{"id":99775,"date":"2026-06-25T19:22:22","date_gmt":"2026-06-25T19:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2800-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:22:22","modified_gmt":"2026-06-25T19:22:22","slug":"stc2800-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2800-2017\/","title":{"rendered":"STC2800-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2800-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-01905-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flor de Mar\u00eda Garc\u00eda Garc\u00eda contra la Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, las Fiscal\u00edas 5 y 37 Especializadas UNEDCLA, 38 Delegada ante el Tribunal Superior de esta ciudad, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., el Grupo Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, por intermedio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, supuestamente vulnerados por la Sala Especializada acusada, con ocasi\u00f3n de la sentencia de 7 de junio de 2016, proferida en sede de apelaci\u00f3n en el proceso de extinci\u00f3n de dominio seguido en su contra respecto del inmueble identificado con el folio inmobiliario n\u00ba 074-1449, de la nomenclatura urbana del municipio de Duitama (Boyac\u00e1).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pidi\u00f3 declarar la nulidad de la sentencia del ad-quem, orden\u00e1ndole devolver el derecho de dominio del predio referido a espacio (folios 17, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La quejoso sustent\u00f3 su pedimentos en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 28 de mayo de 2008 se efectu\u00f3 un allanamiento al bien ra\u00edz de propiedad de la actora, incaut\u00e1ndose 27 papeletas con caracter\u00edsticas y olor similares al bazuco, siendo capturados en flagrancia Mar\u00eda Angelina Manosalva Garc\u00eda (hermana de la solicitante) y Jos\u00e9 Alberto Nore\u00f1a, la primera fue judicializada y posteriormente condenada, tras aceptar cargos por el injusto de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El 2 de septiembre de 2008 la Unidad para la Extinci\u00f3n de Dominio y Contra el Lavado de Activos orden\u00f3 la apertura de la investigaci\u00f3n preliminar; el 11 de diciembre siguiente dict\u00f3 resoluci\u00f3n de apertura respecto del aludido bien ra\u00edz, librando las medidas de embargo y secuestro, dej\u00e1ndolo a disposici\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        La Fiscal\u00eda 37 Especializada de la mencionada unidad por resoluci\u00f3n de 20 de marzo de 2014, declar\u00f3 la procedencia de la acci\u00f3n extintiva de dominio sobre dicha heredad; el 26 de septiembre del mismo a\u00f1o la Fiscal\u00eda Delegada ante la Sala Penal para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 tal determinaci\u00f3n y, en su lugar, declar\u00f3 la improcedencia de la misma, disponiendo la remisi\u00f3n al Juzgado de conocimiento con el fin de dar cumplimiento al literal c)1 del numeral 5\u00ba, art\u00edculo 13, ley 793 de 2003.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Mediante sentencia de 6 de febrero de 2015 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, decidi\u00f3 no decretar la extinci\u00f3n del derecho de propiedad respecto del anotado inmueble.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        La gestora atribuy\u00f3 a la sentencia del ad-quem una errada valoraci\u00f3n del acervo demostrativo, por cuanto desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n de buena fe que reca\u00eda sobre ella, cercen\u00f3 el contenido de los testimonios recaudados dado que la causal de extinci\u00f3n de dominio no se estructur\u00f3 de manera objetiva, simplemente por la utilizaci\u00f3n del bien en actividades il\u00edcitas. Perdi\u00f3 de vista que la solicitante no estaba vinculada con el delito y que, por el contario, le dio una destinaci\u00f3n l\u00edcita al inmueble, pues lo arrend\u00f3 a su hermana, a quien capturaron.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que se requer\u00eda que el titular de la propiedad permitiera tal uso por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, componente subjetivo, no se abord\u00f3 el asunto desde el punto de vista de la culpa de la propietaria.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, incurri\u00f3 en imprecisi\u00f3n atinente a la calificaci\u00f3n del 3\u00ba de buena fe exenta de culpa, comoquiera que, en su sentir, \u00abeste concepto \u00fanicamente tiene aplicaci\u00f3n cuando en el tr\u00e1mite extintivo lo que se pregona del bien es el origen il\u00edcito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que la norma refiere a la buena fe cualificada para considerarse que se actu\u00f3 exento de culpa. La Ley 793 de 2002 adem\u00e1s de penalizar el origen il\u00edcito de los bienes, castiga la falta de destinaci\u00f3n de los mismos de acuerdo con las normas vigentes.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Fiscal\u00eda 37 de Extinci\u00f3n de Dominio indic\u00f3 que el proceso n\u00ba 6720, que corresponde al que origin\u00f3 la tutela, fue reasignado a la Fiscal\u00eda 5\u00aa adscrita a esa misma direcci\u00f3n (folios 106 y 107, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Uno de los integrantes de la Sala accionada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, pues la argumentaci\u00f3n planteada en este escenario debi\u00f3 ventilarse al interior del proceso, poniendo de presente que lo que se pretende es \u00abfomentar una 3\u00aa revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n\u00bb que orden\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio del predio involucrado en la comisi\u00f3n de la conducta punible (folio 109, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta capital manifest\u00f3 estarse al contenido de la sentencia de segunda instancia, emitida por el superior (folios 110 y 111, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Magistrado Ponente del fallo cuestionado dijo que los argumentos esbozados por la gestora fueron analizados en el tr\u00e1mite, sin embargo, no superaron el escrutinio de esa c\u00e9lula de decisi\u00f3n, en la medida en que las pruebas existentes condujeron a concluir con suficiencia que el predio tuvo destinaci\u00f3n il\u00edcita y que la conducta desplegada por la actora \u2013titular del dominio- fue imprudente e incumpli\u00f3 los deberes que como propietaria se le impon\u00edan, concretamente los de vigilancia y cuidado frente al mismo.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que el diligenciamiento se adelant\u00f3 conforme a la ley, garantizando los derechos de las partes e intervinientes; que la acci\u00f3n constitucional no es 3\u00aa instancia ni v\u00eda alternativa ni paralela para controvertir los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos ventilados en el proceso, por lo que pidi\u00f3 negar la salvaguarda (folios 115 a 121, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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5.        