{"id":99769,"date":"2026-06-25T19:21:25","date_gmt":"2026-06-25T19:21:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2794-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:21:25","modified_gmt":"2026-06-25T19:21:25","slug":"stc2794-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2794-2017\/","title":{"rendered":"STC2794-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-01920-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Herminio Pedroza Ballesteros contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP), la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, debido proceso, vida digna y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00ablevantar la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino para fallar en este asunto\u00bb; se disponga \u00abrevocar las sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u2026 y [de] la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal\u2026 porque las aludidas providencias vulneran garant\u00edas fundamentales y son el producto de una manifiesta situaci\u00f3n de v\u00edas de hecho\u00bb y, en su lugar, se proceda a \u00abconfirmar la sentencia del 31 de marzo de 2009\u2026 en cuanto reconoci\u00f3 y orden\u00f3 pagar la pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n de origen convencional\u00bb; y se declare que \u00abtiene el derecho al restablecimiento de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en la cuant\u00eda y condiciones reconocidas inicialmente, junto con los incrementos anuales de ley, subsiguientes al reconocimiento\u00bb, ordenando \u00abreintegrar los valores descontados, disminuidos y\/o retenidos de la[s] mesada[s] pensionales que ven\u00eda devengando, tambi\u00e9n con los incrementos anuales de ley, subsiguientes al indebido ajuste, a partir de la fecha en que se dio aplicaci\u00f3n a las Resoluciones\u2026, debi\u00e9ndose indexar las sumas que se ordenen reintegrar a la fecha de pago\u00bb (folios 6 y 7, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Herminio Pedroza Ballesteros promovi\u00f3 un juicio laboral en contra del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia con el fin de obtener el restablecimiento de su pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, adem\u00e1s del pago de las diferencias pensionales dejadas de percibir con ocasi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 00264 de 2002 y la indexaci\u00f3n de esas sumas. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Cali.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Despu\u00e9s de adelantarse el tr\u00e1mite correspondiente, el Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Cali dict\u00f3 sentencia el 31 de marzo del 2009, en la que no encontr\u00f3 probadas las excepciones formuladas, declar\u00f3 que la pensi\u00f3n convencional reconocida por la extinta empresa Puertos de Colombia se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros de la convenci\u00f3n colectiva vigente al momento del reconocimiento y que era improcedente su rebaja unilateral; dispuso el restablecimiento de los derechos pensionales en cuanto al monto de la mesada pensional; y conden\u00f3 al extremo demandado a reintegrar los valores descontados de la mesada, sumas que deb\u00edan ser indexadas a la fecha en la que efectivamente fueran canceladas. Remiti\u00f3 la providencia en consulta al superior.  <\/span><\/p>\n

