{"id":99784,"date":"2026-06-25T19:23:13","date_gmt":"2026-06-25T19:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2809-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:23:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:23:13","slug":"stc2809-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2809-2017\/","title":{"rendered":"STC2809-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01279-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Alcalde del Municipio de Pereira a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico.   <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial tutelada al inadmitir y rechazar las acciones populares que present\u00f3 contra las sucursales del Centro de Servicios Crediticios S.A., con domicilio principal, en la calle 19 N\u00b0 6- 31 de Pereira y con operaci\u00f3n de las filiales en la direcciones: calle 50 N\u00b0 51-19 de Itag\u00fc\u00ed (Ant.);   carrera 78 A N\u00b0 33 A- 66 de Bogot\u00e1;  calle 14 N\u00b0 4- 37 de Santa Marta;  carrera 5 N\u00b0 26- 35 de Santa Marta;  transversal 28 A N\u00b0 39 -23 de Riohacha;  y, carrera 41 c N\u00b0 73 -71 de Barranquilla, con fundamento en exigencias no contempladas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene la admisi\u00f3n de sus demandas y se requiera al juez accionado para que aporte \u00ab\u2026un listado completo de todas las acciones populares donde [h]a exigido requisitos inexistentes, en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 21 de octubre de 2016, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra cuatro sucursales del Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC, por considerar que vulneraba las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria, al no contar en su local comercial con gu\u00eda e int\u00e9rprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 982 de 2005;  luego, el 17 de noviembre de esa anualidad, demand\u00f3 por la misma causa a otras dos filiales ubicadas en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En autos de 25 de octubre y 22 de noviembre de 2016, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, resolvi\u00f3 inadmitir cada una de las demandas para que el interesado allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la firma accionada, apoyado en el auto AC3751-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-01074-00, donde se declar\u00f3 prematuro el conflicto de competencia suscitado en una de las acciones populares formuladas por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Frente a esas determinaciones, el accionante inconforme, interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. En prove\u00eddos de 2 de noviembre de 2016, el juzgado cuestionado, dentro de las acciones populares N\u00b0 2016- 00398, 2016-00399, 2016-00404, 2016-00405;  dispuso no reponer su actuaci\u00f3n y negar la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n subsidiaria por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Luego, mediante autos de fecha 17 de noviembre siguiente, las rechaz\u00f3 por no haberlas subsanado y se orden\u00f3 archivarlas, previa precisi\u00f3n al memorialista, acerca de las cargas procesales m\u00ednimas que como demandante le asisten.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Mediante auto de 1\u00b0 de diciembre de la misma anualidad, resolvi\u00f3 rechazar por igual raz\u00f3n, las acciones populares conocidas con radicado N\u00b0 2016-00526 y 2016-00515 \u2013sin dar tr\u00e1mite a los recursos interpuestos contra el auto de inadmisi\u00f3n por considerarlos improcedentes-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al exigir requisitos que el legislador no ha previsto, para la presentaci\u00f3n de ese tipo de acciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 14 de diciembre de 2016, se admitieron las quejas constitucionales acumuladas y se orden\u00f3 su tr\u00e1mite bajo una misma cuerda procesal, as\u00ed como el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, la Alcald\u00eda de Pereira, por intermedio de apoderado judicial, luego de exponer la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto del municipio, pidi\u00f3 denegar el amparo porque el accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance.  [Folios 22- 24, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradora Regional de Risaralda, se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundament\u00f3 su reclamo, puesto que su intervenci\u00f3n, como ente de control, se dirige exclusivamente a velar por la defensa de los derechos e intereses colectivos. [Folio 26, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradora 1 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 D. C., solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que en el asunto, no se cumple con el requisito de subsidiariedad pues el accionante no agot\u00f3 los mecanismos que la ley le confiere para refutar las decisiones judiciales. [Folios 31 – 34, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juzgado accionado, alleg\u00f3 copia de las actuaciones que se cuestionaron y arguy\u00f3 que el actor no formul\u00f3 recurso alguno sobre los prove\u00eddos que rechazaron las acciones populares intentadas.  [Folio 88, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 18 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el gestor del amparo no hizo uso de la herramienta jur\u00eddica con que contaba para cuestionar el rechazo de sus demandas. [Folios 89- 94, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en su escrito introductor. [Folio 97, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse la providencia que rechaz\u00f3 las demandas, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que afecta el debido proceso del actor, pues las acciones populares que el inici\u00f31 y que son objeto de la presente queja, fueron inadmitidas y posteriormente rechazadas, con fundamento en que no se alleg\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n, para acreditar el domicilio de la demandada, requisito que no exige el legislador en la normatividad especial que regula la materia, adem\u00e1s, de acuerdo con el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, no debe ser requerido cuando dicha informaci\u00f3n conste en las bases de datos de entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, establece el art\u00edculo 18 de la Ley  472 de 1998, que regula de manera especial el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que, para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en su inciso final indica \u00abque la demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De igual forma, indica el art\u00edculo 20 de la referida normatividad, que el juzgador \u00abInadmitir\u00e1 la demanda que no cumpla con los requisitos se\u00f1alados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Normas de las que se desprende, que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n popular, mecanismo constitucional establecido para la defensa de los derechos colectivos, pues en tal tr\u00e1mite de conformidad con las normas especiales, \u00fanicamente se hace referencia a que se se\u00f1ale a las personas natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible, por lo que el mencionado documento no era requisito indispensable para admitir la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra y mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de 17 de noviembre y 1\u00b0 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