La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se opuso a la concesi\u00f3n del amparo indicando que la sentencia hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada; sostuvo que \u00e9sta fue emitida por la autoridad judicial dentro de la legalidad, al igual que la reclamante no demostr\u00f3 el perjuicio irremediable que supuestamente le irrogara (folios 312 y 313, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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6.        La Procuradur\u00eda 363 Judicial II Penal solicit\u00f3 despachar desfavorablemente los pedimentos del libelo tutelar, habida cuenta que se agotaron las v\u00edas legales con que contaba la reclamante, respet\u00e1ndose las garant\u00edas de las partes; la afirmaci\u00f3n de la actora sobre la afectaci\u00f3n real es vaga e indefinida, dado que el reproche relativo a que no se dio el valor correspondiente a los testimonios de la defensa, resulta ser subjetivo, por cuanto la valoraci\u00f3n de las pruebas no se mostr\u00f3 contraevidente o equivocada (folios 324 a 335 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo desestim\u00f3 la salvaguarda tras considerar que la providencia cuestionada est\u00e1 fundada en consideraciones f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas que no lucen caprichosas, arbitrarias e ilegales, pues a diferencia de lo afirmado por la quejosa, el ad-quem efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n detenida de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el diligenciamiento, apart\u00e1ndose de los argumentos aducidos por aqu\u00e9lla al encontrar configurados los presupuestos establecidos en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 793 de 2002, modificado por el art\u00edculo 72 de la ley 1453 de 2011, en la medida en que la actora inobserv\u00f3 los deberes de cuidado, control y vigilancia frente al inmueble materia de extinci\u00f3n de dominio.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, explic\u00f3 que la accionante pretende que en sede tutela se reexamine el acervo probatorio y se haga un nuevo pronunciamiento sobre el caso, como si se tratara de una instancia adicional, lo cual resulta inadmisible debido a que no se advierte que en la providencia censurada se hubiese cambiado el valor o alcance que por ley se ha asignado a los medios de convicci\u00f3n tra\u00eddos a esa causa (folios 343 a 356, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       El apoderado judicial de la interesada apel\u00f3 la decisi\u00f3n rese\u00f1ada, reiterando los argumentos del libelo de tutela, se\u00f1alando expresamente que el Tribunal criticado realiz\u00f3 una \u00abvaloraci\u00f3n arbitraria y abusiva de las pruebas\u00bb (folios 368 a 369, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        El asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se dirige a reprochar la sentencia proferida el 7 de junio de 2016 por la Sala Penal de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 074-1449, localizado en la transversal 24 n\u00ba 4-46 del municipio de Duitama, de propiedad de Flor de Mar\u00eda Garc\u00eda Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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En sentir de la inconforme la valoraci\u00f3n de las probanzas fue inadecuada, dado que se desfigur\u00f3 el sentido de cada uno de los testimonios practicados, de los cuales no pod\u00eda concluirse cumplido el presupuesto subjetivo necesario para acceder a la extinci\u00f3n, por cuanto lo que de ellos se desprend\u00eda, sin lugar a dudas, era el desconocimiento de la titular del dominio de la actividad il\u00edcita que se realizaba en el mismo y no hab\u00eda lugar a sospechar al respecto, pues destin\u00f3 el bien para ayudar a su familia.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto, se advierte que el Tribunal accionado examin\u00f3 \u00edntegramente el actuar de la titular del dominio, en orden a determinar si fue imprudente al descuidar el cumplimiento de los deberes que como propietaria del bien deb\u00eda asumir; y en tal virtud, verificar si se reun\u00edan los presupuestos del elemento subjetivo, al respecto estim\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026seg\u00fan declaraci\u00f3n rendida por la afectada el 4 de octubre de 2011, ella adquiri\u00f3 el predio en menci\u00f3n aproximadamente \u00abhace 25 a 30 a\u00f1os\u00bb, mismo que entreg\u00f3 a su familia para que lo administrara desde entonces, ya que ella viv\u00eda en Bogot\u00e1; adem\u00e1s manifest\u00f3 por medio de su apoderado, que su forma de vida era la de una anciana de 71 a\u00f1os de edad queri\u00e9ndose exculpar con dicha condici\u00f3n.2 Con todo, como bien se puede colegir de lo anterior, la afectada cuando adquiri\u00f3 el predio, ten\u00eda alrededor de 41 a\u00f1os de edad, \u00e9poca en la que contaba con toda la vitalidad para hacerse cargo del predio, pues en el decurso del tr\u00e1mite no demostr\u00f3 lo contrario, por lo que resulta claro que no ejerci\u00f3 las obligaciones que como titular del derecho de dominio le imponen la Constituci\u00f3n y la ley.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s como de manera acertada lo destac\u00f3 el representante del Ministerio de Justicia, se denota que esta persona a pesar de su edad, despleg\u00f3 otro tipo de actividades demostrativas de que estaba en plena capacidad de ejercer vigilancia y control, y su edad en nada represent\u00f3 impedimento para el ejercicio de las mismas, pues no puede pasarse por alto que la se\u00f1orita \u00c1ngela Mar\u00eda Tapias en declaraci\u00f3n3 manifest\u00f3 que su t\u00eda FLOR dispuso el arreglo de su vivienda por medio de una operaci\u00f3n crediticia; es decir, ejerc\u00eda actos de se\u00f1or y due\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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\u2026el hecho de que la afectada tuviera su domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, no justificaba que se acercara a su predio solamente una vez por a\u00f1o, y por ende que descuidara sus obligaciones, es decir, como se mencion\u00f3 anteriormente, ella destin\u00f3 la vivienda para que la habitara su familia; no obstante, es necesario recalcar que la titular del bien no fue lo suficientemente cuidadosa, pues dej\u00f3 el predio a cargo de su hermana Mar\u00eda Angelina Manosalva, quien registra anotaciones4 -2 condenas- por el punible de \u00abTrafico Fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb, entre otros delitos.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, resulta il\u00f3gico que a sabiendas de los comportamientos delictivos que presentaba la prenombrada, dejar\u00e1 su bien en manos de ella, es decir, esa desidia no puede catalogarse m\u00e1s que como una clara manifestaci\u00f3n de su desinter\u00e9s e inobservancia de los deberes que como propietario la ley le impone, en el marco del ius vigilandi en procura del cumplimiento de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica y social contemplada en la Carta Pol\u00edtica y su incuria no puede ser utilizada ahora en favor, para proteger el derecho a la propiedad.  <\/span><\/p>\n

