{"id":99773,"date":"2026-06-25T19:21:58","date_gmt":"2026-06-25T19:21:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2798-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:21:58","modified_gmt":"2026-06-25T19:21:58","slug":"stc2798-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2798-2017\/","title":{"rendered":"STC2798-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2798-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2017-00001-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de enero de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera contra el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad acusada con la sentencia de 30 de septiembre de 2016, que accedi\u00f3 a la exoneraci\u00f3n de alimentos solicitada en su contra por Euclides Antonio Torres Romero (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La interesada adujo como soporte de la queja constitucional lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 22 de diciembre de 1976 contrajo matrimonio religioso con Euclides Antonio Torres.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En diciembre de 2007 los c\u00f3nyuges Monsalvo \u2013 Torres y sus tres hijos comunes suscribieron convenio privado, en el que aclararon el acuerdo \u00abde cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico y plazos pactados para el cumplimiento de algunas de las obligaciones\u00bb, indic\u00e1ndose que quien renunci\u00f3 a los gananciales de la sociedad conyugal fue la gestora del amparo; al igual que Euclides Antonio se qued\u00f3 con la totalidad de las empresas fundadas en vigencia de la comunidad de bienes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 163 de 6 de febrero de 2008, los esposos acordaron cesar los efectos civiles del matrimonio religioso, liquidar la sociedad conyugal y crear la obligaci\u00f3n alimentaria a cargo de Torres Romero y a favor de Monsalvo Cabrera, por la suma de 18 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        En el punto 8 de dicho instrumento qued\u00f3 estipulado que: \u00abentre los suscritos [se] determin[\u00f3] que el c\u00f3nyuge, se\u00f1or Euclides Antonio Torres Romero, contrae la obligaci\u00f3n alimentaria para con la se\u00f1ora Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres, la cual se ejecutar\u00e1 de manera incondicional, vitalicia e ininterrumpida y no ser\u00e1 objeto de restricci\u00f3n o cuestionamiento alguno\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Euclides Antonio inici\u00f3 proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria frente a la gestora del amparo, con fundamento en que sus condiciones econ\u00f3micas hab\u00edan variado en grado tal que se le hac\u00eda imposible seguir cumpliendo la prestaci\u00f3n, asunto que fuera asignado al Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, despacho que accedi\u00f3 al pedimento del demandante por sentencia de 30 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        La actora afirm\u00f3 que \u00abcon el soporte probatorio allegado y lo argumentado en el alegato conclusivo e inclusive, con las mismas aseveraciones contenidas en la demanda, se define la obligatoriedad del acuerdo de voluntades y la imposibilidad jur\u00eddica de conceder la exoneraci\u00f3n por esta v\u00eda\u00bb al demandante Torres Romero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Se doli\u00f3 de la sentencia porque desconoci\u00f3 que no se trataba de alimentos debidos por ley, sino que correspond\u00edan a los pactados en un acuerdo en desarrollo de la autonom\u00eda de la voluntad privada, por lo que estim\u00f3 la decisi\u00f3n carente de fundamento jur\u00eddico y fruto del \u00abcapricho del operador jur\u00eddico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n excluy\u00f3 abruptamente una parte del negocio jur\u00eddico ajustado entre la pareja Monsalvo \u2013 Torres, generando un desequilibrio total en favor del demandante que se qued\u00f3 con todo el patrimonio productivo de la sociedad conyugal, liber\u00e1ndolo de la obligaci\u00f3n contra\u00edda.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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       2.        Euclides Antonio Torres Romero se opuso a la concesi\u00f3n del amparo manifestando que si bien la obligaci\u00f3n alimentaria fue pactada de manera voluntaria, tambi\u00e9n lo es que \u00e9sta es susceptible de revisi\u00f3n cuando han variado las circunstancias que dieron origen a la misma, dado que \u00abnadie est\u00e1 obligado a cumplir\u2026 lo imposible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       Dijo que se le volvi\u00f3 imposible cumplir la cuota acordada, porque, a m\u00e1s de que se trata de una cifra muy elevada, sus ingresos son variables y en los \u00faltimos a\u00f1os han venido decreciendo. Asegur\u00f3 que no tiene participaci\u00f3n accionaria en las sociedades Luces del Valles S.A., Luces de Santander S.A. E.S.P. y GPS Consultores S.A.; que todas las pruebas practicadas en el proceso fueron valoradas; que el despacho de conocimiento en momento alguno desconoci\u00f3 normas legales.  <\/span><\/p>\n

