de trato). Mantener este tipo de preguntas \u2013con fallas t\u00e9cnicas\u2013 contrariar\u00eda la finalidad del concurso de m\u00e9ritos pues la prueba no se fundamentar\u00eda en los conocimientos del concursante, sino en el azar de una respuesta sobre la que no existe certeza. Por lo tanto, la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante carece de fundamento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

45. Sobre este mismo aspecto es necesario se\u00f1alar que contrario a lo expuesto por el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013Sala Laboral\u2013 no es posible considerar que existi\u00f3 un cambio en las reglas de juego dentro de la Convocatoria 22, y que la actuaci\u00f3n de las entidades accionadas constitu\u00eda \u2018en s\u00ed misma una decisi\u00f3n arbitraria\u2019, pues lo que s\u00ed constituir\u00eda una afectaci\u00f3n de los derechos de los concursantes ser\u00eda mantener un grupo de preguntas inconsistentes, que benefician a un grupo de concursantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

46. Por esta raz\u00f3n, la Sala considera que los diferentes cuestionamientos elevados por el actor, en relaci\u00f3n con la idoneidad de la prueba, la utilizaci\u00f3n de f\u00f3rmulas matem\u00e1ticas que no comparte, e incluso los reproches sobre la transparencia del concurso, deben ser controvertidas en su escenario natural ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa-administrativa (CC T-386\/16)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, respecto a la alegaci\u00f3n del gestor seg\u00fan la cual debe darse aplicaci\u00f3n a las decisiones proferidas por diferentes corporaciones, en las que se concedi\u00f3 el amparo a los all\u00ed accionantes, basta decir, por una parte, que la Corte Constitucional ya se pronunci\u00f3 frente a un asunto similar a trav\u00e9s de la sentencia T-386 de 2016 atr\u00e1s citada, oportunidad en la que, a pesar de las alegaciones del aqu\u00ed quejoso, esa Corporaci\u00f3n se ocup\u00f3 de la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela para discutir temas relacionados con la exclusi\u00f3n de preguntas y sus puntajes respecto a la Convocatoria No. 22; y que, como en otras ocasiones se ha sostenido, las providencias citadas son \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2793-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2016-00418-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., dos   (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}