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\u2026la consideraci\u00f3n de las anotaciones penales de la arrendataria\u2026, debi[\u00f3] ser punto de partida b\u00e1sico y elemental para que la titular del derecho, si es que esa fue su voluntaria determinaci\u00f3n, ejerciera una especial vigilancia de su inmueble para que la arrendataria [no] le diera a la casa una destinaci\u00f3n il\u00edcita relacionada con las actividades por las que incluso ya hab\u00eda enfrentado sentencias condenatorias5.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, no le asiste raz\u00f3n al a quo, cuando presume que por el hecho de que quien resid\u00eda en el predio era su familia en calidad de arrendatarios, ya se le estaba impartiendo una l\u00edcita destinaci\u00f3n a la propiedad, pues como este Tribunal ha establecido en pret\u00e9ritas oportunidades, \u00ablas relaciones contractuales o de parentesco, entre quien detenta la propiedad de un bien y el que ejerce la administraci\u00f3n o uso del mismo, no eximen aquel del deber de vigilancia y control sobre su patrimonio\u00bb6.  <\/span><\/p>\n

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\u2026esta Sala tambi\u00e9n preciso que los v\u00ednculos afectivo-familiares, en cierta medida hacen menos riguroso el an\u00e1lisis de la obligaci\u00f3n de control y vigilancia que debe ejercer el titular de un bien que es administrado o aprovechado econ\u00f3micamente por un familiar suyo; sin embargo, ello no quiere decir, se itera, que dicho deber desaparezca, ni mucho menos que la susodicha relaci\u00f3n por s\u00ed sola sea suficiente para predicar la ajenidad del propietario frente a posibles conductas il\u00edcitas cometidas por quienes usufruct\u00faan su peculio, o que est\u00e9n exentos de soportar las consecuencias jur\u00eddicas de las causales extintivas.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, en lo relativo a los testimonios e interrogatorio de parte obrantes en el proceso, el Tribunal hizo el siguiente an\u00e1lisis:  <\/span><\/p>\n