Al respecto es necesario aclarar, que la acci\u00f3n popular fue establecida en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y reglamentada en la Ley 472 de 1998, norma en la que se dispusieron los requisitos especiales que debe cumplir la demanda y que en casos es posible inadmitirla, por lo que en tales temas no es posible acudir a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como base de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.  Al margen de lo anterior, es claro que en los dem\u00e1s proceso debe acreditarse la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que sean partes, as\u00ed como el domicilio de \u00e9stas, con el certificado expedido por la entidad respectiva, para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual es posible con el certificado respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, en la actualidad tal documento no puede exigirse por el Juez, cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb, tal cual lo establece el mentado precepto 85 del ib\u00eddem, mismo que tambi\u00e9n enfatiza: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n, que se advierte atiende a los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso, de acuerdo lo dispuesto por el art\u00edculo 103 de la norma adjetiva civil, que propende porque en todas las actuaciones judiciales, se haga uso de las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo cual ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, encuentra importante relevancia en la acci\u00f3n popular, por tratarse de un \u00abmecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como de la prescripci\u00f3n de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u201cdemanda o petici\u00f3n\u201d\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998). (CSJ AC013-201712 Ene. 2017, Rad. 2016-03353-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que si los jueces encuentran que no se alleg\u00f3 la prueba de existencia y representaci\u00f3n, pero que la persona jur\u00eddica es privada y dicha informaci\u00f3n consta en la base de datos de las entidades p\u00fablicas o privadas que tengan a su cargo la certificaci\u00f3n de \u00e9stas, deben acudir a tales registros, para verificar tal situaci\u00f3n, sin que se pueda inadmitir.  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que en el caso de las personas jur\u00eddicas controladas y vigiladas por las Superintendencias Financiera y la de Subsidio Familiar, as\u00ed como el Ministerio del Interior, encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n de las empresas a su cargo de acuerdo al art\u00edculo 326 del estatuto Financiero y el la Ley 25 de 1981, como quiera que tales entidades cuentan con base de datos en los cuales se puede verificar la existencia y representaci\u00f3n, as\u00ed como del domicilio de \u00e9stas, seg\u00fan se puede verificar en las p\u00e1ginas web de cada una2, los jueces y Magistrados, pueden consultarlas a fin de verificar el requisito referido en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, la Superintendencia Nacional de Salud3, lleva el Registro Especial de Prestadores de Salud, en donde se puede verificar la informaci\u00f3n antes referida, que tiene como funci\u00f3n certificar el funcionamiento y habilitaci\u00f3n de las empresas administradoras de planes de beneficios (Empresas de Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Contributivo, Empresas d\u200be Promotoras de Salud del R\u00e9gimen Subsidiado, Medicina Prepagada y Servicios de ambulancia Prepagada) para acreditar que existe jur\u00eddicamente y est\u00e1n autorizadas para la operaci\u00f3n como actor en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo criterios t\u00e9cnicos de calidad, financiero y jur\u00eddicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 15 del Decreto 19 de 2012, aplicable a tal entidad, indica que: \u00abLas entidades p\u00fablicas y las privadas que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos pueden conectarse gratuitamente a los registros p\u00fablicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas\u2026 en las condiciones y seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaci\u00f3n obviar\u00e1 la solicitud del certificado y servir\u00e1 de prueba bajo la anotaci\u00f3n del funcionario que efect\u00fae la consulta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  De ah\u00ed, que los despachos judiciales del pa\u00eds pueden solicitar a la entidad encargada de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal, se les permita conectarse, es decir acceder a esos registros, a fin de cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, caso en