2.3. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali emiti\u00f3 fallo el 18 de diciembre de 2009, en el que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, absolvi\u00f3 al extremo pasivo de las pretensiones elevadas por el actor, por lo que el demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 11 de mayo de 2016, resolvi\u00f3 no casar la sentencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Indic\u00f3 el accionante que trabaj\u00f3 en la empresa Puertos de Colombia durante 21 a\u00f1os, de donde se retir\u00f3 voluntariamente para acogerse al beneficio de la pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n prevista en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, la cual ven\u00eda disfrutando hasta que mediante Resoluci\u00f3n 00264 de 2002 fueron ajustados los topes de la misma, por lo que fue reducido el valor de la mesada de \u00ab$8.600.001.28 m\/cte, a la suma de $4.635.000.oo m\/cte, que era equivalente para el a\u00f1o 2002 a 15 s.m.m.l.v. fundamentando erradamente esta decisi\u00f3n en lo previsto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 71 de 1988\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.6. Se\u00f1al\u00f3 que interpuso una reclamaci\u00f3n, la que le fue denegada, por lo que promovi\u00f3 la demanda laboral, pues la Convenci\u00f3n Colectiva \u00abno fij\u00f3 un tope m\u00e1ximo al porcentaje del 80% del promedio mensual salarial\u00bb y el art\u00edculo 2 de la Ley 71 de 1988 regul\u00f3 las pensiones legales, mas no las convencionales (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.7. Sostuvo que hubo \u00abun salvamento de voto\u00bb; la convenci\u00f3n de trabajo es un acuerdo bilateral para regular las condiciones que regir\u00e1n los contratos de trabajo, por lo que se le da un car\u00e1cter normativo; tiene derecho a la pensi\u00f3n convencional y no a la legal.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Refiri\u00f3 que el acuerdo colectivo es ley para las partes, por lo que al existir un enfrentamiento interpretativo con otra normatividad, en el caso la Ley 71 de 1988, debe aplicarse el principio de favorabilidad para el trabajador; dicha disposici\u00f3n dej\u00f3 a salvo lo previsto en las convenciones, pactos colectivos y laudos arbitrales, por lo que no era necesario que la autoridad acusada hiciera \u00abcomplicados ejercicios hermen\u00e9uticos\u2026 para llegar a una conclusi\u00f3n contraria a lo que quiso decir el legislador\u00bb (folio 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Asever\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al considerar que la convenci\u00f3n era una simple prueba, la cual se complementaba con la ley, pese a que es un acto solemne y regulador de las relaciones laborales; no fueron aplicados unos precedentes de la misma sala en los que en asuntos similares fueron casadas la sentencias de segundo grado; se transgrede \u00abel principio de inescindibilidad, aplicando la norma convencional y parte [de] la Ley 71 de 1988, pero en el sentido contrario querido por el legislador, que tambi\u00e9n sirvi\u00f3 de argumento al sustentarse el recurso de casaci\u00f3n\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte adujo que la sentencia proferida era razonable, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n y a la ley, por lo que no resulta arbitraria ni desconocedora de derecho fundamental alguno; que la censura del casacionista no sali\u00f3 avante, pues en el juicio ordinario se pudo determinar que \u00abno era procedente la forma de equiparar la forma de cuantificar una pensi\u00f3n convencional, compuesta por el ingreso base de liquidaci\u00f3n y una tasa de reemplazo del 80% con el tope m\u00e1ximo, para as\u00ed decir que \u2018el valor de la pensi\u00f3n era igual a la suma que arrojara esa liquidaci\u00f3n\u2019\u00bb, pues en el \u00abacuerdo convencional no se acord\u00f3 un tope pensional, por lo que \u2018ante tal silencio deb\u00eda aplicarse la ley vigente, para ese caso, al de los 15 s.m.l.m.v., previstos en el art\u00edculo 2 de la Ley 71 de 1988\u00bb; y la tutela no es una instancia adicional para volver sobre un asunto concluido, el que ya fue decidido mediante providencia que se encuentra en firme y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada (folio 112 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social se\u00f1al\u00f3 que no se prob\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales ni las v\u00edas de hecho; que el Tribunal Superior de Cali y la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia aplicaron exeg\u00e9ticamente la norma; que no pod\u00edan asimilarse los topes pensionales con el porcentaje del monto de la pensi\u00f3n, pues los primeros no fueron regulados por la convenci\u00f3n; que le correspond\u00eda la atenci\u00f3n de las reclamaciones y obligaciones de car\u00e1cter laboral y no pensional, \u00faltimas asumidas por la UGPP; que no ten\u00eda la facultad de ordenar la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de pensionados o de los sustitutos de estos, ni bajo su custodia la documentaci\u00f3n o archivos personales, raz\u00f3n por la cual exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que dicha Unidad es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y no a esa Cartera; y la tutela no es la v\u00eda expedita para dilucidar una petici\u00f3n eminentemente econ\u00f3mica. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP) realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el promotor transgrede los principios de la inmediatez y la cosa juzgada; que la tutela no puede ser usada para fines econ\u00f3micos; que en el litigio se respet\u00f3 la doble instancia; que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable o la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital, pues el actor \u00abse encuentra recibiendo el pago de su mesada pensional por valor de $9.058.134.54, puntual y mensualmente\u00bb; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno (folio 191 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que los argumentos expuestos por el gestor \u00abson incompatibles con el amparo de tutela\u00bb, pues la inconformidad respecto de la interpretaci\u00f3n de la ley aplicable a un asunto o la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n efectuada por los funcionarios, debe plantearse en el proceso ordinario, ante el juzgador competente, \u00abno as\u00ed ante el Juez Constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como instancia adicional de la justicia ordinaria\u00bb (folio 271, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada \u00abno debi\u00f3 ponerle el tope de los 15 salarios m\u00ednimos legales para pensiones que consagra la Ley 71 de 1998 porque no [hay] una laguna o silencio convencional\u00bb; que para la interpretaci\u00f3n de los derechos laborales de los extrabajadores de la extinta Puertos de Colombia se debe acudir a los contratos colectivos; y se debe efectuar un juicioso estudio de fondo, pues alleg\u00f3 como prueba el manual administrativo para el tr\u00e1mite y liquidaci\u00f3n de las n\u00f3minas y prestaciones sociales del personal, as\u00ed como precedentes de la Sala criticada (folio 281, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la decisi\u00f3n definitoria del litigio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se advierte que mediante providencia de 11 de mayo de 2016 la Sala acusada resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal, denegatoria de las pretensiones de la demanda, tras considerar, entre otras cosas, que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la interpretaci\u00f3n del Tribunal, que arranca desde la premisa f\u00e1ctica del silencio de las partes en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo en torno al tope m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n, es la correcta, por lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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El art. 2\u00ba de la L. 71\/1988 establece: \u2026Ninguna pensi\u00f3n podr\u00e1 ser inferior al salario m\u00ednimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.  <\/span><\/p>\n