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       Se\u00f1al\u00f3 que ante la imposibilidad de honrar la cuota alimentaria pidi\u00f3 la exoneraci\u00f3n de tal cumplimiento allegando la documental que ilustraba la significativa variaci\u00f3n de sus ingresos -declaraciones de renta correspondientes a los a\u00f1os 2004 a 2015-, la informaci\u00f3n relativa a la composici\u00f3n accionaria de las empresas referidas en el acuerdo de aclaraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y las certificaciones de ingresos; de las que se desprende la disminuci\u00f3n de su patrimonio e ingresos, que no tiene participaci\u00f3n accionaria en tales compa\u00f1\u00edas y su desvinculaci\u00f3n laboral de las mismas (folios 115 a 121, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada tras estimar que la peticionaria acudi\u00f3 a la tutela a manera de una instancia adicional, con el fin de que se examinara la sentencia del despacho accionado por la cual se exoner\u00f3 al alimentante del cumplimiento de la cuota voluntariamente pactada en la escritura de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso; soportando tal pedimento en que la obligaci\u00f3n alimentaria no obedec\u00eda a las previsiones del \u00abt\u00edtulo XXI del C\u00f3digo Civil (sic), que trata de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, sino que se trata de un negocio jur\u00eddico entre las partes intervinientes\u00bb, alegaci\u00f3n esta que no adujo como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, pues la que formul\u00f3 con ese fin, \u00abcosa juzgada – temeridad\u00bb, la ciment\u00f3 en el hecho de que el demandante con anterioridad hab\u00eda intentado la exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n con resultado adverso a su pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Explic\u00f3 que el despacho acusado analiz\u00f3 las pruebas aportadas por las partes, con vista en los principios de pertinencia y conducencia en orden a definir los aspectos relevantes de la acci\u00f3n que refieren al cambio de las circunstancias econ\u00f3micas del obligado que dieron lugar a la cuota de alimentos convencional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al igual que no fue acreditado el presupuesto de necesidad para recibirlos por parte de la reclamante, pues no hubo prueba que condujera a concluir que los bienes que tiene a su nombre hubiesen sufrido mengua alguna, ni que ella sufriera quebrantos de salud que le impidieran valerse por s\u00ed misma, ni ser persona de la tercera edad; por el contrario, la documental allegada la llev\u00f3 a deducir la capacidad econ\u00f3mica de la demandada, no obstante la alegaci\u00f3n de no contar con recursos econ\u00f3micos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mientras en el caso del alimentante, advirti\u00f3 que su situaci\u00f3n actual no le permit\u00eda pagar a su ex esposa una cuota alimentaria de 30 millones de pesos, comoquiera que \u00fanicamente se prob\u00f3 que sus ingresos mensuales ascienden a 8 millones de pesos, lo cual le imped\u00eda cumplir la cuota (folios 123 a 128, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado judicial de la promotora del amparo reiterando los argumentos esbozados en la demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Insisti\u00f3 en que se desconoci\u00f3 el acuerdo privado ajustado entre los ex c\u00f3nyuges, pese a que estaba plenamente demostrado que la actora renunci\u00f3 a gananciales y que el alimentante se oblig\u00f3 a prestarle alimentos de forma vitalicia, incondicional e ininterrumpida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reproch\u00f3 que el Tribunal no se refiriera al acuerdo de voluntades mediante el cual se pact\u00f3 la cuota alimentaria a favor de la interesada, teniendo en cuenta que el alimentante recibi\u00f3 todo el patrimonio productivo de la sociedad conyugal, con la \u00abcondici\u00f3n de suministrar alimentos de manera vitalicia\u00bb, siendo \u00ababsurdo exonerarlo de la obligaci\u00f3n alimentaria conservando vigencia la apropiaci\u00f3n de un may\u00fasculo patrimonio que le corresponder\u00eda a la accionante si no hay contraprestaci\u00f3n\u00bb, lo que constituye un enriquecimiento sin justa causa del alimentante, m\u00e1s a\u00fan \u00abse estar\u00eda estafando, defraudando a [la accionante] con una franca coautor\u00eda de la se\u00f1ora juez\u2026 y contando con la manifiesta complicidad del juez de tutela\u00bb, pues abandon\u00f3 las pruebas del expediente y \u00abarm\u00f3 sus propias conclusiones contrario a lo establecido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 solicitando aplicar el precedente de tutela n\u00ba 73001-22-13-000-2010-00102-01 de esta Corporaci\u00f3n (folios 141 a 154, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues en la sentencia de 30 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, dentro del proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que contra la accionante inici\u00f3 Euclides Antonio Torres Romero, se estim\u00f3 que las condiciones bajo las cuales \u00e9ste se oblig\u00f3 voluntariamente a dar una cuota alimentaria a su ex c\u00f3nyuge variaron ostensiblemente, al punto que le era imposible seguir cumpliendo con el acuerdo libremente pactado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 163 de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, suscrita el 6 de febrero de 2008.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, el Juzgado accionado efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de cada una de las pruebas obrantes en el expediente, arribando a la conclusi\u00f3n que el demandante tuvo una ostensible reducci\u00f3n de sus ingresos y patrimonio, a\u00f1os despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, al efecto dijo:  <\/span><\/p>\n