cu\u00e1l dicha entidad tendr\u00e1 que informarles de que forma podr\u00e1n ingresar  y cu\u00e1les ser\u00e1n  las seguridades requeridas para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, la referida norma en su art\u00edculo 172, indica que \u00aba partir de, para fines informativos, las C\u00e1maras de Comercio dar\u00e1n acceso gratuito, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del RUES al menos a la siguientes i9nformaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas incorporadas en su registro; C\u00e1mara de comercio donde se registra la persona, raz\u00f3n social, n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria, fecha de renovaci\u00f3n, fecha de matr\u00edcula, fecha de vigencia, tipo organizaci\u00f3n, categor\u00eda de la matr\u00edcula, estado de la matr\u00edcula, actividad econ\u00f3mica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de dicha disposici\u00f3n Confec\u00e1maras, la entidad que se refiri\u00f3 antes es la administradora del Registro \u00danico Empresarial y Social, creo la p\u00e1gina web de RUES4, en el cual se puede hacer una consulta b\u00e1sica de la raz\u00f3n social de las personas jur\u00eddicas que certifica dicha entidad, as\u00ed como quienes son sus representantes legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, que tambi\u00e9n puede los despachos judiciales acudir a tal informaci\u00f3n, sin necesidad de solicitar el certificado correspondiente, sin perjuicio, de que como se se\u00f1al\u00f3 antes,  pidan a la entidad encargada de expedir los mismos, los dejen ingresar de manera gratuita a los registros p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, de acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 85 y 103 del C\u00f3digo General, y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los funcionarios judiciales de  acudir a cualquiera de los medios antes referidos, no es dable que \u00e9stos, de manera autom\u00e1tica, exijan la prueba de existencia y representaci\u00f3n, e inadmitan por dicho requisito, sin que previamente hubiesen verificado que tal informaci\u00f3n no reposaba en ninguna de las bases de datos citadas o cualquier otra que la entidad encargada de su certificaci\u00f3n lleve, porque ello lleva a imponer una carga a la parte, de la que la misma Ley le ha relevado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que como la sociedad accionada en el caso, es una de aquellas que se encuentran inscritas en la C\u00e1mara de Comercio, la informaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n reposa en la base de datos del RUES, el cual pudo ser revisado por la autoridad judicial, y por ende, no era requisito indispensable para admitir la demanda, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Para finalizar, en relaci\u00f3n a la solitud  de que se le otorgue un listado de acciones populares del actor frente a los cuales se inadmitieron por tal raz\u00f3n, la Sala precisa que no es este el mecanismo adecuado para elevar ese tipo de pedimentos, m\u00e1xime cuando de la lectura de su demanda no se advierte la necesidad de hacer tal requerimiento en este asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para ello, el demandante tiene a su alcance la herramienta jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 23 de la carta pol\u00edtica nacional, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de la queja a partir del auto inadmisorio de las demandas, inclusive, y en su lugar les d\u00e9 el tr\u00e1mite que corresponde.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de la queja a partir de los autos inadmisorios de las demandas, proferidos en las  acciones populares identificadas con radicados Nos. N\u00b0 2016- 00398, 2016-00399, 2016-00404, 2016-00405, inclusive, y en su lugar, le d\u00e9 a \u00e9stas el tr\u00e1mite que corresponde.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1 Radicados 2016-00398, 2016-00399, 2016-00404, 2016-00405, 2016-00515 y 2016-00526    <\/span><\/p>\n

2https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/jsp\/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694; http:\/\/www.ssf.gov.co\/wps\/portal\/ES\/superintendencia\/cajasdecompensacionfamiliar\/directorio-cajas.  <\/span><\/p>\n

http:\/\/arncbpm.mininterior.gov.co\/? <\/A><\/span><\/p>\n

3 https:\/\/www.supersalud.gov.co\/vigilados\/vigilados\/datos-vigilados.    <\/span><\/p>\n

4 http:\/\/www.rues.org.co\/RUES_Web\/Consultas.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01279-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99784","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99784\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}