{"id":99782,"date":"2026-06-25T19:23:04","date_gmt":"2026-06-25T19:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2807-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:23:04","modified_gmt":"2026-06-25T19:23:04","slug":"stc2807-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2807-2017\/","title":{"rendered":"STC2807-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2807-2017  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de mayo de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor David Vel\u00e1squez Andrade y Lina Marcela Cabrera Gonz\u00e1lez, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor Santiago Vel\u00e1squez Cabrera, contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, trabajo, m\u00ednimo vital, dignidad humana, unidad familiar y protecci\u00f3n a los ni\u00f1os, que consideran vulnerados por las autoridades p\u00fablicas acusadas al no resolver la solicitud de traslado del Capit\u00e1n Vel\u00e1squez Andrade en la ciudad de Neiva.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene a los organismos querellados que accedan a la petici\u00f3n de reubicaci\u00f3n laboral.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. H\u00e9ctor David Vel\u00e1squez Andrade es Capit\u00e1n del Ej\u00e9rcito Nacional y fue asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, ubicada en Larandia, Caquet\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2. Desde febrero del a\u00f1o precedente, el actor solicit\u00f3 a sus superiores y al Centro de Familia de la Novena Brigada del Ej\u00e9rcito Nacional que fuera trasladado a Neiva, debido a que sufre de problemas psicol\u00f3gicos y econ\u00f3micos, y su familia se encuentra radicada en esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, la trabajadora social de la Direcci\u00f3n de Familia y Asistencia Social de la entidad accionada, rindi\u00f3 un \u00abInforme T\u00e9cnico Psicosocial y\/o Jur\u00eddico\u00bb el 2 de marzo de 2016, en el que sugiri\u00f3 que el Centro de Familia deb\u00eda continuar con el acompa\u00f1amiento al militar y apoyarlo para su traslado a Neiva.  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante comunicaci\u00f3n fechada el 8 de marzo siguiente, la Jefatura de Familia y Bienestar Social del organismo castrense le inform\u00f3 al quejoso que deb\u00eda anexar algunos documentos para el proceso de apoyo a la solicitud de reubicaci\u00f3n laboral.  <\/span><\/p>\n

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5. El 18 de marzo de 2016, el se\u00f1or Vel\u00e1squez Andrade pidi\u00f3 al Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y al Jefe de Familia y Bienestar Social del Ej\u00e9rcito Nacional su intervenci\u00f3n y apoyo para que se efectuara su traslado y reubicaci\u00f3n laboral.  <\/span><\/p>\n

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6. El Subdirector de Personal de la entidad accionada, en escrito adiado el 26 de abril siguiente, inform\u00f3 al peticionario que \u00abhasta tanto no agote el conducto regular y no emita el respectivo concepto por parte de la dependencia que se encuentra adelantando el seguimiento del caso no se podr\u00e1 pronunciarse (sic) esta Direcci\u00f3n frente a su traslado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que atraviesa por una grave situaci\u00f3n familiar, de salud y econ\u00f3mica que le impide desarrollar sus funciones como miembro del Ej\u00e9rcito Nacional lejos del lugar en el que reside su familia, por ende, en su sentir, es necesario que se resuelva positivamente la solicitud de traslado a la ciudad de Neiva incoada ante sus superiores. [Folios 1-8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de abril de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 122, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Direcci\u00f3n de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional indic\u00f3 que las peticiones de traslado deben tramitarse con la justificaci\u00f3n respectiva, siguiente el conducto regular, con los respectivos apoyos del Comandante de la Unidad T\u00e1ctica, Brigada y Divisi\u00f3n, y que en el caso concreto el actor no ha aportado los documentos solicitados por el Director de Familia y Bienestar Social, de modo que no se ha agotado el tr\u00e1mite correspondiente. [Folios 134-146, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. Posteriormente, en auto del 28 de abril siguiente, se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Mayor General Nicacio de Jes\u00fas Mart\u00ednez Espinel. [Folio 157, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se opuso a la prosperidad del resguardo deprecado y manifest\u00f3 que ha cumplido con el procedimiento administrativo que regula a las Fuerzas Militares. [Folios 167-170, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. En sentencia del 3 de mayo de 2016, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva concedi\u00f3 parcialmente el amparo deprecado y orden\u00f3 al Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que diera respuesta completa y de fondo a la petici\u00f3n del accionante, debido a que no ha sido atendida por aquel funcionario, pese a que se requiere para el tr\u00e1mite de su solicitud de traslado, sin embargo no se otorg\u00f3 la salvaguarda constitucional en lo referente a la reubicaci\u00f3n laboral porque el actor cuenta con mecanismos ordinarios de defensa a su alcance para tal efecto. [Folios 187-191, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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5. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, los promotores de la queja la impugnaron, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial e insistieron en que debe concederse la protecci\u00f3n solicitada porque es el \u00fanico mecanismo id\u00f3neo para obtener el traslado aludido. [Folios 227-236, c.1]  <\/span><\/p>\n

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6. Mediante providencia del 16 de mayo siguiente se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n, sin embargo el expediente fue remitido err\u00f3neamente a la Corte Constitucional, el cual tan solo fue entregado a esta Corporaci\u00f3n hasta el 2 de febrero del a\u00f1o cursante. [Folios 248, c. 1 y 1, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que estos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que los accionantes pueden acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n alegaron, pues para tal fin contempl\u00f3 el legislador la posibilidad de atacar la actuaci\u00f3n administrativa en sede judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esa persona tiene a su alcance los medios de control ordinarios ante los jueces naturales para cuestionar las decisiones de las autoridades castrenses accionadas durante el tr\u00e1mite de la solicitud de traslado de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en Larandia, Caquet\u00e1, hacia la ciudad de Neiva, en donde reside la familia del Capit\u00e1n H\u00e9ctor David Vel\u00e1squez Andrade, una vez concluya el procedimiento administrativo en el que se defina si es procedente o no la reubicaci\u00f3n laboral deprecada.  <\/span><\/p>\n

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De manera que si los tutelantes no han agotado todas las herramientas ordinarias con las que cuentan, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que ha de ser dirimida, de manera exclusiva, en primer lugar por las autoridades administrativas y, posteriormente, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello, ante el cual pueden solicitar medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, para evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las determinaciones abiertamente ilegales.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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3. De otro lado, la Corte advierte que se vulner\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n del accionante por parte del Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Mayor General Nicacio de Jes\u00fas Mart\u00ednez Espinel, puesto que el Capit\u00e1n H\u00e9ctor David Vel\u00e1squez Andrade le solicit\u00f3 el 18 de marzo de 2016 que brindara su intervenci\u00f3n y apoyo en el tr\u00e1mite de su traslado y reubicaci\u00f3n laboral [Folios 25-29, c. 1].  <\/span><\/p>\n

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No obstante, tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal en la sentencia impugnada, la autoridad querellado no acredit\u00f3 que hubiera emitido una respuesta en la que resolviera lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, y que la pusiera en conocimiento del peticionario, lo que indica una clara transgresi\u00f3n de la garant\u00eda superior examinada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, es necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela a fin de garantizar la emisi\u00f3n de una contestaci\u00f3n que cumpla los requisitos legales correspondientes, en la forma establecida por el a quo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n, en lo que respecta al otorgamiento del traslado pedido por el accionante mediante esta acci\u00f3n, est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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