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Bienes demostrables en cabeza del demandante:  <\/span><\/p>\n

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Folio 44: declaraci\u00f3n de renta de 2003 junto con su balance, Torres Romero Euclides Antonio, nit. 8664474, calle 91 57-24\u2026, intereses, rendimientos financieros, $140.000.000; otros ingresos, arriendo $80\u2019000.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 46: Declaraci\u00f3n de renta de 2004\u2026, intereses rendimientos financieros $97\u2019000.000; otros ingresos, arriendo $111\u2019229.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 47, declaraci\u00f3n de renta de 2005, no legible.  <\/span><\/p>\n

Folio 48, declaraci\u00f3n de renta 2006\u2026, honorarios, comisiones y servicios, $237\u2019000.000, intereses rendimientos financieros $245\u2019000.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 52, declaraci\u00f3n de renta 2007\u2026, honorarios, comisiones y servicios, $237\u2019308.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 56, declaraci\u00f3n de renta 2008\u2026, honorarios, comisiones y servicios $391\u2019840.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 60, declaraci\u00f3n de renta 2009\u2026, honorarios, comisiones y servicios $607\u2019117.000, intereses, rendimientos financieros $11\u2019647.000, otros ingresos $182\u2019327.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 64, declaraci\u00f3n de renta 2010\u2026, honorarios, comisiones y servicios $806\u2019756.006, intereses rendimientos financieros $8\u2019122.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 69, declaraci\u00f3n de renta 2011\u2026, honorarios, comisiones y servicios $890\u2019220.000, intereses, rendimientos financieros, $8\u2019650.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 74, declaraci\u00f3n de renta 2012, junto con su balance, Torres Romero Euclides Antonio\u2026, honorarios, comisiones y servicios, $102\u2019000.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 79, declaraci\u00f3n de renta 2013\u2026, honorarios, comisiones y servicios $96.000.000.  <\/span><\/p>\n

Folio 84, declaraci\u00f3n de renta 2014\u2026, honorarios, comisiones y servicios $96\u2019000.000.  <\/span><\/p>\n

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De las declaraciones de renta, f\u00e1cil es concluir, que si bien el demandante tuvo unos ingresos con honorarios, comisiones y servicios, \u00e9stos fueron teniendo una variaci\u00f3n fluctuante, variante, hasta el punto de vislumbrar una reducci\u00f3n important\u00edsima y considerable, menguando dichos ingresos, confirmaci\u00f3n asertiva y severa puesta por los testigos, se\u00f1ores Alberto Guillermo Mart\u00ednez Dur\u00e1n y Edgardo Noguera Mendoza, quienes desempe\u00f1\u00e1ndose como revisor fiscal y contador p\u00fablico, fueron contundentes en afirmar sobre la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del demandante, la que inicialmente fue pr\u00f3spera y abundante, pero en el transcurrir del tiempo se redujeron, de acuerdo con sus exposiciones contenidas en esta audiencia.  <\/span><\/p>\n