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\u2026resultan poco cre\u00edbles las versiones ofrecidas en declaraci\u00f3n rendida por la afectada, su hermana y sobrina, al referirse al contrato verbal de arrendamiento que ten\u00edan en com\u00fan, en efecto, el 04 de octubre de 2011, la se\u00f1ora FLOR DE MAR\u00cdA GARC\u00cdA afirm\u00f3 que: \u00abMi hermana Mar\u00eda Angelina Manosalva viv\u00eda all\u00e1 y me pagaba un arriendo de $200.000 mensuales y con eso yo le pagaba los estudios a \u00c1ngela, ella dur\u00f3 pag\u00e1ndome arriendo 20 a\u00f1os m\u00e1s o menos\u00bb7.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, su sobrina quien era la beneficiara de los c\u00e1nones que cancelaba su t\u00eda, aludi\u00f3 en diligencia de misma data que: \u00abNo yo no pagaba ning\u00fan arriendo lo pagaba Mar\u00eda Angelina, esa plata la cog\u00eda yo para mis estudios de la Universidad con autorizaci\u00f3n de mi t\u00eda Flor de Mar\u00eda, fue un contrato verbal, era de $150.000 y Mar\u00eda Angelina pagaba los servicios\u00bb8.  <\/span><\/p>\n

