{"id":99772,"date":"2026-06-25T19:21:55","date_gmt":"2026-06-25T19:21:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2797-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:21:55","modified_gmt":"2026-06-25T19:21:55","slug":"stc2797-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2797-2017\/","title":{"rendered":"STC2797-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-01886-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de enero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia L\u00f3pez Rinc\u00f3n contra las Fiscal\u00edas 57 Seccional de la Unidad de Indagaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n Ley 600 de 2000 de Bogot\u00e1 y 71 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta misma ciudad, siendo vinculados las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, por intermedio de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que estima conculcados con ocasi\u00f3n de las providencias de 6 de mayo y 14 de septiembre de 2016 que, en su orden, la acusaron de los delitos de estafa agravada y fraude procesal, y confirm\u00f3 dicha inculpaci\u00f3n; pronunciadas por los entes instructores accionados.  <\/span><\/p>\n

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Pidi\u00f3, en consecuencia, declarar la \u00abnulidad conforme al art. 306 del C.P.C. [sic]\u2026 numerales 2 y 3\u00bb (folio 18, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        La interesada fund\u00f3 su pedimento, en s\u00edntesis, en que la calificaci\u00f3n del m\u00e9rito sumarial seguido en su contra, de Luis Francisco P\u00e1ez Bravo y de David Rolando Cangrejo Acosta adolece de claridad, precisi\u00f3n y motivaci\u00f3n suficiente, pues omiti\u00f3 realizar una adecuada relaci\u00f3n y confrontaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n que la soportan.  <\/span><\/p>\n

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Se doli\u00f3 de que la inculpaci\u00f3n estuviese basada en hechos y testimonios falaces; que inobservara los lineamientos indicados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, en auto de 28 de mayo de 2015, por el cual declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en la instrucci\u00f3n desde el pronunciamiento de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en orden a que fuese clarificada en lo relativo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se cometieron los punibles achacados, se efectuara la relaci\u00f3n y valoraci\u00f3n en conjunto de los medios de convicci\u00f3n militantes en el plenario que fundaban la imputaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n repuso la actuaci\u00f3n anulada, conforme a lo dispuesto por esta Sala el pasado 6 de diciembre, ordenando la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de las v\u00edctimas en el proceso que origin\u00f3 la tutela.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Fiscal\u00eda 71 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se remit\u00eda al contenido de la resoluci\u00f3n censurada, dictada en sede de segunda instancia, con miramiento en el material probatorio obrante en el proceso y las normas aplicables al caso; agreg\u00f3 que los argumentos esgrimidos por la quejosa en la tutela son id\u00e9nticos a los planteados en la apelaci\u00f3n (folios 103 a 105, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Fiscal\u00eda 57 Seccional de esta capital hizo un recuento de las actuaciones surtidas, de acuerdo con la informaci\u00f3n registrada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, explicando que no pod\u00eda brindar m\u00e1s informaci\u00f3n que esa, dado que el expediente fue enviado a los despachos penales del circuito para la etapa de juicio (folios 197 y 198, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras estimar que no se satisfac\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, debido a que las providencias cuestionadas fueron emitidas en un asunto cuya etapa de juzgamiento est\u00e1 pendiente de iniciar; lo que quiere decir que fueron pronunciadas en un proceso en curso, de suerte que la interesada cuenta al interior del mismo con los remedios ordinarios y extraordinarios para controvertirlas, \u00abcomo ser\u00eda, por ejemplo, la proposici\u00f3n de nulidades en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 400 de la ley 600 de 2000, la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia o la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, en caso de que a ello haya lugar (folios 284 a 292, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La actora, por intermedio de su apoderado judicial, adujo que no pretend\u00eda reemplazar a la Fiscal\u00eda, pues esa entidad goza de autonom\u00eda judicial; sin embargo, estim\u00f3 pertinente el resguardo de sus prerrogativas fundamentales dado que era evidente el desconocimiento de las mismas.  <\/span><\/p>\n

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Al efecto, reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial, haciendo especial \u00e9nfasis en el hecho seg\u00fan el cual el Juzgado Segundo de Descongesti\u00f3n Penal de Circuito de Bogot\u00e1 en anterior oportunidad declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, ordenando corregir los errores contenidos en la resoluci\u00f3n acusatoria, los cuales no fueron atendidos por el ente instructor (folios 308 a 313, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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En este estadio procesal intervino el representante del Ministerio P\u00fablico solicitando confirmar la negativa de la protecci\u00f3n suplicada, porque la reclamante pretende desconocer el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela, puyes acudi\u00f3 a la acci\u00f3n p\u00fablica pese a contar con medios judiciales id\u00f3neos de defensa al interior del proceso (folios 4 a 9, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que el reproche de la censora se enfil\u00f3 a derruir las resoluciones emitidas por las Fiscal\u00edas cuestionadas, en primer y segundo grado, que en su orden, dispusieron, acusarla1 de los injustos de estafa agravada y fraude procesal; y confirmaron la inculpaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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3.        A dicho respecto habr\u00e1 de ponerse de presente que la salvaguarda fundamental deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que est\u00e1 ad portas de iniciar la etapa de juzgamiento.  <\/span><\/p>\n

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En tal virtud, la gestora tiene a su alcance instrumentos procesales mediante los cuales puede alegar las inconsistencias en que presuntamente incurrieron los delegados del ente acusador en la etapa de instrucci\u00f3n2; al igual que cuenta con el recurso de apelaci\u00f3n para controvertir la sentencia de primera instancia, en caso de ser encontrada responsable de las conductas t\u00edpicas por las cuales es procesada; as\u00ed como con el extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que al juez de tutela no le es dable sustituir las facultades deferidas por el legislador a los funcionarios comunes, ni soslayar los remedios ordinarios ni extraordinarios de defensa dispuestos en el ordenamiento positivo para resguardar las garant\u00edas de las partes al interior del juicio.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido ha precisado esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia de primera instancia, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura.  <\/span><\/p>\n

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Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, al ser evidente que oper\u00f3 la causal de improcedencia prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba, del decreto 2591 de 1991, en cuanto la gestora tiene a su disposici\u00f3n medios judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos al interior del proceso penal, la negativa de conceder el amparo superior ser\u00e1 confirmada.  <\/span><\/p>\n

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4.        Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Resoluciones de 6 de mayo y 14 de septiembre de 2016, en su orden, acusaron a Sandra Patricia L\u00f3pez Rinc\u00f3n, junto con Luis Francisco P\u00e1ez Bravo y David Rolando Cangrejo Acosta de los delitos de estafa agravada y fraude procesal, y confirm\u00f3 dicha inculpaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

2 Inciso 2\u00ba del art\u00edculo 400 de la ley 600 de 2000.      <\/span><\/p>\n

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