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Los certificados de existencia y representaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u2026A folio 197 de la empresa ETR y C\u00eda. Asociados, S. en C., renovado el 28 de enero de 2015, prueba que no tiene cuotas ni valor nominal de ellas.  <\/span><\/p>\n

Folio 200, de la empresa Luces del Valle S.A., renovado el 31 de marzo del a\u00f1o 2015, prueba que no es accionista ni gerente desde el a\u00f1o 2010 al 2013, por lo tanto, la composici\u00f3n accionaria certificada, folio 264, no prueba que est\u00e9 percibiendo para el a\u00f1o 2015 el valor de la participaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

A folio 203, Luces de Florida Blanca S.A., renovado el 31 de marzo de 2015, de acuerdo con el interrogatorio rendido indic\u00f3 que no tiene participaci\u00f3n accionaria.  <\/span><\/p>\n

Folio 206, Simetric S.A., renovado el 27 de marzo de 2015, prueba que no es accionista ni gerente, por tanto la composici\u00f3n accionaria certificada a folio 262 sin fecha, no prueba que las 1.400 cuotas equivalentes al 70% de la acciones por valor de 1.400\u2019000.000, est\u00e9n generando rentabilidad y dividendos.  <\/span><\/p>\n

A folio 210, TM Acciones S. en C. S. sin renovaci\u00f3n desde el 2012, es socio gestor principal con 100.000 cuotas por valor nominal de $125\u2019000.000, pero que, al d\u00eda de hoy no tiene participaci\u00f3n accionaria, no recibe honorarios.  <\/span><\/p>\n

Folio 212, APH, Servicios El\u00e9ctricos S.A., renovada en el 2011 prueba que es accionista, pero no se indica el n\u00famero de acciones ni el valor nominal de ellas, pero que por ello no recibe dividendos y rentabilidad.  <\/span><\/p>\n

Folio 215, Iluminamos y Semaforizamos Colombia S.A., renovada el 31 de marzo de 2015, de acuerdo con el interrogatorio el d\u00eda de ayer, no tiene participaci\u00f3n accionaria a pesar de ser miembro de la junta.  <\/span><\/p>\n

Folio 219, Holding C.R. S.A.S., renovada el 31 de marzo de 2015, es un accionista y gerente designado el 24 de marzo de 2015, probando que recibe dividendos, rentabilidad, y honorarios.  <\/span><\/p>\n

Sobre las certificaciones expedidas por Alumbrado P\u00fablico Luces del Valle S.A, obrante a folio 268 de pago de asignaciones mensuales, no tiene con ellos contrataci\u00f3n vigente ni v\u00ednculo. Sobre las certificaciones de pago de honorarios expedida por Luces de Santander S.A., obra a folio 269, no tiene participaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Las certificaciones expedidas por Luces de Florida Blanca S.A. sobre la asignaci\u00f3n mensual obrante a folio 270, no tiene participaci\u00f3n actual.  <\/span><\/p>\n