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Lo primero que habr\u00eda de decir en torno a esta disposici\u00f3n es que no se encuentra restringida a las pensiones legales, toda vez que inicia con la expresi\u00f3n \u2018Ninguna pensi\u00f3n\u2019, sin entrar a precisar su origen o fuente normativa.  <\/span><\/p>\n

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En segundo lugar, habr\u00eda lugar a entender que el precepto en estudio, quiso dejar a salvo la posibilidad de los trabajadores y empleadores, de fijar topes pensionales superiores a los all\u00ed indicados. As\u00ed se desprende de su segundo inciso cuando prescribe \u2018salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales\u2019.  <\/span><\/p>\n

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En consonancia con lo anterior, no comparte la Sala la interpretaci\u00f3n del recurrente seg\u00fan la cual, el segundo inciso excluye del tope m\u00e1ximo a las convenciones colectivas de trabajo, pues, si ello hubiera sido as\u00ed, el legislador habr\u00eda escogido, cuando menos y sin ser exhaustivos, alguna de las siguientes alternativas: (a) simplemente incluir en el texto la palabra \u2018legal\u2019 y omitir el inciso segundo, con lo cual habr\u00eda lugar a interpretar que el tope cobijaba solo a las pensiones legales; (b) en el inciso segundo expresamente se hubiera indicado que el tope no aplicaba para los acuerdos colectivos y laudos arbitrales. No obstante lo anterior, se opt\u00f3 por utilizar el vocablo \u2018previsto\u2019, es decir, lo plasmado, consagrado o escrito por anticipado, para denotar que estaban sujetos al l\u00edmite de 15 s.m.l.m.v. todas las pensiones, a excepci\u00f3n de lo que las partes hubieran estatuido en instrumentos convencionales sobre ese particular.  <\/span><\/p>\n