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Mientras tanto, la hermana de la afectada, el d\u00eda 31 de octubre de 2011, manifest\u00f3 lo siguiente en cuanto al documento de contrato de arriendo: \u00abNo nunca se hizo, porque como ah\u00ed viv\u00eda era con mi mam\u00e1 que yo era la que la cuidaba, m\u00e1s que todo me dej\u00f3 la casa fue por mi mam\u00e1 para que viviera ah\u00ed, en vida de mi mam\u00e1 yo no le pagu\u00e9 nada de arriendo, muerta mi mam\u00e1 fue que se le comenz\u00f3 a pagar cien mil pesos era para el sostenimiento de \u00c1ngela\u00bb9.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que concluyera que no era cre\u00edble la justificaci\u00f3n aducida por la accionante para apartarse del deber de vigilancia sobre su predio, dado que evidenci\u00f3 que el contrato de arrendamiento ajustado con su hermana Mar\u00eda Angelina no era m\u00e1s que una \u00abfachada con la cual pretendieron eludir las consecuencias de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, por cuanto \u00aben ning\u00fan momento existi\u00f3 precisi\u00f3n o certeza alguna en relaci\u00f3n con el valor que se sufragaba por los c\u00e1nones del bien, y mucho menos su t\u00e9rmino de inicio o dem\u00e1s particularidades de este\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a ello, precis\u00f3 que el testimonio de Edelmira Pe\u00f1aloza puso de presente que \u00c1ngela Mar\u00eda Tapias ten\u00eda conocimiento de la actividad ilegal que se desarrollaba en el inmueble de su t\u00eda Flor de Mar\u00eda, pues,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026ten\u00eda relaciones de amistad con una expendedora de droga \u2013llamada Giovanna-, dato que es relevante si se tiene en cuenta que junto con dicha persona se acerc\u00f3 al predio en cuesti\u00f3n, -seg\u00fan relat\u00f3 la se\u00f1ora Pe\u00f1aloza- a insultarla y amenazarla para que desalojara la vivienda, situaci\u00f3n que deja ver que Tapias no era ajena a lo que suced\u00eda en el predio, pues de lo contrario, no estar\u00eda relacion\u00e1ndose con la dama a quien se\u00f1alaban de dedicarse al microtr\u00e1fico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que, asiste raz\u00f3n al recurrente en que no es cre\u00edble que \u00c1ngela Mar\u00eda, aseverara no tener conocimiento de las actividades il\u00edcitas que se desarrollaban en la casa en la que habitaba, as\u00ed como que generalmente se encontraba \u00abtrabajando, estudiando, viajando\u00bb, y que cuando llegaba a su morada, encontraba gente porque su t\u00eda era modista, pues como se extrae de las declaraciones de Mar\u00eda Angelina, esta afirm\u00f3 que \u00abeso eran poquitos trabajos de se\u00f1oras amigas, eso era m\u00e1s que todo costuras peque\u00f1as, remiendos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, no era de recibo la defensa de Flor de Mar\u00eda Garc\u00eda Garc\u00eda atinente a que ignoraba los hechos generadores de la extinci\u00f3n de dominio, al igual que la captura de Mar\u00eda Angelina, teniendo en cuenta la \u00abestrecha relaci\u00f3n que ten\u00eda con su sobrina quien resid\u00eda en su predio, y estaba al tanto de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Manosalva Garc\u00eda, entonces, resulta inexplicable que no la hubiera alertado, a sabiendas que lo que estaba en tela de juicio era la propiedad en la que habitaba con su n\u00facleo familiar\u00bb; siendo, por dem\u00e1s, \u00abparad\u00f3jico que no estuviera enterada de que la precitada se encontraba detenida, dado que son familia\u2026, y aparte de eso, era quien administraba su bien\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, con independencia de que se compartan o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, pues obedecieron a los supuestos de hecho del asunto particular, a la estimaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente y al precedente jurisprudencial establecido para casos como el de ahora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n estim\u00f3 el m\u00e9rito de las probanzas para concluir que se cumpl\u00eda el elemento subjetivo de la acci\u00f3n extintiva del dominio, en cuyo caso tal interpretaci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Literal c), numeral 5\u00ba del art\u00edculo 13, Ley 793 de 2002. \u00abLos dem\u00e1s casos de improcedencia, se declarar\u00e1n mediante resoluci\u00f3n apelable. En el evento de que la improcedencia no sea apelada o en caso que la apelaci\u00f3n hubiera confirmado la improcedencia, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 remitirse al juez competente para que este adopte la decisi\u00f3n definitiva en la sentencia, previo agotamiento de todas las etapas que deben surtirse. En todo caso la improcedencia no surtir\u00e1 efecto alguno hasta tanto sea ratificado en la sentencia\u00bb.    <\/span><\/p>\n

2 C.O Principal No. 1, folios 235.    <\/span><\/p>\n

3 C.O Principal No. 1, folios 193-195.    <\/span><\/p>\n

4 C.O Principal No. 1, folios 48-50.    <\/span><\/p>\n

5 C.O. Principal No. 1, Folio 48.    <\/span><\/p>\n

6 \u00abRadicado 110010704012201100080 01 (E.D. 062), MP. Pedro Oriol Avella Franco    <\/span><\/p>\n

7 C.O. Principal No. 1, folios 190-192.    <\/span><\/p>\n

8 C.O. Principal No. 1, folios 194.    <\/span><\/p>\n

9C.O. Principal No. 1, folios 204.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC2800-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-01905-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99775","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99775\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}