La certificaci\u00f3n del folio 271 sobre pago de honorarios de servicios, Iluminamos y Semaforizamos, no tiene participaci\u00f3n actual, es miembro de la junta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El demandante, en su interrogatorio de parte fue enf\u00e1tico y reiterativo en afirmar que no tiene contrato vigente con las empresas mencionadas, no tiene ning\u00fan v\u00ednculo ni representaci\u00f3n de la que en otrora tuvo, el \u00fanico tipo de ingreso lo recibe de la empresa Simetric S.A., a la cual contin\u00faa vinculado prestando sus servicios, de la cual recibe honorarios, ratific\u00f3 su interrogatorio con el testimonio del revisor fiscal y contador, cuando afirmaron que los \u00fanicos ingresos los recibe de la empresa Simetric\u2026  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, al valorar la capacidad econ\u00f3mica de la alimentaria y la necesidad de continuar percibiendo la prestaci\u00f3n, revis\u00f3 uno a uno los ingresos anuales por ella percibidos con posterioridad a la liquidaci\u00f3n de la comunidad de bienes, deduciendo que ten\u00eda los medios necesarios que le permit\u00edan \u00abvivir en el estrato social a que estaba acostumbrada a vivir cuando era esposa\u00bb, as\u00ed explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026A contrario del demandante, la demandada no alleg\u00f3 ninguna prueba testimonial, ni documental que enrostrarle a quien se le predica la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria, para desvirtuarle el hecho de continuar siendo merecedora de los alimentos. Se detuvo en aportar pruebas de a\u00f1os muy anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda, no le prob\u00f3 al juzgado que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y su patrimonio hab\u00edan ido en detrimento en a\u00f1o tras a\u00f1o; que su capacidad econ\u00f3mica no le permitir\u00eda cubrir las obligaciones a las que se comprometi\u00f3 su demandante; por el contrario, el hecho de ser quien pag\u00f3 la hipoteca para liberar el apartamento, recibir arriendos, mantener al d\u00eda el leasing habitacional, cumplir la medicina prepagada, junto con la de sus hijas, le lleva a la certeza al juzgado de una capacidad econ\u00f3mica que le permite vivir en el estrato social a que estaba acostumbrada a vivir cuando era esposa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por el contrario, el hecho de haber demandado al demandante para el cobro de los alimentos adeudados y a que el demandante no haya podido cumplir con los compromisos adquiridos en la escritura de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, s\u00ed le prueba a esta audiencia de su capacidad econ\u00f3mica, y el detrimento de la capacidad, solvencia econ\u00f3mica del demandante\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Si bien, los ingentes esfuerzos desplegados por el apoderado que la represent\u00f3 en esta audiencia para demostrar que s\u00ed debe continuar percibiendo la cuota alimentaria del demandante, no fueron suficientes, puesto que como se dijo, no le llevaron al juzgado a la certeza de continuar percibiendo, no le prob\u00f3 al juzgado sus necesidades alimentarias; por el contrario, ella misma le refiri\u00f3 a la audiencia que no eran los alimentos necesarios los que requer\u00eda, sino por el estatus social de estrato 6; no hay prueba al respecto, qued\u00f3 corta en pruebas porque si bien en un inicio acredit\u00f3 la solvencia econ\u00f3mica del demandante, la prueba documental se le vino en contra, arremeti\u00f3 contra ella, favoreciendo a su demandante, al referir que lo demand\u00f3 por no haber cumplido con la obligaci\u00f3n alimentaria, por no haber cumplido con los compromisos y obligaciones adquiridas en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, que la enfermedad de la que habl\u00f3 en esta audiencia no la imposibilita econ\u00f3micamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al precisar la naturaleza de los alimentos convenidos, la ausencia de probanza que acreditara la necesidad de la alimentaria en seguir recibi\u00e9ndolos, as\u00ed como la falta de contradicci\u00f3n respecto de los elementos de convicci\u00f3n aportados por el alimentante que acreditaron la ostensible disminuci\u00f3n de su capacidad econ\u00f3mica, expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026los alimentos pactados lo fueron de manera mutua, no por culpabilidad probada, enrostrada o demostrada en un estrado judicial. Los alimentos no fueron producto de un vencimiento judicial, no son los necesarios, la parte pasiva cuenta para su subsistencia del m\u00ednimo vital para vivir dignamente. \u2026en este caso, como se dijo, y qued\u00f3 probado, que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del demandante s\u00ed vari\u00f3, que la demandada puede subsistir por sus propios medios, que tiene obligaciones y las cubre, pues no arrib\u00f3 al proceso prueba en contrario, y que s\u00ed efectu\u00f3 donaciones a sus hijos, ellos no la empobrecieron, porque de lo contrario hubiera ido en busca de mecanismos id\u00f3neos para resarcir el da\u00f1o que se hubiere originado; por el contrario, de haber hecho donaciones a sus hijos como se dijo en esta audiencia, ello lo que prueba es una bastante solvencia econ\u00f3mica que le permite salir de un patrimonio y no le afecta sus ingresos…  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026No prob\u00f3 la demandada que\u2026 la[s] sociedad[es] relacionadas\u2026, producen a favor de su demandante renta que le permite continuar suministr\u00e1ndole cuota alimentaria, por el contrario, al decir de los contadores que declararon en esta audiencia y del mismo actor, sus ingresos ascienden entre 8 a 10 o 12 millones de pesos mensuales, a todas luces desventajosa para el actor quien se ve abocado a un incumplimiento forzoso, por no contar con bienes que le generen una rentabilidad mensual muy superior a la cuota alimentaria, que para el presente a\u00f1o es un poco m\u00e1s de 30 millones de pesos, y que en este paso sin contar con un patrimonio, unos ingresos, que le permitan cubrir dicha obligaci\u00f3n, el deudor de dichos alimentos pronto no tendr\u00e1 para cubrirlos y al parecer no tiene para cubrirlos, pues la misma demandada en su interrogatorio refiri\u00f3 que la deuda asciende a m\u00e1s de 300 millones de pesos, y la declaraci\u00f3n de renta de los \u00faltimos dos o tres a\u00f1os del demandante, prueban que los frutos percibidos de su profesi\u00f3n, en asesor\u00edas como los honorarios ya no son suficiente[mente] altos como para permitirles seguir suministrando la cuota alimentaria, incrementada d\u00eda de hoy en m\u00e1s de 30 millones de pesos, quien ya no es su esposa, ni compa\u00f1era en el d\u00eda de hoy; por el contrario, tiene una nueva obligaci\u00f3n con su actual esposa como lo refiri\u00f3 en actuaci\u00f3n que juega papel en contra de la demandada, que hacen que la excepci\u00f3n cosa juzgada, temeridad, no prospere, m\u00e1ximo cuando es premisa universal que la buena fe se presume, la mala fe hay que probarla, y la parte pasiva no prob\u00f3 al juzgado la mala fe y el dolo enervado para la prosperidad de su excepci\u00f3n en contra de las pretensiones de la demanda…  <\/span><\/p>\n