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En torno al tema, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2000, rad. 14598, reiterada en CSJ SL, 13 may. 2008, rad. 34150, puntualiz\u00f3: \u2026no encuentra la Corte que el planteamiento del tribunal sea equivocado, porque ciertamente se desprende del art\u00edculo 2 de la Ley 71 de 1988 que por regla general ninguna pensi\u00f3n, as\u00ed sea derivada de la convenci\u00f3n, el pacto colectivo, el laudo arbitral o la voluntad del empleador, puede exceder de 15 veces el salario m\u00ednimo legal mensual y que, si por cualquiera de los cuatro \u00faltimos modos se quiere superar ese m\u00e1ximo, se debe decir expresamente, como lo sent\u00f3 el tribunal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por todo lo expuesto, la disposici\u00f3n normativa en estudio tuvo el claro prop\u00f3sito de establecer un tope m\u00e1ximo generalizado para todas las pensiones, sin importar su fuente u origen, y dejar a salvo las previsiones que las partes, en el contexto de la libertad negocial colectiva, quisieran hacer. En esa medida, la interpretaci\u00f3n que hoy ratifica la Corte y le atribuye a ese precepto, es que ante el silencio de las partes en la convenci\u00f3n, debe aplicarse a la ley vigente, en este caso, al tope de los 15 s.m.l.m.v., previstos en el art. 2\u00b0 de la L. 71\/1988.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el embate del recurrente recae sobre un defecto f\u00e1ctico presuntamente cometido por el Tribunal, al no dar por probado que en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se estableci\u00f3 un tope pensional. A ese respecto, se afirma que al se\u00f1alarse en el num. 6\u00ba del art. 100 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo que la pensi\u00f3n se liquidar\u00e1 con el 80% del promedio mensual recibido en el \u00faltimo a\u00f1o, se determin\u00f3 un l\u00edmite m\u00e1ximo.  <\/span><\/p>\n

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Este planteamiento de la censura no lo comparte la Corte, pues en \u00e9l se refunden dos conceptos distintos, que para la \u00e9poca de suscripci\u00f3n de la convenci\u00f3n ya se encontraban suficientemente consolidados en la legislaci\u00f3n, la doctrina y la jurisprudencia, a saber: la forma de liquidar la pensi\u00f3n (IBL y porcentaje) y los topes pensionales.  <\/span><\/p>\n

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No pueden equipararse, la forma de cuantificar una pensi\u00f3n, compuesta por el ingreso o los salarios base de liquidaci\u00f3n y una tasa de reemplazo o porcentaje, con el tope pensional, para as\u00ed decir que el valor m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n es igual a la suma que arroje su liquidaci\u00f3n. Esta interpretaci\u00f3n construida por la censura conlleva, necesariamente, a la anulaci\u00f3n del concepto de tope o l\u00edmite pensional, pues si la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n siempre va a corresponder a su monto m\u00e1ximo; \u00bfpara qu\u00e9 hablar de topes en el valor de las pensiones?  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La L. 4\u00aa\/1976 (art. 2\u00ba) y luego la L. 71\/1988 (art. 2\u00ba) y el D. 1160\/1989 (art. 3\u00ba), anteriores a la fecha de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, ya hab\u00edan elaborado sus disposiciones a partir del establecimiento de l\u00edmites m\u00e1ximos y m\u00ednimos a las pensiones, de suerte que el tema no era nada novedoso para [la] \u00e9poca. Y si ello es as\u00ed, no podr\u00eda asegurarse que la intenci\u00f3n de las partes negociadoras al suscribir la convenci\u00f3n fue la de fijar como monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n el equivalente al 80% del promedio mensual recibido en el \u00faltimo a\u00f1o, porque adem\u00e1s, existen otras cl\u00e1usulas en la convenci\u00f3n colectiva en la que expresamente se acordaron \u2018topes\u2019 m\u00e1ximos frente a las pensiones de algunos trabajadores, lo que nuevamente apunta a colegir que este t\u00f3pico era conocido por las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, cabe decir en cuanto al argumento del casacionista de que se acuda al principio de favorabilidad para resolver el enfrentamiento generado entre la ley y la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, que, en este caso, no existe un conflicto entre dos normas, sino, m\u00e1s bien, una complementaci\u00f3n entre ellas, en la medida que el vac\u00edo dejado por las partes en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo en cuanto al tope m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n reconocida al actor, debe ser llenado mediante la aplicaci\u00f3n de la ley vigente, esto es la L. 71\/1988.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n mediante la que no se accedi\u00f3 a casar la sentencia que deneg\u00f3 el restablecimiento de la pensi\u00f3n convencional, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-01920-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99769\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}