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\u2026Para este caso el se\u00f1or Euclides Torres Romero, se comprometi\u00f3 a suministrar una cuota alimentaria de 18 millones, y dos cuotas extraordinarias por igual valor a favor de la se\u00f1ora Yomaira Yaneth Monsalvo, quien a la fecha cuenta [con] 57 a\u00f1os de edad, es una persona h\u00e1bil para contratar y valerse por s\u00ed misma, prueba de ellos los leasing habitacionales, los c\u00e1nones de arrendamiento que percibe de la inmobiliaria Michelle y C\u00eda. Ltda., la disponibilidad en las cuentas bancarias, los bienes adjudicados que producen los arriendos referidos, no la inhabilitan para valerse por s\u00ed misma, superando lo pactado en la escritura de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, por lo que prosperaran a favor del demandante las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo ese contexto surge evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, en tanto las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, habida cuenta que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente y a la valoraci\u00f3n del cardumen probatorio militante en el proceso, lo que le permiti\u00f3 al juzgador llegar al convencimiento de que Torres Romero ya no contaba con la misma solvencia econ\u00f3mica que tuvo para cuando se oblig\u00f3 voluntariamente a proporcionarle alimentos a su ex c\u00f3nyuge, por lo que las condiciones en que fue establecida la cuota alimentaria sin duda alguna variaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo al ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas sustituyendo a aquel como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por la juzgadora, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u2026 (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01; reiterada en STC2067, 27 feb. 2015, rad. 2014-02055-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en lo concerniente al precedente de tutela de 2 de junio de 2010, rad. 73001-22-13-000-2010-00102-01, proferido por esta Corporaci\u00f3n, resulta menester precisar que el asunto tratado en esa decisi\u00f3n difiere del de ahora, en el sentido de que all\u00ed las condiciones econ\u00f3micas del alimentante no hab\u00edan presentado variaci\u00f3n alguna desde el momento en que se oblig\u00f3 voluntariamente a solventar la prestaci\u00f3n alimentaria a favor de su ex esposa; luego, entonces, la aplicaci\u00f3n de tal antecedente es impertinente.  <\/span><\/p>\n

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5.        Lo expuesto impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC2798-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2017-00001-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}